2016, entre la vieja y la nueva política

El año que comienza se caracterizará por la profundización de un debate que lleva tiempo en curso. Se trata de la contradicción entre la “vieja” y la “nueva” política, que atraviesa a todo el espectro partidario, y que comenzó en 2011 con la irrupción de los movimientos sociales y la propuesta de la “Nueva” Mayoría, que no escogió el adjetivo “Nuevo” sin antes estudiar muy bien lo que la opinión pública busca en estos momentos.

Entre 1990 y 2010 prácticamente no surgieron nuevos partidos políticos. Al contrario, lo que ocurrió fue una concentración de los instrumentos electorales. De forma similar como se concentraron los mercados y quedaron tres grandes cadenas de farmacias, de supermercados o de  ferreterías, también se concentró la “oferta” política en  seis o siete partidos, divididos en dos grandes coaliciones. Pero en los últimos años ha comenzado a gestarse una irrupción de nuevas fuerzas, de derecha, centro e izquierda. La lista de siglas y nombres es larga, ya que existen 17 partidos políticos en formación inscritos en el SERVEL.

Se debe enumerar a “Evopoli” y “Amplitud”, que vienen de la UDI y RN, respectivamente. En la extrema derecha se ubica el Partido “Orden Republicano Por Mi Patria” liderado por el Augusto Pinochet Molina, nieto del dictador. Además, otro grupo pinochetista-nacionalista ha constituido el partido “Fuerza Solidaria”. Al que se debe sumar el grupo que intentó reflotar el partido de la CNI “Avanzada Nacional”, pero que no logró su objetivo.

Luego está el partido de Andrés Velasco, “Ciudadanos”, que emula a su homónimo de España. Este sector trató de llamarse “Fuerza Pública”, lo que no fue bien evaluado porque se confundía con Carabineros, la “fuerza pública” del Estado. Muy cerca está el partido “Todos” que apuesta por la transversalidad tecnocrática y está liderado por el empresario, y ex funcionario de Sebastián Piñera, Nicolás Shea.

El  “Partido Liberal” del diputado Vlado Mirosevic muestra un perfil de corte rawlsiano o social-liberal. ME-O fundó el Partido Progresista (PRO) en 2010 luego de su primera candidatura presidencial. Y Alejandro Navarro inició el MAS en 2008. La Izquierda Ciudadana partió en 2012, de la fusión de la Izquierda Cristiana, la Nueva Izquierda y otros sectores socialistas, comunidades mapuches y colectivos feministas. Y desde el campo estudiantil nacieron Revolución Democrática, liderada por el diputado Giorgio Jackson y la Izquierda Autónoma con el diputado Gabriel Boric.

Con la estética y el diseño gráfico del “Podemos” español se presenta el partido “Poder”, a partir de personas que se nuclearon en la campaña de presidencial de Marcel Claude y desde la fundación “Chile Movilizado”. En la izquierda también se ubican “Frente Popular” (FP), ligado al ex militante del FPMR Marco Riquelme, y el partido “Unión Patriótica” (UPA), que acoge a otros ex militantes rodriguistas junto al PC-AP, dirigido por Eduardo Artés. También ha tenido un desarrollo el Partido Igualdad, que se presentó a las elecciones de 2013, y desde el cual nacieron dos tendencias: el movimiento de pobladores UKAMAU liderado por Doris González Lemunao, que este año buscará una proyección en la política municipal y el partido “ANDHA Chile”, en el que permanece la ex candidata presidencial de Igualdad, Roxana Miranda.

Además existe una larga lista de nuevos partidos regionalistas. En el norte grande encontramos al “Movimiento por la tierra el trabajo y la libertad”, “Unidos Resulta” de Arica, y “Fuerza Regional Norte Verde”, de la IV región. Luego está la diputada Alejandra Sepúlveda que  lidera el “Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social” (MIRAS) que se ancla en la VI región. También existe el “Partido regionalista de Magallanes”, el partido “Somos Aysén”, liderado por el senador Antonio Horvath, y en Temuco está el partido mapuche “Wallmapuwen”. Entre los partidos que hoy existen, más los que están en trámite y  en formación, se podría llegar en teoría a 35 partidos compitiendo en las elecciones municipales, programadas para el 23 de octubre de 2016.

Las claves de esta explosión partidaria

El nacimiento de este gran número de partidos se explica porque en 2012 la Concertación ofreció a sectores descontentos de la derecha, especialmente a la Senadora Lily Pérez, al senador Antonio Horvath, y al ex ministro Felipe Kast, la posibilidad de llegar a un acuerdo para acompañar la reforma al sistema electoral binominal de un cambio que facilitara las condiciones para constituir nuevos partidos legales. Esta oferta facilitó que estos líderes se atrevieran a quebrar con sus antiguos partidos y pasaran a constituir sus nuevas orgánicas. Posteriormente, ya en 2015, la Comisión Engel pidió que todos los partidos se re-empadronaran, ya que sus registros estarían viciados y exigió medidas que “desconcentraran” las tendencias monopólicas que presenta el sistema político chileno.

Sin embargo, luego de concretada la reforma al sistema electoral, la nueva ley de partidos políticos que ha presentado el ejecutivo no parece orientada a cumplir las promesas que se hizo a la nueva derecha “liberal” y que tenía una intención “antimonopólica”. Al contrario, como observa “Espacio Público”, el Tink Thank de Eduardo Engel: “El proyecto actual aumenta los requisitos para constituir partidos y también para subsistir como tales. A nuestro juicio, varios de estos requisitos generan desigualdad de condiciones entre partidos tradicionales y emergentes y dificultan que surjan nuevos partidos. En circunstancias en que la confianza ciudadana en los partidos políticos es sumamente baja, creemos fundamental que se permita que nuevos partidos ingresen a la competencia electoral. Por esto, los requisitos aprobados debieran revisarse para que no se establezcan barreras de ingreso y se pueda fomentar una sana competencia entre partidos[1]”. Nada de eso parece que ocurrirá. La “Vieja” política no tiene el menor interés en atacar la concentración y la colusión, ya sea en el mercado  o en lo partidario.

Las fusiones y federaciones que vienen

Frente a este marco legal incierto, es difícil que se llegue a un escenario de 35 partidos. Es muy difícil que los partidos en formación puedan satisfacer las complejas exigencias legales que deben vencer para constituirse. La más dura, poder llevar presencialmente a la notaría, persona a persona, carnet en mano, a un elevado número de ciudadanos en un momento en el que la palabra “partido político” suena como sinónimo de corrupción, tráfico de influencias, manipulación y engaño. Para la gente que cada día escucha nuevas denuncias judiciales ligadas a los casos Penta, CAVAL, SQM, CORPESCA y una larga lista de otros casos de menor resonancia, la legitimidad y prestigio de todas las instancias de participación política parece caer en picada.

La trampa es difícil. Si los partidos de la “vieja” política se tuvieran que someter a los trámites que se ha impuesto a los nuevos, muy difícilmente lograrían mantener su legalidad. Pero su posición de poder ya establecido les permite mantener su monopolio, bloqueando la amenaza que representa la competencia de fuerzas emergentes. Por ese motivo la única manera cómo la “nueva” política podría enfrentar este cuadro adverso sería buscando articulaciones más amplias. Los primeros que se han dado cuenta de esto han sido los nuevos partidos de la derecha liberal. Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal (no confundir con el partido Liberal de Mirosevic), han constituido pragmáticamente un referente común llamado “Sentido Futuro”. Lo racional sería que en la izquierda se diera un proceso de federación similar, aunque atendiendo a la historia de nuestra izquierda criolla, no siempre la racionalidad ha sido la guía que ha ordenado a este campo político en su acción colectiva.

Detener el futuro y acelerar el pasado

Mientas tanto la “vieja” política no se ha detenido a pensar y ha movido sus piezas. A dos años de distancia ya han instalado en la prensa las candidaturas presidenciales de los expresidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Sin sonrojarse José Miguel Insulza utiliza sus declaraciones de presa para mostrar su abierta nostalgia del orden perdido y su añoranza de la vieja Concertación. Toda la “vieja política” se mueve a paso raudo para restaurar el sistema binominal, bajo los ropajes nuevos que se han tejido en los últimos dos años.

En 1914 un joven José Ortega y Gasset pronunció una conferencia titulada “Vieja y nueva política”. Si se repasa su contenido expone un cuadro muy similar al que hoy acontece. Parafraseando sus palabras se trata de un momento en que se oponen frontalmente un “Chile oficial”, que “se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida” y un  “Chile vital”, “tal vez no muy fuerte, pero vital, sincero, honrado, que estorbado por el otro, no acierta a entrar de lleno en la historia”.

 

[1] “Declaración pública proyecto de partidos políticos”, en http://espaciopublico.cl/. 15/01/2016

Gratuidad Universitaria: triunfo táctico ¿victoria estratégica?

La nueva política pública de gratuidad universitaria constituye un “triunfo táctico” del movimiento estudiantil y de la ciudadanía anti-neoliberal que apoya sus demandas. Los estudiantes correspondientes al 50% más vulnerable de la población no deberán pagar el arancel ni la matrícula durante la duración formal de la carrera. Basta que se matriculen en universidades adscritas a la gratuidad, las que han sido declaradas elegibles según los requisitos establecidos en la ley. En concreto se beneficiarían unos 234 mil estudiantes, lo que representa el 20% de la matrícula total del sistema.

Hasta este punto, nada más que decir. Sólo celebrar que los esfuerzos desplegados desde hace décadas, y más radicalmente en 2006 y 2011, han llegado a un primer resultado. El alivio económico al bolsillo será importante, y se ha creado un precedente concreto ya que ha primado formalmente el derecho social a la educación por sobre el criterio que la define, piñeristamente, como un bien de consumo. Esto no hubiera sido posible sin una movilización permanente, tanto a nivel callejero como también de la otra, la que se hace estudiando, conversando, discutiendo, convenciendo a los que hay que convencer.

El problema es que este triunfo inmediato ha requerido para su concreción de circunstancias bastante contradictorias, que pueden comprometer a largo plazo la victoria estratégica contra la educación de mercado. La forma como se ha dado satisfacción a una demanda económica, inaplazable, innegable y concreta, puede dañar la transformación del sistema de educación superior. El triunfo táctico de hoy, si no se analiza el curso de los acontecimientos y las definiciones que vienen, se puede convertir en una derrota estratégica, ya que podría significar la clausura de la demanda estudiantil y la consolidación del mercado de la educación, si no se procede a un cambio sustantivo en su marco regulatorio.

Lucha política y lucha económica

Esta situación no es una anomalía. Es muy normal que una parte importante de un movimiento social o sindical se movilice primariamente por objetivos económicos inmediatos y le sea indiferente la lucha política. En medio de lo peor de la dictadura muchos compañeros sólo salieron a la calle en 1983, cuando la situación económica se les hizo insoportable. Y nunca asociaron sus demandas económicas a las consignas de libertad, democracia, derechos humanos. El “economicismo” siempre logra amplias movilizaciones de masas y muy rápidamente. En cambio una movilización estrictamente política siempre lo tiene mucho más difícil, ya que sus objetivos son inmateriales: tienen relación con la dignidad, la autonomía de los sujetos, la participación, la justicia, todos elementos que influyen de forma cualitativa en la concreción de un derecho, pero que no permiten dar sustento inmediato a las necesidades de la vida. De allí que no se deben disociar las demandas políticas y las demandas económicas ya que en esa bifurcación suele beneficiar a los amigos el statu quo.  Cómo pensaba el viejo Plejanov, inmerso en esta misma discusión en la Rusia de 1900: “No nos rebelamos contra la agitación basada en la economía, sino contra aquellos agitadores que no saben aprovechar los conflictos económicos de los trabajadores con los empresarios para desarrollar la conciencia política de los trabajadores[1]”.

Gratuidad no implica desmercantilización

Hoy sólo se ha resuelto la gratuidad en un primer año como “marcha blanca”,  por la vía de una glosa en el presupuesto. Se ha logrado  después de una turbulenta tramitación parlamentaria, que ha incluido un veto del Tribunal Constitucional, lo que se abre es una segunda fase que se deberá concretar en una nueva ley general de educación superior. En el actual escenario poco ha cambiado para los grandes grupos económicos que han construido el negocio de la educación superior como un sistema desregulado y concentrador de poder y riqueza. Para ellos la única diferencia es que ahora, en vez de cobrar a los alumnos, deberán hacerlo al Estado, su nuevo gran cliente. Hasta el momento las exigencias de la gratuidad no amenazan su negocio.

En Chile existen 60 universidades, las que no pueden lucrar por ley, aunque en los hechos muchas lo hacen de forma sibilina, desviando sus gananciales por medio de transferencias a sociedades de papel. Además hay 58 centros de formación técnica (CFT) y 42 institutos profesionales (IP) que no tienen legalmente esta restricción al lucro. Sin un cambio profundo en la ley y en la capacidad de fiscalización del Estado los nuevos recursos públicos vendrán a alimentar la billetera de los controladores de estas instituciones.

Otras preguntas es ¿Cómo se deben calcular los aranceles? ¿Qué pasa si se forma un “cartel” de sostenedores que se colude para incrementar artificialmente los precios que cobra al Estado? ¿O si por el contrario, los aportes del Estado no logran cubrir los aranceles de las carreras? ¿se instaurará un copago? La información oficial habla de la fijación de un “arancel regulado”, pero hasta la fecha no se ha institucionalizado un instrumento de esa naturaleza. Tampoco sabemos qué pasará con el 80% restante de la matrícula total del sistema que no entra en la cobertura actual ¿será incluido progresivamente o el 20% actual es el piso y el techo al que se llegará? Recordemos que hasta el 21 de mayo de 2015 la gratuidad incluía al sexto decil, lo que se redujo luego del “cónclave de la Nueva Mayoría” del 3 de agosto de 2015 sólo al quinto. En medio de la crisis del precio de los commodities y la baja de la demanda china por nuestros productos no se ve fácil lograr un incremento presupuestario a corto plazo.

La disputa por los criterios de elegibilidad para la gratuidad

Pero el problema clave radica en los criterios de elegibilidad de las instituciones. Oficialmente se fijaron tres para las universidades no estatales: acreditación por cuatro o más años, tener participación de alumnos y/o funcionarios en alguna instancia del gobierno superior institucional, y no tener sociedades con fines de lucro entre los integrantes de sus corporaciones o fundaciones. Juan Pablo Figueroa de CIPER sometió a este examen a  las universidades existentes y llegó a la conclusión que las únicas privadas no tradicionales que clasificaban de forma rigurosa bajo estas exigencias eran tres: las universidades Alberto Hurtado (UAH), Católica Silva Henríquez (UCSH) y Diego Portales (UDP)[2].

El primer criterio se ha aplicado con rigor y se han excluido las universidades con menos de cuatro años de acreditación. Pero este criterio muestra su debilidad cuando se analiza la “industria” de la acreditación” universitaria, puesta tantas veces en tela de juicio por denuncias de corrupción, tráfico de influencias, y más profundamente, por los absurdos criterios que priman a la hora de conceder estas certificaciones. El segundo criterio se ha cumplido a medias. Varias universidades privadas que han accedido a la gratuidad han adaptado su estructura para incorporar la participación mínima de sus académicos y estudiantes. Pero se trata de cosmética. Los “señores de la querencia” desean mantener el control de sus fundos universitarios sin que nadie amenace sus caprichos.

Y el tercero es el más resistido y el que fue objeto de controversia en el Tribunal Constitucional. Basta releer “El Negocio de las. Universidades en Chile” de María Olivia Mönckeberg para captar la maraña de sociedades que están involucradas en un negocio que genera utilidades exponenciales. En palabras de Patricio Basso, exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) “Las universidades son mejor negocio que la cocaína”. Y lo ejemplifica gráficamente: “los actuales aranceles en Chile están muy por sobre la docencia, son un robo con aval del Estado. Esto tengo que demostrarlo, y lo hago mediante los siguientes puntos. En primer lugar, viendo las utilidades de las universidades. Te pongo un ejemplo, la San Sebastián se constituyó en el año 90 con 14,4 millones de pesos puestos por los socios. Luego, 23 años después, tiene un patrimonio de 37457 millones de pesos[3]“. Este volumen de ganancias es superior a cualquier otro sector de la economía nacional. Ni la minería tiene esta tasa de rentabilidad.

De allí que la carta de navegación de las movilizaciones de 2016 ya este clara. Es justo celebrar las conquistas económicas ya conseguidas porque son fruto de la movilización y la lucha social. Pero si el movimiento se paraliza es posible que a largo plazo el triunfo táctico y parcial de hoy se convierta en una victoria estratégica de los sostenedores del lucro y la mercantilización de la educación.

[1] Baron, Samuel H. (1958). «Plekhanov’s Russia: The Impact of the West Upon an “Oriental” Society». Journal of the History of Ideas 19 (3):, p. 388.

[2] Los desconocidos detalles de cómo se implementará la gratuidad universitaria en 2016. Ciper 18.08.2015.

[3] El Desconcierto 21.12.2015

El laberinto de la gratuidad

Le Monde diplomatique, enero de 2016

Llevar una demanda social a su concreción como política pública es un tránsito tortuoso. Implica traducir una propuesta que se formula subjetivamente, en un nivel abstracto e indeterminado, a un plano concreto, con precisión delimitada y aplicación inmediata. Este viaje inevitablemente debe atravesar las aguas de la realpolitik, por lo que la nave de los sueños se suele agitar en medio de las olas del azar electoral, la casuística legal y las contingencias más impredecibles. Se trata de un desplazamiento que desgarra la piel de los movimientos sociales porque es imposible que la facticidad de lo real acoja la inconmensurabilidad de un derecho absoluto.

Debido a que esta tensión es ineludible, la política como arte de hacer posible lo necesario, debe garantizar que este itinerario se realice respetando de forma rigurosa y efectiva el principio democrático. Traducir en leyes y medidas un mandato de la soberanía popular exige que el legislador se reconozca como un mediador constreñido, limitado, predispuesto a respetar la mayoría, aunque se oriente en una línea contraria a su propios intereses y  convicciones. Cuando el principio democrático no fluye, cuando la prescripción de los más numerosos no se respeta, la democracia deja de ser la base de la ley  y la ley pasa a ser el límite de la democracia.

Esto se revela en la grotesca sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la glosa presupuestaria que buscaba garantizar la gratuidad universitaria. Es una expresión brutal de la profunda fractura que se ha instalado entre la política y lo político, y entre lo institucional y lo cotidiano. Y esta ruptura explica por qué la Constitución vigente no sólo carece de legitimidad de origen, sino que también carece de legitimidad de ejercicio, debido a que su estructura radicalmente autoritaria le otorga a la minoría que la promulgó el monopolio del poder en la definición de un futuro compartido.

Una Constitución contra la democracia

La existencia de un Tribunal o Corte Constitucional no es en sí un problema democrático. Al contrario, desde la perspectiva de Hans Kelsen y del constitucionalismo republicano esta institución debería ser un instrumento que colabore a la legitimidad de las instituciones con un mandato ciudadano, en especial del parlamento. Kelsen lo concibió con poderes limitados, solo para interpretar normas en conflicto con la Constitución, a posteriori de su promulgación. No lo pensó para suplantar al legislador, sino al contrario, para que el producto de la voluntad democrática se pueda llevar a término de forma efectiva. De esa manera un sistema de justicia constitucional debe desempeñar una función política, pero por medio del Derecho, reconociendo en la argumentación jurídica su último criterio de legitimidad.

Esta separación de roles entre la función de los órganos democráticos y los del tribunal constitucional debe ser clarísima. Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente de la Corte Constitucional de Italia lo explica así: “La legislación es función de aquello sobre lo que ‘se vota’ mientras que la justicia constitucional es función de aquello sobre lo que ‘no se vota’ porque es res pública[1]”. Una corte constitucional viene a garantizar el respeto a aquello que al ser común implica una obligación contraída por todos. O en palabras de Jean-Luc Nancy “El ser-en-común se define y se constituye por una carga[2]”, la cual no es otra que conllevarnos mutuamente como co-ciudadanos, co-depositarios de derechos básicos que no pueden ser puestos en tela de juego ni entrar en discusión, más que para desplegar cada vez más su alcance y contenido.

En cambio, nuestro Tribunal Constitucional se diseñó para juridificar la política y politizar a la justicia, con el fin de despolitizar la democracia. No sólo es un defensor “vía negativa” del proyecto político que el pinochetismo encarnó doctrinalmente en la actual Constitución. Es también, de facto, una tercera cámara legislativa que por medio de sus sentencias es capaz de tener iniciativa legislativa propia, alterando y mutando a conveniencia la interpretación Constitucional, en un sentido siempre regresivo, ya que la hermenéutica del texto se debe regir por la “autoridad” de las actas de la “Comisión de estudios de la Nueva Constitución” o “Comisión Ortuzar”. De esa forma el margen sobre lo que “se vota” es extremadamente acotado y el campo sobre lo que “no se vota” es extenso y predeterminado por el “espíritu” de esas actas, redactadas por un grupo de funcionarios ultraconservadores designados por el dedo de un dictador.

A modo de ejemplo, si se debe interpretar constitucionalmente el derecho a la educación, se deberá ir a esas actas constitucionales donde Jaime Guzmán señala que “el derecho a la educación es en esencia libertad para aprender[3]”. Si no es más que garantizar esa libertad, el derecho a la educación es sólo una obligación negativa del Estado, lo que se cumple evitando tomar medidas que estorben o impidan el acceso de los niños y jóvenes a centros de enseñanza. Pero no sería un derecho social plenamente exigible que conlleve obligaciones positivas para el Estado, entre ellas la de facilitar y suministrar el acceso efectivo.

No es extraño que la legitimidad de este órgano esté en crisis, en tanto el mecanismo de nombramiento de sus magistrados está sesgado por criterios explícitamente partidistas. Cada vez que el tribunal se manifiesta sobre la constitucionalidad de una ley es posible anticiparse exactamente al sentido del voto de cada magistrado en función de qué partido propuso su nombramiento. Además la amplitud y gravedad de las funciones atribuidas al tribunal, en especial luego de la reforma constitucional de 2005, le convierten en un supra-poder contra mayoritario, destinado a “prevenir” toda transgresión a las esencias inmutables de un texto constitucional que es rechazado en todas las encuestas por la enorme mayoría de la población.

Una futura Corte Constitucional, bajo una Nueva Constitución democrática, debería retomar los criterios kelsenianos que limitan a este órgano y le orientan a respetar el curso de las mayorías. En coherencia se debería cambiar el criterio de selección de sus magistrados, estableciendo la elección directa de sus miembros por mandato popular, pero limitando su elegibilidad mediante altos criterios de idoneidad jurídica de los candidatos, similares a los que hoy se exigen para los más altos cargos del poder judicial.

Aunque es obvio que los mejores jueces del mundo, los más sabios, prudentes y virtuosos, nada podrán hacer si su tarea es interpretar una Constitución esencialmente injusta y procedimentalmente antidemocrática como la que hoy nos rige. De allí que esta crisis demuestre la urgencia de impulsar el Proceso Constituyente como un momento de disputa de poder, que no puede agotarse en la búsqueda de acuerdos partidistas y consensos elitistas. La nueva Constitución no sólo debe ser la “casa de todos” sino también la “fuente de los derechos” y la “puerta de la democracia”.

Los errores gubernamentales

Una vez más el costo de este inmovilismo constitucional lo pagará la ciudadanía. Se estimaban en 200.000 los estudiantes que habrían accedido a la gratuidad si se hubieran respetado las mayorías parlamentarias que en las dos cámaras habían aprobado la glosa destinada a esos efectos. En este fracaso también existen responsabilidades del gobierno por la forma como se tramitó el proyecto. El Ministerio de educación no incorporó las observaciones de los actores sociales de la educación optando por recorrer el camino hacia la gratuidad en solitario. De esa forma desmovilizó el itinerario legislativo y evadió debatir sus contenidos de cara a la ciudadanía.

Así terminó por entrar en una interminable “cocina política” destinada a satisfacer a la derecha y a un sector neomayorista que combate el programa de su propio gobierno de manera abierta y descarada. La propuesta de gratuidad universitaria, enclaustrada en los laboratorios tecnocráticos, despolitizada y desmovilizada, concluyó en una simple “glosa presupuestaria” destinada a cubrir exclusivamente el año 2016. Nunca se debatieron abiertamente los criterios deberían cumplir las universidades que accedieran a la gratuidad y nunca se vinculó la reforma a la educación superior al Proceso Constituyente, a pesar que es evidente que sin un cambio constitucional profundo es imposible el cumplimiento de esta meta.

Este escenario de extrema debilidad política favoreció la acción de la derecha, que contando con las invaluables herramientas que le otorga la actual legalidad se limitó a ejecutar la muerte anunciada de un proyecto mal diseñado y peor debatido. Las consecuencias de todo lo demás se quedaron tras los límites de la vergüenza.

 

[1] Zagrebelsky, Gustavo. “Jueces constitucionales”. En: Carbonell, Miguel (editor). Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Editorial Trotta, Madrid, 2007, pp. 101- 102

[2] Nancy, Jean-Luc, «El mito interrumpido» en La Comunidad Inoperante. Santiago: Lom,  2000. P. 81.

[3] Comisión de estudios de la Nueva Constitución, sesión 139.