Escalada represiva del ministro Burgos

En menos de un mes el Congreso se ha saturado por una avalancha de proyectos centrados en vigilar y castigar. Se trata de una batería de leyes como la “nueva Ley Mordaza”, que sanciona filtraciones a la prensa de procesos judiciales, la “agenda corta antidelincuencia”, que incluye un polémico control preventivo de identidad, y una reforma de fondo a la ley antiterrorista, que busca ampliar sus posibilidades de aplicación en el contexto del conflicto entre el Estado, el latifundio y las forestales contra el pueblo-nación mapuche. Todos estos proyectos legislativos han contado con el aval del ministro del Interior, Jorge Burgos, que en ocasiones ha actuado como patrocinante de indicaciones de algunos parlamentarios, y en otros casos los ha presentado directamente.

EL REGRESO CAMUFLADO DE LA DETENCION POR SOSPECHA

El ministro Burgos ha justificado esta batería de leyes bajo una necesidad técnico-policial o procesal. Pero nadie, entre los entendidos y especialistas le cree. Ello es evidente con la reinstauración de la detención por sospecha bajo el nombre de control preventivo de identidad. La ley faculta para efectuar allanamientos sin autorización judicial y para retener hasta por 4 horas a cualquier persona, si existen indicios de que hubiere cometido algún delito y no portare cédula de identidad(1). El foco de la norma apunta a perseguir delitos de robo, hurto y receptación, los típicos “delitos del pobre”. Como señala el profesor Mauricio Duce, de la UDP, “toda la evidencia indica que estas facultades no se ejercen respecto de todas las personas sino que se enfocan en ciertos grupos jóvenes, minorías y sectores vulnerables”.

No es extraño que esta normativa haya encontrado la oposición activa de la Corte Suprema, del Defensor Nacional, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, de Unicef, y de una larga lista de profesores de derecho penal de distintas universidades del país. El periodista Daniel Matamala observó que los senadores patrocinantes de esta cláusula argumentaron que el control preventivo sería igual al que permiten las leyes de Francia y España. Pero el informe en derecho comparado, elaborado por la Biblioteca del Congreso, mostró justamente lo contrario: “En España, el control ‘debe ser necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad’ (Art. 20.1 COPSC)”, y “en Francia, debe haber ‘peligro para el orden público directamente ligado al comportamiento de la persona controlada’”.

La “agenda Burgos” parece anclada en razones estrictamente ideológicas. Como apunta Mauricio Duce, trasluce el interés de otorgar más poder a Carabineros, y “aumentar sus poderes legales y disminuir los controles a su ejercicio” en un contexto de abierta sospecha pública hacia Carabineros por razones objetivas. Existen dudas fundadas respecto al control efectivo de la policía por parte de la autoridad civil. Carabineros históricamente ha buscado afirmar su autorregulación interna, y mantiene un talante autoritario en el ejercicio de sus funciones. La formación del personal policial posee un currículum anacrónico, que privilegia el corporativismo institucional de corte militar, antes que la formación del juicio crítico individual, propio de las policías modernas y profesionalizadas. Se conservan prácticas de alta rotación del personal que amparan situaciones de abuso, en un contexto de baja formación profesional. La dirección de Carabineros parece desvinculada de las redes asistenciales y los servicios públicos que se arraigan en los territorios: la escuela, el consultorio, la municipalidad, etc. No se ha buscado crear una “policía de cercanías”, centrada en la prevención, que se articule con las políticas sociales, sino mantener una policía represiva que ve a la ciudadanía como la eterna sospechosa.

Los especialistas denuncian que junto a la “agenda corta antidelincuencia” no existe una “agenda larga” que apunte a las causas estructurales de la criminalidad en el mundo popular. Impera, en palabras del sociólogo Loïc Wacquan “la nueva doxa punitiva” que se expresa en “el debilitamiento y retroceso del sector social del Estado y el despliegue de su brazo penal”. O como decía Pierre Bourdieu, se achica la “mano izquierda” del Estado, que trata las insuficiencias más intolerables de la lógica del mercado, mientras se alarga la “mano derecha”, que actúa sobre sus efectos, vía represión y castigo.

ARROGANTES CON LOS DEBILES, SERVILES CON LOS PODEROSOS

Junto al “apriete” represivo a los pobres, la “agenda corta antidelincuencia” del ministro Burgos también incluye un desvergonzado blindaje a las elites económicas y políticas bajo la forma de la denominada “Ley Mordaza”, que intenta poner fin a la ola de denuncias que han trascendido a la opinión pública, sancionando las filtraciones de causas judiciales en curso. Esta norma permite ampliar la reserva de las investigaciones de la Fiscalía de 40 a 90 días. Por esa razón la ciudadanía tardará casi dos meses en enterarse de las causas que ejecuta el Ministerio Público. Por eso el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, comentó que es casi como volver al “secreto del sumario” que rigió en dictadura y hasta fines de los años 90. A la vez se aplica pena de presidio -que va desde los 61 días hasta los 541 días- a quienes participen de filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación. Como ha comentado el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, se trata de penas mayores a las que actualmente se aplican al delito de cohecho, como las que podrían afectar al ex líder de la UDI, Pablo Longueira.

En declaración pública cuatro premios nacionales de periodismo señalaron que esta cláusula “recuerda, aunque sea vagamente, a las constantes limitaciones que se imponían a la libertad de expresión en plena dictadura de Augusto Pinochet”, ya que “resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las ‘filtraciones a la prensa’ -una herramienta que los propios políticos han utilizado hasta el cansancio con los medios para avanzar sus posiciones u obstaculizar las de sus adversarios- justo cuando la Fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico. De haber existido, y de haberse aplicado rigurosamente, una potencial ley como esta, el país no se hubiera enterado como lo ha podido hacer del caso Penta, del caso Soquimich o Caval, de la colusión de las papeleras, los pollos, las farmacias, de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más”.(2)

¿A QUIÉN BENEFICIA LA AGENDA BURGOS?

Esta agenda legislativa no se puede explicar desde razones “técnico-jurídicas” que justifiquen su aplicación. Cada uno de estos proyectos ha sido abiertamente cuestionado por los especialistas en el ámbito académico, por las autoridades judiciales, por organismos internacionales. La agenda corta incluso ha quebrado a la Nueva Mayoría a la hora de ser votada en el Congreso. Pero nada ha detenido su curso porque han logrado aunar el apoyo de la derecha con los de los sectores más conservadores de la DC y el PPD. Por lo tanto, esta avalancha legislativa, claramente restrictiva de derechos, sólo se puede explicar por una razón de carácter puramente político-estratégico, que no tiene ninguna relación con el supuesto afán antidelincuencial o antiterrorista. Simplemente pone en evidencia que está en marcha una articulación operativa entre la derecha y el núcleo conservador de la NM que actúa y se coordina con absoluta prescindencia de la institucionalidad formal de los partidos, de los demás ministros e incluso, de la propia presidenta de la República.

El interés inmediato es mostrar quién manda en la coalición de gobierno. Acallar a quienes acusan a los conservadores de la NM de ser irrelevantes. En palabras de Ignacio Walker: “No veo por qué tenemos que regalarle los empresarios a la derecha”. Pero a largo plazo, de forma estratégica, se busca sentar las bases de un entendimiento post-binominal que permita justificar el fin de la Nueva Mayoría e inaugurar un pacto, de largo aliento, con la derecha liberal (y no tan liberal) que coquetea de forma impúdica con los grandes barones de la DC y el PPD. Un romance que se cuece en el caldo de la “agenda antidelincuencia”, de las trampas de la reforma laboral, y en un sinnúmero de pequeñas complicidades cotidianas, destinadas a dar contexto, marco y contenido a un romance político que ya está en curso, y que sólo cuenta las horas para salir de su armario.

 

(1) Una hora en caso de menores de 18 años mayores de 14.

(2) Los Premios Nacionales de Periodismo que se oponen a la “Ley Mordaza”: Sergio Campos, Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Mönckeberg, Faride Zerán.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 849, 15 de abril 2016.

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Chile, nación de naciones

Un eco suave y persistente, pero que en algunas ocasiones llega a ser un rugido atronador, atraviesa el país. Tras esta sutil estridencia se percibe una demanda de reconocimiento de aquellos pueblos cuya existencia como nación es anterior a la consolidación de la nación chilena. Un sonido discreto la mayor parte del tiempo, pero tumultuoso en ocasiones, que busca la enunciación de una concepción plurinacional del Estado.

Para la teoría del Estado-Nación tradicional, que surge de Jean Bodin en adelante, no se trata más que de ruido que hay que aplacar porque es disgregador y pone en peligro la soberanía. Pero a contracorriente, cada vez es más gente reconoce intuitivamente que la existencia de Chile como nación no excluye la existencia de naciones en su interior, y reconocer que Chile es una nación de naciones no es más que hacer justicia a su identidad y riqueza cultural.

Chile de facto y aunque no lo reconozca, ya es un Estado plurinacional, ya que una diversidad de nacionalidades indígenas antecedieron a su conformación. Estas naciones eran poseedoras de una soberanía originaria de la que fueron despojadas, ya sea por la fuerza o de manera semi-voluntaria. Sobre la base de la cesión de su soberanía se definió la soberanía del Estado de Chile. Pero el problema no reside sólo en esta ignorancia sobre estos orígenes, sino también en la ausencia actual de una noción democrática del Estado soberano.

La filosofía política del XIX subordinó las realidades nacionales subalternas a una única nación de referencia. Ser Chileno se hizo deliberadamente incompatible con ser Mapuche, Aymara, Rapa Nui u otra identidad nacional anterior. Esta tensión es resultado de varias y sucesivas fases de centralización y recentralización. Y en la última etapa centralizadora se ha optado por sublimar el dilema, que lejos de ser superado se muestra candente e irresoluble en los términos en que está planteado. Así este conflicto ha devenido central en la crisis democrática y de soberanías que venimos viviendo desde 1990 hasta ahora.

Reconocer la realidad plurinacional de Chile exige superar las pulsiones centralistas para empezar el debate desde las periferias hacia el centro. Lejos de ser un asunto de seguridad, de pobreza o de tierras, tal como lo describe el actual Intendente de la Araucanía, es un problema de democracia. Y bajo este enfoque se comprende que las soberanías no se fragmenten ni se destruyan, sino que sólo se re-expresen sobre nuevos principios. Ser nación no es nada más que la voluntad de “vivir juntos”. Esa voluntad no es posible de negar, anular ni terminar por decreto porque reside en las personas mismas. Ser nación viene a ser, en palabras de Ernest Renan, un “plebiscito diario”:

“Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se ha hecho y de aquellos que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado; sin embargo, se resume en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida común. La existencia de una nación es (perdonadme esta metáfora) un plebiscito cotidiano, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de vida[1].

Esta voluntad inagotable de vivir es la que explica la persistencia de las naciones subalternas[2], y el motivo por lo que su reclamo emerge con tanta fuerza. El centralismo chileno no comprendió esta realidad y obligó a que este plebiscito cotidiano se convirtiera en excluyente y unívoco, sin entender que las personas pudieran compatibilizar su plena identidad en las naciones originales y su pertenencia a la chilenidad. La tensión dicotómica, que opone ambas identidades nacionales, es resultado de la miopía histórica del nacionalismo y centralismo chileno, que crea las condiciones para que la voluntad de vivir juntos se convierta en una gran insolidaridad.

Pensar un Estado plurinacional exige pensar previamente el problema de la soberanía en un tiempo en que  el viejo Estado nación restringe las soberanías locales de los territorios y vende cada vez más sus competencias hacia arriba, en órganos supranacionales y poderes fácticos transnacionales que estrangulan su capacidad de autodeterminación.

¿Desde cuándo son chilenos los chilenos?

Recordemos que la identidad nacional chilena demoró en consolidarse. Y de la misma forma, la identidad nacional de los pueblos indígenas no se ha diluido por generación espontánea. Especialmente si recordamos que la última campaña miliar de asimilación forzada, la Ocupación de la Araucanía, concluyó en 1883 y el ciclo colonizador recién se consolidó con la legislación específica referida a las “reducciones” durante las primeras décadas del siglo XX. Y en el caso de Rapa Nui, los isleños no tuvieron derecho a la ciudadanía chilena hasta 1966.

Distintos estudios muestran que las conciencias nacionales se consolidan cuando un colectivo humano pasa de “estar” en un territorio para considerarse “parte” del territorio y las conciencias identitarias anteriores dejan paso a una conciencia diferente. Este es un tránsito lento. Por ejemplo, Vicent Baydal ha estudiado este proceso en el caso de la identidad nacional valenciana, en tanto identidad anterior a la identidad española[3]. Como en el caso chileno el Reino de Valencia fue el resultado de una colonización de un territorio. Aragoneses y Catalanes ocuparon un espacio islamizado en 1238. Y esta población no dejó de considerarse a sí misma como aragonesa y catalana por largo tiempo. El uso del gentilicio “valenciano” no se consolidó hasta fines el siglo XIV, más de un siglo y medio después.

En nuestro caso la expresión Chile, como toponímico para denominar al territorio, es muy anterior al uso del gentilicio por los colonizadores. En los primeros cronistas, como Jerónimo de Vivar, el gentilicio “chileno” se reservó exclusivamente para los indígenas, llamados “los naturales de la tierra de Chile.”, distinguiéndose los conquistadores claramente de esa población original. El cambio es lento hasta que los indígenas dejan de ser llamados “chilenos” y surge el nuevo uso actual, que involucra exclusivamente a la población criolla y mestiza. Eso recién se aprecia claramente a mediados del siglo XVIII.  Por ejemplo en el lema de la Universidad de San Felipe, de 1738: “Nox fugit historiæ lumen dum fulget chilensibus”, (La noche huye, mientras brilla para los chilenos la luz de la historia).

La nación chilena, como mostró Jorge Larraín, “es algo que está en permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos y situaciones históricas cómo algo de lo cual nunca puede afirmarse que está resuelto o constituido definitivamente, como un conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes” [4].  Por eso, como recuerda Boaventura de Sousa Santos, “la plurinacionalidad no es la negación de la nación, sino el reconocimiento de que la nación está inconclusa. La polarización entre nación cívica y nación étnico-cultural es un punto de partida, pero no necesariamente un punto de llegada. El propio proceso histórico puede conducir a conceptos de nación que superen esa polarización”[5].

Eso es posible porque el reconocimiento de la plurinacionalidad conlleva la noción de au­togobierno y autodeterminación, pero no la idea de in­dependencia. Un Estado Plurinacional es el proyecto de “un nuevo tipo de institu­cionalidad estatal, una nueva organización territorial, la democracia in­tercultural, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, políticas públicas de nuevo tipo (salud, educación, seguridad social), nuevos criterios de gestión pública, de participación ciudadana, de servicio y de servidores públicos. Cada una de ellas constituye un desafío a las premisas en que se asienta el Estado moderno”[6].

El proceso constituyente debería ser un momento clave en este debate. Girar desde un Estado centralista y decimonónico a un Estado Plurinacional, moderno e inclusivo no sólo interesa a los pueblos indígenas. Puede ser la puerta de entrada en la consolidación de un Estado descentralizado y democrático, que se reinvente desde sus bases.

[1] Renan, E. “¿Qué es una nación?”, Conferencia dictada en la Sorbona, París, el 11 de marzo de 1882.

[2] Sobre la idea de sublaernidad cfr. Spivak, Gayatri Chakravorty. (1998) ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Orbis Tertius, III

[3] Baydal, V. (2014) Fer Harca. Històries medievals valencianes , Drassana, Valencia.

[4] Larraín, J. (2001), Identidad Chilena, LOM, Santiago, p. 15-16.

[5] Sousa Santos, B. (2010) Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Lima. P. 84.

[6] Op. Cit, p. 81.

La Santa Cruzada contra el aborto

El debate sobre el aborto genera en un sector de la sociedad chilena formas de conmoción, emotivas y pre-racionales, que impiden una discusión honesta y argumentada. Se trata de una minoría que fluctúa en todas las encuestas entre un 20 y un 25 %, pero que al ser muy poderosa, económica y políticamente hablando, bloquea el proceso legislativo e impide que se plasme una ley que una amplia mayoría considera como un derecho mínimo, que saque al país de la lista de los cinco países más restrictivos del mundo en esta materia.

El pensamiento de la minoría opera como un diálogo de sordos, en el cual no importa lo que se demuestre, constate o pruebe. Para los autodenominados “pro-vida” se trata de una santa cruzada basada en un acto de fe ciego y absoluto, que no admite ponderaciones, distinciones ni prudencia alguna. Basta recoger las opiniones de los diputados de la derecha para darse cuenta del nivel de sus argumentos:

“Se abre la puerta a un verdadero asesinato de niños. Es la antesala a la legalización de la eugenesia y si se legaliza, es la puerta para que el fin de la Teletón”. (diputado UDI Gustavo Hasbún).

“Sólo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo”. (diputado UDI José Antonio Kast)

“La despenalización del aborto es tan grave como permitir la esclavitud”. (RN José Manuel Edwards).

“La ley de Aborto beneficia a multinacional de tráfico de órganos de fetos no nacidos”. (diputado UDI, Iván Norambuena).

“Podríamos decir que el Gobierno Militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer”. (diputado RN René Manuel García)

“Por eso yo les pido especialmente a los chantas que de una vez por todas traten de ser derechos alguna vez en su vida y el día de su muerte ojalá se vayan derechito al infierno” (diputado UDI Ignacio Urrutia)

Y como guinda de la torta, Cecilia Pérez, ex ministra de Sebastián Piñera declaró: “como mujeres tenemos derecho a hacer lo que queramos, cortarse las uñas, hacerse un tatuaje, pero con una vida es distinto, no es cualquier cosa”

Las contradicciones en la Nueva Mayoría

En el ala conservadora de la Nueva Mayoría este mismo delirio también llega a niveles increíbles. El propio ministro del interior Jorge Burgos salió a criticar públicamente el proyecto de ley que impulsa su gobierno diciendo que “Si fuera parlamentario tendría dudas sobre la causal de violación”. Como advirtió el diputado Giorgio Jackson, con estas declaraciones Burgos “da permiso a todos para votar en contra de la agenda del Gobierno en un tema que para ellos específicamente es muy sensible (…) Es muy difícil compatibilizar ser Ministro de Interior, la primera persona que tiene que estar al lado de la Presidenta en estas materias, y que de la señal de que el proyecto se tiene que caer[1]”.

Ya en la Cámara, ocho diputados DC votaron en contra de 2 de las 3 causales, propuestas y declaradas claramente en la página 169 del programa por el cual fueron electos al parlamento. Incluso el diputado Matías Walker adelantó que tratará activamente que el Senado, donde tiene dos hermanos en la misma actitud, paralice o cercene el proyecto en discusión.

Los dos planos del debate

La raíz del bloqueo no radica en que la objeción moral al aborto sea ilegítima o deje de entrañar valoraciones que deban ser atendidas o reconocidas. El problema es confundir el plano moral de la discusión, con el plano legal y jurídico. Esta confusión es típica de los países acostumbrados de manera secular a que estos dos niveles se mezclen permanentemente, dado que han funcionado por muchos siglos bajo Estados confesionales y paternalistas, que han desconfiado sistemáticamente de la capacidad de optar y decidir de la ciudadanía. Esto es lo que nos distingue de los países nórdicos, que muy tempranamente establecieron una distinción tajante entre las convicciones personales y las políticas de Estado, que deben acoger a una población con diversas cosmovisiones y convicciones.

En los países en los cuales el aborto es legal desde hace muchas décadas, como Suecia u Holanda, el debate moral sobre el aborto sigue su curso. No se ha acabado. Pero es una discusión que afecta exclusivamente a la conciencia de las personas, que exige a cada cual resolverlo de manera autónoma, criteriosa y adulta. Las distintas tradiciones religiosas, filosóficas o espirituales aportan sus puntos de vista, pero nadie cree que esas opiniones se deberían imponer jurídicamente. Los sectores conservadores en esas latitudes tienen claro que no se debe confundir el rechazo ético al aborto con una imposibilidad legal de practicarlo.

En los organismos internacionales (Naciones Unidas, OMS) hay acuerdo en que el aborto no debe ser promovido como un método anticonceptivo, sino como una alternativa a situaciones límites o en las que han fallado otras prácticas contraceptivas. Pero a la vez, el consenso internacional reconoce que el aborto debe ser permitido jurídicamente y practicado en buenas condiciones de salubridad, en centros especializados. En contraste en Chile es imposible manejar cifras claras respecto a cuántas mujeres mueren o sufren graves secuelas cada año por abortos insalubres, en condiciones precarias, simplemente porque el aborto es clandestino.

La evidencia empírica muestra que en todos los países donde el aborto es legal se han reducido ostensiblemente sus cifras. Mientras las tasas de aborto son de 29 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina, en Europa Occidental es sólo de 12 por mil[2]. Uruguay, que legisló en 2013, exhibía hasta esa fecha un promedio de 33.000 abortos anualmente. En 2014, a sólo un año de promulgada la ley, la cifra bajó a 6.676 casos, con una tasa aproximada de 9 abortos cada 1000 mujeres[3]. Una de las tasas más bajas del mundo.

A la vez, en América Latina el 95% de los abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras, con graves consecuencias para la salud de la mujer en términos de morbilidad y mortalidad, mientras en los países en los que se ha despenalizado se realizan en condiciones garantizadas por los sistemas públicos de Salud.

El infantilismo moral de la derecha

Si los opositores al aborto fueran actores racionales, que desean efectiva y consistentemente disminuir las cifras de aborto, hace mucho rato habrían accedido a homologar nuestra legislación con la de los países que poseen las tasas más bajas en esta materia. Es lo que ocurre cuando se legisla en cualquier otro campo, como la economía, las finanzas o la política. Pero esto no ocurre en este ámbito porque la minoría conservadora asimila, porfiadamente, despenalizar con promover o avalar una práctica. Esto lo hacen bajo una racionalidad infantizante, que identifica legalidad con validez moral. Mantienen en su estructura mental una idea del Estado como el gran tutor de la conciencia, que decide lo bueno y lo malo, como prolongación de la voluntad de Dios en la tierra. Mientras la racionalidad de nuestros conservadores no cambie, sus parlamentarios seguirán haciendo el ridículo en el Congreso y estaremos presos de un debate insoluble, hipócrita y metafísico, sin ser capaces de resolver cómo y cuándo hay que proteger la vida concreta, entendida como un bien que debe ser valorado y cuidado en su integralidad.

[1] Via X, 21 marzo 2016.

[2] Sedgh G., Singh S., Shah I.H., Hman E., Henshaw S.K., Bankole  A.  (2012)  “Induced abortion: Incidence and trends worldwide from 1995 to 2008”, The Lancet,  379  (9816) , pp. 625-632.

[3] República Oriental del Uruguay (2014)  “Balance 1er año de implementación de la ley 18.987 –Interrupción Voluntaria del Embarazo Decreto 375/012 Reglamentación de la ley de IVE Diciembre 2012- Noviembre 2013”. Ministerio de Salud Pública. Montevideo.