Bachelet en la trampa

La Nueva Mayoría, continuadora de la Concertación, nunca se propuso realizar cambios estructurales que quiebren los pactos suscritos con la dictadura. Pero la emergencia de un intenso ciclo de politización social desde 2011 la obligó a presentar un programa de carácter reformista, moderado, calculadamente ambiguo, que se alejó tímidamente de la retórica dominante hasta 2010. A la vez la incorporación del PC, IC y MAS, e indirectamente de Revolución Democrática, ha contribuido a cambiar el tono del conglomerado. Sin esos cambios discursivos Michelle Bachelet no habría logrado su amplio triunfo electoral de 2013, en medio de un clima general de apatía y desconfianza.

Por eso la Nueva Mayoría no es “exactamente” lo mismo que la Concertación. Las diferencias, por sutiles y mínimas que parezcan, no son pocas para la derecha económica y política, que advirtió en ese giro una amenaza inminente, que despertó sus demonios dormidos. En la caverna de la derecha chilena todavía pervive la “teoría del dominó”, que considera que todo pequeño cambio representa a largo plazo una amenaza sistémica, por lo que cualquier contagio, por mínimo que parezca, debe ser eliminado de raíz apenas se exprese públicamente. En su análisis la defensa del modelo no admite fisuras ni concesiones.

En coherencia, desde el 11 de marzo de 2014 El Mercurio ha desarrollado una campaña de acoso y derribo en contra del actual gobierno que recuerda sus peores prácticas golpistas. El diario de Edwards ha desplegado una estrategia etapista, tratando de cercar al gobierno en una trampa que cierre sus capacidades de maniobra e impida que se concrete la más mínima de sus reformas. Este proyecto sedicioso ha contado con la ayuda invaluable de una parte de los socios de la Nueva Mayoría, que conscientemente se han prestado para boicotear todos los intentos de avance de Bachelet, configurando una bulliciosa oposición “interna” que ha contado con mayor tribuna que la oposición “de derecha”, propiamente tal.

En una primera fase los voceros de este proceso fueron personeros despechados, derrotados en las luchas internas de sus partidos, como Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, o Mariana Aylwin, que al no tener cargos públicos podían opinar en contra de las orientaciones del nuevo gobierno. Más adelante el bloque conservador se ha ido incrementando con figuras que están en primera línea. Ignacio Walker ha llegado a decir que Bachelet posee un liderazgo “no presidencial”, Jorge Pizarro la calificó de confusa, el diputado Auth, comentarista estable en Radio Agricultura, afirmó que su conducción tenía arritmia. Incluso ahora se han sumado al bullyng político el exministro José Miguel Insulza y el ex presidente Ricardo Lagos, con su nada sutil autoproclamación presidencial, argumentado que en la calle le habrían dicho: “oiga, vuelva usted para que por lo menos ponga orden”.

Una segunda estrategia ha tratado de identificar la crítica de los movimientos sociales, sindicales y populares ante las insuficiencias y contradicciones de las reformas en curso, con la oposición total, de forma y fondo, que sostiene el campo más retrógrado y conservador de la sociedad. De esa forma la empresa encuestadora CADEM, gran privilegiada durante el gobierno de Piñera, llega a sostener que sólo 10% de los chilenos cree que hay que seguir con las reformas tal cual están. ¿Ese 90% considera las reformas excesivas o insuficientes? Por ejemplo, ¿la reforma laboral se debe cambiar para incorporar la negociación por rama, tal como lo piden los sindicatos, o se debe cambiar para permitir el reemplazo en huelga, tal como lo exige la patronal? ¿O en educación superior, la reforma se debe reorientar de acuerdo a las orientaciones de la Confech o ceder al chantaje de los sostenedores de universidades que lucran con fondos públicos? ¿La reforma tributaria se debe “moderar” como pide la CPC o volver al punto de partida, y atacar el FUT y disminuir el IVA a los productos de primera necesidad? Por supuesto, ninguna de esas distinciones aparece en CADEM, porque cada vez que se pregunta directamente por los objetivos de las reformas aflora un masivo respaldo, aunque no así a los mecanismos de implementación legislativa que ha elegido el gobierno.

La tercera estrategia de ataque ha consistido en proponer un falso dilema: “Para salvar el gobierno, la presidenta debe abandonar el programa”. Esta cantinela la han venido tocando de forma ininterrumpida desde enero, hasta llegar a su máximo volumen luego del cambio de gabinete de fines de mayo. En ese instante la derecha creyó tocar el cielo, suponiendo que la llegada de Jorge Burgos a Interior y Rodrigo Valdés a Hacienda significaba el fin de las reformas becheletistas. Y en cierto sentido su intuición era correcta. Burgos se ocupó desde el primer día en dejar en claro que su objetivo era “moderar” los cambios, y en ciertas áreas, cerrar la puerta a lo que llamó “atajos raros”, comenzando por la Asamblea Constituyente, para cambiar una Constitución que él no ha dudado en calificar de “eficaz”.

Igualmente el ministro Valdés, en el consejo de gabinete del 23 de junio, presentó un estudio de las últimas cifras macroeconómicas, diseñado estratégicamente para arribar a una sola conclusión: para evitar afectar la economía era necesario minimizar el programa, reorientando el presupuesto hacia una nueva “agenda pro-crecimiento”, tal como lo hizo Ricardo Lagos en 2002. Esa tesis obtuvo el rechazo previsible de los ministros PC, Claudia Pascual y Marco Barraza, y del ministro Víctor Osorio de la IC. Pero además se sumaron a la resistencia la ministra del trabajo, la DC Ximena Rincón, y sobre todo del ministro secretario general de la presidencia Nicolás Eyzaguirre, que actuó en una triple condición: como ex ministro de Hacienda, miembro del comité político, y como la voz más cercana y autorizada de la presidenta, a nivel personal. De allí que las ilusiones de la derecha, que ya creía haber torcido la mano de Bachelet, se comenzaron a frustrar.

La presidenta ha tratado de enmendar el rumbo. El cónclave en el Estadio El Llano, que oficialmente no dijo nada nuevo, en la práctica le sirvió para dejar en claro que el grueso de la agenda legislativa se mantiene en pie. Más tarde, en la entrevista a La Tercera , profundizó en esa línea, al decir “Algunos leyeron sólo la palabra realismo, no escucharon el ‘sin renuncia”, “Si la lectura hubiera sido que los nuevos ministros llegaron para cambiar el rumbo que la Presidenta defina, hubiera sido una lectura equivocada” y “Yo creo que decir que aquí había un giro al centro del gobierno era lo más parecido a un wishful thinking”. Tarde, pero de forma clara, Bachelet ha salido a defender lo que queda de su programa, porque se da cuenta que es la única forma efectiva de salvar su gobierno.

Por eso la campaña de la derecha ha escalado a una cuarta etapa, centrada directamente en la persona de la presidenta. Ya no se trata de persuadirle o aconsejarle. Ahora es ella misma el objetivo a derribar. En palabras de Andrés Benítez, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, “El problema es ella” por lo que el gabinete debería enviarla a viajar el resto del período. “Ella es el problema” porque, como sea, es la única barrera que impide que la Nueva Mayoría se termine de desfondar. Esto no significa dejar de criticar a Bachelet por sus contradicciones, titubeos e incoherencias. Simplemente es constatar un hecho, a estas alturas, indesmentible. La presidenta, resiste, por ahora y hasta ahora. Pero lo hace sola, sin tender un puente hacia la única vía que le permitiría escapar de una trampa en la cual, voluntariamente, fue cayendo desde el inicio de su gobierno ¿Cuál es esa vía de escape? La voz de los movimientos sociales, que siguen marcando una ruta de cambios estructurales. Restablecer el puente con ese mensaje es el único camino que puede hacer que Bachelet arribe a puerto, con vida política, a fines de 2016.

La farsa política de los camioneros

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez, como farsa.”

En “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte” Marx propone esta idea para recordar que la historia nunca se repite, aunque muchos lo deseen. Lo único que retorna es una parodia del pasado, en un nuevo contexto, desfigurado, que se puede parecer a lo ya vivido, pero de un modo retorcido, patético, como una mascarada engañosa. Por eso el comentario de Marx sirve para interpretar la comedia de errores, absurdos y contradicciones que vivió el país a fines del mes pasado.

La farsa comenzó el 19 de agosto, con el dirigente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), José Villagrán, anunciando una movilización desde Temuco a Santiago: “Vamos a traer varios camiones quemados para que la señora Presidenta sepa que en la Región de La Araucanía hay terrorismo”. Los dirigentes de la CNTC, abiertamente vinculados a la UDI, comprendían que una movilización de “camioneros”, en rigor grandes empresarios del transporte, siempre desata los fantasmas más profundos del inconsciente político chileno: tanto la nostalgia del pinochetismo como los temores más acentuados de la izquierda. Villagrán fue precandidato a diputado de la UDI por el distrito 50 de la región de La Araucanía, y Sergio Pérez Jara, titular de la CNTC, es un abierto nostálgico de León Vilarín, líder del paro camionero de 1972, financiado por la CIA.

Por su parte el gobierno, lejos de bajar el perfil a esta provocación, sobrerreaccionó con una  mezcla de miedo, desorganización y parálisis disfuncional. Y en medio de las enormes tensiones que atravesaron al gabinete, el ministro del interior Jorge Burgos aprovechó el momento para realizar una arremetida directa contra sus contradictores internos, afianzar su autoridad y correr un poco más la cerca en su agenda conservadora. Un balance que no pudo ser mejor para la derecha, tanto la que activó la movilización camionera, como también la derecha alojada dentro del gobierno, que consiguió una serie de objetivos al alero de la paranoica alucinación que se puso en escena.

El símbolo de este triunfo fue la destitución del intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla el 25 de agosto, segundo día de la movilización camionera.  Su remoción era deseada por la derecha política como también por los empresarios a los que les irritaba la forma y el fondo en que Huenchumilla había enfrentado las demandas históricas del pueblo mapuche. Recordemos que el 24 de julio de 2014 el entonces ministro del interior Rodrigo Peñailillo tuvo que enfrentar una interpelación parlamentaria centrada en la estrategia y el discurso de este intendente DC, que señalaba que la naturaleza del conflicto no era policial sino política y su superación exigía la restitución de tierras ancestrales, autonomía territorial y control de los recursos naturales que aseguren su existencia de este pueblo indígena. Huenchumilla les desquiciaba cada vez que afirmaba que “el Estado tiene que aceptar que aquí hay un pueblo diferente, que es el pueblo mapuche y ese pueblo, que sostiene que se le arrebataron sus tierras hace 130 años hoy las está reclamando”.

Pero más allá de su discurso valiente y decidido poco pudo avanzar. Al ser despedido dejó en claro que sus propuestas nunca encontraron apoyo en La Moneda: “Le digo al ministro del Interior que tiene que recibir a los camioneros, que ese es un problema. Le he dicho por meses (a Burgos) que hay que implementar un seguro para reparar a las víctimas y sé que al gobierno no le gusta eso. Le gusta un intendente subordinado, que se quede callado, que le tenga temor a las autoridades y que no sea capaz de dar su opinión. Entonces, en ese sentido, yo creo que soy una piedra en el zapato”, afirmó en respuesta a su relevo.

Un plan premeditado

El plan de la derecha se había preparado de forma minuciosa. A fines de julio había logrado reflotar una rocanbolesca teoría de la conspiración que vinculaba al PC y a movimientos mapuches con las FARC colombianas. Un vínculo ya descartado por la corte suprema colombiana hace seis años y completamente irrisorio para cualquier analista que contemple la completa institucionalización del partido comunista chileno, la difícil relación de este partido con el movimiento mapuche, y más aún, por el contexto de desmovilización en que están inmersas las FARC.  Sin embargo, al ser difundida esta información por radio Bio Bio, adquirió una credibilidad que no se condice con un examen racional de su contenido.

Este montaje mediático preparaba la marcha de los empresarios del transporte y buscaba la caída de Huenchumilla con el fin de lograr metas más ambiciosas: en primer lugar, hundir la política de contención y diálogo intercultural del intendente, para reinstalar el “acuerdo social por la paz”, propuesto por el senador Alberto Espina (RN). La consigna “Paz en la Araucanía ahora”, que la derecha exhibió en esos días, se refiere a este esta política, que mezcla el “garrote represivo” y la zanahoria del clientelismo, y que había sido resistida frontalmente por Huenchumilla. Con la designación como nuevo intendente de Andrés Jouannet, DC “guatón” cercano a Gutenberg Martínez, se espera que “Paz en la Araucanía” avance de forma expedita.

Y este contexto ha preparado el ambiente para el verdadero objetivo empresarial: durante septiembre el Congreso deberá votar la renovación del Decreto Ley Nº 701 de bonificación forestal, instrumento de la dictadura militar que subsidia de forma millonaria a las grandes empresas que mantienen plantaciones de pinos y eucaliptus. El clima de victimismo y paranoia que se ha instalado seguramente tendrá impacto en parlamentarios claves, que no querrán aparecer desafiando a Burgos ni ligados al “terrorismo” anti-forestal mapuche.

El verdadero terrorismo

Todo este montaje ocultaba el engaño: ni los camioneros del 2015 son los de 1972, ni el gobierno de Bachelet es la Unidad Popular. Pero el fantasma de los camioneros “sediciosos” logró una victoria de enorme importancia en el sentido común, la imaginación colectiva y la emotividad imperante. Mientras la derecha desplegó su ofensiva, acompañando con su enorme poder comunicacional todas las etapas del itinerario del grupo de camiones, la subjetividad del país se tiñó de miedo. Un temor que paraliza las demandas de cambio e instala un ambiente defensivo en la izquierda, lo que afecta con mayor rigor a quienes son más críticos y conservan en su memoria el proceso golpista de 1972-73 y la dictadura que desencadenó.

Esta ola de alarma ha permitido reforzar a los sectores  inmovilistas de la Nueva Mayoría, ha dado alas a las tesis del “realismo con renuncia” promovido por los nostálgicos de la vieja Concertación, y ha dejado al descubierto una enorme debilidad gubernamental: descoordinación, conflictos de criterio, contradicciones totales tanto en los contenidos de la política como en la forma de llevarla a cabo. Jorge Burgos, que había pasado por semanas muy complicadas, casi al borde de la renuncia, recuperó su agenda, hizo sentir su poder en el gobierno, dándose el lujo de “informar” a la presidenta sus decisiones. No en vano en esa misma semana Sergio Bitar fue nombrado presidente de un nuevo “consejo consultivo” de la reforma educacional, a todas luces orientado a cepillar los ribetes más progresistas del proceso. Y la derecha apareció como le gusta: los camioneros, a pesar de sus amenazas de bloque de carreteras, fueron recibidos en palacio casi con alfombra roja y fuera de toda programación. Incluso con el nieto del dictador Augusto Pinochet acompañándolos en la puerta del palacio de gobierno.

El papel de Televisión Nacional, no sólo sumándose a la farsa, sino incluso liderándola de forma abierta y descarada, es impresentable. TVN es hoy por hoy un bastión total de la agenda comunicacional de la derecha, lejos de su tradicional e insulso papel en el equilibrio binominal. Por su parte las redes sociales demostraron que no sólo son insuficientes. También pueden ser un recurso manipulable, que sin querer alimenten acríticamente a la agenda conservadora. La histeria de la que se hicieron eco durante la arremetida de los camioneros no contribuyó a actuar con criterio y reforzó la posición de la derecha, empoderando y fortaleciendo su movilización. Queda claro que no se puede avanzar en cambios estructurales sin una política pública de comunicación activa. Se requieren medios de comunicación que den al gobierno un mínimo de autonomía frente al bamboleo al que le somete a diario la prensa empresarial. Sin hacer uso activo de la palabra, sin argumentos, cualquier gobierno que intente algún cambio importante estará desarmado ante un enemigo que no trepidará en dispararle a quemarropa. Ya se huele el olor a pólvora. ¿Cuándo tardará en explotar?

 

III Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo

BREVE ANÁLISIS  CRÍTICO

Álvaro Ramis / Acción A.G.

La III Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, llevada a cabo entre el 13 y el 16 de julio de 2015,  no constituye un “acuerdo histórico”, capaz de garantizar los recursos necesarios para el desarrollo global sostenible. Para el Foro de las OSC sobre FdD la nueva “Agenda de Acción de Addis Abeba” (AAAA) constituye un marco global, básico, necesario, pero insuficiente, que incluso retrocede respecto a los debates de Monterrey y Doha. El documento detalla más de 100 iniciativas concretas que se que orientan a financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta 2030. Pero no logra  ampliar de forma sustantiva los recursos destinados a la cooperación, no incide en la efectiva  recaudación de impuestos y no toma medidas eficaces para luchar contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.

Las observaciones críticas más relevantes se pueden focalizar en 5 puntos:

1: El Foro de las OSC constata la tendencia de los donantes tradicionales a eludir sus responsabilidades y compromisos en el marco de la llamada Ayuda oficial al desarrollo (AOD), colocando el énfasis en la cooperación Sur-Sur, la Movilización de recursos nacionales o en involucrar al sector privado. A nuestro juicio el compromiso del 0,7%, formulado hace más de cuatro décadas, sigue siendo fundamental. Resulta contradictorio que los principales países donantes reiteren, retóricamente, su compromiso de mantener sus contribuciones al desarrollo en el 0,7%, cuando diversos estados han retrocedido de forma significativa en esa responsabilidad durante la última década. El Programa de Addis no aborda el punto de forma decidida y olvida la necesidad de adicionar los recursos necesarios en aspectos climáticos y para la protección de la biodiversidad.

2. La Agenda de Acción no logró recoger la propuesta de del G77 + China, y respaldada por el foro de las OSC, que buscaba establecer un órgano fiscal intergubernamental, transparente, responsable, con recursos adecuados. Una verdadera agencia de Naciones Unidas para la lucha contra los flujos financieros ilícitos y hacer frente a la evasión de impuestos. El acuerdo de Addis Abeba al menos da cuenta del daño que generan los movimientos financieros ilegales, llamando a que se “redoblen los esfuerzos para reducir sustancialmente los movimientos financieros ilícitos para 2030, con miras a erradicarlos, incluso mediante la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción a través de normas nacionales más fuertes y una mayor cooperación internacional”.

El debate reconoció el carácter antidemocrático y profundamente injusto de la actual estructura tributaria internacional y pidió que “las instituciones internacionales y organizaciones regionales competentes publiquen cálculos sobre el volumen y la composición” de esos movimientos ilícitos”. Pero ello no basta. No resulta coherente que se pida a los países en desarrollo recaudar más recursos propios si a la vez no se reforma el sistema fiscal mundial que les impide hacerlo. Para ello todos los países deberían ser considerados en igualdad a la hora de fijar las normas internacionales en materia de fiscalidad.  El mundo en desarrollo pierde un billón de dólares por año por la corrupción y la evasión fiscal, y esos son los recursos que necesitamos para financiar la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. El monto que se evade cada año supera largamente la ayuda al desarrollo. Por eso la lucha por un sistema tributario mundial justo no debe y no puede decaer.

3 Constatamos un imprudente optimismo hacia las fuentes de financiamiento privadas. En particular la AAAA no refrenda compromisos vinculantes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los actores privados en materia de cooperación internacional. Ello evidencia  la ausencia de un reconocimiento central de las funciones del Estado en materias de desarrollo y el impulso al establecimiento de garantías claras de su capacidad para regular en el interés público. Para el foro de las OSC  hay un gran riesgo de que el sector privado socave, más que apoye, el desarrollo sostenible. Ello es particularmente relevante en materia de conflictos de interés en el campo de los derechos humanos y laborales, así como frente a las normas ambientales. Hay un creciente cuerpo de evidencia que corrobora estas preocupaciones por lo que nos inquieta que Addis Abeba refrende un apoyo incondicional a los instrumentos de financiación privados o  combinados con los fondos públicos.

4. Constatamos la ausencia de una evaluación crítica de los acuerdos comerciales internacionales y sus impactos en materia de desarrollo. La política comercial internacional debería abordar críticamente la tradicional dependencia de los productos básicos, los dilemas ligados a las cláusulas de solución de controversias entre inversionistas y Estados, y evaluar el impacto sobre los derechos humanos y la sostenibilidad de todos los acuerdos comerciales, para asegurar su coherencia con las obligaciones nacionales y extraterritoriales de los gobiernos. A la vez Addis Abeba no recogió el desarroll0 normativo de la ONU de los últimos años sobre deuda externa, orientados a mejorar la reestructuración de la deuda soberana y el establecimiento de directrices para el endeudamiento responsable. Tampoco se hizo referencia a la reforma del régimen de derechos especiales de giro, que puede servir como herramienta de financiamiento para el desarrollo y como mecanismo de reforma del sistema monetario internacional.

Es necesario fortalecer el liderazgo político de Naciones Unidas en estas materias para avanzar en las reformas favorables al desarrollo en coherencia con el sistema de derechos humanos.

5. Se debe reconocer como un avance el establecimiento del Mecanismo de Facilitación Tecnología (TFM) debido a su potencial para abordar ciertos problemas sistémicos en la transferencia de tecnología, para que los países en desarrollo puedan aprovechar sus capacidades de innovación. Pero a la vez este fondo se debe complementar con indicadores que permitan evaluar los impactos potenciales de las tecnologías con la participación directa de las comunidades y la sociedad civil. La tecnología no es una panacea para los desafíos del desarrollo, ni es de naturaleza neutra. El conocimiento indígena y tradicional debe ser fuertemente reconocido y promovido, y las innovaciones de la comunidad deben ser apoyadas a la par con los del sector formal.

El AAAA también anunció su interés en promover  un “nuevo pacto social”, en el que todos los países se comprometen a proveer sistemas de protección social y medidas básicas, incluyendo pisos cuantificables, e instó a los Estados miembros a establecer objetivos de gasto en sectores como la salud, la educación, el agua y saneamiento, empleo productivo y el trabajo decente. Estos elementos deberían a partir de la AAAA estar en el centro de las estrategias de desarrollo nacional. Este ha sido ampliamente aclamado como uno de los objetivos globales más importantes  y ambiciosos de Addis Abeba.