Pastores con “olor a lobo” en la Iglesia Católica chilena

Tiempos contradictorios para el catolicismo. Mientras el Papa Francisco alcanza un nivel inigualable de popularidad e influencia internacional, colocándose en el centro de los grandes debates de nuestro tiempo, la jerarquía de la Iglesia chilena enfrenta una caída libre en prestigio y credibilidad. De acuerdo a la encuesta CADEM de agosto de 2015 un 80% declara confiar poco y nada en la Iglesia Católica y un 77% no la considera honesta y transparente. Esta ola de desconfianza abarca también al conjunto de las instituciones gubernamentales, políticas, financieras y empresariales del país, pero se agudiza en el caso de la jerarquía católica chilena debido a una acumulación de escándalos, pésimamente gestionados, que lejos de cerrarse se vuelven a abrir una y otra vez.

El Te Deum de 2015 quedó para la posteridad como el más polémico en muchas décadas. Este 18 de septiembre numerosos parlamentarios, concejales y dirigentes políticos y sociales hicieron pública su voluntad de no asistir a esta ceremonia. Todo el contorno de la Plaza de Armas estuvo cercado por Carabineros y nadie pudo circular a más de una cuadra sin presentar una invitación. A esa distancia grupos de manifestantes protestaron abiertamente. El fondo de estas manifestaciones radicó en la indignación pública ante una serie de revelaciones periodísticas referidas a la conducta de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y su sucesor, el actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quienes intercambiaron una serie de correos electrónicos en 2014[1].

En esos emails ambos dignatarios concuerdan influir ante altos prelados del Vaticano para evitar el nombramiento del periodista Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante de Karadima, en la Comisión Pontificia de Previsión de Abusos Sexuales. Además se refieren despectivamente al sacerdote jesuita Felipe Berríos, conocido por su labor como capellán y fundador de las ONG Un Techo para Chile e Infocap, y planifican una estrategia deliberada para impedir su nombramiento como capellán presidencial en el Palacio de La Moneda. Para ello recurren a los servicios del ex ministro Enrique Correa, un lobbista altamente cuestionado por sus métodos, y acusado como tráfico de influencias. A la vez The Clinic[2]  reveló esa misma semana una serie de cartas entre ambos cardenales, fechadas entre 2006 y 2010 que se pueden interpretar como intentos de encubrir el caso Karadima y proteger al grupo de sacerdotes vinculados a este párroco.

A más de 900 km al sur, y a la misma hora, el obispo de Osorno Juan Barros presidía el Te Deum local ante una treintena de personas, a puerta cerrada, con solo seis de los 35 sacerdotes de la Diócesis local, y con una multitud protestando al frente de la catedral. Barros, denunciado como encubridor y cómplice de los abusos de su antiguo mentor, el párroco Fernando Karadima, no ha logrado legitimarse en su cargo, a pesar de llevar más de seis meses en su nuevo destino. El grupo de laicos que lidera las expresiones de repudio a Barros expresó en esta ocasión: “Un Obispo que tiene dividido a sus laicos, dividido al clero Osornino, que ha provocado una herida que el pueblo Osornino no sabe cómo sanar. Un obispo que se niega al diálogo, que no participa en ningún acto cívico en la ciudad, este pastor ya no puede ser pastor”,

Cuando se piensa que la larga crisis abierta por un escándalo parece amainar, nuevas revelaciones y denuncias de prensa vuelven a demoler la confianza en un sector del episcopado, sin que los obispos cuestionados respondan de una forma mínimamente aceptable a las demandas eclesiales y sociales por transparencia, buen gobierno y confiabilidad. El contraste entre la revolución de Francisco, que orienta con su ejemplo a ser una Iglesia de “pastores con olor a oveja”, y la actitud de permanente complot e intriga de este tipo de obispos chilenos deja en evidencia la existencia de “pastores con olor a lobo”.

Este es el fondo del dilema que lastra al catolicismo chileno. Una pequeña manada de lobos, complotados y confabulados, ha logrado en las últimas dos décadas hacerse de un gran poder, pero de una manera opaca y artera. Y han ejercido sus cargos de forma irresponsable y arbitraria. Desenredar esa madeja de intereses y complicidades, cruzadas y recíprocas, parece una tarea titánica, especialmente si los “lobos”, tal como dice Jn. 10,11 se dedican a arrebatar y dispersar a las ovejas. Sólo un Buen Pastor, aquel que esté dispuesto a dar su propia vida, sería capaz de articular las voluntades para que exista “un solo Rebaño y un solo Pastor”.

En esto el evangelio es muy claro al proponer un criterio verificador de la legitimidad del pastor: “Yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí”. El Buen Pastor,  que puede devolver la armonía perdida a la comunidad eclesial, es aquel que reconoce la primacía del Sensus fidelium como aquella capacidad de los fieles de discernir en medio de la confusión y descubrir la verdad, no como adecuación formal a lo legal o a lo normado, sino como aquello que se hace evidente desde la experiencia. El Sensus fidelium es, hoy por hoy, en medio de las complejas aguas por las que navega la barca eclesial chilena, la única brújula que puede hacernos encontrar un puerto seguro. Esperemos que el Papa Francisco, al que esperamos en 2016, nos ayude a percibir lo que el olfato del rebaño está captando en este tiempo convulso.

[1] El Mostrador9/09/2015

[2] The Clinic 10/09/2015

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Chile del 2030

Estamos a pocos días de la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este evento tiene un doble sentido. Es el momento en el que culminará el plazo para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), sancionados en la Cumbre del año 2000. Y dará lugar al lanzamiento de un nuevo programa de desarrollo, orientado a los próximos 15 años, llamado “El camino hacia la Dignidad en 2030”, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas metas -en parte- profundizan los 8 ODM del 2000, pero en otros aspectos constituyen una auténtica novedad, ya que amplifican y ensanchan la noción de desarrollo.

Chile llega a este momento sin una clara evaluación de sus avances reales y efectivos respecto a los ODM. Esta carencia es una primera limitación a la hora de asumir nuevas exigencias. El último informe del gobierno chileno, presentado en 2014, es muy genérico y se limita a destacar la persistencia de graves inequidades y desigualdades en distintos niveles y aspectos[1]. Al menos este reconocimiento es importante ya que los ODM no apuntaban a la desigualdad como un aspecto central en su diseño y propuesta, más bien se centraban en un enfoque basado en la “superación de la pobreza”, entendida como carencias básicas y ausencias de capacidades fundamentales. La referencia a los aspectos ambientales (objetivo 7) tampoco era asumida plenamente como una estrategia transversal, sino más bien era un aspecto complementario a los objetivos netamente sociales.

Chile se instala en el proceso de los ODS como país rentista/extractivista. El año pasado el 57% de las exportaciones tuvieron su origen en la minería, lo que representó un 13% del PIB entre 2008 y 2013. Aunque paradojalmente sólo un 9% de los ingresos tributarios tuvo origen minero en 2014. Ello también se expresa en otras áreas clave de la economía chilena: la pesca de arrastre, la industria forestal y la banca/sistema de AFP son casos particularmente sensibles, ya que generan millonarias ganancias, altamente concentradas, pero sin producir beneficios sociales relevantes, acordes a la magnitud de su peso financiero. En todos estos casos se constatan enormes costos asociados directamente a estas actividades, que se traspasan a la ciudadanía bajo la forma de “zonas de sacrificio” ambiental o “capturas de renta” que expolian ilegítimamente los ingresos de los asalariados. ¿Cómo afrontar la agenda de los ODS en este contexto? No es lo mismo asumir la agenda de la dignidad 2030 con una economía basada en el conocimiento y la innovación científica, que bajo condiciones altamente dependientes del precio de los commodities.

Además, la presidenta Bachelet asistirá a la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible en medio de un debate nacional que tiene directa relación con el cumplimiento de su agenda de reformas. Sometida al criterio del “Realismo sin renuncia”, parece tensionada entre las dificultades del contexto económico, las desavenencias políticas de su coalición, las contradicciones a nivel de gestión y las altas expectativas a nivel social. Si el gobierno tiene una mirada estratégica, los ODS pueden ayudar a superar estas disputas, constituyendo un marco ideal para retomar la iniciativa política, e integrar el impulso al cumplimiento del programa desde una perspectiva más amplia, que apunta a la responsabilidad internacional de nuestro país.

Este difícil contexto revela que alcanzar avances significativos en los ODS exigirá a Chile que su contenido tenga el máximo respaldo institucional y legal, al más alto nivel y de manera estable en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno. ¿No sería adecuado que la agenda de los ODS, con el horizonte puesto al 2030, se constituya en el gran relato que impregne el Proceso Constituyente, y permita orientar el contenido de la Nueva Constitución? Esta idea no es menor, si se piensa que una Constitución no sólo es un conjunto de procedimientos orgánicos institucionales. También debe tener una dimensión teleológica, basada en un programa de desarrollo nacional ampliamente respaldado a nivel nacional e internacional. Los ODS pueden constituirse en esa “mirada-país”, asimilada y compartida, que otorgue a la Nueva Constitución la profundidad conceptual y la legitimidad ciudadana que necesita.

[1] Gobierno de Chile (2014)  Objetivos de desarrollo del Milenio, Cuarto Informe. Ministerio de Desarrollo Social, p. 8.

En defensa de Fundación CEPS

Sr director

En su editorial titulada “enfermos de poder” usted realiza un análisis de diversos casos de manipulación de la información por parte de distintos  gobiernos.  Y cita como ejemplo de ello a la Fundación CEPS de España, a la que atribuye haber diseñado “aparentemente” una estrategia comunicacional para el gobierno venezolano basada en “media verdades”.

Justamente la inclusión de ese ejemplo, bajo el epíteto de la apariencia, es un caso ejemplar de manipulación, en la medida en que se hace eco de aparentes opiniones, de aparentes fuentes, que aparentemente habrían dado fe de este hecho. Un análisis preciso debería haber reparado que CEPS viene siendo objeto de ataques por parte de la prensa conservadora española desde comienzos de este año debido a que varios miembros del nuevo partido Podemos realizaron actividades profesionales en esa institución. Acusaciones lanzadas al voleo y que han sido desmentidas una y otra vez. En ese contexto sería atinado ponderar las aparentes fuentes de las que se dispone para aplicar la prudencia y concluir que aparentemente estas acusaciones tienen algo que ver con el proceso electoral español. Vale la pena tener en consideración porque las apariencias engañan.
Álvaro Ramis Olivos