La tragicomedia de la gratuidad

La maraña de engaños, ineptitud e intrigas ha rodeado el rechazo a la glosa presupuestaria para la gratuidad en educación superior pide analizar el suceso como una obra teatral. Una tragicomedia del absurdo, donde la trama no sólo careció de sentido, los diálogos fueron falsos y no existió una mínima secuencia narrativa. La incoherencia de la obra entraña una tragedia profunda, que se expresa en que todo un pueblo ha sido capturado por una minoría de fanáticos clepto-capitalistas que le impiden salir de la jaula de hierro institucional en la que le han secuestrado.

La obra se estrenó en un peculiar escenario: una cárcel virtual, sin barrotes visibles. Al inicio parecía que los actores vivían en el reino de la libertad absoluta. Podían gritar, hacer largas marchas para exigir los derechos que consideraban justos. Incluso se dieron el lujo de escoger un gobierno que declaró “escuchar” sus demandas. Y este gobierno además tenía (en teoría) la mayoría parlamentaria para alcanzar estos objetivos. La tragedia se desató porque esta escenografía escondía una trama. En realidad los protagonistas no podían escapar a los límites que les habían fijado sus captores, en una cárcel constitucional en cuya cima se ubicaba un antidemocrático tribunal de censores que decidían en última instancia lo que se podía tolerar este peculiar territorio.

Presentemos a los protagonistas: primero al movimiento estudiantil. Luego de décadas de lucha, las grandes manifestaciones de 2011 se sintetizaron en los principios de educación pública, gratuita, laica y de calidad. Esto supondría una transformación de aspectos basales del modelo económico y jurídico. No ea posible resolver la gratuidad, por medio de una glosa presupuestaria o de una “ley corta” dentro de la racionalidad vigente. Se necesitaría una Ley General de Educación Superior que rediseñara las bases de las actuales universidades y centros de formación técnica. Pero esa nueva Ley no cabría en la racionalidad de la actual Constitución. De allí que la principal consigna de los estudiantes en 2015 fue discutir los objetivos estratégicos de la reforma, impidiendo que su empantanamiento en mecanismos inmediatistas y electoreros, sin atender a la naturaleza político-estratégica de la discusión.

La demanda por gratuidad había cambiado el eje el debate, desde el financiamiento de “individuos meritorios”, que acceden a unas instituciones universitarias desreguladas, y que compiten por captar sus matrículas, a concebir la educación como un bien público, por lo cual lo que se debe financiar es a algunas instituciones que provean este servicio. Los méritos a cumplir deberían recaen en las instituciones. Las universidades (o CFT) que recibieran el financiamiento deberían cumplir estándares mínimos de calidad, justicia, derechos humanos, democracia, pluralismo, pertinencia social y productiva, etc.

El segundo actor en escena eran los intereses económicos y políticos que se enfrentaron a este programa. Se oponen porque el modelo les ha permitido hacer de la educación superior un negocio de altísima rentabilidad. Chile es el 4° país más caro en el mundo en estudios universitarios, con aranceles que equivales al 73% del Salario Promedio[1]. Y a la vez este extraordinario negocio les ofrece una fuente casi ilimitada de reproducción de su poder simbólico, político y cultural. De allí que el único objetivo de este actor sea mantener el statu quo, porque sus condiciones ya no pueden ser mejores. Han llegado a su “óptimo de Pareto” político y económico porque ya no pueden lograr nuevas mejoras para sus intereses. A tal desfachatez llegó su actitud que el rector U. San Sebastián, Hugo Lavados (DC) señaló que “si Ues lucran es por incapacidad fiscalizadora del Estado”. En simple, su argumento era “si no me fiscalizan lucraré descaradamente”.

El tercer actor en escena es un gobierno que nunca hubiera llegado al poder si no hubiera ofrecido un programa de reformas que se hacía cargo de las demandas del movimiento estudiantil. En su famoso discurso inaugural en El Bosque, Michelle Bachelet partió diciendo: “sabemos que hay un malestar ciudadano bastante transversal. Lo hemos visto en los estudiantes, en su movilización por una educación gratuita y de calidad. Lo hemos visto también una clase media que se siente excluida y desprotegida[2]”. Pero Bachelet no contaba con una “mayoría efectiva” para llevarlo a cabo, ya que una parte de sus propios parlamentarios, y líderes de importantes partidos oficialistas (Ignacio Walker y la DC como gran cabecilla) se beneficiaban del “optimo paretiano” de los empresarios del rubro. Tienen intereses económicos y políticos directos en el negociado. Por lo cual la “Nueva Mayoría” que debía asumir este programa no era tal. Era una “Mayoría” de cartón piedra, viciada por el cinismo de quienes firmaron un programa de reformas para acceder al poder y lo abandonaron al primer instante de ejecutarlo.

¿Cómo responder al programa ofrecido si una parte poderosa y gravitante de la coalición trabaja activamente en contra de este mismo proyecto? El Ministerio de educación tenía dos opciones: avanzar con los cambios en conjunto con los movimientos sociales, generando un debate transparente, consensuando los contenidos e itinerarios legislativos con la ciudadanía. Y la otra, que asumió, entrar en una interminable cocina política para satisfacer a la derecha y a los neomayoristas contrarios al programa de su propio gobierno. La propuesta de gratuidad universitaria se enclaustró en los laboratorios tecnocráticos, despolitizando y desmovilizando el debate, para terminar en una “glosa presupuestaria” destinada a cubrir el año 2016. Nunca se debatieron los criterios debían cumplir las universidades que accedieran a la gratuidad y nunca se vinculó la reforma a la educación superior al Proceso Constituyente, algo evidente en tanto la Constitución y su entramado jurídico genera el cerco final y definitivo a los cambios.

El cuarto actor son las autoridades de las Universidades públicas. A ellas se les debe reconocer que fueron más allá de las cortoplacismo del MINEDUC. Aldo Valle, del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) no dejó de repetirle al gobierno que “Si con la gratuidad se prefieren intereses electorales, el Cruch se opondrá” ya que “no queremos un populismo de mercado, sino una reforma sustantiva en educación”. De igual forma el rector de la U de Chile, Ennio Vivaldi, se preguntó luego del fallo del Tribunal Constitucional “¿Están defendiendo a los jóvenes pobres o están defendiendo los intereses de las empresas que hay detrás de universidades privadas? “.

Lo que este actor no hizo fue ir más allá de las palabras. Ninguna universidad hizo público el costo real de sus aranceles, criterio exigible para acceder a gratuidad. ¿Cuánto vale efectivamente una carrera universitaria? Tampoco lograron proponer un conjunto de criterios mínimos que deberían cumplir las futuras universidades gratuitas. No basta ser una universidad de propiedad estatal para garantizar estos los estándares. Hay mucho que mejorar en nuestras universidades públicas y no reconocerlo no ayuda a fortalecer el proceso de cambios. Tampoco estuvo clara su política de alianzas. Las universidades estatales aparecieron alineadas con el Consejo de Rectores. Pero cabe preguntar ¿Qué universidad cumple en mejor medida los estándares de una “universidad pública” para ser financiada por el Estado? ¿Una Universidad Católica que no permite la participación efectiva de sus propios académicos en la generación de sus autoridades y despide por “delitos de opinión” o una universidad privada, nueva, pero que no discrimina por razones confesionales o ideológicas, que garantiza participación triestamental, y que garantiza la reinversión del 100% de sus utilidades en su misión institucional? Ha llegado el momento de superar la pertenencia al Consejo de Rectores y la línea entre Universidades “Tradicionales” y “Privadas”. La CONFECH ya ha dado por muerta esta división. El campo en disputa se estableció ahora entre las Universidades que desean responder a altos estándares públicos, de pluralismo y calidad (aunque no sean de propiedad estatal) y universidades que privilegian criterios diferentes, y que deberían autofinanciarse.

Ha quedado claro que la gratuidad es sólo una dimensión de la reforma necesaria.  Se deben crear Centros de Formación Técnica gratuitos, basado en los mismos criterios que el de las universidades públicas. Se debe entender que la educación, como derecho social, debe empezar desde el nivel pre-escolar. Y establecida la gratuidad, se debe complementar con sistemas de apoyo a estudiantes con menos recursos, con otro sistema de ingreso a la Universidad y en general, con un inmenso fortalecimiento a la educación pública. Una agenda de cambios que supera la lucha estudiantil y docente y se debe entender como una causa política general. Una causa Constituyente.

[1] Datos Fundación SOL

[2] Discurso del 27 de marzo de 2013

UNA ISLA LLAMADA CHILE

La crisis que afecta a las relaciones entre Chile y Bolivia no es sólo un problema del pasado. Se trata de un problema del presente, que condiciona nuestro futuro. Carecer de relaciones diplomáticas con un país vecino es una grave anomalía, impensable para un país miembro de la OCDE. Los únicos casos similares en ese marco de países son Israel, por razones más que obvias, y Turquía, que se ha involucrado en la guerra en Siria y mantiene un conflicto con Armenia. Todos los demás países de la OCDE, que se presuponen desarrollados, integrados, globalizados, mantienen relaciones de primerísimo nivel con todos sus vecinos inmediatos.

La cancillería chilena es consciente de que esta es la gran debilidad de nuestra política exterior. Bolivia es la falla estructural en nuestra diplomacia, y una grieta por la que se filtra, lenta pero constantemente, una crítica internacional que aísla a nuestro país y le impide actuar con plena legitimidad y capacidad en los escenarios de negociación global.

Recientemente esta crítica ha escalado a niveles inesperados. En su reciente visita a Europa el presidente Evo Morales constató que tanto la canciller alemana Angela Merkel como el presidente francés Francois Hollande abogaron  por retomar el diálogo entre La Paz y Santiago. “Estoy pensando, en particular, en esta cuestión que está planteada desde hace muchos años, la cuestión del acceso al mar, la cuestión fronteriza con Chile, y Francia en este ámbito, como en otros, tiene una sola palabra que es diálogo y más diálogo”, sostuvo el presidente francés. Mientras la canciller Merkel propuso una mediación por la vía de los buenos oficios del Papa Francisco.

Chile ha querido resolver por decreto esta disputa, lo antes posible, de manera unilateral y prepotente. Por eso ha procedido de manera desprolija, irreflexiva, olvidando que las relaciones bilaterales deben satisfacer intereses de todos los afectados. Recordemos el “incidente de Monterrey”, cuando  quedó en evidencia un duro debate entre el ex presidente de Bolivia Carlos Mesa y Ricardo Lagos de Chile durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas el 2004. En la ocasión  Mesa tomó el micrófono para reclamar una solución “definitiva” a la demanda de La Paz de obtener una salida al Pacífico emplazando a Chile a reanudar relaciones bilaterales. En respuesta a este emplazamiento Lagos optó por negarse al diálogo de fondo que había sido puesto sobre la mesa: “Discutamos la agenda del futuro, discutamos los temas que nos convocan (durante la Cumbre). Y si de diálogo se trata, ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora”. Es decir, que Bolivia me resuelva el problema de las relaciones diplomáticas, pero de diálogo y reconocimiento de la demanda que motiva su reclamo, nada.

La sistemática negación de la cuestión del litoral boliviano ha llevado a nuestro país a un callejón sin salida. Hace poco,  luego del fallo de la corte internacional de La Haya, el canciller Heraldo Muñoz volvió a repetir el incidente de Monterrey al señalar: “Chile está disponible para restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia de inmediato si hay voluntad política”. Pero ello tiene una condición. Debemos entender que la diplomacia “es la habilidad para lograr acuerdos en cuestiones de toda categoría, mediante el reconocimiento de intereses recíprocos”[1]. Nadie puede esperar que Bolivia le resuelva un problema a Chile sin reciprocidad.

De allí que resulte incomprensible el giro que ha tomado la posición chilena luego de la derrota en La Haya. En primer lugar la designación de una comisión de “halcones” a cargo de la estrategia comunicacional en esta materia, compuesta por el periodista del grupo COPESA Ascanio Cavallo, el historiador de la Universidad Católica y columnista de El Mercurio Joaquín Fermandois, y el exsubsecretario de Fuerzas Armadas Gabriel Gaspar, en calidad de embajador en misión especial.

Si esta troika tuviera como misión de argumentar y convencer a los sectores más  chovinistas e intransigentes de nuestra opinión pública local, tal vez sería el grupo indicado. Pero se trata de todo lo contrario. Con los que debe comunicarse nuestro país es con la ciudadanía de Bolivia. Debe hablarle a la audiencia latinoamericana. Y tiene que dialogar con el mundo, que nos observa con desconfianza frente a este caso y nos exige reconocer la demanda boliviana de forma honesta. La designación de estos tres verdaderos “maestros de la pachotada” constituye una señal nítida de que Chile antepone una visión anquilosada y defensiva a la necesidad de salir al encuentro de un país vecino, que legítimamente, de forma legal y pacífica, requiere de nuestra parte una respuesta seria y consistente.

De igual forma se puede evaluar la nominación de José Miguel Insulza como agente de Chile ante la Corte de La Haya. Se trata de una designación que parece anteponer un criterio político interno, incluso doméstico, propio de la cocina política de la Nueva Mayoría, a la necesidad de proponer una figura que pueda responder a la complejidad jurídica y diplomática que supone el juicio en la Corte Internacional. Insulza acaba de terminar un largo período como secretario general de la OEA. Es una figura políticamente quemada, que tiene escaso margen para dialogar con el resto de los gobiernos progresistas latinoamericanos, que vieron en él un obstáculo en la conformación de instancias de integración como UNASUR y CELAC. Y tampoco lo tiene fácil con los gobiernos conservadores, que han quedado desilusionados de su mandato ya que esperaban que su gestión reviviera la desfalleciente OEA. En síntesis, no influye en los que debería influir.

Insulza, al igual que Felipe Bulnes bajo el mandato de Piñera, goza de la confianza política del gobierno de turno. Pero no posee un currículum que le capacite en los litigios judiciales en materia de derecho internacional público. Su nominación refuerza una idea que Bolivia ha logrado instalar con éxito en la opinión pública internacional, respecto a la ausencia de una real de voluntad de diálogo en  la contraparte chilena. Un agente de alto nivel político, pero técnicamente incompetente, muestra que su rol estará centrado únicamente en reforzar un relato dirigido a nuestros connacionales, especialmente hacia los más reacios a cambiar la política con la que se han manejado las relaciones con Bolivia.

La designación de Insulza sólo se entiende bajo esa intención. Desde su regreso a Chile Insulza se posicionó como un constante crítico de las reformas de la presidenta Bachelet, alineándose en las posiciones más conservadoras y nostálgicas de la vieja Concertación. Y la derecha recuerda con agrado su rol como canciller del presidente Frei Ruz Tagle, rol en el cual fue responsable directo del regreso a Chile del dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998. De allí que su nuevo papel parece ser el de un “canciller paralelo”, que duplicando la voz de Heraldo Muñoz, radicalizará aún más la voz intransigente de la actual cancillería.

Por su parte Evo Morales recordó en su gira europea que el anterior presidente Sebastián Piñera ofreció verbalmente a Bolivia una salida al mar “en comodato” por 99 años. Pero esa oferta nunca se concretó por escrito, y nunca se avanzó más allá de las declaraciones oficiosas. De allí que finalmente Bolivia terminara por recurrir a la Corte internacional de La Haya.

Sea cual sea la postura que tengamos frente a la demanda boliviana, los chilenos deberíamos sentir vergüenza ante esta falta de seriedad, consistencia y credibilidad de nuestra política exterior. No es presentable este juego de falsas ofertas privadas que luego se desconocen en público. Ni tampoco se puede mantener por décadas la política del avestruz frente al reclamo de un vecino y molestarse porque este decide recurrir a la vía judicial ante la intransigencia de nuestro silencio.

El presidente Evo Morales tiene razón cuando afirma: “no queremos que haya ganadores ni perdedores, sino mediante diálogo sincero, abierto y con propuestas, resolver este problema (…) Ambos países ganarían si Bolivia recobrara una salida soberana al mar[2]“. La primera y más notoria ganancia de Chile sería recuperar un lugar en el mundo, como un país que tiene una política exterior creíble, que no posee litigios pendientes con sus vecinos y que es merecedor de respeto y confianza universal. Hasta que eso ocurra, y mientras la política exterior se continúe definiendo con criterios localistas y partidistas, no resolveremos esta crisis que ensombrece la marcha general de nuestra nación.

 

[1] Manfred Lachs, “La Diplomacia”, Revista Foro Internacional No. 8, Ed. El Colegio de México, 1976, pág. 592

[2] Declaraciones a agencia EFE, 12 de noviembre de 2015.

La omnipresencia de la colusión ¿Causa o efecto de una patología moral?

Le Monde diplomatique, diciembre de 2015

Los recientes casos de corrupción en distintas esferas, especialmente las revelaciones sobre la colusión entre grandes grupos empresariales no parecen despertar una reacción contundente en la ciudadanía. Se percibe cierta indiferencia pusilánime, una resignación  despreocupada, que no asume la gravedad de los hechos y sus tremendas consecuencias para la vida económica y social.

Estas denuncias no constituyen situaciones excepcionales y aisladas. Se trata de prácticas generalizadas, sistemáticas, planificadas y metódicas, que han exigido preparación, cálculo e intencionalidad. De allí que no se les pueda tratar como errores aislados o confusiones episódicas. Estamos ante delitos sociales masivos, de enorme gravedad y consecuencias, y ante una transgresión moral que rompe las confianzas básicas que permiten la convivencia y la responsabilidad compartida. Sólo el caso del papel Tissue, que involucró al grupo Matte (CMPC) y SCA,  habría reportado a estas empresas unas ganancias deUS$510 millones, que salieron del bolsillo de los consumidores.  Este episodio, grotesco y representativo, viene a completar una larga lista que cabe recordar:

El caso “farmacias” involucró a Cruz Blanca, Fasa y SalcoBrand, las que fueron multadas por incrementar el precio de 200 medicamentos entre 2007 y marzo de 2008. Estas cadenas mantienen hasta hoy el control sobre el 95% de ese negocio. Y desarrollarían hasta la fecha la práctica de las “canelas”, que consiste en incentivos en los sueldos de los vendedores para que promuevan la venta de determinadas marcas farmacéuticas.

En otro rubro encontramos el “cartel de los pollos”, que  existió por más de quince años. La Corte suprema multó en 2015 a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo (que controlan el 90% del mercado) por casi US$ 60 millones. Pero según el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) estas empresas lograron por medio de su confabulación comercial unas utilidades de US$1500 millones. El balance es más que favorable a los colusores.

En el campo de los buses interprovinciales se han revelado al menos tres carteles. El más notorio es el de la ruta Santiago-Curacaví, y Santiago-Lo Vázquez. Los otros dos afectaron las rutas Santiago-Cartagena y Santiago-Coquimbo. En todos los casos aparece la empresa Pullman Bus, asociándose a otras para incrementar el valor de los pasajes o para obstaculizar el ingreso de competidores.

En línea blanca el TDLC denunció a las firmas Whirlpool y Tecumseh do Brasil en 2013 por coludirse para incrementar el precio de un compresor hermético de refrigeradores. Esta última empresa se acogió a la delación compensada, lo que le eximió de sanciones. Whirlpool en cambio fue multada en US$ 5 millones. Se desconocen las utilidades que obtuvo en el intertanto

En turismo el TDLC sancionó en 2012 a Abercombrie & Kent, ADS mundo turismo, Turismo Cocha, Chilean Travel y Turavión. Estas empresas se concertaron para incrementar la comisión que debía pagarles la empresa Explora Chile por la comercialización de sus servicios orientados a los hoteles de lujo. Un doble efecto: ganancias ilegítimas y exclusión de un posible competidor.

En abril de este año se condenó a 25 ginecólogos que concertaron los servicios de la provincia de Ñuble, elevando el arancel de sus prácticas médicas, fijando un precio mínimo de 25 mil pesos para sus consultas y aranceles de partos y cesáreas que superaban entre 4 y 4,4 veces el arancel de Fonasa.

En Valdivia se presentó un caso en el transporte público, al amparo de la Asociación Gremial de Empresarios de Taxi buses. Asociación que debería velar por la libre competencia. En el transporte aéreo LAN fue sancionada en 2009 por coludirse en el transporte de carga desde y hacia Estados Unidos con El Al Israel Airlines. En las navieras Sudamericana de Vapores se declaró culpable este año ante el departamento de justicia de EEUU por colusión con navieras coreanas y japonesas.

En el campo de las comunicaciones el TDLC acusó en 2011 a Radio Valparaíso (del grupo El Mercurio), radio Bio Bio y otras seis empresas de coludirse para alterar el resultado de una licitación de nueve procesos de concesiones de radio de frecuencia modulada. Las empresas tuvieron que pagar un total de 198 millones de pesos. Y, caso raro, también se condenó a los ejecutivos involucrados ya que dos personas naturales debieron pagar 98 millones cada una, por beneficiarse personalmente en el proceso.

Actualmente hay denuncias en proceso en la industria del asfalto (Enex  y otras tres empresas) como también en supermercados (Wall Mart, Cencosud, Tottus y SMU) en rubros de carne, abarrotes y limpieza.  Y el TDLC no logró en 2015 llegar a probar los cargos de colusión en la industria del combustible (Copec, Enex, Petrobras).

También se debería incorporar a esta lista de colusores a las universidades privadas que estarían lucrando y vulnerando la ley, para lo cual han “modelado” conjuntamente el mercado de la educación superior: UNAB, UDLA, UVM, USS, UST, UNIACC, UPV y UDM.

Por último hay que sumar las denuncias del caso “Cascadas” que es uno de los  más amplios y complejos del escenario nacional ya que involucra directa e indirectamente a SQM, a las AFP, al importante fondo de inversión privado Moneda, y a una larga lista de dirigentes políticos y parlamentarios.

Estos hechos constituyen atentados contra la vida y la dignidad de las personas, cuyo origen remite a las estrechas perspectivas éticas de un empresariado cortoplacista, que considera que la búsqueda de utilidad  justifica el expolio del consumidor y la clausura de las posibilidades de competencia. Esta “apropiación” del mercado es posible cuando la concentración de la propiedad facilita el complot. A la vez, la ausencia de multas relevantes muestra que el incentivo sigue existiendo, ya que el monto de las utilidades es mucho mayor que las multas. Y la concentración de la propiedad asegura que el alto costo reputacional de las empresas que caen en actos delictuales se aminore fácilmente, ya que los consumidores no poseen alternativas para escapar de los colusores.

Como Michael Walzer afirma en “Esferas de la Justicia”[1], la riqueza material no puede primar como criterio distributivo en otras esferas de la realidad. El dinero no puede determinar la pertenencia a una comunidad política,  no puede condicionar el acceso a la salud y la seguridad social, no puede determinar la distribución de los cargos, no debe limitar las oportunidades, ni restringir el acceso a la educación, al poder o a la igualdad ante la ley. El dinero no debe comprar el reconocimiento y los honores públicos, y las riquezas no pueden exculpar las irresponsabilidades. En Chile este equilibrio entre esferas se ha desbalanceado a tal punto, que el gran capital ostenta sin pudor su impunidad total. Para botón de muestra, la escandalosa fusión entre la AFP Cuprum y la “empresa de papel” Argentum, aprobada por la Superintendencia de Pensiones, implicando daños patrimoniales a los trabajadores cotizantes cercanos a los US$130 millones.

Urge cambiar las reglas. Mezclar penas de cárcel con mayores multas, fortalecer los entes reguladores, empoderar a las asociaciones de consumidores y desconcentrar los mercados. Una agenda casi imposible bajo el actual marco constitucional, ya que las instituciones operan bajo el prisma de la sospecha ante quién intente regular a un mercado que se presupone autopoiético, perfecto e informado[2]. Un mito necio que pagamos los ciudadanos, viviendo en un país en donde los productos de primera necesidad son más caros que en Inglaterra, con trabajadores que ganan un salario mínimo tres veces más bajo[3].

 

[1] Walzer, M. (1993) Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad. CFE, México

[2] Cfr Viera, Ch, (2015) “La libre iniciativa económica” en La Constitución chilena. Una revisión crítica a su práctica política. LOM, Santiago, p. 141 ss.

[3] Cfr “Cresta que esta caro Chile” http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/11/10/cresta-que-esta-caro-chile/