Grecia se pone de pie

El triunfo electoral de Syriza, la coalición de la izquierda radical griega, ha supuesto el inicio de un nuevo ciclo político en Europa. Este proceso tendrá consecuencias a escala planetaria en la medida en que logre desarrollar una crítica práctica al orden neoliberal impuesto desde las instituciones de la UE y reforzada desde el sistema intergubernamental de Bretton Woods. Como afirma el economista Albert Recio Abreu:

“Lo que ocurra en Grecia tiene una importancia vital para el devenir de la Unión Europea, para la hegemonía neoliberal y para la izquierda en todas partes. El capitalismo es un sistema económico que opera a escala global, pero a menudo lo que ocurre en un país tiene influencia que supera sus fronteras y que cambia o refuerza dinámicas. Los ejemplos abundan. Desde los más radicales, empezando por las grandes revoluciones nacionales —la inglesa, la francesa o la rusa— hasta procesos en países más pequeños o episodios nacionales de mayor calado. Por ejemplo el aplastamiento del experimento socializante del Chile allendista fue, en clave de política nacional, el primer experimento económico neoliberal y al mismo tiempo influyó en un notable cambio de orientación de los partidos comunistas del sur de Europa. La corta y fallida experiencia del primer gobierno Mitterrand no sólo constituyó el último intento de aplicar una política keynesiana de izquierdas sino que se utilizó profusamente para justificar la inexistencia de alternativas al neoliberalismo. Por eso lo que ocurra en Grecia no sólo tendrá una incidencia enorme para la población griega, también constituirá un poderoso referente en otros muchos lugares y, especialmente en los países del Sur de Europa que, en muchos aspectos, se encuentran en una situación parecida[1]”.

De allí que todas las fuerzas conservadoras, no solamente la derecha histórica y clásica, estén formando un frente común para impedir que el “mal ejemplo” griego logre demostrar, por la vía de los hechos, que existe una alternativa a las terapias de shock que solamente conducen al desmonte social del Estado y a la hegemonía absoluta de los capitalistas de casino. Esta alianza anti griega incluye la participación activa de los partidos “socialistas” que han administrado la crisis europea, ya que ven en el ascenso de Syriza el antecedente de su propia desaparición electoral, especialmente en países mediterráneos como España y Portugal.

El gobierno encabezado por Alexis Tsipras ha iniciado una ofensiva en dos campos simultáneos, que desafía las convenciones neoliberales. Y lo ha hecho de forma decidida, cambiando el los términos de la relación con la Troika conformada por la UE, el FMI y el BCE. A nivel interno se comienzan a revertir las medidas que bajo el eufemismo de la “austeridad” supusieron el desmonte de toda protección social. Se trata de una política de emergencia basada en recontratar a parte del personal de salud, educación, y servicios sociales que fueron despedidos en la fase anterior. Se reabrirá la televisión pública, cerrada para garantizar el monopolio de las cadenas privadas. Esto se replicará en diversos campos, incluyendo un giro fundamental en la política migratoria, que hasta ahora criminalizaba a los inmigrantes y los recluía en verdaderos campos de concentración.

En el frente internacional se llevó adelante una férrea negociación con el eurogrupo que buscó renegociar la deuda. Se suponía que el principal escollo a la posición griega vendría de parte de Alemania, el principal acreedor de su deuda. Sin embargo, el Bundestag aprobó una extensión del plazo de pagos con 542 votos a favor y sólo 32 en contra. Lo que no se esperaba era que España y Portugal conspiraran con la intención de imposibilitar este acuerdo. En palabras del primer ministro Tsipras “Nos encontramos con un eje de poderes, liderado por los gobiernos de España y Portugal quienes, por motivos políticos obvios, intentaron llevar al abismo las negociaciones enteras. Su plan era, y es, desgastarnos, derribar nuestro Gobierno y llevarlo a una rendición incondicional antes de que nuestro trabajo comenzara a dar su fruto. Y, sobre todo, antes de las elecciones en España.”.

No era sólo una conjura de los conservadores. En la misma línea se colocaron los socialdemócratas. José Carlos Diez, uno de los economistas más cercanos al actual secretario del PSOE  Pedro Sánchez, apoyaba el plan de Rajoy criticando a Grecia ya que a su juicio “un país rescatado no negocia, obedece”. Con mucha razón Varoufakis señaló en su reunión con el Eurogrupo “estoy horrorizado con la cantidad de esfuerzo que algunos han puesto en desinformar”.

Syriza sabe que su política de reconstrucción de las políticas sociales necesita de tiempo y capacidad de crecimiento de la economía interna que permita algún grado de recaudación. Por ahora tiene cuatro meses para avanzar.  El plan del anterior gobierno conservador de Antonis Samaras consistía en someter al nuevo gobierno a un momento de negociación de la deuda fríamente planificado, con la intención de hacerlo caer apenas entrado en funciones. Pero la tenacidad de Tsipras y la capacidad técnica y negociadora del nuevo ministro de finanzas Yanis Varufakis hicieron la diferencia.

Hacia la auditoría de la deuda

El 4 de marzo la  Presidenta del Parlamento griego Zoe Konstantopoulou anunció que a mediados de este mes se conformará un comité de auditoría de la deuda pública griega.

Esta comisión tendrá el mandato de determinar las posibles deudas públicas odiosas, ilegales o ilegítimas contraídas por los anteriores gobiernos griegos, especialmente en los últimos siete años. Se trata de un escándalo evidente. Incluso Paulo Batista, uno de los 19 miembros de la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional se atrevió a reconocer recientemente que “el dinero fue dado para salvar a los bancos franceses y alemanes, no a  Grecia[2]”.  Todo sugiere sugiere que esta iniciativa va a enfrentar un duro ataque desde Alemania y desde el Banco Central Europeo. Para la presidenta del Parlamento la mayor parte de la deuda pública griega es odiosa, ilegal o ilegítima, pero esta dispuesta a crear todas las condiciones para que la comisión pueda investigar libremente. El objetivo es levantar el velo sobre el endeudamiento de Grecia, y  que la gente sepa la verdad, y que sus resultados apoyen las negociaciones sobre la deuda reclamada por el gobierno.

Desde el Eurogrupo se mantiene la misma retórica de siempre: “Grecia debe hacer reformas”. Y al decir reformas se debe entender “recortes sociales”. Frente a ello Grecia ha respondido con un nuevo tipo de “reformas” que buscan ingresar recursos a las arcas públicas: nuevas formas de recaudación fiscal más progresiva, persecución de la evasión y elusión tributaria y de la criminalidad financiera. Obviamente no se trata de las reformas que le interesan a Schäuble, el ministro de finanzas alemán, que ha comentado estas iniciativas diciendo que los griegos “han elegido un Gobierno que de momento se comporta de manera bastante irresponsable”. Pero se trata de una agenda fundamental. A modo de ejemplo el ex ministro de finanzas griego Gikas Hardúvelis sacó fuera país hacia paraísos fiscales casi 500 mil euros “por miedo” durante los días previos a las elecciones de febrero. ¿Es irresponsable cerrar los ojos ante la corrupción y la evasión fiscal?

Tsipras sabe que cuenta con algunos elementos a su favor en cualquier negociación. Para la UE Grecia debe ser un país estable dada su situación geopolítica y la posible entrada por su territorio del terrorismo islamista. Otro factor a su favor es el apoyo que ha logrado encontrar en la ciudadanía. Una encuesta realizada entre el 12 y 17 de febrero muestra que el 80% de los griegos aprueba la forma en que el gobierno griego está negociando con la UE, el FMI y el BCE.  La encuesta fue realizada entre el  12 y 17 Febrero, mientras Syriza estaba negociando con los socios del Eurogrupo. A la vez el 64% piensa que “el país va en  la dirección correcta” y sólo el 20% piensa “país en la dirección equivocada”. Antes de las elecciones  pensaban que iba en dirección correcta el 21%  y  74% en  dirección equivocada. Un 81% considera el trato del nuevo gobierno con los prestamistas es  “positivo”, y el 11% lo ve  “negativo”. 73% considera Alexis Tsipras como “el más adecuado para ser Primer Ministro del Gobierno” y sólo el 12% considera ex PM Antonis Samaras como “más adecuado”. Tan sólo el 16% tiene una imagen “positiva” de la oposición mientras el 74% la ve “negativa”. Y lo más importante, desde la llegada al gobierno de Syriza el 86% tiene una sensación de “orgullo nacional”.

Pero las encuestas también marcan los límites en la agenda. Un  76%  tiene una opinión positiva del euro, 20% “negativa  y  el 75% considera que la salida de Grecia del euro  “no es posible”. Si se hiciera un referéndum sobre la permanencia en la moneda europea  el 73% votaría a favor de mantenerse y sólo el 20% por salir. El  63% considera negativa la opción de volver al Dracma  pues  “las cosas empeorarían”. De allí que Syriza no puede explorar el camino de una devaluación monetaria, y deba mantener su negociación en el marco de la UE. Estos límites políticos, las intrigas de los poderes bancarios y financieros, la confabulación española-portuguesa, la rigidez de Schäuble conforman un escenario de enorme dificultad. Pero la situación interna de Grecia, con un 26,9% de pobreza infantil, no admite dilaciones. Es hora de mantener el ritmo y la presión y desatar, con toda su fuerza, esa hermosa solidaridad internacional, que no es otra cosa que el cariño de los pueblos.

 

[1] A. Recio Andreu , “Grecia y la nueva política”, Cuadernos de estancamiento (18), 28/2/2015.

[2] Entrevista en Alfa TV, canal privado griego.

Hacer la pega

Algo funciona mal cuando cumplir con el deber se transforma en algo extraordinario. Eso es lo que ha reflejado el fiscal Carlos Gajardo, al atreverse a tirar de los cabos sueltos en el caso Penta, hasta el punto de dejar caer el pesado velo que cubría las componendas y complicidades entre el Capital y la política.  Si se mira a primera vista, Gajardo no hizo más que cumplir con su rol, y hasta donde pudo y donde le dejaron. Pero sabemos que no fue sólo eso. Se atrevió a entrar en la caja negra de las platas cruzadas entre los poderosos, que en una pasada se forran con miles de millones. Por eso no le será fácil continuar con su vida, como si nada hubiera pasado. Ya encontrarán la forma de hacérselo pagar, y con intereses.

Yo no he visto a Carlos Gajardo en veinticinco años. Pero lo recuerdo como si fuera ayer, como compañero en el colegio de los Hermanos Maristas en Curicó. El debía tener un año más que yo  porque iba en el curso superior al mío. Eran los años finales de la dictadura, en un colegio pagado, católico, de hombres, en una ciudad provinciana, conservadora y agrícola. La mitad de mis compañeros eran hijos de antiguos patrones de fundo, reconvertidos en exportadores después de la reforma agraria. Por lo tanto furibundos partidarios de Pinochet. La otra mitad se dividía entre los hijos de los funcionarios locales del régimen,  los alcaldes de los pueblos, o militares arraigados en la provincia. También eran hijos de comerciantes que apoyaron el sabotaje a la UP. Y finalmente unos cuantos hijos de profesionales, abogados y médicos principalmente. Los Hermanos Maristas, españoles, todavía numerosos y omnipresentes, dirigían directamente el Instituto bajo una mentalidad profundamente nostálgica del franquismo, al que identificaban miméticamente con el  pinochetismo criollo. Y los profesores se mantenían a recaudo de expresar cualquier opinión política que incomodara a los estudiantes y a los Hermanos. En el patio reinaba un orden absoluto, de la mano del señor Osses, carabinero en retiro, que solamente se sacó del uniforme para ejercer como inspector de la enseñanza media.

En ese ambiente el año 1988 me sorprendió en segundo medio, con 15 años. Carlos debía tener 16, y estaba en tercero. Ya en marzo todo indicaba que el proceso político desembocaría en el plebiscito de octubre, y sin decirlo, todos entendíamos que ese sería el verdadero “año decisivo”, en el que finalmente se jugaría el futuro de nuestras vidas. Sin embargo, de ese tema, nadie decía nada. Era un tema tabú, salvo para que los más furibundos hijitos de alcalde o de coronel, que despotricaban contra cualquiera que pronunciara las palabras prohibidas: democracia, derechos humanos, libertad, justicia.

Yo, como muchos, estaba aterrado. Me parecía insoportable que la dictadura se pudiera prolongar en el tiempo, y que se legitimara con trajes de civilidad. Pero como el resto, prefería callar. Comprara a escondidas la revista Análisis y la llevaba a la casa envuelta en papel de diario, como si fuera una revista pornográfica. Pero en clases no me atrevía abrir la boca y romper el consenso forzado impuesto por la mayoría ahí presente, que paradojalmente reflejaba totalmente a la minoría social y política del país.

Un día vi a Carlos Gajardo cruzar el patio con una gran y llamativa chapita del No. Era a inicios del año. Y creo que nunca se la sacó hasta octubre de ese año. Obviamente era el único en ese ambiente hostil se había atrevido a semejante atrevimiento. En otros ambientes, tal vez en Santiago, o en otro colegio, el gesto de Carlos no hubiera tenido nada de especial. También había gente que estaba arriesgando mucho más, en la clandestinidad, en la lucha directa contra el tirano. Pero el gesto de Gajardo, por mínimo que sea, no era menos valiente. Yo sentía en la piel el hielo que se arremolinaba a su paso, las amenazas del inspector de patio para que se sacara el objeto subversivo, la inquina de algunos profesores, y sobre todo el cerco invisible que se tejía en torno a él, a una edad en la que los pares lo son todo para un adolescente. Por eso yo no estaba dispuesto a asumir los micro-riesgos cotidianos a los que Carlos Gajardo se enfrentaba cada día. No estaba dispuesto a ser aislado o ser visto con sospecha.

Tantos años después recuerdo la escena y creo que Carlos Gajardo fue lo suficientemente inteligente y moralmente autónomo como para enfrentar al ambiente imperante y expresar lo que era de sentido común: que la dictadura debía acabar y que se debía iniciar una etapa democrática, en regla. Eso era todo. No se lo que piensa políticamente más allá de ese gesto. Y por eso siento que mi aparente prudencia y recato  fue una irresponsabilidad culpable.

Veinticinco años después siento que el Carlos Gajardo de 16 años, al que no le importaba lo que pensaran de él en su colegio, sigue vivo en el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente. Sigue haciendo lo que debe hacer, aunque el mundo se le venga encima. Sigue siendo excepcional porque se deja guiar por su conciencia y no por su conveniencia. Un acto de sublime heroísmo, que no consiste más que en cumplir con lo que se debe hacer y para lo que se  le esta pagando el sueldo. En Chile, un país donde la normalidad es un escándalo permanente, donde todos los que tienen algo de poder se tapan mutuamente, hacer la pega, nada más que la pega, puede ser motivo de orgullo y una razón para que te levanten un monumento. Y Gajardo se lo merece.

 

 

 

 

Aborto: la ciudadanía por delante

Le Monde diplomatique, marzo de 2015

¿Dónde comienza el fundamentalismo? ¿En qué punto las legítimas creencias personales se convierten en impedimento a la convivencia democrática? El debate sobre la despenalización del aborto en tres causales puntuales, que se tramita actualmente el congreso, permite explorar el trasfondo de estas preguntas y ahondar en la discusión sobre la laicidad del Estado.

Chile es uno de los pocos países del mundo donde la interrupción del embarazo está penalizada en todas sus causales. Sin embargo, por más de cincuenta años nuestra legislación contempló la posibilidad del aborto terapéutico. La legislación sanitaria vigente hasta 1989 afirmaba: Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir el embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá de la opinión documentada de dos médicos cirujanos”. Esta cláusula se contenía en el código sanitario de 1967, que reconocía en su artículo 119 el decreto con fuerza de ley Nº 226 del 15 de mayo de 1931.

En 1989 la comisión legislativa de la Junta Militar, por iniciativa del almirante Toribio Merino, aprobó la ley Nº 18.826[1], que entre otros aspectos derogó el articulo Nº 119 del código sanitario. En virtud de esa ley, en la actualidad cualquier procedimiento abortivo que se realice el ámbito clínico, sin importar los objetivos que se persigan, es ilegal. La legislación chilena tipifica el aborto como delito contra el orden de la familia y la moralidad pública. Impone pena con cárcel de 3 a 5 años a la mujer, pena que es rebajada si el aborto se realizó para “ocultar la deshonra”. Del mismo modo, establece la obligación del personal de salud de denunciar a las mujeres que acuden a los centros asistenciales debido a complicaciones causadas por una práctica abortiva clandestina.

Aún así se estima que anualmente se producen entre 70.000 a 140.000 abortos clandestinos. Esto ha evidenciado los límites del actual marco legal, que cobija hipócritamente una práctica ampliamente extendida, tal como lo describió la ex ministra de salud Helia Molina. Ello explica que el Colegio Médico y otras instancias profesionales y académicas hayan insistido durante más de dos décadas en la necesidad de reformar la legislación sanitaria a fin de evitar que una conducta médica legítima pueda derivar en responsabilidades penales para el equipo médico y para la mujer.

El proyecto presentado por la presidenta Bachelet el pasado 31 de enero contempla la despenalización bajo tres causales: riesgo vital de la madre, embrión o feto incompatible con la vida y violación. Esta medida ya apareció claramente especificada en su programa electoral y bajo ese compromiso acudieron a las elecciones los partidos que conforman la Nueva Mayoría. Como era de esperar esta iniciativa ha despertado una inmediata reacción de parte de la derecha política y de la jerarquía del episcopado. Los argumentos éticos y teológicos que se han esgrimido desde la Conferencia Episcopal de Chile se han centrado en el temor de que la restauración de la legislación anterior a 1989 signifique un primer paso hacia la legalización total del aborto. A la par, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile ha anunciado que las instituciones ligadas a su casa de estudios, la red de Salud UC Christus, no respetará la nueva legislación: “si hay profesionales que están disponibles para realizar abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares en donde esta práctica se realice y acepte”, señaló el rector de esa institución, Ignacio Sanchez. A la vez la Democracia Cristiana, que participa del gobierno de Bachelet, ha pedido que las tres causales previstas en la ley sean votadas por separado,  lo que se preanuncia que el despacho del proyecto no será fácil ni expedito.

La experiencia comparada

El proyecto que ha presentado en actual gobierno se puede considerar muy acotado de acuerdo a los estándares de los países desarrollados. En la Unión Europea predominan las llamadas “leyes de plazos”, que permiten el aborto en un margen variable, que varía de país en país: Portugal admite el aborto durante las  10 primeras semanas, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y la República Checa durante las primeras 12, España y Rumanía durante 14, Italia durante 90 días, Suecia por 18 y Holanda hasta las 24 semanas de gestación.

Otros países se atienen a leyes de “supuestos”. En el caso inglés el aborto se contempla hasta la semana 24 pero en situaciones de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o por problemas socioeconómicos. Y no contempla limitaciones temporales en caso de riesgo grave o malformación del feto. Finlandia también distingue como supuesto dentro de las 12 primeras el riesgo de la salud de la madre, los motivos sociales y económicos y la violación. Y concede 20 semanas para las menores de 17 años. Las únicas excepciones europeas las constituyen Malta, que al igual que  nuestro país penaliza cualquier forma de interrupción del embarazo, e Irlanda, que recién en cambió su legislación en 2013 para permitir el aborto en casos de riesgo vital materno “real y sustancial”, lo que incluye la amenaza de suicido.

Cabe detenerse en los países católicos del mediterráneo, en particular en Francia, Italia y España. En estas tres situaciones la despenalización del aborto mostró matices y elaboraciones discursivas muy similares a las que hoy se presentan en Chile. Francia legisló en 1975, Italia en 1978 y España en 1985. El nuevo marco legal nació bajo una fuerte resistencia de la Iglesia, la que nunca ha dejado de presionar para revertir la despenalización. En el caso italiano sectores católicos promovieron un referéndum con este objetivo en 1981, pero que la ciudadanía rechazó en las urnas, lo que ratificó la nueva ley de 1978. En el caso español el gobierno de Mariano Rajoy, electo en 2011, contemplaba en su programa electoral restringir la ley de plazos para instaurar una ley de supuestos muy restrictiva. El nuevo ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón, apostó todo su capital político a la hora de implementar ese cambio. Contaba con la mayoría absoluta del Partido Popular. Sin embargo, a la hora de legislar las encuestas mostraron un rechazo masivo, por lo que Rajoy, acosado por la crisis económica y masivos escándalos de corrupción, prefirió archivar esta reforma y sustituir a su ministro de justicia.

Criterios de futuro

La experiencia internacional permite deducir que las democracias modernas, en las que prima el pluralismo valórico, necesitan pactos amplios de convivencia. Bajo esa premisa las distintas «doctrinas comprehensivas del bien», inspiradas en fundamentos religiosos o filosóficos, tienen amplia libertad para proponer sus criterios e ideales de convivencia y normatividad social. Pero los legisladores deben evitar que prime cualquier forma de «maximalismo agathológico» que al adherir a una idea omniabarcante de «lo bueno» exija subordinar coercitivamente las diferencias de juicio predominantes en la sociedad. Se demanda una fundamentación racional-axiológica que supere las razones fideístas o dogmáticas y aspire a una amplia aceptación, que no sólo se rija por el principio de mayoría, sino que busque la legitimidad estable a largo plazo. Esta perspectiva no rechaza que las diferentes tradiciones espirituales aporten y contribuyan al complejo debate del aborto. Pero impide que se legisle sobre la base de un sustancialismo metafísico que no reconoce que todas las personas, en tanto partícipes en la comunidad, son quienes están llamados a establecer criterios de validez normativa con pretensión de universalidad.

Esta idea fue comprendida muy claramente por los legisladores católicos europeos, especialmente en Italia. Cabe recordar que la ley de 1978 fue aprobada bajo un gobierno demócrata cristiano, y bajo la presión directa del Vaticano. En ese caso primó en los legisladores una interpretación del interés general que supo distinguir lo que en el fuero interno se considera reprochable de lo que en el plano legal se debe considerar lícito y tolerable, en tanto legitimidad jurídica y no penalidad.  A la vez, los legisladores católicos supieron defender en esa misma ley la defensa de la libre procreación y la maternidad, y el rechazo al aborto como medio anticonceptivo.

Esta distinción es la que no conciben los distintos fundamentalismos. La delgada línea que separa  la proposición valórica y la imposición se mide por el respeto que se tenga al principio de autonomía de las personas. Eso no sólo rige en el caso de la violencia física, como la que ejercen los islamistas en oriente. También vale para quienes ejercen la violencia simbólica y para quienes se valen del poder institucional y económico para boicotear el libre desarrollo de los procesos democráticos. Este es el límite que debe respetar la Iglesia Católica Chilena y sus instituciones. Nada impide que ejerza su crítica y exponga sus argumentos. Pero existe una frontera que separa la argumentación y el chantaje,  la opinión y la coacción.

La prueba de fuego que medirá este criterio se verá una vez que se apruebe el proyecto, se implemente en los centros hospitalarios y se deba reconocer la legítima objeción de conciencia del personal médico y sanitario ¿Se garantizará que estas observaciones se formulen por convicción personal o quienes trabajen en clínicas u hospitales ligados a instituciones religiosas formulen sus objeciones por temor a perder el puesto de trabajo o las simpatías de la dirección? Ese momento será una criba determinante, que servirá para medir la vocación pública y democrática de las instituciones católicas.
[1] Publicada en el diario oficial en 15 de septiembre de 1989.