Ezzati y la policía del pensamiento

Rabia, hastío, indignación, cansancio. Esos eran los sentimientos de quienes se reunieron en las puertas de la catedral de Santiago durante la masiva manifestación de solidaridad con los sacerdotes Felipe Berríos, Mariano Puga y José Aldunate. Esa tarde del 17 de octubre se notaba que algo profundo se había quebrado al interior de la convivencia interna de la Iglesia Católica chilena. El acto recordaba en su forma y en su contenido a las liturgias por la vida que se celebraron en ese mismo lugar, al amparo de la Vicaría de la Solidaridad, durante los años más duros de la dictadura. Pero si en esos años el Cardenal Raúl Silva Henríquez respaldaba abiertamente a los manifestantes, en esta ocasión el Cardenal Ricardo Ezzati concentraba las críticas y los reproches de sus feligreses.

La “investigación” eclesial que afecta a estos tres sacerdotes ha despertado la reacción de buena parte de la ciudadanía, que aprecia un vivo contrasteante un episcopado complaciente ante los sacerdotes condenados por abusos sexuales y corrupción financiera, pero durísima e intransigente contra el clero que expresa disidencias públicas y argumentadas respecto a sus orientaciones pastorales. Este doble estándar se agrava en este coyuntura, ya que la Conferencia Episcopal aparece claramente alineada con los partidos de derecha, en abierta oposición a la reforma educacional, defendiendo con uñas y dientes el lucro con recursos públicos y las prácticas de selección discriminatoria dentro de sus colegios. Además, esta  ola de acusaciones coincide con la condena por abusos sexuales al Legionario de Cristo John O’Reilly, por lo que varios analistas han especulado sobre un intento de venganza por parte de los círculos más integristas del catolicismo criollo.

La indignación ciudadana se agrava en tanto Mariano Puga y José Aldunate son reconocidos sacerdotes obreros, que constituyen “monumentos vivientes”, personalidades históricas de enorme envergadura que trascienden por su biografía a la Iglesia Católica y constituyen un patrimonio nacional, como héroes en la defensa de los derechos humanos y a favor de la democracia. Por su edad (83 y 97 años respectivamente) cuesta entender el interés por acallarlos. De allí se desprende que el verdadero interés de sus acusadores apunta al tercero en la lista: Felipe Berríos, un jesuita joven, que se ganó la confianza de muchos “hijos de gerentes” en los años noventa, sacándolos de la órbita de influencia de los movimientos ultra-conservadores por medio de “Un Techo para Chile”. De allí que Berríos concentre los odios y envidias más enconadas del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo, que ven con impotencia cómo este jesuita quebró el “monopolio” que estos grupos tejieron entre los jóvenes del “barrio alto”, apartándolos de sus proyectos religiosos, políticos y empresariales. Las disidencias doctrinales de Berríos aparecen como una excusa perfecta para alejarle de los círculos de influencia social, política y económica y arrinconarle en posiciones subalternas y sin visibilidad, al menos por algunos años. Su reciente destinación al campamento La Chimba en Antofagasta responde claramente a este criterio.

Además, al ataque contra los tres sacerdotes ya mencionados se debe agregar una acusación ante el tribunal eclesiástico contra el jesuita y rector de la Universidad Alberto Hurtado Fernando Montes. interpuesta por el abogado Sergio García Valdés, junto a otros seis abogados, debido a que su universidad otorgó un premio de periodismo a un reportaje del periodista Jorge Rojas publicado en 2013 en The Clinic. “La del padre (Fernando) Montes ha sido una actitud desafiante e incongruente”, acusó desde La Tercera García Valdés, quién en 1996 ya intentó un recurso de prohibición de la película “La última tentación de Cristo” y defendió judicialmente al sacerdote pinochetista Raúl Hasbún.

Una estructura de control y represión

Este casos han desnudado un complejo sistema de control del pensamiento que no sólo afecta a los miembros del clero católico y de las congregaciones religiosas. Se trata de una verdadera policía ideológica que opera desde hace décadas, y que ha servido para  acallar voces disidentes en las instituciones de educación, prensa y salud ligadas a la Iglesia Católica. Un modelo de control social basado en ataques anónimos por parte de “testigos sin rostro”, que funciona bajo la protección del poder eclesial. ¿Cómo opera este sistema de denuncias, acusaciones y sanciones? ¿Cuáles son los efectos prácticos de estas acusaciones? ¿Quiénes se benefician de este sistema de imputaciones anónimas, frente a las que no cabe recurso ni apelación? Un profesor de la P. Universidad Católica de Chile, que prefiere no dar su nombre por temor a represalias, nos describe el sistema:

“Lo que ocurre es que un grupo de académicos, sacerdotes y abogados del ala más integrista de la Iglesia ha diseñado una estructura de denuncias por diferentes frentes. Por un lado, solicitan a la nunciatura una “aclaración doctrinal” cuando descubren que alguna persona ligada a la Iglesia ha expresado algún punto de vista que disiente de sus postulados. Lo extraño es que la nunciatura acoge las imputaciones que lanza este grupo, sin importar la credibilidad de sus denuncias, e inicia un trámite de indagación: solicita informes al Arzobispo y a su vez este recaba información a los órganos dependientes. Se han dado varios casos en los que el nuncio recibe acusaciones en contra de profesores de la Universidad Católica. Entonces el nuncio pide información al arzobispo, el arzobispo le solicita datos al vice-gran canciller, y este extiende la demanda al decano de la facultad del académico acusado. Cuando esto se produce el profesor aludido no conoce quién le ha denunciado ni sus motivos. Cuando se consulta a la nunciatura la respuesta es siempre la misma: “se está recabando información para determinar si cabe una investigación”, en otras palabras, te estamos estudiando para saber si te acusamos”.

El método descrito por este académico fue el empleado en contra de Aldunate, Berríos y Puga. Otro modo de operar es presentar un escrito directamente ante el tribunal eclesiástico. Ese es el caso de la denuncia en contra de Fernando Montes. También se da el caso de acciones coordinadas para frenar la contratación de académicos, que habiendo sido seleccionados por el sistema de contratación de la Universidad Católica, no responden a sus valoraciones fundamentalistas. No es extraño que presionen a los decanos,  rompiendo con los mecanismos oficiales de evaluación docente.

Si un ciudadano anónimo se acercara en la actualidad a la nunciatura a solicitar que se “aclaren” las declaraciones de un sacerdote, su petición no llegaría muy lejos. Muy diferente es el caso del círculo de denunciantes “profesionales”, miembros de movimientos integristas, que acceden directamente al círculo de influencias de la nunciatura y que actúan como agentes informantes en esta verdadera “policía del pensamiento”. Consultando fuentes eclesiásticas afectadas por este tipo de denuncias se refieren a las prácticas recurrentes de  personajes tales como Jaime Antúnez Aldunate, director de la revista Humanitas de la UC, Joaquín García Huidobro y Cristobal Orrego Sanchez ambos columnistas de El Mercurio y el abogado Opus Dei Jorge Reyes. Este último ha llegado a tales extremos que el senador UDI Iván Moreira lo acusó en 2012 de ser “un hombre de alma sucia, que se contradice con lo que dice defender, que es la vida, porque actúa de la misma forma que un integrante de una secta venenosa”.

Las responsabilidades de Ezzati y del nuncio Scapolo

El Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati ha evadido su responsabilidad durante esta polémica, afirmando que su única acción fue enviar a la nunciatura un dossier con artículos de prensa donde aparecían las declaraciones de los tres sacerdotes, respecto a la reforma educacional, el aborto terapéutico el matrimonio homosexual. Ezzati sostiene que fue la nunciatura la que solicitó esta información. Sin embargo un Cardenal y Arzobispo metropolitano no está obligado a responder mecánicamente a este tipo de solicitudes, que invaden sus competencias canónicas. Y se olvida que él mismo comentó en la Vicaría de la zona norte que le “preocupaban” las palabras de estos tres sacerdotes.

Por su parte el nuncio Ivo Scapolo, muy cercano al nuncio durante los años de la dictadura Angelo Sodano, calla respecto a los motivos para hacer esta solicitud y oculta el nombre de los “acusadores”. Scapolo, extremadamente cercano a la prelatura del Opus Dei, prometió ante la prensa una aclaración que nunca ha llegado. “Alguien va a explicar, alguien va a explicar” declaró el 15 de octubre en CNN. Al cierre de esta edición la nunciatura no ha vuelto a tocar el tema y consultada de forma telefónica por PF ha rehusado hacer nuevos comentarios. La nunciatura nunca investigó a los sacerdotes que hicieron apología del pinochetismo y de las violaciones a los derechos humanos, como Raúl Hasbún o Florencio Infante. Tampoco se preocupó de recopilar información respecto a los sacerdotes acusados de abusos sexuales o delitos económicos.

Remando en contra del Papa

Tanto el Cardenal Ezzati como el nuncio Scapolo aparecen en estas circunstancias en abierta contradicción con las orientaciones del Papa Francisco, que está demostrando una voluntad real de reformar y abrir la Iglesia. Los debates que se dieron el último Sínodo sobre la familia demostraron que Francisco está decido a enfrentar todos los temas de debate sensible, como son el divorcio,  la homosexualidad y la anticoncepción. No fue extraño que el Papa tuviera que enfrentar durante el sínodo la abierta oposición de un grupo de cardenales, como el estadounidense Raymond Burke, que intentó un complot en el que intentó involucrar, sin éxito, al Papa emérito Benedicto XVI, con el fin de torcerle la mano. Burke llegó a amenazar públicamente al Papa afirmado que “no es libre para cambiar las enseñanzas de la Iglesia con respecto de la inmoralidad de los actos homosexuales o la indisolubilidad del matrimonio o cualquier otra doctrina de la fe”.

Sin embargo, Francisco está demostrando una voluntad férrea de reorientar al catolicismo. Una prueba de ello ha sido la convocatoria al inédito “Encuentro Mundial de Movimientos Populares”, que se llevó a cabo en Roma entre el 27 al 29 de octubre y que incluyó dos horas de diálogo directo con los participantes. Este encuentro reunió a trabajadores precarizados, desempleados,  campesinos sin tierra,  pueblos originarios, inmigrantes y desplazados, habitantes de suburbios informales, con el fin de “debatir las causas de la creciente desigualdad social y el aumento de la exclusión en todo el mundo”. Entre los invitados estuvieron Joao Pedro Stédile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, y la dirigenta chilena Francisca Rodriguez, de la asociación de mujeres rurales e indígenas ANAMURI. Además del presidente de Bolivia, Evo Morales, pero en su condición de dirigente social, y no como jefe de Estado. El movimiento Vía Campesina ha señalado respecto a este encuentro:

“Nos alegra enormemente la posibilidad de hacer oír la voz, de darle visibilidad a los excluidos en el mismísimo Vaticano. Le agradecemos profundamente al Papa Francisco esta posibilidad, una nueva muestra de su permanente acompañamiento y cercanía no sólo hacia los que sufrimos la injusticia sino también hacia los que nos organizamos y luchamos contra ella”

Resulta paradojal que el Papa no sólo sea capaz de entender y dialogar directamente con los movimientos sociales que luchan en contra de la desigualdad, sino que los movilice activamente para visibilizar sus demandas, mientras el Arzobispo de Santiago se coloca en la postura del contradictor activo de sus propuestas, articulando la oposición a la reforma educacional, y en general, descalificando las movilizaciones sociales. Prueba de ello es la circular enviada por el vicario de la educación de Valparaíso Edgardo Fernández Apablaza. en la que convocó abiertamente a la marcha organizada por la organización de fachada de la UDI denominada CONFEPA, orientada a defender el lucro y la selección educativa.

Una agenda urgente de cambios en el catolicismo debería llevar a eliminar de una vez la figura anacrónica de los nuncios, que en la práctica ejercen como interventores de la curia romana en las iglesias nacionales. Otra exigencia debe ser abandonar el sistema de denuncias anónimas y secretas en contra de los disidentes, de acuerdo a los criterios mínimos de debido proceso. Se deben implementar mecanismos transparentes de debate que permitan el mismo grado de discusión abierta y tolerante que está promoviendo el Papa Francisco en Roma. Y en tercer lugar, restablecer el lugar y la dignidad de quienes han sido víctimas de las persecuciones intraeclesiales. En Chile sería larga la lista de quienes han vivido estos procesos y que por dignidad guardan silencio. Ha llegado el momento de reparar el daño causado en los procesos de represión intra-eclesial e intra-universitaria, que se han vivido desde los años ochenta, para lo cual se debería elaborar un completo “informe de la verdad”, que recoja los testimonios de los afectados, con el fin de reparar las ofensas vividas, de cara a  la comunidad eclesial y al conjunto de la sociedad chilena.

Repositorio UAH:

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Sin Asamblea Constituyente, no hay nueva Constitución

Cuando un país verdaderamente democrático enfrenta una grave crisis política o social, siempre puede echar mano a un recurso fundamental para resolverla. Puede apelar a su Constitución, como acuerdo básico que “entre todos nos hemos dado”, para resolver sus problemas de convivencia. La Constitución opera así como un pacto formal y procedimental que regula con criterios de justicia el funcionamiento de las instituciones políticas. Pero también actúa como una base orientativa mínima, que permite fundar un “patriotismo constitucional”, un criterio mínimo de pertenencia e inclusión social, cultural y político que permite dar una base de cohesión a la sociedad.

Chile vive en este momento una serie de crisis crónicas superpuestas: en el campo de la educación y la salud pública, en su relación con el pueblo mapuche, en materia de derechos laborales, y en general, en la provisión de bienes públicos y en la regulación y control de las instituciones del mercado. Pero a la hora de resolver estos problemas, nuestro país no puede echar mano a la Constitución. Lejos de ser esa carta “que entre todos nos hemos dado” y que permitiría un pacto básico de derechos, deberes y controles institucionales, es documento añejo y odiado, impuesto por la dictadura con la fuerza de las armas, y que se ha remendado en más de una treintena de ocasiones sin alterar su venenosa capacidad de impedir que la mayoría política pueda expresarse y buscar una solución a los debates políticos más sustanciales de nuestra sociedad.

Este contexto ha llevado a que la demanda por una nueva Constitución haya decantado hasta convertirse en una propuesta de sentido común, cada vez más transversal. Hoy crecen las expectativas: antes de fin de octubre la presidenta Bachelet deberá anunciar el mecanismo institucional que permitirá cumplir su promesa de campaña referida a la redacción de una nueva Constitución para Chile. Pero todo indica que se tratará de una reforma constitucional radicada en el actual Congreso, que se complementará con mecanismos de consulta ciudadana, como cabildos y comisiones temáticas de carácter consultivo y no vinculante. De esa forma, se descartaría la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Eso es lo que ha dejado entrever el senador Felipe Harboe, quién declaró: “Lo ideal, a mi juicio, es que uno primero escuche en el proceso de elaboración, es decir, qué es lo que usted espera de una Constitución. Luego, que sea el legislador el que legisle, como corresponde, y finalmente ese proceso termine a través de una ratificación en plebiscito. Eso es lo que yo creo que sería lo ideal”.

¿QUÉ ES UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE?

La pregunta de fondo que abre este escenario es simple: ¿Puede surgir una “nueva” Constitución desde el actual Parlamento? La respuesta es necesariamente negativa. De acuerdo a la experiencia internacional, lo que Harboe propone es simplemente una nueva reforma a la actual Constitución de 1980. El Congreso, como poder constituyente “derivado”, puede reformar una carta constitucional, introducir retoques, cambiar artículos puntuales, pero no es el poder constituyente “originario”, que puede alumbrar un nuevo texto fundamental.

Una Asamblea Constituyente es, como el Parlamento, un órgano representativo. La constituyente de Colombia, en 1991, estuvo formada por 70 constituyentes con voto y 4 constituyentes con voz pero sin voto, en representación de grupos armados en proceso de desmovilización. La constituyente de Argentina, en 1994, contó con 305 representantes. La constituyente de Venezuela, en 1999, con 131 miembros electos y tres cupos para representantes de los pueblos indígenas. En Ecuador, la constituyente de 2007 estuvo formada por 130 asambleístas: 100 provinciales, 24 nacionales y 6 por los migrantes. Bolivia, en 2006, la conformó con 255 integrantes. ¿Cual es la diferencia con un órgano parlamentario? Una constituyente es un órgano electo ex profeso para esta función, la realiza en un periodo breve y se disuelve. Por ejemplo, la constituyente Argentina del 94 duró tres meses y deliberó en Santa Fe. La ecuatoriana demoró once meses reunida en Montecristi y la constituyente boliviana estuvo un año y cuatro meses sesionando en Sucre. Se trata de un mandato específico, de un órgano que no se reelige y sus miembros no legislan respecto al cargo que ocupan.

Otra diferencia fundamental es que una Asamblea Constituyente debe expresar de la forma más diáfana posible la realidad social y política del país, y debe tener plenos poderes para redactar un texto nuevo, que origine un modelo distinto de legislación constitucional y de organización del Estado. Por ello no cabría su elección mediante el recurso al sistema binominal, sino que debería ser electa de forma proporcional o semi-proporcional. Debería garantizar la inclusión de los pueblos indígenas. Tampoco sería admisible que rigiera por el actual sistema de financiamiento político que ha llevado a la elección del “Penta-Congreso”, donde la voluntad de los electores se trastoca por efecto de las enormes diferencias de recursos financieros de los candidatos.

Resulta casi asombroso comprobar que en la constituyente ecuatoriana más del 90% de sus miembros nunca había sido electo para ocupar un cargo público. Se trataba de gente sin historia política, que representaba a la ciudadanía de forma directa. Además, menos del 10% eran abogados, por lo cual la discusión no se orientó a los vericuetos tecnico-jurídicos, sino a la definición sustantiva de un proyecto país, inclusivo e ideológicamente abierto, pero capaz de integrar a la ciudadanía.

Otro ejemplo fueron las constituyentes de Italia y Alemania, al término de la segunda guerra mundial y la derrota del nazi-fascismo. Ambos países, destruidos y derrotados, con el olor a la muerte en la espalda, pudieron reparar su historia plasmando un nuevo futuro por medio de nuevas Constituciones, avanzadas, progresistas y democráticas, que establecieron un pacto entre las fuerzas que lucharon en la resistencia a Hitler y Mussolini. La Constitución de postguerra sigue siendo hasta hoy una piedra fundamental, que permite a ambos países moldear sus crisis y dificultades y la ciudadanía esgrime estos textos como un recurso fundamental que les garantiza derechos inapelables e intransigibles.

LA INVIABILIDAD DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARLAMENTARIA

Más allá de estos argumentos de principios, existe un argumento de viabilidad a favor de la Asamblea Constituyente. Cualquier proyecto de reforma constitucional se va a estrellar con el art. 127 que coloca el quorum de reforma de los capítulos I, III, VIII, XI, XII y XV, en 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Se trata de un mecanismo pétreo, destinado a la clausura absoluta de las iniciativas de reforma, a menos que se cuente con la venia de la derecha más extrema y fundamentalista.

La vía a la Asamblea Constituyente, lejos de ser un recurso radical o utópico, es simplemente el único camino apropiado, legítimo y viable en las circunstancias que vive el país. De allí que el profesor Fernando Atria sostenga claramente que “la vía es la AC, el debate debe ser su viabilidad”. ¿Cómo hacerla posible? A su juicio hay una puerta que la presidenta puede abrir, siempre que tanga la voluntad de hacerlo: “La fórmula adecuada es autorizar la realización de un plebiscito modificando el artículo 15 de la Constitución, para lo que se requiere un quorum de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio, por lo que parece posible y realizable, optando así por un momento institucional que abra el debate ciudadano, evitando la opción de una comisión bicameral”. El plebiscito se torna por ello en la herramienta determinante. Debería ser la llave que permita empezar a abrir, paso a paso, las puertas de esa enorme cárcel institucional que coarta a la soberanía de nuestro pueblo.

 

La pregunta de Miguel

La figura de Miguel Enríquez despierta dos tipos de reacción. O se le descalifica en bloque, culpándole de un amplio conjunto de pestes políticas, o por el contrario se la ensalza en un relato militante, que mezclando la hagiografía revolucionaria y el panegírico apologético tiene poco que ver con la personalidad y el talante del fundador del MIR.  Miguel no era un santo ni un demonio, sino un revolucionario que propuso una serie de preguntas políticas fundamentales al país, y estuvo dispuesto a debatirlas abiertamente durante toda su vida. Lejos del sectarismo o el dogmatismo, se le debe ubicar dentro de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, en la búsqueda de una alternativa emancipatoria adecuada a las condiciones específicas de nuestros pueblos. En este aspecto Miguel Enríquez es una figura tremendamente actual. Sus preguntas siguen siendo gravitantes y exigen ser tomadas en cuenta, de forma profunda y consistente.

El problema fundamental que identificó Miguel y el colectivo generacional que le acompañó en la fundación del MIR en 1965 era el siguiente: en América Latina se había hecho patente que la derecha histórica, agraria, conservadora y patronal, no disponía de un proyecto de desarrollo para la región. Incluso los Estados Unidos de Kennedy y la Iglesia Católica post-conciliar estaban de acuerdo en este diagnóstico. Tal como lo había demostrado el gobierno de Jorge Alessandri, la oligarquía más rancia y casposa estaba a la deriva, dispuesta a agarrarse a cualquier cosmético con tal de mantener un orden social anacrónico, que exigía una transformación radical y urgente. En respuesta a esta crisis se alzaban dos programas de reformas, aparentemente antagónicos, pero que en el fondo poseían amplias coincidencias de fondo: la “revolución en libertad” demócrata-cristiana, aliada a la Alianza para el Progreso norteamericana, y la “vía chilena al socialismo” que postulaban los partidos socialista y comunista. En cada país del continente esta dicotomía asumía sus propias especificidades, pero se replicaba en lo fundamental, de acuerdo al dualismo Este-Oeste de la guerra fría.

La intuición fundamental de Miguel era que ambos proyectos tenían limitaciones estructurales que afectaban su viabilidad y deseabilidad. Ello no quiere decir que homologara ambas alternativas.  Miguel y el MIR distinguían entre la derecha tradicional y el reformismo DC, y entre la DC y el proyecto del FRAP, que desembocaría en 1970 en la UP y el gobierno de Salvador Allende. Pero su análisis crítico le llevó a descubrir en ambas alternativas una serie de contradiciones y aporías, inherentes a la naturaleza del orden internacional en el que estaban insertas y por sus propias insuficiencias de cara a las necesidades de las grandes mayorías, a las que definió como “los pobres del campo y la ciudad”.

La inviabilidad de los reformismos

Para Miguel los dos proyectos de reforma que se proponían a Chile en los años sesenta no eran viables a largo plazo. Arraigaba este convencimiento en un análisis muy detallado de las condiciones de la economía latinoamericana, situada en una relación de dependencia  respecto a los grandes centros de poder del capitalismo global. Tanto el programa de la DC como el de la izquierda apostaban a lograr una alianza histórica con los sectores progresistas del empresariado nacional, en orden a promover una modernización industrializadora que permitiera cambiar el patrón productivo, para desembocar en una versión nacional del Estado de bienestar europeo. Pero este programa presuponía una serie de condiciones de posibilidad, que el MIR no lograba visibilizar, entre otras:

  1. La inexistencia de un verdadero empresariado “progresista”, con vocación industrializadora. Más allá de algunas individualidades, los empresarios nacionales se veían a los ojos de Miguel como endémicamente arraigados a una tradición rentista, extractivista y agraria, incapaces de asumir el programa de sustitución de importaciones que preconizaba la CEPAL, y que debería crear los empleos de calidad que podrían incorporar a los excluidos del ciclo productivo.
  2. A la vez, el mercado chileno era incapaz de absorber la nueva producción nacional que se debería llegar a generar. La inexistencia de una verdadera clase media constituía un obstáculo insalvable al proyecto reformista. La única forma de sortear este problema radicaba en la consolidación de un mercado ampliado, a escala latinoamericana, que por su dimensión pudiera absorber esa nueva oferta productiva.
  3. Pero ese proyecto de integración latinoamericana, basado en un cambio en la matriz económica era intolerable para Estados Unidos, que necesitaba mantener a la región como proveedora de recursos naturales a bajo precio y como mercado natural para sus productos elaborados.
  4. Este escenario implicaba que ambos reformismos terminarían por chocar de forma violenta e insalvable con la élite económica y política escala nacional, reacia a abandonar su vocación rentista en aras de un proyecto de cohesión social que despreciaba profundamente. Y también chocaba con el capital transnacional, que necesitaba que América Latina permaneciera bajo la órbita de dominio norteamericana, en posición de dependencia económica y subordinación política. El ciclo de cambios reformistas llevarían inevitablemente a la necesidad de una ruptura abierta y decidida, y para liderar ese proceso construyó y articuló el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

La indeseabilidad de los reformismos

Si los programas reformistas aparecían como inviables sin un momento de ruptura radical, también eran criticables porque no lograban superar el nudo del dilema latinoamericano. En el caso del reformismo DC, Miguel advertía el germen de una modernización capitalista, tanto a nivel agrario como minero, que originaría un nuevo ciclo de acumulación en beneficio de los sectores más cosmopolitas y mejor preparados del empresariado nacional. Y  en el programa del FRAP y de la UP reconocía una voluntad redistributiva mucho mayor, pero que en el fondo mantenía la continuidad con la dimensión desarrollista del proyecto DC, cambiando los socios Occidentales por nuevos socios de la Europa del Este. Su intuición era que se debía buscar de forma clara y decidida una orientación socialista, que permitiera el protagonismo popular, y que evitara las trampas burocráticas y autoritarias en las que cayeron los países del “socialismo real”.

Este aspecto representa la dimensión más original y fecunda del pensamiento de Miguel. Se puede advertir su profundidad en la famosa declaración “El MIR y los sucesos de Checoslovaquia[1]“, publicada a raíz de la represión soviética de la Primavera de Praga, en 1968. El texto formula una análisis muy lúcido del momento internacional para concluir diciendo: “Repudiamos enérgicamente la intervención militar soviética en Checoslovaquia. Esta intervención no fue en defensa del socialismo, que habría estado bien resguardado por los obreros y campesinos checos, sino en defensa de los intereses de la burocracia de la URSS y con un claro contenido contrario a los procesos de democratización socialista….Sabemos que este rechazo a la intervención será utilizado por la reacción y el imperialismo. Esto es responsabilidad de la URSS. Ya se escucha el griterío de los imperialistas y sus secuaces radicales, nacionales, democristianos, etc. que rasgan sus vestiduras por el principio de “no intervención” Son los mismos que nada dijeron para las criminales intervenciones de Santo Domingo, Vietnam y Cuba. Pretenden así descalificar el camino socialista. No lo conseguirán. Es tarea de la Izquierda revolucionaria del mundo demostrar que este no es el socialismo por el cual combatimos, sino una desfiguración heredada de los períodos más negros de la primeras repúblicas socialistas del mundo”.

La verdadera “democracia socialista” aparece así como el horizonte político que busca Miguel. Se trata del criterio clave que le servirá para juzgar políticamente la realidad. ¿Cómo alcanzarlo? Es una pregunta que sigue abierta. Las vías y los métodos en nuestra época ya no son los que se podían plantear en los años sesenta. Pero la pregunta fundamental sigue cuestionándonos: ¿Cómo alcanzar un proyecto de emancipación para los pobres del campo y a ciudad en América Latina, que no sucumba ante las tentaciones del desarrollismo a ultranza, la burocratización y el autoritarismo? En todas estas preguntas Miguel Enriquez sigue siendo un compañero de búsqueda y su pensamiento nos aporta criterios que desafían la conciencia de la izquierda autocomplaciente.

[1]Disponible en: http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/Doc_68_a_10_sept_73/mir68a730003.pdf