Contra el gremio de la política

En Chile llamamos gremios a las cámaras empresariales. Las hay en  todos los rubros. Las más grandes con directiva y domicilio conocido, como la CPC, la Sofofa, la Corma, o el Consejo Minero. Pero también hay gremios anónimos, ocultos, informales, que sólo operan a punta de telefonazos o en el café del club de golf. Hace pocos días condenaron por colusión los ginecólogos de Chillán porque estaban coludidos para fijar sus precios en la ciudad. No necesitaron una asociación gremial de ginecólogos para operar de esa forma. El mismo caso se ha repetido hasta la saciedad: farmacias, productores de pollo, sostenedores de colegios subvencionados, etc. Ninguno de estos sectores necesitó que su gremio tuviera oficina y personalidad jurídica para hacer sentir su peso en el mercado y proteger sus conveniencias.

Las funciones de un gremio son tres:  primero, defender a sus asociados, mejorar sus precios, promover una legislación favorable. Si uno de los socios cae en desgracia ante la justicia, socorrerlo. Presionar al parlamento por leyes proteccionistas y “amigables” en materia comercial, laboral, ambiental, etc. En segundo lugar los gremios crean barreras de entrada a nuevos competidores. Si lo hacen dentro de la ley, recurren a medidas de mercado. Pero si son gremios mafiosos, pueden recurrir al chantaje, la extorsión o la intimidación criminal. Y en tercer lugar los gremios buscan mejorar la reputación de sus socios ante los consumidores. Realizan campañas para promover su imagen y sus productos. “Mami, dame mi huevito”, decían hace años los productores de huevo. Hoy en día los gremios que más invierten en publicidad son lo que más contaminan y los que tienen más litigios laborales en curso.

La patronal de la política

Si hay gremios en todos los sectores de la economía, no hay que extrañarse de su existencia en el campo de la política. Como en todas estas asociaciones los socios compiten ferozmente en el día y se juntan a tomar una copa en la noche y arreglar los intereses comunes del sector. Siempre se trata de lo mismo: proteger a sus miembros de alguna iniciativa legal inconveniente. Impedir la entrada de nuevos competidores en el mercado. Mejorar el “precio” de sus “productos”. Y de vez en cuando, cuando la ocasión lo amerita, sacar la voz como colectivo para mejorar su reputación. Este gremio agrupa a actores que formalmente compiten descarnadamente entre ellos. Pero tras esta competencia brutal se esconden intereses comunes mucho más fuertes, que les aglutinan y vinculan de forma estructural. Igual que las cadenas de farmacias los socios de esta patronal de la política aparentan competir por los clientes. Pero en el fondo saben que su mejor negocio es coludirse para establecer un monopolio seguro, que les estabilice y garantice un futuro previsible.

El gremio político es una de las asociaciones empresariales más poderosas de Chile. No necesita contratar a lobistas para hacer su pega, porque le basta con organizar a sus socios para que ellos mismos representen sus intereses ante sí  mismos. Es extremadamente fácil. Basta coordinación y sentido común. Su punto débil es que el gremio no cuenta con autonomía financiera. Como no es un sector productivo, depende de fondos públicos y privados. Por eso sus verdaderos interlocutores son los sectores  empresariales y las autoridades estatales, judiciales, especialmente las designadas por concurso público y los “funcionarios de planta”, que de vez en cuando intentan regular el campo de la política.

En los últimos años el gremio pasa por malos momentos. Los consumidores están hastiados por la mala calidad de sus productos. Poco a poco surgen nuevos competidores, tanto a la derecha como a la izquierda, que no son parte de esta sociedad. Y lo más grave. Los escándalos ligados a su financiamiento han tocado fondo y se puede prever que más de algún socio podría perder su negocio e incluso, caer en prisión. De allí que hayan movilizado de forma activa. Ante los consumidores han publicado una carta reconociendo “transversalmente” sus errores y han hecho públicos sus propósitos de enmienda. Pero esa misma carta les ha servido para aparecer unidos ante los jueces y ante los que piensen que se puede doblegar a un gremio tan combativo y tan articulado como el de la política.  Siete partidos, como un verdadero “cartel de la política”, unido sin fisuras de cara a quienes quieran hacerlos entrar en vereda. Los que creen que se está fraguando un “acuerdo” entre los partidos no entienden nada de lo que pasa. El gremio no necesita de acuerdos puntuales para funcionar. El gran acuerdo es la existencia misma del gremio.  No hay nada que acordar, porque todo ya está zanjado. Y el que se atreva a ir contra el gremio deberá apretarse los pantalones.

Creo que esto explica el famoso rumor sobre la “renuncia” de la presidenta Bachelet. No me extrañaría que ella usara esa carta como una especie de último recurso a la hora de enfrentarse a su propio gremio. ¿A que recurrir cuando los partidos que supuestamente te “apoyan” son los que te impiden hacer tu trabajo y torpedean tu gestión? Probablemente la amenaza de renuncia no fue más que un bluf, como se estila en el póker, y le sirvió a Bachelet para darle un susto al gremio de la política, aterrado ante la posibilidad de que se vuelvan a barajar las cartas antes de tiempo y con nuevas reglas.

Los temores del gremio

Algunos de los dirigentes de este gremio ya no ocupan puestos políticos relevantes desde hace décadas y se supone que se han radicado en el sector privado. Pero son los que manejan de manera directa la asociación. Piense usted en  Genaro Arriagada, Enrique Correa, Eugenio Tironi, o Gutenberg Martínez. Años y años en las sombras, pero siguen en la directiva del gremio de la política, moviendo sus hilos.  Defendiendo “la honra” y los intereses de sus representados.

El gran fantasma de este sector se llama “populismo”. Bajo este nombre cabe todo y nada a la vez. Simplemente todo lo que huela a amenaza se le moteja  con esta categoría. Cualquiera que deslice una crítica a la inmoralidad de los políticos es acusado de populista. Cualquiera que plantee la necesidad de limitar sus competencias y privilegios, es populista. Cualquiera que deslice una reforma profunda a las instituciones políticas es populista. Y por el contrario, quienes argumentan la necesidad de mantener el statu quo son siempre hombres de Estado, personalidades con visión patriótica, garantes de acuerdos transversales, que saben anteponer los intereses generales a sus intereses particulares.

El gremio ha pasado por buenos momentos. A inicios de los noventa gozó de fama y fortuna. Y Pinochet tuvo una estupenda relación con el gremio durante una parte de su régimen. Basta recordar los “acuerdos nacionales”  de 1986 y 1989. Pero en el papel y en los discursos Pinochet sabía que la única legitimidad popular que podía adquirir era a costa del ese sector. “Los señores políticos” eran supuestamente sus grandes adversarios y se encargaba de denostarlos mañana, tarde y noche. Pero Pinochet fue un socio activo y leal al gremio, y aprovechó todos sus beneficios.

Lo que Pinochet comprendió ya lo había descubierto Mussolini en los años veinte. En esa época se empezó a hablar de la “clase política” como un sector en contradicción estructural con la gran clase “no política”, formada por trabajadores y empresarios, ricos y pobres, nobles y plebeyos, igualmente enfrentados a los zánganos políticos que monopolizan el poder. Puestas las cosas de esa forma se podía invocar la “unidad nacional”, y la verdadera contradicción de clases, que enfrenta al capital y al trabajo, quedaba relegada al rincón de los recuerdos.

De allí que el discurso anti-política exija cautela. Los políticos no forman una “clase” enfrentada al resto. Es sólo un gremio, un cartel, un sector económico, unido por intereses corporativos evidentes, al igual que los productores de leche, los dueños de bancos, o los empresarios del cuero y el calzado. La diferencia es que se trata de los “trabajadores” del poder. Y eso le da a este gremio un peso diferenciado, que les coloca por encima de las leyes y las normas vigentes. Son juez y parte, lo que les permite fijar su propio salario, dictar las normas que les regulan, influir en el poder judicial que les juzga y controlar de mil formas a la policía que les investiga.

Para resolver este problema la teoría política prescribió la famosa separación de poderes. Pero en la práctica, con el recorrido de los acontecimientos, esta pretendida división de tareas se va diluyendo y los vasos comunicantes se hacen cada vez más estrechos. De allí que aparezcan los hijos jueces de senadores, las esposas de ministros en los directorios de empresas públicas, las nueras que hacen negocios desde el palacio, y un sin fin de otros posibles circuitos por los que transita la influencia, la complacencia y la corrupción.

Si el problema es leve, basta con que las instituciones de control funcionen y operen sin interferencia. Pero cuando el problema es mayor, hay que rediseñar las instituciones. Hay momentos en los que el gremio se demuestra más poderoso que superintendencia que lo debería fiscalizar. Es el caso de la política, donde el gremio no tiene existencia legal ni hay una superintendencia que le regule. Es un “mercado desregulado”, abandonado a la ley del más fuerte, del amiguismo y de la reciprocidad mafiosa  que afirma “hoy por ti, mañana por mí”.

De allí que no habrá solución a los problemas de Chile hasta que no se enfrente este dilema. Llegó la hora de combatir frontalmente al cartel de la política. Y en ese objetivo habrá que echar mano a todos los recursos legales de los que se disponga. Por ejemplo: votar por las Pymes políticas que no están en el gremio, o declarar derechamente una huelga de consumidores. Pero de todas estas alternativas la más radical y efectiva es la solución constituyente para dictar una nueva Constitución. Se trata de rediseñar las reglas del juego político, pero con actores que no participen del gremio. Saltarse a los “incumbentes”, abrir un by pass jurídico y regular al sector desde fuera. Esa es la única forma de re barajar el naipe y quebrar el gremio que ha capturado lo político, lo de todos, para sus propios intereses.

La Constitución de mis sueños

De pequeño era un coleccionista infatigable. Lo juntaba todo: estampillas, monedas, boletos de micro, piedritas, soldaditos de plomo. Pero con el tiempo, tuve que emprender grandes mudanzas de casa, de ciudad, de país y de continente, y me fui desprendiendo de todos esos afanes. Hoy ya no colecciono nada. Excepto una cosa: Constituciones. Reconozco que es un hobby bastante raro. Pero me gusta. Tengo unas veinte constituciones distintas, de diferentes países, algunas están vigentes y otras no.  Las tengo con empastes solemnes y lujosos y otras en versión minimalista y callejera, para llevarlas contigo. Las tengo muy grandes y gruesas y otras muy cortas y pequeñitas. Me gusta compararlas, verlas en distintos idiomas, pensar en los momentos en que nacieron y en las gentes que las crearon.

La más especial es una copia de la Magna Charta  inglesa, de 1215, que no es precisamente una Constitución como lo entendemos hoy día, pero creo que cabe en mi colección porque el  texto jurídico más antiguo de Occidente donde se reconocen los derechos políticos de la sociedad civil ante el poder del Estado. Mi versión incluye además la olvidada “Carta de los Bosques”, que se añadió a la Charta en 1217, y que garantizó una serie de derechos sociales, como el acceso a ciertos bienes comunes: agua, pesca, territorios, maderas, etc.

Un texto que me gusta mucho es la Leges Statutae Republicae Sancti Marini, la Constitución de la pequeña República de San Marino, vigente ininterrumpidamente desde el año 1600. Por supuesto tengo una copia de la Constitución de Estados Unidos, de 1787, de la Constitución francesa de 1958, y de la brasileña, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1988. La Constitución argentina la tengo en una versión cunetera, comprada a un vendedor ambulante en un barrio porteño, mientras que la de Colombia la tengo con un empaste más elegante, que me regaló un amigo de Barranquilla.

Me emociono cada vez que retomo la Constitución de la República Española de 1931, por la que tantos murieron luchando en los campos de Castilla, de Teruel o de Guadalajara, durante la Guerra civil española. También me conmueven las constituciones “antifascistas” de Alemania e Italia, redactadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial por gente sabia, honesta, generosa, que supo llegar a grandes acuerdos históricos, basados en el respeto a los derechos humanos, dentro de un Estado Social de derecho. Me asusta pensar que los intereses corporativos tratan cada día de limar su contenido social y democrático, y que lentamente se está tratando de estrangular su novedad emancipadora.

Me fascina la constitución sudafricana de 1996, todo un símbolo de la lucha contra el Apartheid. Mi edición está en ocho idiomas: Inglés, Afrikáans, Pedi, Swazi, Tsonga, Tswana, Xhosa y Zulú. Y por supuesto tengo las famosas constituciones del “nuevo Constitucionalismo latinoamericano: la venezolana, la boliviana y la ecuatoriana, todas en versión de bolsillo, Prêt-à-porter. Allí me dejo deslumbrar especialmente por los derechos de la madre tierra, por las búsquedas de un Estado plurinacional, y de la voluntad de avanzar hacia la implementación de un cierto pluralismo jurídico, que rompa con la racionalidad fonológica de Occidente.

Este interés por las Constituciones de otros países no tiene nada de fetichista. Pero usando a Freud creo que refleja una serie de deseos reprimidos, y una cierta envidia incurable. Las miro, las toco y siento la ausencia de un texto parecido en nuestro país. Un texto que permita sentir orgullo por su contenido, por su origen, por su capacidad de convocar lealtades cívicas y ¿por qué no? generar también afectos ciudadanos.

Mi colección me obliga a pensar en la Constitución de mis sueños. Me imagino un texto que tenga un preámbulo tan hermoso como el ecuatoriano, que sea tan intercultural como la boliviana, tan sensible a los derechos humanos como la sudafricana, que reconozca tantos derechos sociales como la colombiana, y que garantice un equilibrio de poderes tan justo y preciso como el de Estados Unidos. Me imagino una Constitución que responda a los grandes procesos de nuestro tiempo: a  los cambios tecnológicos, productivos, culturales y sobre todo a las nuevas conciencias que adquiere la sociedad: a la dignidad intrínseca de los animales y la naturaleza, a la necesidad de reconocimiento intercultural, y a la obligación de conjugar nuevas libertades con nuevas responsabilidades.

¿Cuál es la Constitución de tus sueños? ¿Cómo te la imaginas? ¿Gorda y de tapa dura o pequeñita en edición rústica? ¿Qué derechos garantiza? ¿Qué poderes instaura? ¿Qué principios la animan? ¿Cómo deberíamos redactarla? No importa cuál sea tu respuesta. Lo importante es empezar esta discusión. Si nos lanzamos a conversar de ello seguramente vamos a encontrarnos el camino ¿Te animas?

Álvaro Ramis (@alvaroramis),  Doctor en ética y democracia,  Universitat de València, redactor LeMondeDiplomatique.cl. Es vocero del movimiento Poder Social Constituyente (articulación de ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales por la #AC). https://twitter.com/PoderSocialxAC

 

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Ezzati desafía al Papa Francisco

Se viven tiempos contradictorios en la Iglesia Católica. El Papa Francisco es uno delos personajes internacionales más respetados y populares del mundo. Pero el Cardenal Ricardo Ezzati, primado de la Iglesia Chilena se hunde en las encuestas, registrando un rechazo ciudadano prácticamente unánime y sin precedentes. De la misma forma mientras el Vaticano busca formas de hacer creíble su empeño institucional en el combate de la pedofília y los abusos de poder del clero, en Chile los feligreres se lanzan a la calle para repudiar el nombramiento del Juan Barros como obispo en Osorno, por complicidad con el presbítero Fernando Karadima. Y en Santiago la Universidad Católica se  revuelve ante la sanción al jesuita Jorge Costadoat, que deberá dejar su cátedra en la facultad de teología. Todo indica que se trata de pugnas profundas, que revelan una reacción de los sectores integristas y ultraconservadores, que se resisten a las orientaciones de cambio que impulsa el Papa Francisco. Pero estas disputas intestinas tienen sus propias claves que es necesario develar para entender el panorama completo en que se desarrollan.

 La “batalla de Osorno”

A diferencia de Valdivia y Puerto Montt, Osorno es una ciudad calmada, sin la tradición de luchas sociales ni debates culturales de otras ciudades sureñas. Es una ciudad agraria, que valora su  tranquilidad y estabilidad. Esa característica puede explicar el repudio que desató el nombramiento de Juan Barros Madrid como Obispo. De acuerdo a los testimonios de varios denunciantes, Barros era brazo derecho y discípulo preferido de Fernando Karadima, el párroco del Sagrado Corazón del Bosque, condenado por el Vaticano por abusos sexuales. Nadie esperaba una reacción social tan intensa ante este nombramiento. Una catedral repleta de globos negros y gritos de repudio dejaron en claro que la ciudadanos no deseaban recibir a Barros, que tuvo que dejar el obispado castrense ante el manifiesto desprecio que las autoridades militares comenzaron a expresar hacia su persona.

La gran pregunta que abrió este nombramiento apunta a las razones por las cuales se decidió  reubicar a un obispo a pesar del manifiesto desprecio del clero local y dela feligresía osornina. Para entenderlo es necesario analizar la trenza de poder a la que Barros debe lealtad, y en la que ejerce un rol clave. Karadima tejió su red de poder sobre la base de una promesa: los jóvenes que se acercaran a su círculo e iniciaran una camino sacerdotal podrían hacer carrera y alcanzar un estatus social equivalente al de sus familias de origen. Para hijos de gerentes o grandes empresarios esta promesa constituyó un imán inigualable. En una sociedad tan clasista como la chilena, esta promesa permitía garantizar a estos jóvenes que conservarían en el campo eclesial las mismas prerrogativas que les permitían ser parte de una élite en su vida familiar. De esa forma los discípulos de Karadima  aumentaron de forma meteórica, y varios de ellos llegaron a ser obispos: Horacio Valenzuela  en Talca, Andrés Arteaga auxiliar de Santiago, Tomislav Koljatic en Linares, Felipe Bacarreza en Los Ángeles. En total la Pía Unión sacerdotal de Karadima llegó a contar con unos cuarenta miembros, todos altamente encumbrados en cargos eclesiales de poder e influencia, con relaciones familiares con las altas esferas financieras y políticas del país. Si Barros era defenestado significaba que todos ellos verían truncada su carrera, ya que se se sentaba un precedente directo de sanción a todo el grupo de El Bosque. En cambio, si Barros accedía a una nueva diócesis se validaba una tesis mucho más conveniente, ya que todas las culpas quedaban acotadas en Karadima y a sus seguidores se les exonera de toda responsabilidad. Se establecía un dique entre Karadima y los miembros de la Pía Sociedad.

Todo indica que este grupo sacerdotal contó con el apoyo directo del Nuncio en Chile Ivo Scapolo, que los “apadrinó” ante la figura crucial en todo este proceso, el  prefecto de la congregación para los obispos Marc Ouellet,uno de los “papables” en el último cónclave, donde fue derrotado por el argentino Jorge Bergoglio. Ouellet es un franco-canadiense claramente un conservador, cercano al Opus Dei y al Cardenal Angelo Sodano, antiguo nuncio en Chile durante la dictadura. Estos lazos muestran que las maquinaciones palaciegas del nuncio Scapolo cuentan con el soporte de Sodano, que continúa tutelando al episcopado chileno a la distancia, tratando de mantener bajo su control su devenir ideológico y político.

 El caso Costadoat

A las protestas contra Barros se debe unir la ola de rechazo que desató la “expulsión” del jesuita Jorge Costadoat de su cátedra de Cristología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El caso tiene un origen inmediato. Ezzati resolvió quitar no renovar la “autorización canónica” a este académico luego que en el transcurso de este verano participara en un debate epistolar por las páginas de El Mercurio con el Cardenal Jorge Medina. El tema de esta disputa tenía relación con el asunto más controvertido analizado por el Sínodo de la familia, convocado por el Papa Francisco. Costadoat defendió la posición papal, que se orientó a revisar la doctrina tradicional que excluye a los divorciados de la comunión. Por su parte Medina argumentó desde la posición conservadora. Es probable que tras este intercambio de posiciones Medina haya sentido herido su orgullo, ya que el profesor Costadoat dejó en mal pie sus argumentos. No sería la primera vez que Medina actúa con ánimo de revancha.

Pero además de esta razón “pasional”se puede intuir que Ezzati deseaba enviar una señal de castigo a los jesuitas como colectivo que ha criticado las orientaciones conservadoras que el arzobispo de Santiago ha impuesto durante todo su ministerio. Al sacar de la PUC a Costadoat se descabeza además una iniciativa muy querida por los jesuitas: el Centro Teológico Manuel Larraín, que vincula a la U. Alberto Hurtado con la facultad de teología de la PUC, abriendo sus debates a las grandes cuestiones interdisciplinares de nuestro tiempo. Si se ve el panorama global Ezzatiu se ha caracterizado por entrar en conflicto abierto con la Compañía de Jesús. Sus acusaciones a otros jesuitas como Felipe Berríos y José Aldunate, y la tensa relación que mantiene con el rector de la U. Alberto Hurtado Fernando Montes muestran que Ezzati se ha puestoen contradicción directa con la orden dela cual proviene el Papa Francisco.  Su voluntad es impedir que las nuevas orientaciones y criterios que impulsa Jorge Bergoglio lleguen a tocar tierra en Chile.

Esta voluntad de ahogar todo debate ya lo ha implementado en variados ámbitos. En 2014 barrió con la planta directiva del Hogar Catequístico, una institución con larga historia de formación docente. Además avaló el despido arbitrario del  académico de Trabajo Social y Teología dela PUC Patricio Miranda, considerado demasiado “social” y “critico” para los gustos episcopales. Miranda sintetizó el momento que vive esta universidad, bajo las orientaciones de Ezzati, diciendo Si el Papa Francisco enseñara en la Católica, lo expulsarían”. Ezzati parece incapaz de escuchar las voces críticas que le han alertado de su deriva intolerante y autoritaria. Es probable que que herede a sus sucesores una Iglesia agónica, que desperdició el momento extraordinario de apertura al cambio que propició el Papa Francisco. Tanta tozudez parece mostrar que ese es su objetivo.