Hacer que la democracia vuelva a ser peligrosa

El último cambio de gabinete ha dado para diversas especulaciones. No todas parecen plausibles. Algunos, partiendo por El Mercurio, proponen que se ha dado un giro a la derecha, como si Peñailillo hubiera sido un ministro de izquierdas o progresista.  Un argumento que no tiene la menor credibilidad. La única certeza es que a Burgos y sus adláteres Valdés, Díaz e Insunza, se les ha encargado lograr grandes acuerdos: con la derecha en lo político y con los empresarios en lo económico. Y se supone que tienen las aptitudes, capacidades y contactos que les permitirían llegar a ellos.

Buscar acuerdos es una parte indispensable de la democracia. Siempre y cuando esos pactos presupongan algunas condiciones, entre otras, que incorporen a todos los afectados, sean públicos y transparentes, consideren un marco de deliberación basado en el interés general y respeten el principio de mayoría. Un acuerdo bilateral, que solamente toma en cuenta a una de las partes, es ilegítimo e injusto. Si además el acuerdo se sella con la parte más poderosa, quiere decir que no es acuerdo democrático, sino abusivo, oligárquico y excluyente.

Tras el discurso de la “democracia de los acuerdos” entendidos como contratos y transacciones entre gobierno y oposición, se construyó en las últimas décadas un contubernio elitista que ha vaciado a la democracia de uno de sus principios fundamentales: la mayoría debe gobernar, y la minoría debe controlar y regular a esa mayoría. El juego de equilibrios en este proceso no debe impedir a quienes hayan recibido un mandato mayoritario puedan llevar adelante su programa. Simplemente los poderes contra-mayoritarios de la oposición deben velar porque la implementación de ese programa no vulnere derechos fundamentales de la minoría, o que en el nombre de ese programa se cometan abusos y discriminaciones.

Si se revisa la bibliografía sobre la democracia se ve que el “mayoritarismo”  ha vuelto a estar en el centro de las preocupaciones en los últimos años, ya que el afán de concordar acuerdos, pactos y contratos ha secado la vida democrática, haciendo irrelevante el acto de votar. Proceso en el que Chile ha llegado a ser record mundial, ya que de acuerdo al Instituto Internacional para la democracia y la asistencia electoral, nuestro país posee el índice más alto del mundo en abstención electoral[1]. Autores disímiles como Jeremy Waldron, Richard Bellamy, Chantal Mouffe y Pierre Rosanvallon coinciden en que una democracia “mayoritarista” es “peligrosa”, pero sólo para el statu quo. Una democracia de mayorías es por naturaleza una democracia que expresa la voluntad de la ciudadanía. Y esa voluntad es por principio cambiante, innovadora, reversible. Y ello motiva la participación activa de la ciudadanía. Es todo lo contrario a la “democracia cocinera” al gusto de Andrés Zaldívar, que espera que una ínfima camarilla de representantes decida por todos, en la oscuridad de la noche.

La idea de “Nueva Mayoría”, desde ese punto de vista, prometía bastante. Parecía coherente con el principio democrático ya que anticipaba que se constituiría un programa que debería ser respetado y aplicado. Si ese principio ha claudicado estamos ante un hecho muy grave, porque no hay mayor traición democrática que una mayoría que renuncia a ser lo que es.

Para Chantal Mouffe, erradicar la dimensión conflictual de la vida social y política constituye un peligro mucho mayor, ya que desplaza las diferencias desde la racionalidad política, hacia el campo de las disputas morales. El contendiente ya no es un discrepante, sino un enemigo a aniquilar. “La tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha ‘agonista’, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Ésta es, desde mi punto de vista, la condición ‘sine qua non’ para un ejercicio efectivo de la democracia[2]“.

Si la Nueva Mayoría renuncia a la “agonística” democrática renuncia a la política misma. Y si renuncia a la política sale del campo de la discusión de los fines y se arroja al pantano de la mera administración de lo existente. Y ese es el regreso al mismo lugar en el que se hundió la vieja y maloliente Concertación.

[1] Fuente: http://www.idea.int/es

[2] Chantal Mouffe (2007) En torno a lo político, FCE, Bs As.

Los Derechos Humanos, la Ética y los Bienes Comunes. Crítica del Individualismo Posesivo

Buscando comprender lo-común se descubre que todas las cosas tienen «la huella/de unos dedos,/ de una remota mano/ perdida/ en lo más olvidado del olvido» (Neruda 1971: 42). Por eso, lo específico en los bienes comunes no se encuentra en recursos, piezas o artefactos. Se ubica en las relaciones humanas, entretejidas por valores, reglas y criterios, que han dejado sus huellas en las cosas. Esas marcas comprueban que las personas poseen disposiciones insospechadas para cooperar y coordinarse en la acción colectiva. Pero esas potencialidades piden un contexto institucional facilitante y protector, que permita que se conviertan en capacidades efectivas. De allí que el estudio de los bienes comunes demande una polinización recíproca entre diversas perspectivas de análisis, que en su integración logren hacer posible el extenso programa teórico prefigurado por Elinor Ostrom:

Si la ciencia de la sostenibilidad va a crecer para transformarse en una ciencia aplicada madura, tenemos que usar el conocimiento científico adquirido por disciplinas como la antropología, biología, ecología, economía, ciencias ambientales, geografía, historia, derecho, ciencia política, psicología y sociología para construir el diagnóstico y las capacidades analíticas.  (Ostrom, Janssen y Anderies, 2007: 15177)

Creo necesario sumar a ese listado la contribución de la ética del discurso, entendida como el intento explícito por clarificar unos criterios de justicia que permitan la vida en común. Este programa puede arrancar desde los siguientes razonamientos:

  1. «Bienes comunes», como unidad de sentido, se puede interpretar desde dos paradigmas contradictorios entre sí: uno «dominante» y uno «residual» (Mattei, 2013: 109).
  1. El «paradigma dominante», que funda las ciencias económicas, los procesos jurídicos, las instituciones políticas y los pactos constitucionales contemporáneos, asocia esta noción con las instituciones históricas de las sociedades tradicionales y sus normas consuetudinarias. De esa forma, la interpreta como una anacronía.
  1. Contradictoriamente, ese mismo paradigma presupone su vigencia funcional en el contexto de la creación de valor económico, la racionalización sistémica y la integración societaria. Los entiende como terra nullius, bienes libres, trabajo doméstico, activos intangibles, capital social, simbólico, o cultural, pero sin reconocer su especificidad conceptual, ni garantizar su protección jurídica.
  1. El «paradigma residual», a pesar de su invisibilidad, ha logrado mantener su reproducción a partir de las estructuras simbólicas del mundo de la vida. En ese nivel los bienes comunes no se entienden desde una idea de la verdad como certeza, verosimilitud o exactitud. Se hacen evidentes, como verdad experiencial. Los bienes comunes se «muestran» en la cultura, en las instituciones de la sociedad civil y en los vínculos intersubjetivos. Se puede afirmar que los «comunes globales», los intercambios cualitativos, la economía del don y del cuidado, los lazos de reciprocidad y las instituciones del procomún soportan la convivencia real y cotidiana, operando por vínculos predominantemente no contractuales.
  1. El «paradigma dominante» se desplegó a partir del el siglo XVI, en paralelo al triunfo del absolutismo político-jurídico y al ciclo de la acumulación originaria. Se expresó fácticamente en la instauración de enclosures, esclavismo, colonialismo, y en la devaluación del trabajo femenino, en el marco de un nuevo «contrato sexual».
  1. Este nuevo modelo desconoció la legitimidad del sistema de cartas, fueros, y regulaciones medievales, que permitían que la tierra, el trabajo y el dinero permanecieran extra commercium. Se eliminaron así los mecanismos de protección de los bienes comunes, entendidos como recursos naturales (montes comunales, bosques, praderas, fuentes de agua, caza, pesca), herramientas y tecnologías (molinos, telares, bodegas, transportes) modelos de autogobierno (consejos de aldea) o instituciones económico-sociales (gremios artesanales y menestrales, gildas, hansas, beguinarios, cofradías, montepíos).
  1. El sistema medieval permitía la existencia de una «economía moral de la multitud», incrustada en reglas de uso. De esa forma se garantizaba el equivalente a un sistema de derechos económicos básicos, orientado a mantener unos medios de subsistencia y de preservación de la vida, mediante un sistema jurídico pluralista y una gobernanza policéntrica.
  1. El «paradigma dominante» se legitimó a partir de la teoría política del «individualismo posesivo», sistematizado en la obra de Hobbes y Locke. Ese giro conceptual asumió que los individuos establecen con su persona y sus capacidades una relación de dominio y control exclusivo. De esa manera, la propiedad se comprendió como una competencia exclusiva del propietario, que tiene el poder omnímodo sobre el objeto poseído. La libertad propietaria, considerada principio absoluto, se disoció de la función social inherente al bien poseído, que así pudo ser mercantilizado de forma incondicionada.
  1. El núcleo del razonamiento hobbesiano-lockeano negó la reciprocidad de las obligaciones sociales. Como criticará Kant, la propiedad no viene dada por naturaleza, ni por el trabajo, ni por la fuerza. Es fruto de un pacto político, sujeto y delimitado a las condiciones de la libertad, como principio trascendental. De allí que toda propiedad sea adquirida y demande el acuerdo social. El derecho de propiedad individual no puede desentenderse del derecho a la existencia de la humanidad.
  1. Desde el siglo XIX diversas teorías políticas se han reflejado en los atributos del «paradigma residual». Nostalgia romántica por el orden perdido, anhelo de liberación de la nación irredenta, pulsión anarquista contra toda forma de poder dominical, proyecto utopista de falansterios, mutuales o cooperativas, o un orden social cristiano orientado por los principios del destino universal de los bienes, solidaridad participación y subsidiariedad. Con todas sus diferencias, en estas propuestas se atisba una valoración del ámbito de lo-común, no estatal. El dilema, para estas propuestas y para otros comunitarismos similares, radica en su plasmación política. ¿Cómo universalizar y exigir unos determinados modelos de felicidad y vida buena, en sociedades democráticas y pluralistas?
  1. Esta tensión se refleja en la obra marxiana, que fluctúa entre la racionalidad productivista o desarrollista del «paradigma dominante» y la valorización de algunos rasgos del «paradigma residual». Para Marx la emancipación humana no puede renunciar a la autonomía del sujeto, para volver a la heteronomía de un orden estamental, coercitivo y constrictivo. Pero ese mismo criterio exige que la propiedad privada se despoje de su carácter privativo, en orden a una existencia humana socializada, que permita la apropiación por los productores de sus medios de producción. Una disyuntiva que Marx dejó abierta, al quedar inconclusa su «teoría de la transición».
  1. En la actualidad, un largo ciclo de privatizaciones y desregulaciones, acompañadas de políticas monetarias y fiscales restrictivas, ha mermado el rol del Estado. Los bienes públicos han cambiado su carácter o incluso han desaparecido. Esta ruptura ha supuesto un modo de presencia imprevista del «paradigma recesivo», en la medida en que se han evidenciado estas ausencias. Los bienes públicos, que sólo se captaban por el uso que se hacía de ellos, son ahora objeto de atención por sí mismos, ya que han dejado de estar a la mano. Son susceptibles de una nueva consideración, como expresión de «lo-común», o de «lo nuestro».
  1. Paralelamente, al alero de la «economía del conocimiento», germinan experiencias productivas que se apartan de la antinomia entre propiedad estatal y propiedad privada. En ellas, el «paradigma recesivo» se ha objetivado en la forma de economía crowd, producción P2P, Software libre, consumo colaborativo y otras dinámicas similares. Ellas utilizan los flujos espontáneos y autorregulados del mercado, pero no bajo la lógica del intercambio entre propietarios. Se trata de vínculos entre co-productores, co-extractores o co-usufructuarios de un bien o un servicio, que se valoriza en la medida en que se utiliza o se trabaja en él. 
  1. La discusión contemporánea respecto a los bienes comunes ha intentado superar las aporías de la teoría de los bienes públicos de P. Samuelson y la alegoría política de la «Tragedia de los Comunes», formulada por G. Hardin.
  1. E. Ostrom logró determinar, a partir de las mismas premisas de Samuelson, la singularidad de los bienes comunes, caracterizándolos como «recursos de uso común» (R.U.C.). Los singularizó bajo los atributos simultáneos de rivalidad y no excluibilidad. De esa forma corrigió las omisiones de la teoría de los bienes públicos.
  1. A la vez, refutó la hipótesis de Hardin al describir un conjunto de «Principios de Diseño», característicos de las instituciones de larga duración de los R.U.C., inferidos desde extensos estudios de campo. Para ello la obra de Ostrom vinculó el neo-institucionalismo, la perspectiva del capital social y teoría de la elección racional, para mostrar que los sistemas de «reglas de uso» logran regular las preferencias sociales y ampliar la información disponible para los participantes. De esa forma actúan como estrategias de resolución de conflictos, que fortalecen la reciprocidad. Relativizó así los enfoques deterministas, que subestiman las capacidades de los actores económicos para alcanzar acuerdos mutuamente vinculantes y mantenerlos en el tiempo.
  1. La aplicación de estos «Principios de Diseño» colaboran a superar los problemas de acción colectiva, analizados tradicionalmente bajo el modelo del «dilema del prisionero». Muestra que los incentivos individuales y selectivos no son los únicos estímulos eficaces en la acción racional, abriendo de esa forma una vía sólida al estudio de la cooperación, orientada al beneficio recíproco. Para ello resulta fundamental el establecimiento de reglas concordadas por un conjunto de afectados claramente delimitados.
  1. Las propuestas de Ostrom se complementan con la hipótesis de la «tragedia de los anticomunes», formulada por Heller y Eisenberg. Estos autores hacen referencia a una circunstancia hipotética, en la cual un conjunto de personas, actuando de forma racional, individual y desarticulada, infrautilizan un bien o recurso que cumple una función o utilidad pública. Se cuestiona así la excesiva aplicación de derechos de propiedad o exclusión, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual, entendida desde los supuestos de individualismo posesivo.
  1. El giro conceptual de E. Ostrom permite articular un campo de aproximaciones teóricas y prácticas, que convergen desde distintas disciplinas en su interés por reinterpretar y revalorizar los bienes comunes. Se trata de un enfoque basado en los bienes comunes (Commons-Based Approach), cuyo estatuto teórico y práctico se debería analizar desde dos niveles.
  1. En un primer sentido, cabe pensarle como una «teoría procedimental de la justicia», que abre a una «tercera dimensión institucional», más allá de la lógica del Estado de bienestar o del Estado mínimo. Ofrece una crítica a la noción individualista y exclusivista de propiedad, para afirmar su función social. De esa manera aporta estrategias innovadoras para la cohesión de la Sociedad. El «enfoque basado en los bienes comunes» busca fortalecer los derechos civiles, que garantizan el libre acceso y la preservación de los commons, frente a las normas legales y disposiciones contractuales vigentes, que tienden a restringirlos.
  1. En un segundo nivel, este enfoque constituye un planteamiento hermenéutico-crítico, que abre a «una forma diferente de racionalidad», capaz de valorizar aspectos de la relacionalidad humana que explican el funcionamiento de las economías colaborativas, del don y de la reciprocidad. Propicia una comprensión de lo-común, que evoluciona desde el plano experiencial, funcional y espontáneo, a su manifestación como realidad plenamente diferenciada.
  1. Se puede constatar la aplicación de este enfoque en filosofía del derecho y teoría constitucional (Rodotà, Mattei, Benkler, de Sousa Santos), filosofía política (Rancière, Subirats, Bensaïd, Himanen, Harvey, Negri y Hardt), ecología social (Gorz, Bollier, Linebaugh, Helfrich), economía feminista (Federici) y en especialmente en los estudios sociales y culturales sobre ciencia y tecnología, en el marco del capitalismo cognitivo (Lessig, Bauwens, Stallman, de Moor).
  1. Estos estudios coinciden en identificar dos tendencias antitéticas en la economía actual: una propensión a generar valor financiero, a partir de la apropiación de la producción inmaterial, que se crea fuera de los límites de la propiedad privada. Pero esa acumulación privada tendería a reducir la productividad de la cooperación social, basada en la racionalidad del procomún.
  1. De acuerdo a esa tesis, se abre un campo de investigación centrado en la necesidad de armonizar dos criterios: garantizar la tutela de los bienes comunes frente al Estado y al mercado, asignando a esta noción una función constitucional (Rodotà, 2013; Mattei, 2013). Y a la vez, favorecer que el valor creado a partir de la producción P2P, basada en bienes comunes, fluya de regreso a los co-productores o co-creadores, recompensando sus contribuciones al procomún (P2Pvalue, 2014).
  1. La aplicación del «enfoque basado en los bienes comunes» en sociedades democráticas y pluralistas debe atender a criterios que superen la «moral de las costumbres». Se debe precaver ante las argumentaciones basadas en el convencionalismo, el emotivismo o el contextualismo autocentrado. La cooperación y la producción entre pares no son unívocamente virtuosas, ya que pueden dar pie al pensamiento gregario y esencialista, o a formas de colectivismo identitario. También las redes criminales establecen acuerdos de cooperación y redes de pares. Y las contribuciones altruistas al dominio público pueden alimentar los dilemas asociados al dinero digital Bitcoin o la producción de armas por la vía de diseños 3D, disponibles gratuitamente en internet.
  1. Aunque los objetivos buscados mediante vínculos asociativos sean honestos y legítimos, es necesario evitar que la acción colectiva se oriente desde la lógica de la «falacia naturalista», que identifica lo fáctico con lo válido. Para ello es necesario un horizonte de legitimidad normativa que esté por sobre las conveniencias recíprocas de los directamente implicados. La valoración funcional de los sistemas de reglas, arraigadas en el mundo de la vida, no puede impedir que se les critique desde una perspectiva postconvencional.
  1. En los estudios de E. Ostrom y su escuela no se advierten con claridad estas distinciones. La conservación y acrecentamiento de un R.U.C. se analiza desde el punto de vista de la eficiencia paretiana. Pero ello no equivale a una distribución socialmente justa y deseable de los recursos. Ni se puede identificar con criterios de responsabilidad solidaria. De la misma manera, los sentimientos de pertenencia grupal y los compromisos recíprocos, útiles a la hora de resolver los dilemas colectivos, no garantizan que los resultados de su aplicación sean intersubjetivamente válidos.
  1. De ello se deduce que la gobernanza de los bienes comunes debe escapar del «solipsismo metodológico», que considera el juicio y la voluntad humana como producto exclusivo de la conciencia individual. En algunas prácticas, basadas en los bienes comunes, se pueden advertir tendencias solipsistas, en tanto predomina en ellas el criterio de «orientación al objetivo», una predisposición a fetichizar la racionalidad tecnológica o se imponen normas heterónomas o socionómicas. El propio interés, estratégicamente calculado, no puede fundar el cumplimiento de normas, contratos y convenios mutuos. Se requiere considerar las necesidades humanas de quienes no han sido incluidos en el pacto.
  1. Estas preocupaciones se pueden abordar desde la perspectiva la ética del discurso, que intenta fundamentar la convivencia pública en el contexto de las sociedades complejas y bajo condiciones postmetafísicas. El núcleo de su aproximación radica en el «Principio de Universalización», que de forma pragmático-trascendental permite adoptar normas basándose en el hecho de igualdad comunicativa radical. Este criterio se operativiza en la confrontación de todos los afectados, utilizando exclusivamente la razón discursiva, en condiciones que excluyen la represión y la desigualdad. De esa manera, la obligación moral nace del «reconocimiento lógico-formal de cualquier ser dotado de competencia comunicativa» (Cortina, 2013: 142).
  1. Este punto de vista permite superar la lógica del homo œconomicus, basada en la racionalidad objetual, instrumental y estratégica de la propiedad y los intercambios. Introduce un universalismo «trascendentalmente reflexivo», en la medida en que se orienta por el meta-criterio de la «comunidad ideal de comunicación». La verdad moral, bajo esta aproximación, ya no opera como la correspondencia con la naturaleza o como adecuación a una doctrina comprehensiva del bien. Se entiende como una exigencia de justicia, que arranca desde un proceso dialógico. Esto no implica desdeñar la función específica de la racionalidad estratégica o las propuestas morales teleológicas, sino que establece un marco para su interpretación e integración desde el punto de vista postconvencional de las sociedades plurales.
  1. De esta forma el proyecto de la ética del discurso entronca y vigoriza la idea de una «democracia del común». Si cada acto de habla implica una exigencia recíproca, quiere decir que la democracia es más que un conjunto de procedimientos neutrales, que se acatan por conveniencia. Es un proceso sustantivo, que exige el establecimiento de relaciones de corresponsabilidad y compromiso que tiendan al fortalecimiento de las capacidades de todos los afectados.

Referencias

Cortina, Adela (2013): «Ética del discurso: ¿un marco filosófico para la neuroética?», en Isegoría, 48, pp. 127-148.

Mattei, Ugo, (2013) Bienes comunes. Un manifiesto. Traducción de Gerardo Pisarello. Trotta, Madrid.

Neruda, Pablo (1971): «Oda a las cosas», en Navegaciones y regresos, Losada, Buenos Aires, pp. 41-42

P2Pvalue Project (2014): Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet. [en línea] <http://www.p2pvalue.eu/&gt; [consulta: 22/01/2014].

Ostrom E., Janssen M. A., Anderies J. M. (2007): «Going beyond panaceas», en Proceedings of the National Academy of Sciences, 25, 104, nº 39. pp. 15176-15178

La maldición del salitre

Chile a fines del siglo XIX se hizo famoso por proveer al mundo un recurso excepcional: el salitre, fertilizante natural que adquirió un precio exorbitante ya que también, mezclado con azufre y carbón, era un explosivo de uso militar. Pero los alemanes Haber y Bosch lograron, en 1913, producir salitre sintético y sobrevino su decadencia. La economía chilena entró en una profunda crisis que tuvo repercusiones durante décadas.
El fantasma del “nitrato de Chile” todavía nos persigue. Toda nuestra historia desde entonces ha estado marcada por su sombra, fuente de esplendores pasajeros seguidos de largos periodos de crisis y desolación. Cuando parecía un tema olvidado, el escándalo de SQM nos ha devuelto su memoria y ha vuelto a poner en discusión este viejo recurso, compuesto de nitrato de sodio y nitrato de potasio. Más aún porque ahora ha tomado un nuevo auge el nitrato de litio, un primo hermano del salitre, que promete futuro esplendor a quienes se lo apropien, y desventuras a quienes lo desperdicien.

EL EXPOLIO A BOLIVIA
La maldición que ha rondado al salitre parece ligada a su origen. Este mineral pasó por un proceso de “acumulación por desposesión”, ya que Chile intervino para arrancarlo de la soberanía boliviana y devolverlo al mercado, en manos del gran capital transnacional. Como advierte David Harvey, una característica de la acumulación por desposesión es que “el poder del Estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular”(1).
Vayamos a 1878. Las compañías salitreras han entrado en pánico y estupor. La Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia había aprobado, el 14 de febrero, un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta (CSFA). Bolivia garantizaba la licencia de explotación a CSFA, pero introducía una tasa que devolvía al Estado un poder soberano y regulador sobre su enorme riqueza minera. Lo hacía con pleno derecho, sobre la base de las facultades de revisión que le garantizaba la concesión de la licencia a la CSFA, entregada en 1873, y en razón de que dicha licencia no había contado con la debida aprobación parlamentaria.
El gobierno chileno se opuso a esa determinación boliviana argumentando que el artículo IV del tratado de límites chileno-boliviano de 1874 prohibía elevar los impuestos a los ciudadanos chilenos residentes entre los paralelos 23°S-24°S durante 25 años. Sin embargo, Bolivia argumentaba que la CSFA no era un “ciudadano chileno”, sino una empresa constituida de acuerdo a las leyes bolivianas y sujeta a sus regulaciones, soberanamente delimitadas. Pero tras la preocupación chilena había otros intereses. Entre 1860 y 1870 Inglaterra había concedido más de 1.000 millones de libras esterlinas a Chile, convirtiendo a los gobiernos chilenos en verdaderas correas de transmisión de sus intereses.
El salitre atacameño fue descubierto en 1857 por los hermanos franceses Latrille, quienes documentaron su hallazgo desde un punto de vista científico, pero no comercial. Dos años después, el explorador chileno José Santos Ossa solicitó autorización al gobierno del excéntrico dictador boliviano Mariano Melgarejo para iniciar la exportación de este recurso. Obtuvo el permiso, pero no contaba con los recursos financieros para iniciar el negocio. Por lo cual buscó socios en Valparaíso, asociándose en 1868 con los empresarios chilenos Agustín Edwards Ossandón y Francisco Puelma y con la empresa inglesa Gibbs & Cía. Fundaron así la CSFA, una empresa anglo-chilena en la que Edwards era el socio mayoritario con 42,16% del capital accionario.
En marzo de 1878 el gerente de esta empresa era el inglés George Hicks. Alarmado por el nuevo impuesto de 10 centavos, Hicks escribió a la casa matriz de Gibbs en Londres una carta en la que advertía: “Tenemos varios chilenos influyentes entre los accionistas de la compañía, y si el gobierno no cumple su promesa de actuar inmediatamente será presionado en el Congreso, viéndose, sin duda, compelido a intervenir, y a hacerlo enérgicamente”(2). El vaticinio de Hicks se cumplió en regla. En enero de 1879, en una nueva carta a Londres, el gerente de la CSFA detalla el éxito de sus esfuerzos por influir en el gobierno chileno, lo que había permitido “llevar las cosas al extremo, y forzar a Chile a asumir la posición adecuada, lo cual ha hecho libremente, y aparentemente con energía”(3).

EL REY DEL SALITRE
El 14 de febrero de 1879 el ejército chileno desembarcó en Antofagasta. Mientras tanto, el diario Timesde Londres editorializaba el 30 de mayo de 1879: “En cuanto a las razones de la guerra, no hace mucho que dijimos que estaban de parte de Chile y que los extranjeros neutrales deben concederles sus simpatías. La querella es mercantil y mientras Chile pelea por la libertad de comercio, el Perú ha tomado el camino de la restricción y del monopolio”(4).
A medida que el conflicto se inclinaba hacia Chile, John Thomas North, un buscavidas inglés, comenzó a tramar una operación para hacerse con el control de las salitreras peruanas. Su estrategia fue comprar a precio irrisorio las acciones, en torno a un 12% de su valor original. Esto lo pudo hacer porque los precios de estas compañías caían en picada a medida que el ejército chileno avanzaba hacia el norte, controlando Tarapacá. Todo el mundo pensaba que las salitreras peruanas pasarían a manos del gobierno de Chile. Pero North contaba con la información privilegiada que le proporcionaba su socio, Robert Harvey, quien actuaba como inspector general de salitreras por nombramiento del gobierno de Aníbal Pinto. Por esa vía, North identificó las mejores oficinas y se enteró que el plan chileno al final de la guerra era devolver las salitreras a quienes demostraran ser los tenedores de los bonos peruanos. North, contra todo pronóstico, ganó la apuesta y se convirtió en el rey del salitre.
La guerra dejó tras de sí unos veinte mil muertos, entre militares y civiles de los tres países. Pero el gran triunfador fue North, que vinculado a los bancos de la city londinense, que financiaron sus inversiones, se alzó como el gran poder en las sombras en la política chilena. Nadie ni nada podía oponerse a sus designios. Y así fue hasta que en 1886 ganó la presidencia José Manuel Balmaceda, que fijó como uno de los objetivos romper con los monopolios extranjeros en el salitre.
North había regresado a Londres en 1882. Al conocer la nueva orientación de Balmaceda se embarcó de regreso en 1888. Su barco venía cargado de todo tipo de obsequios con la intención de comprar voluntades. Apenas llegó a Iquique, regaló a la ciudad su primer carro de bomberos, y desde ese momento emprendió una gira de banquetes por todo el país en la que no reparó en gastos ni en halagos. Como lo haría Julio Ponce Lerou ciento treinta años después, North invirtió transversalmente enormes montos de dinero para blindar sus inversiones. Finalmente regresó a Inglaterra en 1889, dejando a cargo de su causa a una serie de diputados, generosamente financiados, que crearon el clima político necesario para desencadenar la guerra civil de 1891.
Ciento veinticuatro años después todo sigue igual en estas tierras. SQM, la nueva CSFA, manipula la política. Ponce Lerou, el nuevo North, gasta sus millones para mantener su monopolio, y se da el lujo de colocar a sus hombres, como el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, en los cargos claves. Y las viejas heridas de la guerra de 1879 siguen enturbiando nuestra relación con Bolivia, que continúa intentando por la vía jurídica y política defender su soberanía arrebatada y su dignidad. ¿No habrá llegado la hora de escapar a la maldición del salitre?