El Frankenstein imperial fuera de control

Los atentados de Paris, perpetrados por el grupo criminal Daesh[1] (mal llamado ISIS) no se pueden explicar sin una amplia perspectiva política e histórica. Para ello retrocedamos sesenta años a la Conferencia de Bandung (Indonesia) celebrada en 1955. Bandung fue convocado por tres líderes de talla universal: Gamal Abdel Nasser, de Egipto, Jawaharlal Nehru, de India y Sukarno, de Indonesia. Su objetivo fue preparar una alianza global destinada a promover la cooperación política, económica y cultural entre los países del tercer mundo, en abierta oposición al neocolonialismo, al racismo y al imperialismo, como también contra la subordinación acrítica a la Unión Soviética. Las “naciones oscuras”, sin importar sus diferencias religiosas, geográficas y raciales, se pusieron de pie, y conquistada su independencia, reclamaron el derecho a desarrollar un proyecto propio, basado en su singularidad histórica y cultural. Nació así el Movimiento de Países No Alineados que integró rápidamente a Cuba revolucionaria y a Yugoslavia socialista. Un proyecto tricontinental.

Este movimiento enfrentó a tres grandes enemigos: en primer lugar a las élites extractivas presentes en cada país que conspiraron para torcer este programa de emancipación. Luego a la oposición de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos, que concertó cientos de golpes de Estado. Por ejemplo, Sukarno fue derrocado por un cruento golpe militar en 1965 al que siguió la masacre de un millón de indonesios, en su mayoría militantes del Partido Comunista, miembros de la minoría china, y militantes de izquierda en un amplio sentido. Y el tercer enemigo fueron las monarquías ultraconservadoras y teocráticas del Medio Oriente, como Arabia Saudita y los emiratos del Golfo Pérsico. Para estos regímenes la propuesta de los No Alineados representaba una amenaza directa, ya que proponía una alternativa que asumiendo los valores locales, los canalizaba en una perspectiva progresista y de justicia social. Por ejemplo, Nasser impulsó decididamente la incorporación de la mujer egipcia en todas las tareas y roles de la sociedad y terminó con el feudalismo. Pero a la vez, sostenía que el socialismo no era incompatible con el Islam. Su discurso remitía al profeta Mahoma como fuente de inspiración para el proyecto que proponía.

En ese momento las casas dinásticas árabes se dieron cuenta que la batalla por su supervivencia les exigía un esfuerzo ideológico y logístico de largo plazo. La familia Al-Saud de Arabia y los emires del golfo reforzaron sus lazos con la secta del wahhabismo y la comenzaron a instituir como la corriente oficial del islam sunita. Para eso fundaron en 1962 la Liga Islámica con la que crearon una enorme cadena de instituciones de formación, generosamente financiadas, expandiendo la construcción de mezquitas y centros de estudio coránicos pro saudíes por todo el mundo. La liga islámica nunca ha ocultado que su objetivo es promover la aplicación de la Sharia o ley islámica, a nivel global, para restaurar la pureza de un Islam aparentemente contaminado por innovaciones, herejías e idolatría. Este proyecto permaneció en las sombras durante décadas. Pero a fines de los setenta la CIA se dio cuenta de su enorme potencial anti-revolucionario en el contexto de la disputa imperialista por Afganistán.

La criatura monstruosa ataca a su creador

Desde ese momento EEUU comenzó a apoyar decididamente el proyecto wahhabita, expandiendo sus áreas de influencia. En septiembre de 1985 el presidente Ronald Reagan recibió a los líderes talibanes afganos en el salón oval de la Casa Blanca, y les calificó de “el equivalente moral de los padres fundadores de los Estados Unidos[2]“. A esa altura los yihadistas ya habían asesinado al presidente egipcio Anwar el-Sadat en 1981, y estaban desplegando en sus territorios el mismo nivel de violencia que conocemos hoy. Pero en ese momento a Occidente no le importó, porque era una violencia dirigida contra el “enemigo soviético”, los gobiernos antiimperialistas y contra los movimientos antiautoritarios y democráticos que luchaban en contra de las petro-monarquías absolutas, aliadas estratégicamente con Estados Unidos y sus aliados.

La cooperación de los servicios de inteligencia occidentales con los islamistas wahhabitas nunca se ha cortado, ni siquiera después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que la base de este vínculo es el pacto de sangre entre Estados Unidos y esas monarquías árabes. De allí el apoyo occidental a las cruentas incursiones militares sauditas en contra de los movimientos democráticos de Bahrein en 2011 y en Yemen, desde 2012 hasta hoy. Si realmente Occidente quisiera acabar con Daesh confrontaría a sus ideólogos, financistas y padrinos políticos, que están en Riad, Dubai, Kuwait o en Abu Dabi. En cambio prefiere seguir ganando millonarias licitaciones para seguir construyendo sus hoteles y sus infraestructuras. Incluso la Copa FIFA 2022 ha sido comprada por Catar. Turquía permite impunemente que Daesh utilice su territorio para traficar el crudo procedente de pozos bajo su control, lo que le reporta al grupo unas utilidades de un millón de dólares diarios. Y a la vez bombardea las guerrillas kurdas que combaten heroicamente a Daesh en Rojava.

A estas alturas Estados Unidos ya no puede ocultar estas evidencias. En una entrevista de 2014 la exsecretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton reconoció esta política al afirmar “Financiamos mal a rebeldes sirios y surgió Estado Islámico[3]“. Y en mayo de 2013 el senador republicano John McCain se reunió públicamente con Ibrahim Al Sadri, hoy conocido como Abu Bakr Al Bagdadi, líder de Daesh, presentándolo como un “rebelde sirio moderado”. Estados Unidos ha contribuido a crear un Frankenstein yihadista con varias cabezas (Al Qaeda, Frente Al-Nusra, Boko Haram, Daesh, etc.) que ya nadie puede controlar, ni siquiera sus financistas y padrinos de la las petro-monarquías. La criatura monstruosa se expande y se vuelve cada día en contra su creador.

Los que cosechan en esta confusión son los conservadores en ambos campos. La candidata presidencial de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, no ha tardado en afirmar: “Es absurdo separar el peligro yihadista de la oleada de inmigrantes”, exigiendo la expulsión de los refugiados que escapan de Siria y las regiones en guerra civil. Y por su parte Daesh publica videos en contra de esos refugiados, donde los sentencia a muerte como traidores “¿Cómo pueden preferir la vida en Europa cuando nosotros hemos creado el califato, el Estado más perfecto?”.

Lecciones para la izquierda

Los enemigos de la Conferencia de Bandung nunca han perdido su orientación estratégica. Han logrado una y otra vez impedir que los pueblos del  Sur global puedan consolidar una alternativa democrática, basada en un modelo de desarrollo justo y solidario. Para ello han hecho de las etiquetas religiosas una forma eficaz de dividir y fragmentar la unidad de los oprimidos. Han logrado instalar la “guerra” entre civilizaciones y religiones como un escenario propicio a sus intereses, que desplaza la confrontación real, que se expresa entre el proyecto emancipador de los pueblos y el programa de las oligarquías nacionales y los imperialismos.

El objetivo del wahabismo es apropiarse del Islam, tal como en Occidente el integrismo y el fundamentalismo cristiano trata de apropiarse de esta religión por medio de movimientos ultraconservadores, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, o las sectas neopentecostales dependientes de Estados Unidos. De esa forma, adquieren un capital simbólico que les permite identificar su proyecto con los intereses de todo un pueblo, que olvidando su opresión, termina considerando a sus tiranos como sus protectores y benefactores.

Pero las principales víctimas del yihadismo no son occidentales. La guerra civil Siria ya ha sobrepasado los 350000 muertos. El atentado del 10 de octubre pasado en Ankara (Turquía), en una manifestación por la paz convocada por la izquierda, mató a 97 personas. El atentado en Beirut del jueves 12 de noviembre causó 44 muertos. El atentado múltiple del 15 de noviembre de Boko Haram en Nigeria causó al menos 100 muertos. Pero de estas víctimas nadie habla porque se trata de sirios, izquierdistas turcos, kurdos, nigerianos y chiitas libaneses.

Por eso cabe afinar el criterio, recordando una sabia reflexión que nos entregó Lenin en 1909: “¿Por qué persiste la religión entre los sectores atrasados del proletariado urbano, entre las vastas capas semiproletarias y entre la masa campesina? Por la ignorancia del pueblo, responderán el progresista burgués, el radical o el materialista burgués. En consecuencia, ¡abajo la religión y viva el ateísmo!, la difusión de las concepciones ateístas es nuestra tarea principal. El marxista dice: No es cierto. Semejante opinión es una ficción cultural superficial, burguesa, limitada. Semejante opinión no es profunda y explica las raíces de la religión de un modo no materialista, sino idealista. En los países capitalistas contemporáneos, estas raíces son, principalmente, sociales. La raíz más profunda de la religión en nuestros tiempos es la opresión social de las masas trabajadoras, su aparente impotencia total frente a las fuerzas ciegas del capitalismo, que cada día, cada hora causa a los trabajadores sufrimientos y martirios mil veces más horrorosos y salvajes que cualquier acontecimiento extraordinario, como las guerras, los terremotos, etc. El miedo creó a los dioses[4]“.

[1] Al-dawla al-islâmiyya fi l-‘Irâq wa l-shâm, Estado islámico de Irak y Siria.

[2] http://www.businessinsider.com/reagan-freedom-fighters-taliban-foreign-policy-2013-2

[3] http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/hillary-clinton-failure-to-help-syrian-rebels-led-to-the-rise-of-isis/375832/?single_page=true

[4] V. I. Lenin “Actitud del partido obrero hacia la religión”.

El cartel de los Matte: arrogancia, hipocresía e impunidad

El diputado Eduardo Matte Pérez, antepasado directo de la familia Matte Larraín, controladora de la empresa papelera CMPC, afirmaba en 1892: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio[1]”. Fieles a esta máxima, sus descendientes han mantenido ante todo su permanente arrogancia como dueños de Chile. Durante la Unidad Popular su papelera se transformó en la empresa símbolo de la derecha golpista, que la defendió con uñas y dientes frente a sus trabajadores, que pedían su traspaso al área social. Luego del 11 de septiembre de 1973 un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve trabajadores de la CMPC de las localidades de Laja y San Rosendo.  La lista negra de los detenidos la habría confeccionado la empresa, los vehículos que los trasladaron eran de la empresa.

Esta familia durante decenios ha marcado el acontecer nacional entre bambalinas, manejando la opinión pública desde el Centro de Estudios Públicos y sus encuestas “fabrica-candidadatos”. Sólo en 2013 la CMPC gastó más de 1.3 millones de dólares en financiamiento a campañas políticas[2], superando ampliamente el “tope legal”.

Los Matte se han paseado todos estos años por Chile como por su fundo particular, predicando su particular doctrina liberal en lo económico y conservadora en lo valórico. Patricia Matte,  experta en educación privada, es miembro del movimiento laical de los Legionarios de Cristo, fundados por el pederasta y depredador sexual Marcial Maciel. Y Eliodoro Matte y su mujer, Pilar Capdevila, fueron los principales financistas y defensores del ex párroco del El Bosque Fernando Karadima, llegando a interferir en la investigación del Ministerio Público que constató sus abusos.

Mientras tanto el Estado ha subsidiado durante décadas la producción de la papelera por medio del Decreto Ley 701, promulgado en plena dictadura para subvencionar a los privados por el concepto de “reforestación”. Desde que se dictó este Decreto Ley se han entregado más de 870 millones de dólares por esta vía, focalizándose estos dineros en más de un 70% en grandes empresas forestales, de entre las cuales la mayor es la CMPC de los Matte.  Y en 2016 se ha presupuestado una transferencia de $326.979.000 millones de pesos bajo este mecanismo.

El origen de la crisis

En junio de 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú inició una investigación a la CMPC por sospechas de colusión. En ese país los Matte controlan el 56% del mercado del tissue. A raíz de esa primera señal Colombia también comenzó un procedimiento similar, lo que fue seguido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de nuestro país. Ante la inminencia de la persecución la CMPC recurrió a la autodenuncia, la que efectuó justo a tiempo para aparecer como beneficiario de la delación compensada, lo que mitigará cualquier atisbo de sanción. Todo apunta a que CMPC  buscará limitar la responsabilidad de los hechos en SCA; la otra empresa coludida, y particularmente en el ex socio de PISA, Gabriel Ruiz Tagle (ex ministro de deporte de Sebastián Piñera y unos de los operadores directas del ilícito). SCA enfrentaría una multa por 15 millones de dólares mientras  CMPC no sufriría multa alguna al haberse acogido a la “delación compensada”, por lo cual obtendrá beneficios por haber reconocido el delito.

Las cifras de la colusión constatan que durante 10 años el cartel formado por la papelera del grupo Matte y los suecos de SCA Chile (Ex PISA), lograron manipular los precios y cuotas de mercado en la industria del papel tissue. Por esa vía se estima la CMPC logró un sobreprecio por $275.558.000.000. El equivalente al robo de un auto de gama básica por cada familia chilena. En esos años mientras el precio de la Celulosa subió 5%, el precio del Papel Higiénico aumentó un 34%.

Para colmo, durante las primeras 48 horas del escándalo las acciones de la  CMPC perdieron US$ 646,7 millones de su capitalización bursátil. En una buena parte estas acciones están en manos de las AFP, por lo cual la pérdida se traspasará directamente a sus fondos de pensiones.  Se calcula que las #AFP han invertido US$3.612 millones de las cotizaciones de los trabajadores en las 8 empresas del grupo.

El doble discurso

El 5 de noviembre de 2015 el CEP, think tank financiado y dirigido por el clan Matte, preparaba un evento especial. Se titulaba “Regulando a regulador: hacia un balance entre la independencia y el poder de la autoridad”. A última hora el seminario se suspendió por obvias “razones de fuerza mayor”.  Este tipo de eventos públicos han marcado la agenda del CEP. Bajo un marco intelectual lleno de sutilezas, la agenda siempre ha sido la misma: desregulación del mercado y laissez faire edulcorado por argumentos que seducen a los que se olvidan de quienes financian y orientan la discusión. Por algo Carlos Peña reaccionó al affaire diciendo que “Eliodoro Matte es un hombre muy poderoso, tiene no solo dinero, tiene influencia, tiene una institución cultural estupenda que ha sabido manejar con gran sagacidad, con apertura”.

La colusión es imposible sin concentración empresarial. En un mercado muy diversificado es imposible coordinar y mantener en silencio a un conjunto amplio de actores. Pero un duopolio del papel, o una tríada de cadenas de farmacias, un par de empresas productoras de pollo, unas tres grandes líneas de buses o unas pocas empresas del asfalto son fácilmente  Y por eso, más allá del papelón transitorio que , están muy tranquilos. Saben que controlan un mercado muy concentrado, donde abastecen una serie de productos básicos y la legislación les es muy amigable. Conseguir y mantener esas regalías  no ha sido obra de un día. La arquitectura financiera, legal y política del país la han amoldado a sus intereses por una vía que ha mezclado la persuasión, la componenda y el clientelismo.

El pasado 8 de octubre, en presencia de la presidenta de la República y varios ministros, Eliodoro Matte Larraín pronunció un discurso titulado “La importancia de recuperar confianzas” en donde criticó frontalmente las reformas del último período, enfocando en ellas en centro de las “desconfianzas empresariales. En la ocasión dijo:  “Las fuentes de desconfianza son de otra naturaleza: la poca calidad y urgencia de las reformas, el escaso tiempo que ha habido para deliberar seriamente en torno a ellas. Las reformas tributaria, educacional y laboral han generado polémica y discusión no sólo por intereses, sino porque nos parece que no ha sido suficientemente meditada la jerarquización de fines, ni tampoco los mejores instrumentos políticos. Hay una percepción de que una inflación de fines no necesariamente ayuda a las próximas generaciones. Una creciente distancia entre ‘nosotros’ y los ‘otros’ genera inevitablemente desconfianza”. Mientras se lamentaba por la “desconfianza” que generan los cambios democráticos, Matte mantenía su contubernio para expoliar a los consumidores.

Llegó la hora de poner fin a este ciclo. La agenda de cambios debe ser inmediata. Debe partir por poner fin al DL 701 que subsidia a las forestales. En segundo lugar se debe exigir una compensación económica  a la CMPC y SCA que al menos triplique las ganancias obtenidas. En tercer lugar es urgente promulgar una ley de responsabilidad penal empresarial, que impida la concentración del mercado y luego sancione efectivamente los actos de colusión.

Ya no es argumento sostener que la actual legislación, promulgada por Ricardo Lagos, colabore a la reducción de este fenómeno. Más bien incentiva a las empresas coludidas a asumir el riesgo, asumiendo que pueden salir impunes de su aventura si son astutas y recurren a la delación compensada. Una ley inteligente de responsabilidad penal empresarial debe prevenir estos delitos impidiendo la concentración del mercado, y generando una distinción entre la responsabilidad de los ejecutivos, a los cuales se les puede aplicar la delación compensada, y la responsabilidad de los dueños, con los cuales nunca debe haber contemplaciones, ya que su función prioritaria es fiscalizar a quienes han delegado la administración de sus bienes y que actúan bajo su directo mandato.

 

[1] Gabriel Salazar (2014)  La enervante levedad histórica de la clase política civil, Debate, Santiago.

[2] Reporte de desarrollo sostenible CMPC 2013.

La oportunidad Constituyente

Le Monde diplomatique, noviembre de 2015

Finalmente, luego de meses de espera y elucubraciones, la Presidenta Bachelet ha clarificado del itinerario político y legislativo hacia una Nueva Constitución. De esta forma responde a una necesidad imperiosa, que tras décadas de postergaciones ha terminado por obligar a trazar un itinerario institucional hacia una solución constitucional que sea cualitativamente superior a la actual.

Nada ilustra mejor la necesidad de lograr una Nueva Constitución que el propio devenir de las reformas más importantes que el actual gobierno está impulsando. Hoy todas ellas corren grave riesgo debido a que la UDI ha amenazado con llevarlas al Tribunal Constitucional, que actuando de facto como una tercera cámara legislativa, cercenaría lo la voluntad parlamentaria ya ha aprobado. En concreto, en el caso del aborto, se estima que al menos la causal referida a la violación será declarada inconstitucional y los aspectos más progresistas de la reforma laboral y educacional correrán similar destino.

El diseño del Proceso Constituyente que se propone es complejo, pero que no está cerrado a ninguna posibilidad, a ningún tema, ni a ningún sector de la sociedad. Se iniciará por medio de una etapa de educación cívica y constitucional, que tendrá dos fases: la primera, de carácter más informativo, durará hasta marzo de 2016. Y la segunda, deliberativa, funcionará entre marzo y octubre de 2016, para arribar a un documento “madre” llamado “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”. Todo ello supervisado por un “Consejo Ciudadano” plural y representativo.

Luego de esa etapa el gobierno enviará un proyecto de reforma a la actual Constitución para que el actual Congreso habilite al próximo, a elegir en 2017, para que decida el mecanismo de elaboración y discusión de la nueva Constitución, agregando un nuevo capítulo (el número 16) que habilitaría el proceso. De esa forma, el nuevo parlamento,  electo sin el sistema electoral binominal, deberá escoger (bajo un quorum de 3/5) entre cuatro alternativas para elaborar la nueva Carta Magna:

  1. Una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados;
  2. Una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos;
  3. Una Asamblea Constituyente.
  4. Y de forma complementaria a la AC, el parlamento podría delegar en el pueblo esta decisión sobre las tres alternativas convocando a un plebiscito.

El gran límite en esta hoja de ruta es que la primera reforma constitucional, la que adiciona el capítulo 16, ya que exige una aprobación por 2/3 de los miembros en ejercicio. Una cifra muy elevada que exige algunos votos de la UDI, que hasta ahora aparece monolíticamente cerrada a todo cambio constitucional.

¿Qué hacer si esta vía no se abre, y no se logran los 2/3? No es viable pensar un regreso a cero, ya que entonces el país ya habrá pasado por un primer momento constituyente, en el cual la elaboración de las “bases ciudadanas” ya habrá consolidado un “mandato constituyente originario”, que se enfrentará en los hechos a la Constitución de 1980.  La validez y legitimidad del mandato ciudadano, contenido en las “bases ciudadanas”, frente a la facticidad del orden vigente. Se tratará de un momento político de profunda importancia, ya que revelará la existencia de un poder dual, en el que la legalidad formal se verá desafiada simbólicamente por una nueva legitimidad democrática que cuestionará su capacidad de  obligar y sancionar.

En ese momento sería necesario acudir a la voluntad popular para dirimir. Una opción que no se debe descartar, aunque la presidenta no lo haya señalado explícitamente, es que ante imposibilidad de alcanzar los 2/3 el gobierno proponga una reforma del capítulo 15 para permitir la convocatoria a plebiscito desde la presidencia. Esta reforma, que sólo requiere un quorum de 3/5, podría permitir que la ciudadanía se pronuncie y que esa manifestación ayude a superar el impasse catastrófico que clausura la posibilidad de abrir una vía a una nueva Constitución.

Por supuesto, también cabe la vía más simple, directa y legalmente intachable de transformar en “elecciones plebiscitarias” las presidenciales y parlamentarias de 2017, con el fin de clarificar la fuerza de quienes se abren a una nueva Constitución y de quienes se cierran al proceso. Una vía que muestra amplio apoyo, constatado incluso por  encuestadoras abiertamente ligadas a la derecha política[1].

Esta vía, que fue la que determinó el debate en las recientes elecciones autonómicas catalanas, no resulta inviable, si se sobreentiende que la verdadera llave que abrirá el nuevo ciclo político radica en la contundencia de la demanda por una Nueva Constitución. Todos los actores deberían definirse, y la conformación de los bloques electorales debería articularse bajo este criterio.

La pregunta por la Asamblea Constituyente

Es evidente que la Constitución a la que arribemos dependerá del mecanismo de redacción escogido. Mientras más elitista y parlamentaria, más probabilidades de que las “Bases ciudadanas” del borrador original se vean desdibujadas y recortadas. En cambio una Asamblea Constituyente podría garantizar una mayor fidelidad a ese documento, en tanto los actores incumbentes estarían más limitados y se podría incidir en la incorporación de los intereses ciudadanos, en especial de sectores excluidos mediante cuotas de género, de pueblos indígenas, etc. Ello explica que los regímenes autoritarios y las dictaduras prefieran las comisiones de expertos como vía de cambio de constitucional, mientras que el método propio de las democracias consolidadas sea la Asamblea Constituyente[2]

El itinerario propuesto por la presidenta ha despejado el fantasma que los adversarios a la Nueva Constitución y a la Asamblea Constituyente habían urdido para asimilarla a una ruptura institucional. Se trata de un proceso que manteniéndose estrictamente dentro de los marcos de actual Constitución, busca superar sus clausuras pétreas introduciendo un componente de legitimidad democrática.

Para que ello acontezca es importante que asegurar que todos los temas, incluyendo el de la propiedad privada, sean incorporados al debate. Se debe garantizar la inclusividad y representatividad en la etapa deliberativa a desarrollarse en 2016. Esa “agregación” de opiniones deberá incorporar la voz de los que siempre se quedan debajo de la mesa: mujeres, indígenas, pobladores, etc. desde su propia voz y no sólo por la de sus representantes. Y lo más difícil, asegurarse que las bases ciudadanas no se transformen en un documento de especialistas y jurisconsultos que  traicionen la letra y el espíritu de los diálogos ciudadanos.

Para ello el “Consejo Ciudadano de Observadores” que deberá acompañar el proceso tendrá un rol clave, ya que su papel será el de garantizar la representatividad y la fidelidad de las “bases ciudadanas de la Nueva Constitución” a la  experiencia de deliberación que acontecerá en 2016. Para eso deberá tener atribuciones efectivas de auditar socialmente todo el proceso.

El Gobierno y la Nueva Mayoría deben declarar desde el inicio del proceso que están dispuestas a respetar y hacer suyas las “bases ciudadanas”, en tanto expresión de un mandato democrático de la ciudadanía. Ello debe implicar un compromiso político explícito orientado a concretar su institucionalización por una vía que integre la viabilidad política como también el respeto por  la materialidad del mandato originado en todo este proceso.

Todo el Proceso Constituyente se debe concebir bajo la lógica de la democracia participativa y deliberativa, y no sólo bajo la racionalidad de la democracia representativa. Se debe garantizar la más amplia, masiva, libre e informada apertura del proceso a toda la ciudadanía, sin excepciones ni discriminaciones. Debe atender especialmente a las exclusiones históricas basadas en motivos geográficos, etarios, raciales y de género. Debe ser claramente acotado en su cronograma temporal. Y debe propender a que los medios de comunicación públicos respeten las más diversas expresiones ciudadanas que se manifiesten al calor de esta discusión.

El carácter deliberativo otorgará viabilidad y credibilidad al proceso, reforzando la confianza en las autoridades e instituciones. Por eso se debe aspirar a una participación efectiva, que incluya la oportunidad efectiva de los ciudadanos de participar en la discusión política y de encontrarse en la posición de influenciar de forma clara y efectiva la elección pública. El gobierno debe garantizar durante todo el proceso la plena autonomía de la ciudadanía, tanto a nivel individual como también a la sociedad civil organizada, asegurando que el mecanismo de agregación de opiniones respete, valide y atestigüe de forma veraz y fiable sus intervenciones.

[1] Plaza pública CADEM nº 92 sostiene:  “un 71% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución y un 62% apoya plebiscitar el mecanismo para esta nueva Constitución”.

[2] PNUD Chile. “informe sobre Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo”, Santiago, 2015.