El plan Perdonazo

¿Existe un plan “perdonazo” destinado a encubrir y amnistiar los casos de corrupción político-empresarial que se han descubierto en el último año? Diversas fuentes de información, de distinta procedencia política, han denunciado en la última semana la existencia de un acuerdo tácito entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la  Fiscalía Nacional, orientado a encubrir o terminar con una serie de procesos de alta connotación pública, como PENTA, Corpesca, CAVAL y SQM. El plan involucraría al fiscal nacional Jorge Abbott, y a  Fernando Barraza, director del SII.

Se trata de una hipótesis periodística que adquiere credibilidad en tanto diversos actores han ofrecido declaraciones pidiendo a las autoridades un “perdonazo” general para los políticos y empresarios involucrados en los escándalos. El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente Mauricio Daza sintetiza el momento diciendo: “Creemos que estamos ad portas de un ofertón de procedimientos abreviados con los que se pretenda terminar a la rápida con todas estas investigaciones, sin llegar a establecer la verdad de todos y cada uno de los hechos que se están imputando[1]”.

El que más explícitamente ha demandado el perdonazo ha sido el ex contralor Ramiro Mendoza, fuertemente ligado a la derecha política. Mendoza afirmó al respecto a La Tercera: “No estoy diciendo que sea una amnistía en los términos de un perdón, Estoy diciendo que en los términos de una reparación desde el punto de vista de la conducta, una especie de, entre comillas, amnistía, porque esa figura supone una ley…Hablo de una especie de delación compensada de quienes concurrieron en un financiamiento irregular paguen una determinada multa, regularicen los tributos que se dejaron de pagar y partamos de cero….Deberíamos ser capaces de que quienes concurren con su declaración a esta delación compensada de la política, podamos hacer una conducta de ahí en adelante diferente, porque si no lo que vamos a estar construyendo, a la larga, es una especie de mártires de la política. No podemos hacer una amnistía al modo de la ley de amnistía ni tenemos que vivir con una especie de mártires o detenidos de la política[2]

La figura de los “detenidos de la política” pareciera ser el fantasma que Mendoza quiere exorcizar. No se trataría de “presos políticos”, como los que ya conocimos en Chile,  sino de “políticos presos”, una situación completamente nueva y que aterroriza transversalmente al gremio de la política profesional. Para eso la “delación compensada” que permitiría “partir de cero” vendría a blanquear las culpas generalizadas mediante un perdón que vaya de capitán a paje.

La comedia SII – Fiscalía

Mientras surgen estas voces pidiendo clemencia, el fiscal nacional Jorge Abott resolvió cambiar a los fiscales de los casos CAVAL; PENTA y SQM. Luis Toledo, fiscal jefe de O’Higgins, a cargo del caso Caval,, asumirá el próximo 1 de abril como el director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, dejando la investigación. En el caso SQM ya han salido los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, quedando del equipo original solamente Carmen Gloria Segura. En el caso PENTA se nombró a Manuel Guerra, jefe la Fiscalía Oriente. Y en el proceso Corpesca, Ximena Chong, en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, reemplazó a José Morales. Una vez que asumieron los nuevos equipos se ha empezado a escenificar un sketch en el que el Fiscalía Nacional solicita al SII hacerse parte de las causas, mientras el director del SII se hace de rogar y dice que “no era función del SII hacer justicia”.

El pelotazo entre la fiscalía y el SII opera de esta forma: el 1 de marzo Abbott afirmó que en los casos SQM y Penta: “Si no hay más querellas, se terminan las causas”. Para que continúe la investigación el SII debería presentar querellas. Al no interponerlas la fiscalía queda entrampada: “Nosotros tenemos que terminar las causas y nosotros quisiéramos un pronunciamiento del SII”, ha declarado Abbott. Nada se escucha en el SII.

La mano de Pablo Gómez

Para Mauricio Daza de Ciudadano Inteligente la señal más clara del cambio rumbo en las investigaciones radica en el reemplazo del fiscal Emiliano Arias por Pablo Gómez en el caso SQM. Gómez ha exhibido una conducta que a juicio de Daza es abiertamente “errática, inconsistente y contradictoria” ya que “no da cuenta de alguien que efectivamente quiera investigar los hechos relacionados con la arista SQM de manera profunda, sin entrar en ningún tipo de consideración respecto de la posición de poder político o económico de las personas que están involucradas como imputadas”.

Esta apreciación se basa en que Pablo Gómez ya ha declarado a la prensa que no existirían penas efectivas en los casos que investiga. Además, ya le reconoció a los imputados ciertas atenuantes, cómo colaboración sustancial y reparación celosa del mal causado. Pero lo ha hecho antes que muchos de ellos hayan concurrido a declarar a su despacho. A la vez, la falta de proactividad del SII se explica por su dependencia política. En declaraciones a El Muro, Daza afirma: “El Servicio de Impuestos Internos no es un organismo que sea, realmente, independiente y, en ese sentido, se debe avanzar para establecer por ley, las condiciones necesarias para que sí lo sea. No puede seguir ocurriendo que el SII, finalmente, sea dirigido por un cargo de naturaleza política, sobre todo, cuando existe un conjunto de causas que involucran a las principales autoridades políticas del país y, ése, es un punto que está pendiente”

Longueira la piedra en el zapato

Si todo hubiera marchado tal como se había previsto, en este mes los casos emblemáticos habrían empezado a cerrase de forma progresiva. El pacto implícito entre Abbott y el SII debería haber llevado a un perdonazo por la vía de acuerdos y salidas alternativas. Sin embargo, un evento inesperado empañó este programa. Las recientes revelaciones de CIPER respecto al eventual delito de cohecho del ex ministro Pablo Longueira han empañado el intento de la élite de alcanzar el perdonazo exprés.

Como se ha denunciado, en 2010 Pablo Longueira, en ese momento ministro de economía, recibió de Pablo Contesse, gerente general de SQM,  la redacción de un artículo de ley referido al impuesto a la minería. Dicho artículo, posteriormente incluido en la legislación, permitió a SQM acceder a millonarios beneficios tributarios. A cambio Longueira habría recibido  aportes irregulares por más de $900 millones. Para hacer operar este sistema Longueira habría recurrido a una red de más de veinte “boleteros” cercanos al ex UDI, los que habrían emitido las boletas falsas.

Este modus operandi, tan habitual en todos los casos de corrupción destapados este año, se ve agravado dada la directa relación que se establece entre el político corrompido  los  beneficios tributarios y jurídicos a los que acceden las empresas corruptoras. La opinión pública no parece dispuesta a aceptar sin más que ese ciclo corruptor se olvide. Según la encuesta CADEM de marzo, un 82% dice que Pablo Longueira buscó favorecer a SQM en ley de royalty minero. Pero el mismo 82%, sospecha que favorecer a las empresas en la tramitación de proyectos de ley es una práctica habitual. Y un 77% que el financiamiento irregular proveniente de SQM afectó a las dos coaliciones por igual. De allí que el “perdonazo” no lo tenga fácil en la actual coyuntura. Se requiere dejar pasar un poco más de tiempo, echar un poco de olvido en la memoria de la ciudadanía,

La agenda anticorrupción

¿Qué debe promover en este escenario? En primer lugar, exigir al SII y a la fiscalía la plena utilización de los instrumentos legales ya establecidos en el Código Penal, siguiendo los criterios interpretativos que se utilizan para cualquier otro tipo de delitos. Es decir, no es necesario cambiar las normas existentes, sino aplicarlas tal cual se aplican en aquellos delitos que no afectan ni al poder político ni al económico.

En segundo lugar demandar al gobierno y al Congreso la adecuada dotación de medios humanos y materiales a aquellos que tienen la labor de perseguir a estos delincuentes. No se puede pretender que una investigación de miles de páginas sea llevada por jueces que carecen de los medios técnicos y humanos necesarios para poder avanzar en el desarrollo de las mismas. Se debe lograr la plena especialización de los jueces en materia de lucha contra este tipo de delincuencia.

Si realmente nos preocupa tanto la corrupción como reflejan las encuestas, entonces los esfuerzos se tienen que centrar en el esclarecimiento de los hechos y la persecución de los grandes corruptos y corruptores. Para ellos no caben rebajas de penas ni reparaciones simbólicas. El daño causado es enorme y no aparecen atenuantes para los involucrados. Si bien la corrupción es inherente al capitalismo, lo que la hace verdaderamente insoportable es la sensación de impunidad.

[1] El Muro, 3 de marzo de 2016.

[2] La Tercera 6 de marzo de 2016, p. 5.

Proceso Constituyente: retrato en claroscuro

Le Monde diplomatique, Marzo 2016

La Presidenta de la República presentó el 14 de octubre de 2015 el diseño completo de su plan de cambio constitucional. Dividido en tres etapas, entre marzo y octubre de 2016 corresponde que se ejecute la primera de ellas mediante una campaña pública de educación cívica y un proceso participativo territorial que tendrá como resultado la redacción de un documento llamado “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”. Esta fase será monitorizada por un “Consejo Ciudadano de Observadores” al que se le ha mandatado para garantizar la transparencia y calidad del proceso participativo territorial. Luego, y a partir de las “Bases Ciudadanas”, el Gobierno elaborará un proyecto de cambio constitucional que se estima a trámite en el Congreso durante 2017.

El gobierno ha asegurado que su intención es que las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución” incorporen la opinión de los ciudadanos sobre los problemas  constitucionales, por lo cual se deberán redactar a partir de procesos de diálogo territorial estructurados en dos niveles: entre marzo y mayo mediante la participación individual vía on line y por medio de encuentros locales autogestionados, para luego pasar entre mayo y julio por cabildos provinciales y regionales. El ministerio Secretaría General de la Presidencia se refiere a este ciclo como un “Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía”, basado en una metodología de “convergencia deliberativa”, que busca potenciar la construcción de acuerdos en materia constitucional.

Descrito en forma sucinta cabe analizar el proceso al claroscuro de sus posibilidades y contradicciones, tratando de desentrañar los cursos de acción ciudadana que se pueden tomar en el intrincado camino que se abre. Si se aplica una simple matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se puede obtener una “radiografía” del proceso político propuesto, tomando como referencia una perspectiva ciudadana favorable a un cambio profundo a la Constitución vigente.

1 Fortalezas

La más evidente radica en que el gobierno se juega mucho en la realización del proceso. Para ello ha destinado recursos financieros, políticos y simbólicos que no deben ser subestimados en el logro del resultado. Pero en realidad la principal fuerza con que cuenta el Proceso Constituyente es la motivación y apoyo de la ciudadanía. Según la tercera encuesta de Plaza Pública CADEM de enero de 2016 el 75% de los chilenos considera que el país necesita una nueva constitución. A la vez un 61% afirma que la reforma a la constitución es un tema muy o bastante prioritario para los chilenos y el país general, mientras que sólo un 23% considera que es poco o nada prioritario. Respecto a la sede constituyente un 56% prefiere la opción de la Asamblea Constituyente y sólo un 38% estima que debe ser Gobierno, junto con el Congreso y los expertos quienes redacten la nueva Carta.

Otro dato que ilustra la motivación intrínseca que despierta el proceso es el elevado número de postulaciones que recibió el Servicio Civil para ocupar 216 vacantes para realizar el trabajo de facilitador de cabildos ciudadanos. Normalmente el Servicio Civil recibe el doble de postulaciones a las vacantes ofertadas. En este caso, y con fecha 5 de febrero, ya se registraban 14 mil 053 postulaciones, quedando todavía siete días para el cierre de la recepción de currículos. Estas altas expectativas sociales y la existencia de una opinión pública favorable a un cambio profundo, democrático y participativo de  la Constitución constituye un recurso inestimable, que permite pensar que existe una base político-social que `puede dar  masividad y legitimidad a una deliberación constituyente.

2 Oportunidades

El desarrollo del ciclo participativo territorial puede incrementar significativamente la visibilidad, masividad y centralidad política del proceso constituyente. . El diseño propuesto tiene la posibilidad de cimentarse sobre el capital social y las tradiciones asociativas del país, lo que le permitiría fortalecerse en la medida en que se vayan desplegando sus distintos momentos. La consulta  online individual puede despertar un primer acercamiento que se complementa con el ciclo de encuentros locales auto-gestionados. Estas reuniones pueden canalizar el interés de las asociaciones más diversas, que por esta vía podrían expresar sus reivindicaciones temáticas específicas. El diseño contempla una amplia libertad para convocar a estos encuentros, sobre la base de un número mínimo de 15 personas. Bastará inscribir un evento y solicitar a los facilitadores regionales del proceso que envíen un monitor voluntario como testigo, y un material básico de registro fotográfico y documental del acto. Posteriormente los cabildos comunales y regionales, abiertos a una participación masiva, dan continuidad a este primer momento pero de forma más sistemática y oficial, congregando la diversidad política y social, en un marco de debate republicano.

3 Debilidades

Si bien la encuesta CADEM de enero mostró el alto apoyo social al proceso, ese estudio también dejó en evidencia una amplia desinformación sobre su concreción. En esa ocasión sólo un 18% declaró estar muy o bastante informado respecto al proceso constituyente, mientras que un 35% afirma estar algo informado y un 45%  definitivamente dice estar poco o nada informado. Esta desinformación masiva tiene varias explicaciones. La primera puede radicar en la debilidad de la etapa de la campaña comunicacional de preparación que se  desarrolló entre octubre y febrero, que no parece haber logrado entregar los elementos claves del calendario, las actividades, y los objetivos que se buscan. A la vez el “Consejo Ciudadano de Observadores” ha tenido dificultades para contribuir a masificar esta información. Ha sido de público conocimiento que su funcionamiento ha sido lento, carente de un mandato y competencias claras, y con graves problemas de liderazgo. Por esta razón su debate se ha centrado hasta ahora en clarificar su funcionamiento interno, atravesado por la compleja transversalidad política de sus miembros.

Pero la debilidad más grave del proceso radica en el método escogido para desarrollar los eventos mismos de la fase participativa territorial. Aunque se habla de “Convergencia Deliberativa”, en los hechos los participantes deberán priorizar una serie de conceptos a partir de una “Guía  para el Diálogo” y un modelo de acta a completar, dividida en cuatro fichas sobre los valores, derechos, deberes e instituciones que debería contemplar la nueva Constitución. Lejos del método deliberativo, la ficha cierra el debate a una priorización que pone a competir categorías valóricas, derechos, deberes e instituciones, de forma descontextualizada. ¿Es más relevante la solidaridad o la justicia? ¿Se debe anteponer la igualdad de género al derecho a la vivienda? Tal como declaró Naciones Unidas, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y están ineludiblemente interrelacionados[1]. De allí que el método tienda a medir y cuantificar preferencias sobre lo inseparable e inconmensurable.

4 Amenazas

La mayor amenaza al Proceso Constituyente radica en que la adhesión con que comienza se tuerza en desencanto al finalizar. Ello acontecería si después de haberse desarrollado todo este ciclo de consulta y debate las “Bases ciudadanas” no logran satisfacer las expectativas de cambio que la ciudadanía ha expresado durante las fases previas. Y ello podría suceder si el Proceso le teme al debate abierto y prefiere tabular de forma mecánica una serie de conceptos vacíos. Hasta el momento la “convergencia deliberativa” que guía al método del gobierno no da cuenta de una verdadera deliberación. Se asemeja más a una enorme y compleja encuesta que agrega números despojados de razón y circunstancia Pero deliberar es otra cosa.

Amy Gutmann y Dennis Thompson, autores de referencia en democracia deliberativa, sostienen que no se puede llamar deliberación a una propuesta que atenúe o niegue la dimensión conflictiva, ya que “en política la necesidad es encontrar algunas bases sobre las que justificar las decisiones colectivas aquí y ahora en ausencia de un conocimiento que las fundamente[2]”. El proceso Constituyente debería proveer estas bases fundantes. Si se prefiere evadir la deliberación y orientar la enorme energía social que se desarrollará este año a una serie de datos inconexos se puede augurar un desencanto generalizado. Estamos a tiempo de evitar este escenario.

[1] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993.

[2] Gutmann & Thompson (1996)  Democracy and Disagreement, Cambridge, M.A.: Harvard University Press. pp.  4-5