El imperio fallido

El argumento preferido de los imperios para legitimar su existencia radica en su capacidad de imponer un orden en su radio de dominio. Los historiadores conservadores siempre destacan que los imperios fuertes no sólo logran expandir su poder más allá de sus fronteras, también son capaces de construir instituciones sólidas y persistentes en el tiempo, que les posibilitan prolongar su hegemonía a largo plazo, proporcionando tiempos de estabilidad y gobernabilidad. Es un orden que los antiguos llamaron Pax Romana, y que se ha visto replicado en experiencias similares, como la Pax Hispánica en nuestro continente, la Pax Británica en el siglo XIX y la Pax Americana en el siglo XX. Han sido momentos en los que una gran potencia mundial puede diseñar el orden internacional casi sin contrapeso, remodelando los Estados bajo su control. Cuando ello acontece, no se logra un orden justo, pero se visualiza un poder claro, que asegura a quienes se someten, un resguardo básico de su seguridad y subsistencia.

En America Latina conocimos la Pax Americana, especialmente después de 1945. Todos los intentos antioligárquicos, democratizadores, o que intentaron reformas desarrollistas al margen del plan e interés de Estados Unidos, concluyeron en golpes de Estado o invasiones. De esas intervenciones norteamericanas surgieron nuevos Estados, refundados desde cero, como se hizo en Chile entre 1973 y 1990.

Esta constatación histórica contrasta con la situación actual del gran imperio de nuestro tiempo. Desde 1990 en adelante todas las intervenciones, invasiones, golpes de Estado, sabotajes y operaciones encubiertas que ha ejecutado Estados Unidos alrededor de todo el mundo demuestran una creciente pérdida de esta capacidad de control. Ello no quiere decir que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN hayan perdido su poder destructivo. Pero de sus operaciones imperiales no logra surgir un nuevo orden hobbesiano que imponga algún tipo de ley, basada en la fuerza, que al menos salve a los pueblos de la guerra de todos contra todos.

El imperio norteamericano se está especializando en ganar todas las batallas para terminar perdiendo todas las guerras en que se involucra. El resultado de sus invasiones se ve ahora como una larga lista de Estados fallidos, implosionados, que lejos de ser reconducidos a la estabilidad bajo la protección del poder imperial, terminan caotizados en guerras civiles, étnicas y sectarias, acompañadas de tragedias humanitarias y genocidios de proporciones dantescas. Somalia desde 1993, Afganistán desde 2001, Iraq desde 2003, Georgia y Osetia desde 2008, Sudán desde 2010, Egipto y Libia desde 2011, Siria desde 2012 y Ucrania desde 2013. Donde ha puesto su mano, el resultado siempre ha sido el mismo: cruentas guerras civiles que no logran concluir, ya que los Estados originales han sido estructuralmente inviabilizados y ninguna de las partes contendientes tiene la fuerza suficiente para imponerse.

La tragedia iraqui

El colofón de esta serie de desastres ha sido la proclamación del Califato o Estado Islámico (EI) que ha emergido producto de la devastación de Siria y la guerra fratricida de Iraq, financiado directamente por Arabia Saudita y Qatar, e indirectamente por la OTAN, en su intento de derrocar a Bashar al-Assad. Se trata de un verdadero “Frankenstein político”, que se ha escapado de los controles de quienes lo engendraron y alimentaron. Los seguidores de Abu Baqr al Bagdadi dominan ahora un enorme territorio donde imponen su ideología ultrarreaccionaria por medio de diez mil hombres fuertemente armados y cuentas bancarias con al menos dos mil millones de dólares, fruto de la “cooperación internacional a favor de la democracia en Siria” y de las nuevas rentas petroleras que han capturado a ambos lados de la frontera sirio-iraquí. A estas alturas ni Washington ni Bruselas disimulan su alarma ante la catástrofe. Ni las estrategias bélicas de George W. Bush ni las teorías de “State-building” apoyadas por Obama han logrado el mínimo resultado. Iraq parece condenado a un estado de guerra perpetua, mientras el Leviatán occidental se muestra impotente y fatigado.

El 1º de mayo de 2003, a bordo del USS Abraham Lincoln , George W. Bush afirmó: “Las principales operaciones de combate en Iraq han terminado. En la batalla de Iraq, Estados Unidos y nuestros aliados han vencido. Ahora nuestra coalición se ocupará de asegurar y reconstruir este país”. Once años después, la conservadora revista Time titulaba a inicios de junio “El fin de Iraq”, mientras dibujaba la silueta de sus fronteras envueltas en llamas. Según los estudios de la revista The Lancet, Estados Unidos ha gastado en su aventura iraquí la impresionante cifra de 3.000.000.000.000 dólares. Y entre 2003 y 2013 han muerto por causas vinculadas a la invasión norteamericana 1.450.000 iraquíes y se han visto desplazadas 4 millones 700 mil personas.

Para mantener el control imperial de Iraq, el “proconsul” Paul Bremer recurrió en 2003 a la más vieja táctica de los invasores: dividir a la población local, agudizando las diferencias étnicas, religiosas o sectarias, privilegiando a un grupo mientras se discrimina deliberadamente a otro. En este caso Estados Unidos se apoyó en la población chiíta y kurda, subordinando a los sunnitas. Bajo el régimen de Sadam Hussein este último sector poseía hegemonía en el gobierno, pero al nivel de la sociedad, el tejido familiar y asociativo no estaba enfrentado por razones sectarias o religiosas. Los matrimonios mixtos eran muy comunes, la educación y los servicios públicos no estaban segregados y los barrios estaban altamente integrados. Esta estrategia divisoria ha terminado en un escenario paradojal: el gobierno títere de Nouri al-Maliki se vio obligado poco a poco a apoyarse en Irán, el único aliado chiíta que podía garantizarle su sobrevivencia política. Cuando esta alianza ha ido demasiado lejos, Estados Unidos lo ha sustituido con un golpe palaciego.

Lecciones para Latinoamerica

La evidencia muestra que Estados Unidos no ha tenido reparo en desplegar su expansionismo, usufructuando las legítimas demandas de los pueblos. Por ejemplo, nadie duda de las justas aspiraciones del pueblo kurdo. Pero a pesar de las promesas y halagos norteamericanos, su anhelo por un Estado propio no parece cercano. Y la región autónoma kurda de Rojava, en el norte de Siria, un verdadero experimento democrático participativo, está siendo ahogado por las fuerzas del Califato, sin que ningún gobierno occidental mueva un dedo en su defensa. De la misma forma, al inicio de las “primaveras árabes” de 2011 Obama se mostró emocionado y entusiasta con las aspiraciones democráticas de los egipcios. Pero al final, los movimientos sociales se han visto traicionados, mientras se reinstalaron en el poder a las viejas castas militares y oligárquicas.

En nuestro continente Estados Unidos demuestra la misma inconsistencia. Aparece constantemente como campeón de los derechos humanos y las libertades, seduciendo a algunos grupos sociales que demandan participación, menos corrupción y reconocimiento de sus particularidades. Pero estas propuestas, necesarias y justas, son constantemente desnaturalizadas bajo el interés de desestabilizar los procesos democráticos y reinstalar en el poder a las elites extractivas, desplazadas del poder a inicios de este siglo. Washington es capaz de caotizar cualquier país que le interese. Pero no ha demostrado la capacidad de reestabilizar ni menos reconstruir ninguno. Este es un dato objetivo que ningún actor político responsable debe olvidar a la hora de diseñar su campo de alianzas y relaciones.

Acuerdos, mayorías y democracia: algunos criterios para aclarar el debate

Le Monde diplomatique, agosto de 2014

El pacto entre la Nueva Mayoría y la oposición de derecha respecto a la reforma tributaria ha abierto un debate torcido y lleno de imprecisiones sobre el papel de los acuerdos en el sistema democrático. Mientras los involucrados directos en la negociación reivindican el proceso, las fuerzas políticas que no fueron consultadas cuestionan la legitimidad del procedimiento. Más radicalmente, los movimientos sociales critican el objetivo global de estos compromisos, ya que aprecian en ellos una componenda programática que pone en serio riesgo el logro de las reformas sociales y políticas que la sociedad civil ha impulsado durante el último quinquenio.

La discusión se ha tratado de reducir a una lógica binaria y dualista, tratando de clausurarla bajo una falsa dicotomía entre “acuerdos si o acuerdos no”. Esta disyuntiva es absurda en la medida en que la democracia se asienta en una inevitable convivencia entre la regla de la mayoría y el principio de consenso. Ambos elementos constituyen el fundamento de una democracia sustantiva. La discusión madura no pasa por sacralizar los acuerdos como si fueran virtuosos per se. Ni tampoco en rechazar la voluntad de pacto, como si ello supusiera a priori una transacción ilícita. Cabe recordar que el principio de mayoría permite a los regímenes democráticos llegar a decisiones procedimentalmente legítimas. Pero no nos dice nada respecto a la manera como se construyen esas mayorías, antes del momento de la decisión. De allí que la búsqueda del más amplio consenso sea inherente a la democracia, en tanto sistema político que busca la más amplia y diversa representación de todos los involucrados, mediente la deliberación participativa y razonada.

Por otro lado los acuerdos políticos se deben evaluar críticamente en dos niveles: respecto a los objetivos buscados y a los medios utilizados. En relación a los objetivos, ya que la cooperación y la acción concertada no garantiza la legitimidad de lo concordado. Las mafias y los grupos criminales saben alcanzar acuerdos con extraordinaria eficacia, y saben hacerlos cumplir. De la misma forma, dos grupos políticos pueden llegar a acuerdos y ser generosos en sus negociaciones, resolviendo aplicar un programa que conculque gravemente los derechos humanos. Si una decisión política se ha resuelto por acuerdo no  quiere decir que tenga mayor legitimidad que una decisión que se ha resuelto por mayoría simple.

En relación a los procedimientos, el acuerdo democratico debe garantizar una serie de condiciones que aseguren su legitimidad. Entre ellas se destacan:

  1. Un mandato explícito: un acuerdo democrático presupone que se delegue un mandato claro a los negociadores. Para ello se debe consultar a todos los potenciales involucrados. El ejemplo más claro se vió en Alemania en 2013, cuando la militancia del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) aprobó en una consulta vinculante un gobierno de coalición con el bloque conservador de Angela Merkel. Los negociadores estaban oblogados a defender una serie de puntos programáticos definidos publicamente. Y luego, de concluidas las negociaciones, la militancia nuevamente fue convocada a ratificar el acuerdo. En el caso chileno, que varios partidos de la Nueva Mayoría se hayan enterado de la existencia de este acuerdo por la prensa habla de oscuridad que le ha rodeado.
  2. Máxima transparencia: lejos de la metáfora de la cocina, empleada por el senador Zaldivar, que argumentó que “este tipo de soluciones requiere una manera de hacer las cosas que no pueden hacerse de cara a la opinión pública”, un acuerdo democrático exige garantías de transparencia. Ello no implica, como lo promueve el italiano Beppe Grillo y su MoVimento5 Stelle, transmitir en streaming todas las reuniones y encuentros políticos en los que se participa. La transparencia no se identifica con acabar con la necesaria reserva de los procesos ni terminar con la confidencialidad, como medio de generación de confianza y credibilidad. Transparencia es garantizar el acceso a actas públicas e instrumentos verificadores en los que se detalle claramente quienes participaron en el acuerdo, sus puntos de partida, el curso de la negociación y los resultados detallados y comprensibles de lo concordado.
  3. Acuerdos basados en argumentos, no en coacción. Es la sutil diferencia entre un pacto democratico y un chantaje. Esta distinción es la que explica porqué los llamados “acuerdos de la transición”, produccidos entre 1986 y 1990, no califiquen como parte de un proceso democrático, ya que sólo se explican bajo la amenaza explícita del dictador y sus cómplices políticos. Esta última observación obliga a preguntar ¿Qué papel han jugado los poderes fácticos en el acuerdo de Las Condes? ¿Se discutió en Washington sobre la reforma tributaria, durante la última visita de la presidenta Bachelet a la Casa Blanca, al FMI y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos? Un agresivo artículo en contra de la eliminación del FUT, publicado por The Economist[1] en abril pasado, parece indicar que las presiones internacionales no fueron irrelevantes.

Con mucha razón J. Habermas cifra como criterio ético del acatamiento de una norma la libertad con la que ha sido concordada, y la participación que se ha tenido en su discusión:

“Toda norma válida tiene que cumplir la condición de que las consecuencias y los efectos secundarios que resulten previsiblemente de su seguimiento universal para la satisfacción de los intereses de todos y de cada uno puedan ser aceptados sin coacción  (y preferidos a las repercusiones de las posibilidades alternativas de regulación conocidas) por todos los afectados[2]“.

De allí que las fuerzas políticas que no participaron del acuerdo de la reforma tributaria no tengan obligación alguna ante él. Y las organizaciones de la sociedad civil posean el legítimo derecho a exigir toda la información respecto a este y otros procesos de negociación política que le involucran de forma directa y significativa. El tiempo de la política entendida como una cocina cerrada al chef  sus ayudantes se ha terminado.

 

[1]              “A political FUTbol”. The Economist, 5 de abril de 2014.

[2]              Habermas, Jürgen, (2000) Aclaraciones a la ética del discurso, traducción de José Mardomingo, Trotta, Madrid, p. 142.