Estar a la altura de la propia historia

Sábado en la mañana. Compro verduras para la semana en una feria libre. Un par de músicos callejeros cantan “El viejo comunista” de Manuel García. La gente aplaude, les da unas monedas. Los músicos siguen con Víctor Jara, y los aplausos permanecen. El ambiente está alegre, y hasta cierto punto, esperanzado. Pero mientras me alejo se me viene a la mente la semana negra (o debemos decir ya el “mes negro”) que le ha tocado vivir al PC.

No debe ser fácil dirigir un partido con más de cien años. Un partido fundado por un prócer de escala continental como Luis Emilio Recabarren. El partido de Elias Lafertte, de Luis Corbalán, de Gladys Marín. Pero, más todavía, el partido que sobrevivió a la ley maldita y al campo de concentración de Pisagüa en los años cincuenta. El partido de Neruda, de Lipschutz, de Violeta Parra, de Volodia, de Julieta Campusano. Un partido que quisieron hacer desaparecer por la fuerza en dictadura y por la vía de la exclusión permanente desde 1990. En fin, un partido que posee una historia, y en ella brilla una pléyade de figuras excepcionales, que reluce por su consecuencia, su rectitud moral, su coherencia y sus principios.

Es posible disentir, desde la izquierda, de muchas de las posiciones y opciones políticas que asumido el PC chileno en su evolución. Pero cada vez que escucho la canción del  viejo comunista de Manuel García me vuelve a la memoria el diputado Juan Chacón Corona, obrero de la FOCH, incorruptible, testimonio viviente de reciedumbre y rectitud a toda prueba. Me vuelve el recuerdo de la   dirección clandestina  del PC encabezada por Víctor Díaz, compuesta por dirigentes obreros, modestos, disciplinados, que se formaron en la escuela de “Así se templó el acero” de Ostrovski, o de “La Madre” de Máximo Gorki. Yo sé muy bien que en el PC chileno hay muchos Víctor Díaz y muchos Juan Chacón, todavía hoy. Basta pasearse por los pueblos del norte para conocer historias parecidas. O ir a escuchar a los viejos de la cuenca del carbón, a los que hicieron la toma de La Victoria, a los que se jugaron el pellejo en las poblaciones. El PC es un partido rico en héroes y heroínas anónimas.

Por eso a la hora de juzgar a la actual dirección del PC no cabe hacerlo como si se trata de un partido más. A la UDI o a RN no se le puede exigir más que el cumplimiento estricto de la ley. ¿Qué más se puede exigir  a partidos que apoyaron una dictadura como la de PInochet? Pero al PC se le debe pedir mucho más. No nos basta que sus prácticas sean formalmente legales. Eso es obvio. Lo importante es su consecuencia de fondo. Se le debe evaluar de acuerdo a su propia historia.

Por supuesto, no estoy criticando al PC por ser parte del gobierno de Michelle Bachelet. Esa no es una decisión moral, sino política, absolutamente legítima, que deberá ser evaluada una vez que acabe la presente legislatura y se pueda saber qué aspectos del programa de la Nueva Mayoría se han alcanzado y cuáles no. Lo que creo imperioso criticar son otras cosas, como  la responsabilidad de este partido en la crisis, ya terminal, de la universidad ARCIS; o la dirección del Colegio de profesores y su subordinación ante el ministerio de educación, o la posición de la CUT ante el paro docente. En estos aspectos no cabe sólo una crítica o un desacuerdo político.  Hay un problema ético de fondo, porque se trata de evaluar la consistencia valórica de una institución como el PC.

En estas situaciones no cabe argumentar que ahora se es “partido de gobierno”. Eso no es excusa. Los militantes que son funcionarios del ejecutivo deben ser leales funcionarios de gobierno, 100% , todo el día.  Pero los dirigentes sociales y sindicales que militan en el PC se deben a sus bases, 100%,  todo el día. No cabe otra interpretación.

En el caso de ARCIS; no basta decir que todo lo que se hizo fue legal, porque eso no arroja luz sobre el fondo del asunto. ¿Cuál fue el rol del partido en la propiedad de esa Universidad y que responsabilidad hay en la crisis que le aqueja? ¿Por qué se le acusa, desde voces creíbles y prestigiosas,  de haber lucrado? Son preguntas que están en el aire y no deberían evadirse, sino responderse franca y directamente.

No creo en el argumento que achaca a todos los que hacen este tipo de críticas el estigma del anticomunismo. Nada más contrario a mi posición. Admiro, estimo y aprecio al PC chileno, por su historia, por su gente, por su trayectoria.  Por eso le pido más que a otros partidos. Le pido que este a la altura de su propia biografía política.

 

 

 

 

Que la calle vuelva a hablar

A ocho meses del inicio del gobierno de la Nueva Mayoría, el orden reina en Santiago. La calle, que llevó la iniciativa política durante el gobierno de Piñera, especialmente entre 2011 y 2012, parece callada, tímida, desierta. Es tal el nivel de desmovilización que la derecha empieza a probar cómo copar ese espacio, tal como lo intentó la CONFEPA; alimentada por la patronal de los sostenedores de colegios subvencionados. Los grupos evangélicos más fundamentalistas han sacado sus “marchas por Cristo” en contra del aborto y el AVP. Grupos de interés cuasimafiosos, como los dueños de locales nocturnos y bares de Providencia, atacan en las plazas a las autoridades que buscan regularlos y hacerles entrar en vereda. La patronal, represetada por la CPC, se atreve a descalificar a la presidenta en su propia cara, basureando sus reformas.

En el campo estudiantil la Fech se ha constituido con un quorum bajísimo de participación y en la FEUC el gremialismo ha retomado la conducción luego de seis años de NAU. En el ámbito laboral algunos sindicatos de base tratan de retomar las banderas por medio de huelgas sectoriales y movilizaciones en contra de las AFP. Pero en cada marcha y movilización brilla por su ausencia la CUT, centrada en la promoción de la agenda de reformas gubernamental. Tampoco se ve respuesta social ante sucesos aberrantes de la agenda internacional: ninguna federación estudiantil se ha movilizado respecto a la masacre de los estudiantes normalistas de Iguala. Ni siquiera una declaración.

La política regresó a los pasillos de los partidos y de las confederaciones patronales. No  cruza ni siquiera por los salones académicos, o los seminarios de los centros de estudio. El debate está enclaustrado en el interior de las camarillas más duras de la casta política, entre Gutenberg Martínez y Camilo Escalona, y entre la cena de la SOFOFA y los eventos de ICARE. Una nueva cocina está cociendo a fuego lento a puerta cerrada los cambios legales del período. Se nota que los sectores progresistas de la coalición de gobierno están cumpliendo a raja tabla su parte en el acuerdo: la gobernabilidad parece asegurada y la estabilidad social garantizada. Pero la vieja Concertación no cumple con su parte con el mismo rigor y escrúpulo. La verdadera oposición a las reformas bacheletistas ya no radica en la UDI o en RN, golpeadas por una serie de escándalos y conflictos, sino en los sectores más duros de la DC y del PS.

Es muy probable que este escenario de desmovilización llevará a una debacle electoral a los sectores progresistas de la NM, principalmente por el incremento del abstencionismo. Ello podría revertirse si el producto de las reformas, por las cuales se ha implementado esta férrea disciplina, fueran contundentes, enjundiosos y consistentes. Pero luego de la aprobación a puerta cerrada de la Reforma Tributaria, de los acuerdos con la Iglesia en torno a la reforma educacional y a los escasos cambios que se avisoran en materia laboral, el panorama se ve desilusionante.

En cambio para Gutenberg y Escalona, la desmovilización no supone costo político alguno. Su poder no proviene de las urnas, donde se les vapuleó de forma  grosera en los últimos años. Viene del poder empresarial que les sostiene y que les permite situarse en el rol del “gran padrino” al interior de sus partidos, repartiendo dinero y granjerías. Y mientras tanto, la ciudadanía calla y otorga, entre la desidia y la desconfianza de muchos y la complacencia y la desidia de otros. Por una parte, fatalismo, esa sutil actitud vital que se resume en la frase tan chilena “es lo que hay”. Por otra, por una falsa lealtad política, que obedece acríticamente a una dirección partidaria que manda callar y trabajar.

Es urgente iniciar una respuesta. Volver a la calle. El domingo 23 de noviembre una serie de organizaciones sociales y políticas ha convocado una marcha en Santiago, que se replicará en Concepción y Valparaíso, bajo la consigna “Sin asamblea constituyente no hay nueva Constitución”. Se trata de un intento de reposicionar la movilización social en torno a la demanda central en esta coyuntura. Los cambios sectoriales, que se ven dispersos y difícilmente alcanzables, se pueden articular y vincular si se los integra desde la necesidad de alcanzar una nueva Constitución, discutida de forma democrática, que contemple un momento de ruptura institucional con el viejo orden neoliberal.

Para ello es necesario lograr que se convoque un plebiscito vinculante, que devuelva a la ciudadanía el poder de decisión sobre su futuro. El régimen caduco y corrupto impuesto por la Constitución de 1980, y refrendado en el pacto excluyente de 1989, ha dejado un paisaje devastado en términos democráticos. No tenemos tiempo que perder. El 23 de Noviembre será un momento para exigir un momento de ruptura constituyente y poner las bases del nuevo país, de la nueva república. El punto de no retorno ya ha comenzado y por más amenazas que hagan los herederos de Pinochet, nada ni nadie podrá impedir que este pedazo de humanidad que es Chile haga una aporte a la historia de la lucha por la democracia. Tenemos trabajo, podemos vivir un momento único, no desaprovechemos la oportunidad. Hagamos que la calle vuelva a hablar.

 

La Penta-democracia y la soberanía del dinero

Alicia Sanchez y Álvaro Ramis

Le Monde diplomatique, noviembre de 2014

¿Por qué hay leyes que cuentan con un alto respaldo de la ciudadanía pero son rechazadas en el parlamento? Estados Unidos no ha logrado aprobar una ley que restrinja el uso y venta de armas a civiles, a pesar del apoyo del gobierno y con todas las encuestas a favor. Tras la masacre de la escuela de Sandy Hook los legisladores votaron en contra, temerosos de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) que financia muchas campañas. “Ningún político que cuida su carrera quiere desafiar nuestras metas”, ha dicho un ex ejecutivo de NRA, Harlon Carter.[1] Para contrarrestar a la NRA el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg decidió donar 50 millones de dólares para crear una organización ciudadana que financie campañas políticas e iniciativas a favor de la restricción de armas. El camino más corto y eficiente es financiar directamente a los políticos. Esa es la conclusión a la que han llegado no sólo las grandes corporaciones empresariales sino también los movimientos que buscan mantener o fortalecer la primacía del mercado en ámbitos como salud y la educación. Por eso están invirtiendo en campañas electorales. Jonah Edelman, ejecutivo de la organización Stand for Children ha señalado que “si usted quiere tener la influencia necesaria para cambiar las políticas para los niños, tiene que ayudar a los que políticos sean elegidos. Se trata de dinero, dinero, dinero”.[2]

¿Y en América Latina?

 “El dinero juega un papel cada vez más importante en la política de América Latina como resultado del reciente crecimiento económico de la región, el aumento de la inversión extranjera directa y el ascenso de la clase media”, señala el Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA. Este informe se refiere a Chile y revela: “Grandes donantes privados contribuyen a menudo a varios grupos políticos. En Chile, las empresas familiares de los Luksic, Matte y Saieh contribuyen a casi todos los partidos excepto el Partido Comunista, lo que podría ser visto ya sea como una estrategia de diversificación financiera para mantener la influencia, independientemente de quién gane) o como una forma de filantropía democrática. (27) En muchos casos, las empresas prefieren no revelar sus ‘preferencias’ políticas. En una encuesta realizada a 151 empresarios, el 54% dijo que había hecho contribuciones en especie en lugar de donaciones en efectivo, ya que son más difíciles de rastrear e identificar. (28) Sólo el 56% registran tales donaciones en su contabilidad financiera, lo que hace que sea imposible comparar la información de los donantes y los receptores”[3].

El estudio considera, en términos generales, que en “la relación entre la política y el sector empresarial se percibe a menudo como las donaciones realizadas a cambio de favores o políticas favorables. Dos elementos relacionados con grandes donaciones privadas que deberían ser considerados en futuros análisis: la preferencia de los donantes en general se centra en las elecciones locales en lugar de las elecciones nacionales y las donaciones a menudo se dirigen a múltiples candidatos, incluyendo rivales , por lo que los donantes pueden cubrir sus apuestas”.[4]

¿A quién representa el Parlamento?

 Tras analizar el volumen de aportes reservados de acuerdo a la información entregada por SERVEL es válido preguntarse dónde reside la soberanía ¿en el pueblo o en quienes pueden financiar las campañas electorales de los y las candidatas al Parlamento? Nuestra democracia renació y creció en los años 90, pero de manera distorsionada. A la distorsión generada por el sistema binominal se sumó la distorsión del dinero. Y al mismo tiempo que la desigualdad social acrecentaba las brechas, la desigualdad política permitió que sólo una casta política financiada por una élite económica se repartiera el parlamento durante 25 años.

Hasta ahora la ciudadanía desconocía quiénes estaban detrás de los aportes reservados, es decir, a quienes deben rendir cuentas los y las parlamentarias electas. Pero además un porcentaje importante de los aportes de las empresas a campañas políticas han recibido beneficio tributario. Dinero del erario fiscal ha terminado en “palomas” o avisos radiales de candidatos o candidatas por quienes quizás jamás votaríamos. O, lo más grave, por parlamentarios que se han opuesto a legislaciones que mejorarían nuestra calidad de vida y la democracia. De acuerdo al SII son 247 las empresas que solicitaron franquicia tributaria por aportes a la actividad política el año 2013. El monto declarado corresponde a $ 13.700 millones. De las empresas que aparecen en el listado, seis pertenecen al grupo Penta, entre ellas la Isapre Vida Tres y la Clínica Santa María; siete son sociedades del grupo Luksic, entre ellas el Banco de Chile y la Minera Los Pelambres; el grupo Angelini, a través de Celulosa Arauco, Abastible y la pesquera Corpesca, entre otras; filiales del BCI del grupo Yarur; el grupo Falabella; Latam Airlines Group de la familia Cueto; cinco sociedades de Paulmann; el grupo Security; el Grupo Matte a través de CMPC y Colbún, entre otras sociedades; el grupo Saieh a través de Corpbanca; el grupo Hurtado Vicuña con Entel; Claro Chile del mexicano C. Slim, por citar algunas[5]. De acuerdo al reportaje, las empresas de electricidad y las pesqueras están entre las principales donantes, temas estratégicos para el desarrollo y que generan un fuerte debate en el Parlamento.

Isapres y bancos aparecen en la lista, entidades que han recibido cuantiosas ganancias en las últimas décadas y que han sido cuestionadas por los cobros que realizan a sus usuarios, altos intereses en el caso de los bancos, discriminación y alzas de planes indebidas en el caso de las isapres. Estas últimas registraron utilidades de casi $50 mil millones entre enero y junio de 2014, un record en los últimos nueve años, mientras los bancos alcanzaron ganancias de US$1927 millones entre enero y mayo de 2014, superior a la registrada por la industria en el mismo período del año 2013. Tal como se ha develado a partir de la colusión de las empresas de pollos, del caso Cascadas, y PENTA, las empresas están utilizando los recursos de todos los chilenos para producir mayores ganancias, especular y financiar campañas políticas.

En el 45% de los países de la OCDE el financiamiento público directo a los partidos políticos se provee regularmente y en relación a campañas; en otro 45% se provee sólo regularmente y en el 10% sólo en relación a campañas. En este último grupo se encuentra Chile, Australia y Estados Unidos[6]. En el 27% de los países los los partidos políticos deben revelar la identidad de sus donantes. Chile se encuentra entre el 73% de los países donde los reportes de los partidos políticos sólo “algunas veces” revelan la identidad de sus financistas. Urge repensar el necesario financiamiento de los procesos electorales como precondición de igualdad ciudadana, al servicio de la calidad de la democracia.

 Concentración de los aportes a nivel territorial

 

Monto Circunscripción
 

$                 303.350.000

Antofagasta
 $                 525.964.300 Coquimbo
 $              1.893.266.725 Santiago Poniente
 $              1.006.202.822 Santiago Oriente
 $                 601.080.988 O’Higgins
 $                 546.079.162 Bío Bío Costa
 $                 440.766.674 Bío Bío Cordillera
 $                 369.325.939 Los Ríos
 $                 315.030.500 Los Lagos
 $                 130.018.488 Magallanes

Elaboración propia, en base a datos del Servel

Las circunscripciones con mayor cantidad de aportes reservados corresponden a las de Santiago Poniente y Santiago Oriente. En total, sus candidatos y candidatas concentran el 47% de los aportes. Pablo Zalaquett y Laurence Golborne, ambos de la UDI, superaron en aportes reservados a circunscripciones completas, el primero con $ 716.372.420 y el segundo con $ 557.453.816, como se aprecia en la tabla. En contraste, las circunscripciones de regiones extremas, Antofagasta y Magallanes, concentraron los aportes reservados más bajos. Esto podría dar lugar a una clasificación entre distritos caros y distritos baratos, información estratégica a la hora de escoger circunscripciones. Los/as senadores o candidatos/as al Senado que recibieron mayores aportes reservados fueron M. Rojas ($ 219.350.000, Antofagasta, UDI); G. Uriarte ($ 233.457.505, Coquimbo, UDI); P. Zalaquett ($ 716.372.420, Santiago Poniente, UDI); L. Golborne ($ 557.453.816, Santiago Oriente, UDI); A. Cardemil ($ 318.925.414, O’Higgins, RN); J. van Rysselberge ($ 278.785.814, Bío Bío Costa, UDI); F. Harboe ($ 272.111.116, Bío Bío Cordillera, PPD); E. von Baer ($ 323.825.939, Los Ríos, UDI); I. Moreira ($ 218.040.500, Los Lagos, UDI) y C. Goic ($ 66.500.000, Magallanes, DC). De esta forma, en siete de las diez circunscripciones los más altos aportes reservados se concentraron en los candidatos de la UDI. De estos, cuatro no resultaron electos: M. Rojas, G. Uriarte, P. Zalaquett y L. Golborne.

¿Es viable esta “Penta-democracia de mercado”? No nos referimos a una democracia “con mercado”, sino una “democracia” que se subordina a las reglas y normas propias del intercambio mercantil. Donde los votos tienen precio, como si fueran acciones o productos del supermercado. Donde los cargos públicos tienen un costo que fluctúa de forma variable, tal como cambian los valores de las acciones o propiedades inmobiliarias en distintas zonas de una ciudad. Una “democracia” donde el pueblo no es el soberano, sino un grupo de 300 empresas que poseen el poder en plenitud, y lo delegan en sus representantes, a plazo y con cláusulas y condiciones de pago, por medio de leyes hechas a la medida de quienes las han financiado.

 

[1]BBC Mundo, “El poder político de las armas en Estados Unidos”, 21 de marzo 2013.

[2]Wall Street Journal, 3 de noviembre de 2010.

[3]Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA (2010) “Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”.

[4]IDEA (2010), op. cit.

[5]Ver listado completo en http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/10/674-600874-9-empresas-que-financian-la-politica.shtml[6]IDEA (2010), op. cit.