¡Adiós Programa!

Para entender el trasfondo político del discurso del 21 de mayo resulta clarificador leer al ministro del Interior Jorge Burgos, entrevistado por el Diario Financiero. Con frases sin rodeos logra definir lo que constituyó el núcleo del discurso presidencial de 2016[1]: “El crecimiento fue un verbo vector permanente del discurso, ‘sin un crecimiento sostenido no hay posibilidades de avanzar en más igualdad’, pacto por un crecimiento sostenible en el tiempo, ‘elevar la productividad’, finanzas públicas sanas, no al populismo, compromiso por cumplir la regla fiscal, respeto a la propiedad privada. Clarito como el agua, señales claras, si no las quieren leer ya no es problema de la Presidenta, parece ser un problema de algunos receptores”, sostiene el ministro.

Burgos deja en claro “para quienes” y “para qué” se construyó la cuenta pública de este año. Sin anuncios de relevancia ciudadana, sin un relato de futuro convocante para su base de apoyo política y social, el gobierno presentó un mensaje con un sólo destinatario, muy claro: el gran empresariado, los poderes económicos internacionales y nacionales, a los que se propuso construir una nueva “agenda pro-crecimiento”.  Burgos afirma claramente que la audiencia a la que apuntaba la presidenta eran “aquellos que son esenciales para levantar el ánimo del crecimiento. Creo que el sector privado en eso tiene un rol importantísimo. Despejemos fantasmas”.

Más explícitamente, para este ministro “la contribución básica de la cuenta es mejorar el ambiente, a veces enrarecido (…). Es un llamado a los actores políticos y sociales para construir un gran acuerdo en esa dirección, la Presidenta y su gobierno lo desea y está dispuesta”. En otras palabras “Que exista acuerdo que el crecimiento debe ser el objetivo central de la segunda parte del gobierno de Michelle Bachelet es, qué duda cabe, particularmente trascendente para el gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda, prioriza ese desafío. Si los empresarios lo valoran, están entonces dos actores centrales, desde la política, desde el mundo del trabajo creo habrá una respuesta positiva”.

 Del “realismo son renuncia” al “realismo objetivo”

Este énfasis tan explícito y sin tapujos revela que al interior del gobierno los ministros del área económica,  apoyados por Burgos y los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría, han ganado finalmente un largo pulso que comenzó a inicios del 2015,  luego del cambio de gabinete, cuando se anunció la política del “realismo sin renuncia”. Un año después los partidarios de la renuncia “a secas” se han fortalecido, al punto de cuadrar y definir el fondo y la forma del discurso presidencial.

Los efectos del triunfo interno de los conservadores y neoliberales en el gabinete tiene como consecuencia directa que el programa comprometido ante el país se ha archivado en la estantería. Burgos en su entrevista ante el Diario Financiero detalla su satisfacción por este estado de situación:  Ante la pregunta: “El reconocimiento de que la obra gruesa ya está es una muestra de que se impuso el realismo. O ¿dónde sigue estando ahí la renuncia?”, el ministro contesta: “- Ni triunfo, ni derrotas, realismo objetivo, las grandes reformas están en marcha, hay que consolidarlas, con ellas Chile será un mejor lugar donde vivir.”

Este “realismo objetivo”, puro, duro y sin apellidos, significa para Burgos entre otras cosas, que no habrá cambios en materia de pensiones: “Una AFP estatal, es a mi juicio, una buena decisión. Desde mi perspectiva, consolida la opción de un sistema de capitalización individual (…) Una AFP del Estado no es más que eso y eso es importante. Si hay alguien que crea que hay que poner en discusión el sistema previsional chileno, está en su derecho. Pero no va a ser una cuestión que se discuta en los dos años de gobierno que quedan”. Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones, hombre de empresa, para nada cercano a la izquierda, comentó este anuncio diciendo: “Lo que yo leo entre líneas es que el gobierno más bien formaliza su renuncia a intentar legislar sobre esta materia en este periodo y el tema va a quedar pendiente[2]”. Nuevamente, renuncia programática a secas. O “realismo objetivo”.

Ante los casos de corrupción y despilfarro en las FFAA, ningún cambio de fondo:  “La modificación a la Ley Reservada del Cobre no es necesaria a partir de la polémica, porque -cuidado- luchar contra casos de corrupción no tiene que ver necesariamente con la ley”.

En materia de garantías y derechos fundamentales para la ciudadanía, Burgos rechaza la iniciativa de algunos parlamentarios de recurrir al Tribunal Constitucional ante la insistencia en introducir la nueva detención por sospecha (Control preventivo de identidad): “La Agenda Corta es muy concreta. Más atribuciones a las policías en su rol preventivo, más atribuciones a los fiscales y establecimiento de normas más estrictas de juego de las atenuantes a la hora de dictación de sentencia para los delitos de más ocurrencia en Chile”.

Frente a un posible veto del gobierno a la fallida reforma laboral, luego del dictamen adverso del TC en materia de titularidad sindical, Burgos da a entender que no se aplicará: “- Sobre el tema laboral y el fallo del TC, ¿usted es partidario de retirar el veto? – Aún hay una discusión técnica sobre los instrumentos legislativos destinados a dar vigencia plena a la reforma laboral”.

En relación a los debates del Proceso Constituyente, Burgos cierra la puerta a cualquier cambio que afecte los intereses comerciales y financieros: “Se ha instalado que está en juego el derecho de propiedad, la Presidenta ha sido categórica en eso, no está en juego el derecho de propiedad. Las discusiones que hay son las discusiones que ha habido siempre. Se discute legislativamente en materia de derechos de agua, que la empresa que hace un camino tiene que correr los postes, esas son las discusiones que hay, pero el derecho de propiedad como derecho esencial, no está en juego. ¡Por favor!”

¿Obra gruesa terminada o elefante blanco?

El giro conservador, pro-empresarial y financiero del gobierno se sostiene en dos premisas: la grave crisis del precio de los recursos naturales y la necesidad de consolidar un conjunto de reformas en curso que sólo deben pulirse. De allí el argumento de la “obra gruesa terminada”. No hay que construir nada más, sólo afinar las terminaciones.

Sobre el primer aspecto es evidente que el contexto de las economías en América Latina es muy preocupante. La debacle de los precios de las exportaciones ha generado una ola de inestabilidad política que la derecha está aprovechando muy bien, dando un golpe parlamentario contra el gobierno del PT en Brasil, devolviendo a Argentina a los años del neoliberalismo más feroz, avanzando en Perú y acorralando a Bolivia, Ecuador y Venezuela. No es extraño que este contexto haya inoculado cierto pavor en la dirección de los partidos de la NM.

Sin embargo Chile podría enfrentar la crisis de las materias primas de otra forma. Y no lo dicen solamente los economistas de izquierda. El Estado dispone de amplios ahorros públicos depositados en el exterior que le permitirían salir al paso de las demandas de gasto a raíz de la crisis de Chiloé, cumplir el compromiso de gratuidad en la educación superior, pagar el bono adeudado a los funcionarios públicos de Atacama, subir las pensiones de miseria, incrementar los  gastos de la salud, transporte público, protección de los eco-sistemas ambientales, dar cuenta de sus compromisos ante los ex presos políticos, etc. Más aún si deja de priorizar el gasto militar actual, eliminando los aportes de la ley reservada del cobre, y disminuyendo los subsidios a las empresas, ya sean salmoneras, mineras, o universidades privadas con lucro, que de forma directa o indirecta se embolsan enormes recursos fiscales.

Pero un giro de esa naturaleza representaría un viraje que impediría a la actual coalición concluir las reformas en curso. El “as bajo la manga” de los sectores conservadores de la NM radica en que ninguna de las reformas acometidas en la primera etapa del gobierno está realmente concluida. De allí la imagen de la “obra gruesa”. Se necesitan todos los votos de todos los parlamentarios de la NM para que esos cambios puedan cristalizarse, o de lo contrario la “obra gruesa” se convertiría en un “elefante blanco”, esperpéntico y grotesco, con gratuidad “vía glosa”, una reforma laboral que retrocede en materia de sindicalización, y una serie de otros “ornitorrincos” legislativos sin pies ni cabeza. De allí el poder de ese sector a la hora de chantajear a los participantes en el tablero político de la Nueva Mayoría. Algunos actores políticos ya interpretan este momento como un Jaque Mate definitivo y sin vuelta. Por ejemplo, los militantes de Revolución Democrática que colaboraban en tareas de gobierno, y que esta semana han anunciado la renuncia a sus cargos.

Este diagnóstico desalentador revela la necesidad de conformar un campo de fuerzas que permita al país salir del atolladero. El abandono de los compromisos programáticos por parte del gobierno debería entenderse como la ruptura formal de un contrato, que ya no ata a los movimientos sociales ni a la izquierda en ningún aspecto. Liberados de toda expectativa, superada la hora de las promesas, y terminada la “obra gruesa”, cabe iniciar un ciclo de reorganización y redefinición, bajo la lógica de arribar a un “Polo Constituyente”, que asuma un papel protagónico en la conducción de las luchas sociales y políticas, bajo un horizonte verdaderamente transformador.

Entre el anuncio del “realismo sin renuncia” y el “realismo objetivo” sin apellidos ha pasado tan sólo un año. ¿Qué “realidad” mostrará el país el 21 de mayo de 2017? Las palabras del ministro Burgos mostrarán en esa fecha si él ha conseguido su objetivo, y ha terminado de vaciar de contenido las reformas,  o han sido los pueblos y sus luchas los que han logrado empezar a reconducir los acontecimientos.

Publicado en Punto Final 27 de mayo 2016

[1] Diario Financiero, 24 de Mayo de 2016.

[2] Diario Financiero, 23 de mayo.

Desentrañando a Uber. Falacias en torno a la aplicación milagrosa

El fantasma de Uber, la aplicación móvil que amenaza con desplazar a los taxis al basurero de la historia, se extiende por el mundo, levantando grandes protestas desde los gremios afectados. Esta app permite que cualquier persona con automóvil propio, y tras una serie de trámites ante esta empresa, pueda recoger personas y llevarlas hasta su destino. La tensión por su desarrollo ha llegado a Chile, sumándonos a un debate internacional que acompaña la inexorable expansión de una nueva tecnología que reconfigura las relaciones económicas en el mercado del transporte.

Pero no se trata sólo de un asunto entre taxistas y conductores asociados a la app. Fundada en 2009 en San Francisco, California, Uber ha experimentado una expansión explosiva. Ya en 2015 logró operar en 132 países y alcanzó una valorización de 40000 millones de dólares. Y cada año nacen otras similares, como la española Cabify, o Airbnb, el portal de alojamiento que compite con los hoteles. Estas aplicaciones sólo son la punta del gran iceberg de las plataformas digitales aplicadas a la economía, que desafían las reglas comerciales, las convenciones y los marcos de comprensión sobre el consumo a los que estamos habituados. Su éxito arrollador entraña la necesidad de un debate sobre la capacidad de regulación del Estado, sobre la protección y especialización profesional, sobre la estabilidad laboral, la libertad de los intercambios espontáneos, entre muchos otros temas anexos.

El ministro de Transporte, Andrés Gómez-Lobo ha advertido que se trata de un servicio “pirata”, que contraviene las normativas vigentes en materia ya que los vehículos Uber no están inscritos en el Registro de Servicios de Transporte Público de Pasajeros y no están afectos al pago de impuestos. Por su parte el gremio taxista ha apelado a los resguardos que le garantiza la ley y para los cuales han debido superar una serie de barreras de entrada bastante altas: obtener licencia de conducir A-1,  poseer un vehículo con las características técnicas exigidas, cambiar el color a negro y amarillo, contratar seguros específicos, instalar el taxímetro, y sobre todo pagar un “cupo” que en ocasiones supera los seis millones de pesos.

Frente a estas protestas se han desplegado argumentos a favor de Uber en dos planos. El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez argumenta desde la funcionalidad y la preferencia de los usuarios: “Si hubiera que elegir, los que tendrían que desaparecer son los taxis, no Uber, Cabify u otros. Son más eficientes, seguros, baratos y, lo más importante, la gente los prefiere. Así lo demuestran las cifras de usuarios y diversas encuestas realizadas en estos días, en donde una abrumadora mayoría -más del 90%- apoya la existencia de estos servicios[1]

Pero en segundo lugar Benítez arguye en un plano ideológico: “Las amenazas del ministro de Transporte, Andrés Gómez-Lobo, de ofrecer las penas del infierno al servicio, al que calificó de “pirata”, son equivocadas. El titular de Transporte comente dos errores. Primero, demuestra una ceguera enorme frente a los cambios tecnológicos. Con esa actitud hubiera impedido la entrada de los celulares por defender las empresas de telefonía fija. O del correo electrónico o WhatsApp, para proteger a los carteros”. En igual sentido Pedro Pablo Errázuriz, exministro de transporte del Gobierno de Piñera declaró que restringir Uber es “es como prohibir Internet para proteger al Fax”. De allí que Benítez concluya que tras las palabras del ministro Gómez-Lobo se anide una “ideología equivocada”: “Es la idea de que lo que no está regulado, es pirata. Se trata de una ideología muy presente en estos días. Y muy equivocada. En parte porque no es efectivo que Uber y otros similares no tengan regulaciones. Lo que pasa es que son propias y explican, de paso, su éxito”.

Este argumento es reiterado sistemáticamente por los ‘lobbys’ tecnológicos norteamericanos. Quienes se oponen al “giro Uber” a la economía serían los “ludistas” del siglo XXI, como sus antecesores, los artesanos británicos de la industria textil en la Inglaterra de 1779, que se dedicaban a destruir telares mecánicos como reacción a las duras condiciones laborales en las fábricas y las reducciones salariales que provocaba la incorporación de la nueva tecnología. De allí que Benítez concluya que “Luchar contra la modernidad es ir en contra del desarrollo, del bienestar de la gente, algo que no tiene sentido. Además, inútil, porque nada detendrá este tipo de aplicaciones”.

Benítez y Errázuriz caen de lleno en la “falacia naturalista” descrita por David Hume, y que identifica la experiencia fenoménica con lo moralmente apropiado, concluyendo un «debe» donde se observa un «es»[2]. Si toda la producción de la tecno-ciencia es válida per se, simplemente porque es posible de implementar, no sería necesaria una evaluación que estime los efectos sociales y naturales de su operación frente al entorno, tanto en el momento actual como a futuro. Es lo que Hans Jonas ha expresado bajo la idea de “ética de la responsabilidad”, diciendo: “”Ante un potencial casi escatológico de nuestra tecnología, la ignorancia sobre las últimas consecuencias será, por sí sola, razón suficiente para una moderación responsable”[3].

UBER ¿Un caso de economía colaborativa?

El argumento más seductor que proponen los partidarios de Uber es otro. Radica en radicar su funcionamiento dentro de las lógicas de la “economía colaborativa”. Bajo la noción de Sharing Economy se suelen agrupar prácticas muy distintas, que en rigor no se deberían homologar. Se trata de un cajón de sastre de iniciativas basadas en las tecnologías de la información y comunicación, que permiten la creación de redes sociales, donde se pueden realizar intercambios entre individuos de forma masiva. Pero aparte de esta característica común, no hay nada más que les asemeje.

En el caso de Uber varias voces han advertido que la colaboración no es una característica del sistema. Leonardo Schvarstein, de la Universidad de Buenos Aires, advierte: “Este tipo de plataformas se venden como un movimiento colaborativo, donde todos cooperan y ganan, pero allí no se comparte nada. Esta empresa factura 2 mil millones de dólares al año y duplica su facturación casa seis meses. En este momento obtiene ganancias netas por 400 millones de dólares al año, solo por una tarea de intermediación”[4]. Y por su parte quienes inscriben sus vehículos para el servicio de Uber son ellos los que asumen los riesgos y costos del negocio; entre ellos el pago de seguros y la depreciación de su bien patrimonial, lo que no suelen calcular en sus cuentas. A la vez Uber lucra con la inmensa información que recoge de sus transacciones, vendiendo este “big data” a otras empresas o a organismos estatales.

Urge, al menos, definir la responsabilidad de las plataformas respecto a las transacciones que se cierran a través de ellas, conseguir que se distinga entre profesionales y particulares, de cara a los usuarios, y mejorar los sistemas de resolución de conflictos entre ellos. Y evaluar el impacto desde el punto de vista de la competencia desleal, incentivando la precariedad, y empujando hacia la economía sumergida una actividad que hoy está regulada y  reconocida.

Reconocer la auténtica economía colaborativa

No se debería homologar Uber con otras experiencias colaborativas en transporte, como los sistemas de bicicletas compartidas, (Bicing) o de viajes compartidos en auto, como Blablacar. La economía colaborativa se basa en relaciones entre pares (peer to peer), Permutas, préstamos de igual a igual. Se trata de dar primacía al valor de uso por sobre el valor de cambio, y al acceso por sobre la propiedad individual.  Ello en un mundo en que el 40% de los alimentos del planeta se desperdicia; los autos particulares pasan el 95 % de su tiempo estacionados y herramientas domesticas como los taladros se usan 13 minutos de media al año.

Incentivar la colaboración por medio de redes virtuales es importante. Se calcula que un automovilista de Londres dedica 2549 horas de su vida a buscar de estacionamiento. Y anualmente desperdiciará 101 horas en tacos y eventos de congestión vehicular. La pregunta es si Uber es la respuesta adecuada a esta situación. ¿No sería más racional fortalecer y cualificar el transporte público? ¿No sería posible incentivar, mediante redes y aplicaciones virtuales, las prácticas realmente colaborativas en materia de transporte? El “capitalismo de las plataformas” nos desafía a repensar las prácticas monopólicas, las regulaciones anacrónicas y pone en evidencia posibilidades de interacción insospechadas. Pero el rentismo desenfrenado de la ínfima minoría que controla estas redes no producirá producir beneficios colectivos de manera automática. La innovación tecnológica no anula los conflictos entre intereses de clase. Por eso habrá que regular y generar un plan que haga realidad la promesa de la libre colaboración en el mercado., Hay que poner a trabajar al Estado en el diseño y fortalecimiento de instituciones (sindicales, públicas, comunitarias, mixtas) en diferentes escalas territoriales, que pongan la cooperación a funcionar para el beneficio colectivo.

[1] #UberSeQueda, en La Tercera 9 de abril de 2016, p.

[2] David Hume (1984) Tratado de la naturaleza humana. . Tomo III: De la moral, Ediciones Orbis, Buenos Aires,. Pags 689-690.

[3] Hans Jonas (1995) El Principio de Responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.

[4] “Uber no es ejemplo de economía colaborativa” en Centro de investigaciones para el desarrollo, U.Nacional de Colombia, noviembre  de 2015.

¡ A desbordar el Proceso Constituyente !

Sin que casi nadie se diera cuenta se inició el “Proceso Constituyente”. La primera constatación es la escasa y confusa información que ha precedido a este momento. Y no es porque no se hayan dispuesto recursos y campañas para instalar el itinerario. Simplemente el mensaje del “Constitucionario” y otros mecanismos similares no se han entendido, porque se han dicho muchas cosas, pero no las más importantes ¿Cómo, por qué y de qué manera participar?

Por un lado el Consejo de Observadores en el que hay una clara mayoría de integrantes de la derecha, ha conducido el debate desde la paranoia y la desconfianza absoluta, amenazando continuamente con boicotear el proceso, y generando todo tipo de trabas burocráticas a la participación masiva. Por ejemplo, afirmando que lo funcionarios públicos, sin distinción ni nivel de responsabilidad, no podrían participar, retardando las definiciones de procedimiento, acortando los tiempos de consulta, etc.

Pero en rigor, el temor y el recelo a la participación no ha sido patrimonio del Consejo de Observadores. Parece que a los organizadores del proceso no quisieran animar a la participación, por el diseño mismo que han implementado. Partiendo del hecho de no clarificar el sentido y el efecto político que esperan generar. En rigor, más que un “Proceso Constituyente”, el sistema de cabildos locales, provinciales y regionales se deben entender como “Procesos Pre legislativos”. Estos encuentros lo que hacen es preparar el proyecto de ley que la presidenta enviará al parlamento a fines de año, que contendrá los elementos centrales de un nuevo proyecto de Constitución. Pero el momento constituyente mismo se ha desplazado para el gobierno y el Congreso que entrarán en funciones en marzo de 2018.

El método elegido por los técnicos de  La Moneda ha desechado diversas experiencias internacionales presentadas por otros servicios al interior del gobierno y desde la sociedad civil. Estas propuestas alternativas no buscaban cambiar el carácter consultivo del proceso “pre-legislativo”. Pero eran mucho más sustanciosas y abiertas en materia participativa. Al respecto Naciones Unidas ha logrado implementar durante los últimos veinte años una serie de consultas a escala global que han logrado garantizar a los participantes que su voz y sus demandas se vean reflejadas si logran una movilización consistente y persistente. Ello permitió arribar a la declaración y al programa de Durban (2001) contra el Racismo. También se aplicó en el proceso de la asociación de Busan para una Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo (2012). Incluso en temas de alta conflictividad, y con enormes intereses geopolíticos cruzados, como es el caso del cambio climático, la ciudadanía ha logrado utilizar espacios de participación que no son despreciables. Los acuerdos de la  XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, celebrada en Paris en 2015 no hubieran sido los mismos sin que hubiera existido una ventana de participación ciudadana que presionara y monitorizara las negociaciones.

Todos esos procesos tienen en común reconocer que en la sociedad hay organizaciones vivas, sociales y políticas, que poseen propuestas y criterios propios, y esas posiciones están en conflicto y en discrepancia entre sí. La clave de la participación radica en que esas ideas se expresen, choquen, se debatan de forma abierta y sistemática. No aspira a acuerdos forzados, sino a expresar y plasmar la diversidad de posturas entre organizaciones reales, no sólo entre individuos. Y les garantiza un marco procedimental para reconocer las ideas que logran mayor receptividad y  aceptación colectiva.

En cambio, en el proceso chileno han quedado en evidencia lo arraigada que está la mentalidad anti-participacionista. Este enfoque, ha impregnado este proceso gubernamental de la mano de Rodrigo Araya, uno de los nueve socios de la Consultora Tironi y asociados, y al que cabe la autoría intelectual del “Proceso Constituyente”. Bajo un marco teórico llamado “Gestión de Controversias” ha diseñado una política de contención del desborde social. Literalmente Tironi afirma: “La experiencia de consultoría de TIRONI Asociados nos confirma que hemos arribado a un estadio donde lo usual es la ocurrencia de desbordes que siembran la alarma entre la población. Frente a estos los expertos se dividen y carecen de respuestas indubitables”[1]. Si un proceso de participación social parte desde el temor al “desborde”, la respuesta no será crear causes y puentes. Será crear diques y compuertas que protejan lo instituido. Esta es la mentalidad que ha capturado el proceso y que impide, desde dentro, que despliegue su potencialidad. La respuesta por lo tanto está clara: es urgente y necesario desbordar este proceso. ¿Cómo y de qué manera? Es tarea de los movimientos sociales definir e implementar esta tarea.

[1] Tironi, Eugenio (2011) Abierta Gestión de controversias y justificaciones. Uqbar editores, Santiago. P. 7.