Grecia: la esperanza está en camino

La interminable crisis iniciada en 2008 ha conducido a los países del sur de Europa a una emergencia social inimaginable. La calidad de vida y los derechos sociales en Italia, España, Portugal, Irlanda, Chipre y Grecia han caído de un modo dramático: desempleo masivo, emigración de los jóvenes, desmantelamiento de la protección de personas ancianas, reducción de los servicios públicos, clausura de instituciones de educación, investigación y desarrollo científico, y alta precarización de los nuevos puestos de trabajo. Numerosas familias que lograron en décadas anteriores una cómoda situación de clase media han perdido sus viviendas y se encuentran  allegadas en las casa de familiares o amigos y al amparo de la caridad para sobrevivir. Es habitual encontrar a profesionales altamente especializados ejerciendo empleos precarios para los cuales están sobrecalificados. Las tasas de suicidio se han disparado y los niveles de violencia han aumentado sistemáticamente.

Las causas de esta catástrofe son variadas: desde fines de los años ochenta y comienzos de los noventa se produjo una des industrialización aguda de estos países, deslocalizando su producción en China y el sudeste asiático. Para mantener el nivel de vida alcanzado se incentivó el endeudamiento crónico de las personas y los gobiernos. Ello se produjo por la vía del crédito de la banca de  Alemania y los países del norte europeo, y de forma indirecta por medio del Euro, como moneda común, pero anclado a la fortaleza del antiguo Marco alemán. Junto a lo anterior, los gobiernos del sur de Europa apostaron por un capitalismo de amigotes, plagado de hiper-corrupción y favoritismos empresariales, que se volcó a los negocios especulativos en el campo financiero, inmobiliario y servicios. Esta política produjo países que “simulaban” un alto nivel de vida, y gobiernos que gastaban en abundancia, pero que carecían de una estructura productiva coherente. Tampoco se implementaron mecanismos de recaudación fiscal que acompañaran este proceso, ya que se abrieron diversos focos de evasión tributaria para favorecer a las grandes fortunas. Por eso el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera les estalló en la cara, dejando un panorama desolador del que no han podido salir, por más que sus gobiernos digan lo contrario.

La situación en Grecia es la más grave, con un 26% de desempleo y en situación de deflación. Unos 850.000 trabajadores griegos han tenido que esperar hasta 12 meses  durante los últimos años para recibir su salario. Las familias griegas han perdido unos 170.000 millones de euros desde el inicio de la crisis, por lo cual los griegos tienen ahora el mismo poder de compra que a principios de los 80. Y la deuda externa representa hoy el 175 % de su riqueza anual. Parece una reminiscencia del antiguo mito de Sísifo, que cargaba su piedra cada día hasta la cima de una montaña, y antes de llegar, la piedra volvía a rodar hacia abajo.

Tanto los gobiernos derechistas del Partido Nueva Democracia como los socialdemócratas de Pasok agravaron las condiciones de esta crisis al falsear sistemáticamente las cifras de su deuda pública ante la Unión Europea (UE) con el fin de entrar y mantenerse en la zona euro. Esta forma de gobernar, desde el engaño y la mentira, se realizó mediante las peores formas de clientelismo, que estos mismos sectores achacan a los gobiernos supuestamente “populistas” o “irresponsables”. Los distintos paquetes de rescate financiero de la UE, el Banco Central Europeo y el FMI han ido acompañados de medidas de intervención política directa por parte de esta Troika. Este panorama explica que el duopolio político griego enfrente su crisis final ante un contrincante que ha emergido desde la base de una izquierda radical, moderna y pluralista.

El momento de Syriza

El 25 de enero Grecia celebrará elecciones anticipadas y todas las encuestas muestran como favorita a la coalición Syriza, acrónimo de Synaspismós Rizospastikís Aristerás (Coalición de la Izquierda Radical), liderada por Alexis Tsipras, militante del partido Synaspismós. Syriza ya había obtenido un buen resultado en las elecciones de mayo de 2012, alcanzado un 16,8% de los votos y 52 escaños, consolidándose como segunda fuerza política, y desplazando a Pasok a un lugar marginal. Los casi tres años de gobierno de la derecha han hecho palpable que su receta económica no ha dado frutos y ha convencido al país de dar un giro profundo y orientarse en la dirección que Syriza ha propuesto desde el inicio de la crisis.

La posible victoria de Alexis Tsipras no sólo es relevante para Grecia. Se trata de una apuesta mayor, ya que obligaría a un rediseño del espacio europeo, de manera que las necesidades de los ciudadanos se antepongan a las exigencias de los bancos y las instituciones financieras. En consonancia con la experiencia ecuatoriana Syriza propone una auditoria de la deuda externa que dirima la naturaleza de los créditos concedidos en las últimas décadas y que evidencie la naturaleza ilegítima y odiosa de una parte significativa de ella. Una comisión de auditoria de la deuda, con participación ciudadana, podrá develar que los fondos de rescate no fueron a las arcas públicas griegas sino a un puñado de grandes bancos comerciales, especialmente de Alemania. Además, propone una renegociación de esta deuda legítima, ya que es la única manera de dar viabilidad a un país cuya deuda representa un 175 % del PIB. La propuesta de auditoria de la deuda es completamente legal ya que se funda en una cláusula del reglamento de la UE que regula los planes de ajuste estructural. El texto afirma literalmente: “Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macro económico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad[1].” Sin  embargo, la viabilidad de esta idean no radica en la letra de la ley, sino en la fuerza política que pueda acumular el gobierno de Tsipras. De allí que sea crucial que un gobierno de izquierda en Grecia pueda ser acompañado por otras experiencias similares en Europa.

De Syriza a Podemos…y más

Para los grandes poderes europeos y los centros financieros internacionales las elecciones griegas representan una amenaza directa. En palabras del Financial Times: “Alexis Tsipras está planteando a los líderes europeos un problema político, no uno económico. ¿Pueden llegar a una acuerdo con alguien que ha amenazado con abandonar los compromisos de reforma? ¿Pueden pactar con Syriza sabiendo que eso va a animar a otros partidos radicales como el español Podemos?[2]“. No se trata sólo de quién gobierna un país empobrecido y financieramente inviable. Se teme a su efecto contagio. ¿Que pasa si el ejemplo de Grecia se extiende por el mediterráneo? En estos momentos la nueva fuerza española Podemos, liderada por Pablo Iglesias, tiene reales posibilidades de triunfo en una elecciones planificadas para fines de 2015. Portugal también podría sumarse a este campo por medio de una coalición de fuerzas de izquierda. A partir de allí se podría iniciar el cambio en el resto de Europa. Y en otro frente la UE advierte otra amenaza: el posible abandono de la UE de Gran Bretaña, en dos o tres años. Nadie le pondrá fácil las cosas a Syriza o a Podemos. Pero un triunfo de Tsipras significaría el inicio de un nuevo momento. Un tiempo de esperanza.

[1]Reglamento (UE) Nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:ES:PDF

[2]Financial Times, “Syriza to crack down on Greece’s oligarchs if it wins election” , 6 de enero 2015.

 

Helia en el país de la hipocresía

Hipocresía viene del griego hypokrisis, que se emparenta con “actuar” y “fingir” pero también con “aparentar” y “engañar”. La ex ministra de salud Helia Molina ha pagado un alto precio político por revelar en público los secretos de una mala obra de teatro. Y los actores y los guionistas del espectáculo no le han perdonado su falta. Su renuncia, motivada por su afirmación “en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas” se puede interpretar desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de “la política”, entendida como agonística, como confrontación por el poder mediante el uso de la racionalidad estratégica, es una decisión acertada y necesaria. Pero desde el punto de vista de “lo político”, entendido como el ámbito de la libre deliberación sobre los asuntos públicos, es un acontecimiento deplorable, que revela el carácter del régimen político bajo el que vivimos.

Analicemos el caso desde el primer enfoque. Como muy bien lo reconoció la ex ministra, en su entrevista a La Segunda cometió varios errores. La política, si se reduce a la batalla  por el poder, es un campo que se rige por las orientaciones de “El arte de la guerra” de Sun Tzu. Se trata de acumular fuerza, para usarla en el mejor momento y de la forma adecuada. No basta tener un gran cañón. Para ganar el combate hay que dispararlo en el momento preciso, en el lugar señalado, y de acuerdo a una planificación detallada. Las declaraciones de la ex ministra no cumplieron esos criterios. Primero, porque fue un disparo anticipado. La batalla que el gobierno estaba dando en ese momento estaba en el frente laboral, y no en el de los derechos reproductivos. En segundo lugar disparó el cañonazo desde un lugar que no controlaba. La Segunda guardó la entrevista en un cajón por más de una semana, y la tiró en el momento justo para tapar el caso PENTA, el debate sobre sindicalización obligatoria, y casi al último día del año, cuando no hay posibilidad reconducir la discusión. Tercero, sus declaraciones aparecieron des-coordinadas del resto del gabinete. Un francotirador mal ubicado produce bajas por “fuego amigo”. Y finalmente, al acusar a las clínicas de practicar abortos ilegales, sin pruebas en la mano, había entrado en una lógica de la que no podría salir fácilmente. Necesitaría entrar en la búsqueda de pruebas legales, que exigen que alguien se auto-inculpe ante tribunales, ya sea una mujer que ha abortado o personal de las propias clínicas acusadas. Por estas razones se entiende que la propia ex ministra haya renunciado, más allá de las evidentes presiones de la presidencia que le llevaron a acelerar esa decisión. En sus propias palabras: “si uno ha dicho cosas que resuenan mal, lo lógico es dar un paso al costado y liberar a mi gobierno”.

Sin embargo, el debate que introdujo Helia Molina no se reduce a una contienda por ganar poderío. Ni tampoco se limita a la búsqueda de un resultado, por justo que parezca. Más allá de “la política” se extiende el amplio espacio de “lo político”. Es el campo de lo común, de lo compartido, de la búsqueda de un horizonte de sentido que involucre criterios de justicia, que sean aceptados y legitimados de forma intersubjetiva, por todos los involucrados. En este sentido la renuncia de la ministra Molina produce una herida profunda en el lento y dificultoso proyecto de democratizar la convivencia cívica en el país.

Lo que la ministra señaló apuntó a un hecho reconocido ampliamente por la sociedad: la existencia de abortos en clínicas privadas, que no se pueden comprobar judicialmente porque se encubren bajo falsos diagnósticos, y a los que se accede mediante el pago de altos precios de mercado. Se habla de intervenciones que cuestan un par de millones de pesos. Frente a ello contrastan las 75 condenas que el sistema judicial ha dictado entre 2005 y 2014 en contra de mujeres pobres, mayoritariamente jóvenes, que son expuestas a la sanción pública de su entorno social y familiar. También contrasta con las condenas en condición de “cómplices” de las mujeres que colaboraron en estas prácticas, y que provienen de los mismos entornos carenciados que las mujeres que abortan. Esta es una disparidad tan violenta que toma la forma de una afrenta y un insulto para el juicio de la enorme mayoría.

Según estudios de la UDP cada año se producen en Chile entre 60 y 70 mil abortos, los que constituyen la tercera causa de muerte materna en el país. La penalización total del aborto, que sólo data de 1989, no ha hecho más que segregar esta realidad. Abrió a puerta a los abortos “cuicos” en las clínicas privadas, donde se encubren bajo el diagnóstico de cirugías plásticas o intervenciones ambulatorias. Todo dentro de la aseptica seguridad de los mejores centros hospitalarios. Y para las mujeres pobres quedaron las prácticas abortivas de alto riesgo sanitario, propias de la clandestinidad, ejecutadas en espacios domésticos, insalubres, y expuestos a la sanción penal y social.

A una minoría poderosa este contraste le es absolutamente indiferente. Le es tan irrelevante la desigualdad en materia de salud como todas las otras dimensiones de la vida. Considera que la justicia se puede comprar, como lo demostró el hijo de Carlos Larraín en el juicio que lo absolvió por el atropello de un peatón hace pocas semanas. Piensa que la educación es un “bien de mercado”, como señaló Piñera en 2011. Y de la misma forma acepta que los abortos permanezcan en un doble estándar, siempre que impere el libre acceso y la protección total que aporta el dinero. Los problemas de conciencia religiosa se los arreglan manteniendo las restricciones legales al aborto, y a la vez, combatiendo la educación sexual en los colegios y la distribución de anticonceptivos. Si una ministra de Estado no puede enfrenar abiertamente estos problemas, y abordar estas injusticias de forma honesta quiere decir que vivimos en el país de la hipocresía, donde todo debate no es más que teatro, falsedad ensayada y simulacro. Y en ese reino la democracia no puede ser más que una comedia absurda y aburrida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caridad o desamparo: el falso dilema del neoliberalismo

Le Monde diplomatique, enero de 2015

Cada año la Teletón coloca al país ante la misma disyuntiva: o contribuir a la campaña, haciendo caso omiso a sus contradicciones e incoherencias, o permanecer en la crítica, pero abandonando una enorme obra filantrópica que no podría sostenerse sin los recursos financieros que se movilizan por medio de los aportes empresariales y la publicidad televisiva. En 2014 este monto ascendió a poco más de 28 mil millones de pesos, unos 46 millones de dólares. Una cifra altísima si se compara con los poco más de 1000 millones de pesos que se canalizan cada año por medio del Fondo Mixto, creado por la Ley sobre Donaciones con Fines Sociales, que se financia mediante donaciones de empresas y personas y que deben ser distribuidos mediante concursos públicos.

Quienes denuncian las paradojas de la Teletón apuntan a varios aspectos: la manipulación del dolor  infantil que realizan la televisión y los departamentos de marketing de las empresas, la exención de impuestos a la que acceden las compañías donantes, el sobreprecio que se carga a los consumidores por los productos asociados a la campaña, el valor desmesurado de los costos operativos de la recaudación, la falta de transparencia en la producción del espactáculo y en general a la ausencia de control en la gestión de todo este proceso. Tras la fachada del espectáculo tecnológico se auscultan los mismos problemas de la era de Dickens: para una amplia mayoría de la población la caridad sigue siendo la única alternativa al desamparo y la desprotección social.

Pero Teletón evidencia un problema mucho más extendido: la existencia de un verdadero “mercado filantrópico”, altamente concentrado, focalizado en temas muy acotados, y que canaliza enormes suma de dinero en un grupo muy reducido de instituciones que se manejan bajo una racionalidad más cercana a las de las empresas que al de las organizaciones solidarias de la sociedad civil. La disyuntiva es compleja: la Teletón, o campañas similares que se desarrollan a distinta escala durante todo el año, permiten recaudar un gran monto de dinero que nunca se podrían captar para fines filantrópicos si esas iniciativas no existieran. Al menos, dentro de la lógica del Estado subsidiario neoliberal. Se argumenta, con bastante asertividad, que el Estado chileno está lejos de la eficiencia y capacidad operativa que demuestran instituciones sn fines de lucro como Teletón u otras similares. Incorporar el aporte de la sociedad civil es por ello un complemento indispensable a las políticas públicas. Pero estos argumentos no logran clausrar el debate: entre caridad o desamparo debe existir una mejor opción, que evite el camino tortuoso de los enfoques lagrimeros, que hacen del dolor ajeno una forma cruel de espectaculo. No es posible resignarse a la falsa generosidad de las empresas que profitan del marketing y de la filantropía televisiva.

La dimensión social de la ciudadanía

La persistencia de la caridad en la resolución de las grandes necesidades de salud e inclusión de la población chilena revela que nuestro ordenamiento constitucional no reconoce la dimensión social de la ciudadanía, tal como la esbozó T. H. Marshall[1] y que ha logrado consolidarse en los tratados internacionales. Se trata de una aporía estructural que lleva a que ciudadanos plenamente capacitados, que acceden a un trabajo, que contribuyen con sus impuestos, no puedan acceder a bienes básicos para ellos o sus familias, debido a su clausura comercial.

Este es el clasico problema que abordó John Rawls en «Una Teoría de la Justicia[2]» donde describe una serie de «bienes primarios», entendidos como bienes sociales, deseables por cualquier individuo y necesarios para la estructura y ejecución de un plan de vida racional. Estos bienes son equivalentes a derechos y libertades públicas, y por lo tanto, medios intangibles. Pero también son  medios materiales, que permiten la satisfacción de las necesidades fundamentales, que se diferencian claramente de las preferencias subjetivas y los deseos o apetencias. Rawls acentúa así la igualdad en el ámbito de la libertad básica, mientras remarca la acción pública estatal en vistas de la justicia social. Que en una sociedad la distribución de los bienes es justa significa que ninguna otra forma de distribución beneficiaría más al grupo menos favorecido de la sociedad.

Amartya Sen y Martha Nussbaum van a resignificar la noción rawlsiana de «bienes primarios» como «oportunidades reales, situadas y mensurables», por lo que pasan a ser «capacidades», entendidas como condiciones de posibilidad. Buscan de esa forma respetar la autonomía de los sujetos, y por lo tanto superar la lista de «bienes primarios» rawlsiana, enfatizando los procesos, más que las metas, que han de ser definidos por los sujetos mismos. Nussbaum enumera un elenco de diez «capacidades centrales», pero en lo fundamental su propuesta se guía por el siguiente criterio: “Queremos un punto de vista respetuoso con la lucha de cada persona por lograr la prosperidad, que trate a cada persona como un fin y como una fuente de acción  de valor por derecho propio. Parte de este bien significa no dictar que es el bien, como mínimo para los adultos y como mínimo en algunos aspectos esenciales dejando a los individuos un margen amplio para los tipos de acciones y para una filiación significativa. Pero este mismo respeto  supone adoptar una postura firme en lo que respecta a las condiciones que permiten a las personas actuar según su propio entender, libres de las tiranías impuestas por la política y la tradición[3]” (Nussbaum, 2000: 69).

Skydelsky critica en este punto a Sen y Nussbaum, ya que considera necesario definir también un conjunto de «bienes básicos» que no sean considerados meros medios o capacidades orientados a hacer posible una vida buena. En su perspectiva estos bienes constituyen per se la vida buena misma. Y por lo tanto, apuesta por una elección no sólo privada o individual de estos bienes, sino pública y política: “Imaginemos dos sociedades: en una no hay hospitales y en otra hay hospitales que nadie utiliza. En una de ellas existe la capacidad para la salud y en la otra no, pero no hay duda de que lo que importa es que ambas poblaciones están igualmente enfermas. Y ambas, claro está, nos enfrentan con un problema político, un problema de acción de Estado[4] “.

El problema que busca resolver Skydelsky es propio de sociedades que cuentan con amplias infraestructuras (por ejemplo en salud, educación, servicios), pero limitadas por una serie de barreras de entrada, que no garantizan el acceso a ellas. Skydelsky ve allí la situación propia de los países de renta media, donde las personas tienen, potencialmente, la posibilidad de acceder a estos bienes básicos, conocen su valor e importancia, pero producto de clausuras económicas se impide su acceso real. Se llega así a una «ciudadanía social censitaria». Por lo tanto, la tensión conceptual entre capacidades y bienes se revela como un dilema político y moral central. Michael Sandel ha recopilado una lista de ejemplos de esa aberrante situación descrita por Skydelsky en «Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado[5]».

Entre la perspectiva más liberal de Sen y Nussbaum, y la proposición más dirigista de Skydelsky, se podría encontrar una síntesis en la idea de «mínimos de justicia» que ha desarrollado Adela Cortina[6]. Este planteamiento  presupone un deslinde con posiciones utilitarias, que al enfatizar una noción omniabarcante «de bienestar» impiden la exigibilidad de los derechos económicos sociales y culturales, al condicionarlos a la voluntad y recursos de los Estados. Se trataría de «compartir unos mínimos de justicia, progresivamente ampliables, y respetar activamente unos máximos de felicidad y de sentido de la vida[7]».  De esta manera se evita el riesgo de la propuesta de Skydelsky, que podría desembocar en un Estado burocratizado, que organiza autoritariamente la vida de las gentes, definiendo de antemano los «bienes básicos». La idea de Cortina implica un proceso de deliberación institucional, que permite la expresión de distintos intereses, garantizando a las partes lo necesario para  participar en la definición de esos márgenes «mínimos de justicia». Ese proceso también permite su viabilidad política, como derechos garantizados y articulables institucionalmente: “De ahí que propongamos el modelo de justicia del “interlocutor válido”, que consiste en empoderar a las personas para que puedan ser interlocutoras válidas, como un primer principio decente, a partir del cual puedan decidir que consideran básico mediante el diálogo, ya que lo básico es lo que expresa intereses universalizables[8]“.

La operacionalización de los derechos

El modelo descrito obligaría  a abrir “el monopolio de la esfera estatal a la esfera de lo público y pone en práctica la idea de la democracia participativa[9]”. El Estado debe impulsar procesos de «auto-responsabilidad ciudadana» en los que adquiere un rol como colaborador activo (Partner State) por sobre sus roles tradicionales de gestor y sancionador. En coherencia con ello los países de alto desarrollo han buscado consolidar legalmente una esfera de recursos públicos a los que pueden acceder las organizaciones de la Sociedad Civil. Se trata de recursos financieros, pero también de bienes de uso, infraestructuras, desgravaciones fiscales, y recursos intangibles y simbólicos (representación, reconocimiento, espacio en la esfera de la deliberación legislativa).

Un ejemplo concreto que muestra la co-gestión de fondos públicos desde la Sociedad Civil y que puede orientar este rediseño ha sido la constitución de un Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos, denominado UNITAID. Desde su lanzamiento en Nueva York el 19 de septiembre de 2006, su consejo de administración está compuesto por representantes de los cinco países fundadores (Brasil, Chile, Francia, Gran Bretaña, Noruega), por un representante del continente africano y un representante del continente asiático, así como dos miembros de organizaciones no gubernamentales de desarrollo y un representante de la organización mundial de la salud (OMS). Este fondo internacional  ejemplifica la viabilidad y pertinencia de implementar mecanismos que incorporen una doble responsabilidad: la de los gobiernos nacionales y locales, que deben administrar políticas públicas de desarrollo, y la responsabilidad de las organizaciones sociales que se encuentran en la primera línea del combate contra la pobreza y el atropello de los  derechos de las personas. Una iniciativa como la que aquí se plantea es la aspiración es un sistema de financiamiento que responda a una política de financiamiento de la democracia.

Una nueva institucionalidad para el financiamiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales  como parte del financiamiento de la democracia, debería responder de forma más específica a la textura asociativa de la sociedad civil chilena. De esta forma se tendería a conformar un marco legal que facilite a las organizaciones de la sociedad civil ejercer su misión y desplegar su identidad, evitando por un lado la dependencia clientelar a los recursos públicos, y por otra su abandono en un inexistente mercando filantrópico que le llevaría a su descualificación profesional y a su descapitalización estructural. Pero lo más importante y un requisito esencial para llevar a cabo estas transformaciones es cambiar la perspectiva tradicional que ha orientado las políticas de financiamiento público de las organizaciones sociales hasta ahora, de  la lógica de las subvenciones hacia una perspectiva de acceso a bienes públicos.

[1]Marshall, Thomas H. (1950): Citizenship and social class and other essays, CUP, Cambridge.

[2]Rawls, John (1995): Teoría de la justicia, traducción de María Dolores González,  Fondo de Cultura Económica, México.

[3] Nussbaum, Martha C. (2000): Women and Human Development: The Capabilities Approach . The Seeley Lectures, Cambridge University press, Cambridge, p. 69.

[4] Skidelsky, Robert (2012): ¿Cuánto es suficiente?: Qué se necesita para una “buena vida”, traducción de Francesc Pedrosa, Crítica, Barcelona, p. 169.

[5]Sandel, Michael (2012): Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado, Debate, Madrid.

[6]Cortina, Adela, (1997):  Ciudadanos del Mundo, Alianza, Madrid.

[7]    Cortina, Adela (1998): Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad, Taurus, Madrid, 117.

[8]Cortina, Adela (2009): Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Nobel, Oviedo, p. 236.

[9] Höffe, Otfried. (2007): Ciudadano económico, ciudadano del Estado, ciudadano del mundo. Ética política en la era de la globalización. Traducción: Carlos Díaz Rocca. Katz. Madrid, p. 106.