La constitutiva problematicidad de lo ético en la política

La creciente crisis de legitimidad que afecta a los actores e instituciones políticas de Chile parece haber pasado a una nueva y más intensa etapa. A las denuncias ya acumuladas (casos Penta, Caval, SQM, Corpesca, etc) hay que agregar un par de casos nuevos, puntuales, pero muy relevantes. Se trata del financiamiento recibido por el diputado y ex dirigente social Iván Fuentes, de parte de la agrupación de industriales pesqueros Fipes. Estas donaciones se habrían realizado tanto durante su periodo de dirigente de pescadores artesanales como también durante su campaña parlamentaria. Los fondos se los habría gestionado el senador Patricio Walker (DC). Esta denuncia ha minado gravemente la imagen de incorruptibilidad de Fuentes, que gozaba hasta ese momento de una muy buena percepción pública, siendo uno de los diputados más valorados dado el prestigio alcanzado como líder del movimiento “tu problema es mi problema”, que movilizó a la región de Aysén entre febrero y marzo de 2012.

Una situación similar es el reciente procesamiento del ex Comandante en Jefe del Ejército General Juan Emilio Cheyre como presunto cómplice del homicidio calificado de 15 personas en el regimiento Arica de La Serena, en el marco del caso “Caravana de la Muerte”.  El general Cheyre había ganado su prestigio al frente del ejército al condenar las violaciones a los derechos humanos en dictadura: “¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética[1]”. Este tipo de declaraciones, reiteradas en distintos medios, le hizo acreedor de una imagen modernizadora y reformadora de las las FFAA, que se distanciaban de la sombra del dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, su procesamiento actual pone en evidencia la ambigüedad de esas afirmaciones. Al mismo tiempo saca a la luz las redes de protección en el Estado de las que gozó el ex uniformado por largos años, y que le permitieron ascender en la institución castrense y luego de su retiro mantener una posición de influencia como consultor, académico, consejero del SERVEL, entre otras tareas. Esta red de protección involucraría a altos dirigentes políticos como el expresidente Ricardo Lagos, el ex ministro del interior Jorge Burgos y el ministro de defensa José Antonio Gómez, que habrían obviado el historial de Cheyre, documentado en el informe Rettig, el informe Valech y en Los Zarpazos del Puma de Patricia Verdugo, con el fin de garantizar su apoyo al proceso de reintitucionalización de las FFAA.

Los casos de Fuentes y Cheyre profundizan el extendido descrédito de la actividad política, ya que tumba la imagen de personalidades que habían ganado prestigio por su acción pública y minan la credibilidad general. Si los casos anteriores afectaron fundamentalmente a políticos ya desacreditados, este nuevo tipo de situaciones extiende como mancha de aceite las miradas de sospecha a todos los líderes políticos, y a todas sus instituciones. En este contexto la crítica social cobra importancia capital, especialmente si se la vincula a la bajísima participación ciudadana en las recientes elecciones primarias de las Nueva Mayoría y Chile Vamos. Un cuadro de desafección general puede distorsionar las futuras elecciones ya que el abstencionismo puede ser capitalizado por grupos de poder muy minoritarios, pero muy organizados o que disponen de mayores recursos, los que podrían imponer sus intereses en un cuadro de desmovilización electoral. La pregunta que se debería tratar de responder, de cara a la sociedad, debería ser la siguiente: ¿Cuál es la posibilidad, real, concreta, de articular ética pública y política en el actual contexto?  ¿O debemos aceptar, fatalistamente, que se ambos conceptos no pueden estar estar escritos en una misma oración?

Los modos de relación entre ética y política

Una primera respuesta debe ser la necesidad de distinguir ambas dimensiones. Ética y política nunca han sido sinónimos, ni nunca podrán nunca serlo. Esta distinción es la que expone Max Weber en “La política como vocación” en donde acierta al considerar que el discernimiento entre medios y fines no es aplicable de forma directa a la racionalidad política, ya que en este campo los buenos propósitos suelen requerir de medios cuestionables para llegar a implementarse. De allí que su respuesta a esta “anomalía estructural” sería el confinamiento de la política a una “ética de la responsabilidad” que exige al político el abandono de todas sus convicciones como un ethos definitivo.

Este punto de partida resulta difícil de tolerar por una ciudadanía que exija a sus líderes “ejemplaridad” y “representatividad”. Si todo dirigente político está irremediablemente atrapado por las “coerciones funcionales sistémicas de la política, el derecho y la economía de mercado”[2] nunca podría responder a estas dos exigencias. Nunca podría ser ejemplar, ser modelo de acción pública, sino más bien estaría condenado a ser un contraejemplo permanente. Y tampoco podría ser representativo, ya que no podría encarnar las convicciones que sus electores desearían que encarne. El único mérito que podría mostrar un político sería su capacidad de juicio prudencial, que le llevaría a escoger el menor de los males y alejarse del peor de los desastres.

Esta situación ha dado pie a dos formas históricas de repulsa a la política[3]. La primera es la repulsa elitista, de quienes se sienten “accionistas” preferentes del Estado, y que esperan que sus administradores ejerzan las funciones, especialmente las represivas, de modo “elegante”, bajo una moral burguesa que dicta la limpieza de los acuerdos, la honorabilidad de las formas, la pulcritud de los procedimientos. Pero la conflictividad social y democrática, y especialmente la presencia de los intereses distintos a los propios de los “accionistas” del Estado, exige que los procedimientos políticos ya no respondan a esos criterios. En democracia se hace necesario recurrir a la astucia, al engaño, al compromiso, incluso al soborno o la corrupción, para poder acceder y mantener el poder. Bajo un régimen absolutista o en dictadura, no son necesarios estos acuerdos, componendas, y oscuras conversaciones de pasillo. Se puede ejercer el poder despótico “limpiamente”, con la posibilidad de responder “sólo ante Dios y la historia”, como dijo Francisco Franco. En esta lógica sólo quién puede permanecer en el espacio privado puede mantenerse limpio, pero “meterse en política” es siempre una actividad envilecedora.

La segunda forma de repulsa a la política es la que desarrolla el mundo popular que suele ver todo ejercicio del poder como un mal en sí mismo. Se sostiene que sólo la “acción directa” puede resolver los problemas del pueblo, por lo cual las mediaciones representativas y especialmente la existencia misma del Estado y sus instituciones, son fuentes de corrupción endémica. Sólo si es destruida esta fuente de todo mal prevalecerá la “bondad natural” del ser humano, y especialmente las virtudes inmanentes a la clase trabajadora. De allí la necesidad de retractarse de toda acción política electoral, para concentrarse exclusivamente a nivel social, sindical, reivindicacionista o incluso a la acción directa político-militar o insurgente.

Pero esta supuesta superioridad moralidad del “mundo privado”, ya sea de las élites o del mundo popular, no existe. La racionalidad moral que impera en la política no es muy distinta al del comerciante, grande o pequeño, y las formas de ejercicio del liderazgo popular en un movimiento sindical no son necesariamente mejores que los que operan en la política. Como observó Aranguren estas formas de repulsa de la política tienen puntos semejantes: “Se parecen uno y otro, evidentemente, en que ambos sienten el Estado como ajeno, y construido no por todos, sino por “ellos”. Unos “ellos” son el gobierno, el parlamento, y a lo sumo los funcionarios públicos y partidos políticos. Se parecen en el individualismo y pretensión –utópica- de sustraerse a la política […] En realidad el hombre apolítico, a su pesar, opera políticamente: bien “dejando hacer”, bien desde fuera, en un grupo de presión, sin asumir responsabilidad política. Se parecen, en fin, en considerar ambos el Estado como el mal, que el burgués espera reducir al mínimum y el anarquista, más radical, suprimir de raíz[4]”. En ambos casos les subyace un optimismo antropológico, casi metafísico, que confía en la naturaleza humana individual y su bondad innata, opuesta a la perversión de las instituciones. Y en ambos casos su “moralidad” individual y subjetiva es incapaz de pasar al plano de una “eticidad” social, realista, e intersubjetiva.

Ni sinónimos ni antónimos, relación dramática e ineludible

Ética y política parecen estar condenadas a convivir en una relación dramática. Si la ética desea superponerse a toda acción política, termina paralizándola y haciéndola estéril, porque nunca se podrían alcanzar sus objetivos. El actor político quedaría atrapado, incapaz de asumir la necesidad ineludible de optar, permanentemente, por males menores, pactos incestuosos, alianzas con intereses adversos. Por otro lado, si ética y política se disocian totalmente se termina deslegitimando su acción, vaciándola de sentido y haciendo irracional su funcionamiento. Este es un drama germinal, que obliga a una compatibilización ardua, problematizadora e inacabable. Pero como toda relación dramática, es una relación entre actores libres. El drama no es la tragedia, que presupone un fin determinista del que no hay escape. En el drama de la política hay vías de salida, distintos desenlaces, nunca perfectos, pero que permiten reconocer en un Nelson Mandela, un Pepe Mujica, una Mary Robinson o un sin número de personalidades que se atrevieron a “ensuciarse las manos”, políticamente hablando, pero sin abandonar un núcleo de convicciones que “salvaron” sus pactos, sus componendas, sus atajos y sus contradicciones. ¿Cuál es la fórmula para ello? “ Es entre la tragedia y el fariseísmo, en el drama de la existencia, donde está la verdad moral y la posibilidad –difícil siempre- de moralización de la política[5]”. Existencia que no es otra cosa que asumir con Sartre que estamos “condenados a la libertad”.

[1] Columna “Ejército de Chile: el fin de una visión”, publicada en  La Tercera el 5 de noviembre de 2004.

[2] Apel, Karl Otto (2007), La Globalización y una ética de la responsabilidad, Prometeo, Buenos Aires, p. 133ss.

[3] López Aranguren, José Luis, (2011) Ética y Política, Público, Madrid, p. 65ss.

[4] López Aranguren, José Luis, op. cit, p. 70.

[5] López Aranguren, José Luis, op. cit, p. 82.

El Mercurio y sus dos candidatos

Faltando año y medio para las elecciones El Mercurio ya ha presentado a sus dos candidatos presidenciales. En esta ocasión el diario de Agustín Edwards divide los afectos entre dos ex presidentes, a los que ha entrevistado ampliamente en sus últimas ediciones dominicales, convocándolos para hablar del futuro. Sebastián Piñera y Ricardo Lagos han sido objeto de dos cuidadas entrevistas, delicadamente producidas, personalizadas y diseñadas con el único fin de confirmar sus nombres en la carrera electoral. Las dos notas mercuriales se dulcificaron y condimentaron con las más enternecedoras fantasías de los candidatos con el fin de presentar el fluorescente porvenir que prometen a los electores. Ninguna referencia al presente, ni definiciones sobre los conflictos en curso o a las tensiones de la actualidad. Y por supuesto, ninguna referencia al pasado, a las herencias envenenadas que el país arrastra como herencia directa de sus dos gobiernos.

La pregunta es ¿por qué El Mercurio tiene dos candidatos? ¿porqué necesita repartir su cariño? Esta interrogante revela que ambas candidaturas poseen mucho en común, pero también diferencias que lejos de disociarles les permiten representar la compleja estructura del capitalismo chileno. Piñera y Lagos comparten sentidos comunes, pero con diferencias menores que les distancian. No son diferencias de fondo, o diferencias políticas, como sus “militancias” parecieran representar. Al contrario lo que distingue a Lagos y Piñera es el tipo de interés empresarial al que defienden.

La metáfora de esta distinción se aprecia en las obras que ambos levantaron en el frontis de La Moneda, por el costado de la Alameda. Piñera instaló allí un enorme mástil para que flameara una bandera monumental. Lejos de  expresar la identidad chilena, Piñera quiso dar una señal a sus bases de apoyo: el capital de base nacional en expansión internacional. Un símbolo para vieja derecha económica criolla, apalancada por el Estado, que sale a conquistar el mundo. En cambio Ricardo Lagos quiso inmortalizar su nombre por medio del Centro Cultural La Moneda, en cuya puerta gravó una frase de su autoría: “Aquí Chile se abre a conocer y a enriquecerse con otras culturas”. Pero más que abrirse “a las culturas”, su gobierno fue un momento de total apertura a los capitales transnacionales, que apoyandos por el Estado chileno, disfrutaron de enormes ventajas para enriquecerse en este país.

Capital nacional en flujo de salida versus capital internacional en flujo de llegada

Piñera y Lagos frente a frente. Piñera como abanderado de un empresariado que habiendo generado su acumulación originaria en Chile, sale ahora a conquistar el mundo. Lagos, en cambio, portero de un Estado que recibe a las concesionarias de carretaras, de constructoras españolas, sanitarias francesas,  Endesa, Telefónica, y las mineras, Barrick Gold, Escondida, Angloamérican, las que a cambio de un modesto y casi simbólico Royalty se les aseguró una invariabilidad tributaria hasta 2017.

La bandera de Piñera, que flamea en la Alameda representa la subordinación total de La Moneda al capital nacional. Para ellos se colocó alfombra roja y todas las depedencias del gobierno se transformaron en oficinas de promoción de negocios, en el mercado interno y en el mercado externo, por medio de una Cancillería reducida a una oficina comercial. Pero hay que recordar que a los inversionistas extranjeros no siempre les abrió de la misma forma la puerta. Piñera cambió el régimen tributario a las mineras luego del terremoto de 2010, y se atrevió a quitarle la aprobación a la termoeléctrica Barracones de la multinaconal franco-belga Suez Energy. Son variados los casos en los que no priorizó los intereses de los capitales foráneos por afanes de ganar popularidad o para proteger algún interés empresarial local.

El Centro Cultural de Ricardo Lagos refleja lo inverso. La Moneda también abierta, pero ante todo para un flujo de capital internacional globalizado al que se le garantizó las mejores condiciones de seguridad jurídica y bajos niveles tributarios, para lograr la más rápida rentabilidad. Especialmente ilustrativo resulta recordar la firma del TLC con Estados Unidos por su sentido geopolítico de alianza y vinculación estratégica y garantía para las inversiones norteamericanas. En su período se reorientó el gasto social para redestinarlo a subsidios en manos de oferentes privados a los que se concesionó la gestión de lo que eran antiguamente servicios públicos: en educación superior por medio del CAE y el mercado de las agencias acreditadoras, en la educación inicial por medio de las subvenciones, en transporte con el TranSantiago y las concesionarias de carreteras, en salud por el AUGE y en pensiones reforzando las AFP, permitiéndoles sacar sus utilidades del país e instaurando los “multifondos” con el engaño de la libre elección. Por medio de este diseño surge un capitalismo de servicios, orientado al capital transnacional que vive parasitando de los subsidios estatales.

Esta puerta ancha al capital externo queda reflejada por Francisco Fernández[1], ex Fiscal Económico nombrado por Lagos, que en febrero afirmó que el expresidente “fue permisivo en torno a las presiones que ejercieron los grandes consorcios transnacionales, particularmente, los de matriz española y que me tocó vivir y sufrir como Fiscal Nacional Económico”, ya que que “hubo gente en su Gobierno que jugó un papel disfuncional a los roles de fiscalización del mercado, por eso terminé renunciando (…) era un juego de contradicciones insalvables, entre quienes queríamos que imperara la competencia, sin posiciones de predominio por parte de algunas empresas poderosas y, otros, que estaban en el juego de esas empresas muy pudientes”. De allí que Fernández concluya que Lagos: “tiene compromisos muy serios con el poder económico y se necesita inspirar confianza en la independencia de los representantes políticos y esa independencia no está asegurada respecto de quiénes han favorecido en el pasado los intereses económicos que encarnan las empresas. Ricardo Lagos ha servido a los intereses de los empresarios, queda fuera de toda duda”.

Ambas formas de capital necesitan del Estado

Para El Mercurio es imposible escoger entre sus dos amores porque ambos se necesitan. A la vez los dos sectores necesitan controlar el Estado para conseguir un marco legal que les permita eludir la competencia y obtener toda clase de subsidios públicos. Ello no quiere decir que no exista pugna soterrada entre ellos. El capital que apoya a Piñera, con base en Chile, es mucho más conservador en materia cultural y en temas de la contingencia política interna. Su riqueza tiene como origen inmediato un proceso de acumulación por desposesión, logrado a través de las privatizaciones fraudulentas de las empresas monopólicas en dictadura. De allí su férreo pinochetismo a muerte. En cambio las transnacionales que apoyan a Lagos son mucho más “progresistas” en materia de política interna y en asuntos “culturales”. Al fin y al cabo se trata de empresas que tienen sus sedes matrices en Estados Unidos y Europa,  conducidas bajo la lógica de la racionalización estricta de las inversiones, por ejecutivos que ven a  Pinochet como una lejana anécdota histórica. Su vínculo con Chile es posterior a 1990. No es extraño que estas empresas financien generosamente iniciativas culturales, teatrales, artísticas y sociales, incluso de carácter crítico y contestatario.  Simplemente es parte de lo que las transnacionales asumen como sus programas de Responsabilidad Social Empresarial. Pero si se despejan estas variables, ambos tipos de capital aparecen como las dos caras de una misma moneda, capaces de convivir en armonía en un contexto de crecimiento, pero en pugna feroz en tiempos de estrechez y contracción, como los que vivimos ahora.

 

[1] “ExPdte. Ricardo Lagos: El mayor lobbista del capital español en Chile”, en ElMuro.cl Martes 16 de febrero de 2016

Neoliberalismo. Fin de una ilusión

El acontecimiento fundamental de nuestro tiempo es la tormentosa muerte del neoliberalismo. Estamos ante un difunto que nació mal y que ha muerto mucho peor. No se trata de un evento local, en este remoto planeta llamado Chile. Se trata de un suceso mundial que tuvo fecha y lugar: el colapso de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Ese día el viejo relato que hablaba de la autorregulación de los mercados, capaces de arreglar por sí mismos sus propios desastres, terminó de naufragar en vivo y en directo. Los grandes Bancos Centrales de Estados Unidos y Europa tuvieron que salir al rescate y desde entonces han salvado la economía mundial a punta de fabricar billetes. Y lo siguen haciendo cada año, cada mes, cada día, a un ritmo imparable y sin medida. Fabricando de la nada billones y billones de dólares que representan una deuda inmensa, que sigue aumentando, impagable y que arrastramos todos los que hoy estamos vivos y que acompañará a los nietos de nuestros nietos.

Desde ese día el neoliberalismo no es más que es un pensamiento zombi, que sólo es defendido por talibanes como nuestro Axel Kaiser y los viejos ministros de la dictadura. Gente gritona pero académicamente irrelevante. Pero los que deseábamos que al neoliberalismo le remplazara una sociedad basada en el reconocimiento mutuo y la democracia auténtica, nos equivocamos. No llegó nada parecido, sino un tiempo tal vez más gris, amargo y sangriento que el anterior. Al crecimiento rápido de los años 90 le ha sucedido un estancamiento crónico que durará al menos 50 años. En los países desarrollados la desigualdad aumentará en las próximas décadas en un 40%, mientras el trabajo con contrato será una pieza de museo y un lujo de una ínfima capa de privilegiados. A la utopía de la globalización, la libre circulación de las personas y los capitales, le está sucediendo una ola de nacionalismo político y económico feroz: basta ver el voto de Gran Bretaña para salir de la Unión Europea, o las razias contra los inmigrantes. La nueva derecha ya no apoya los tratados de libre comercio. En Estados Unidos el candidato republicano Donald Trump es el más fiero enemigo del libre mercado que se haya visto en 50 años. Pero sin la menor intención de redistribuir o proteger a la ciudadanía. Simplemente se da cuenta que la torta del comercio mundial se ha achicado y que llegó la hora de defender su pedazo, y para eso está dispuesto a hacerlo por la fuerza.

Ante la muerte del neoliberalismo no llegó el socialismo, sino el neomercantilismo. Los antiguos socios quiebran sus contratos. La guerra avanza, las fronteras se vuelven cada vez más calientes. Los aliados se miran con desconfianza y temor. Se desalientan las importaciones, vuelven los controles de circulación de capital, se re-centralizan las decisiones en manos de gobiernos poderosos, pero autoritarios y antidemocráticos. Se trata de  una crisis de producción que recuerda a las tesis de Lenin sobre el imperialismo, pero en un contexto en donde la ciencia y tecnología permite que las trincheras se levanten en un campo de batalla virtual. Al menos por el momento. En el futuro cercano, tal vez serán trincheras reales, como ocurre hoy en Siria, en Ucrania o en el norte de África.

Todo se hace para aumentar el nivel de reservas de divisas, ojalá con respaldo en oro, en un escenario de incertidumbre. Se incrementa el gasto militar, se generan medidas proteccionistas con aranceles aduaneros, se promueve el crecimiento industrial y manufacturero, se construyen muros en las fronteras. Se expulsa a los inmigrantes y se cierran los procesos de integración. Las potencias buscan la independencia económica y la autosuficiencia, priorizando el control de la política monetaria por sobre la movilidad del capital. Las formalidades  legales, tan respetadas desde 1990, se empiezan a olvidar. Vemos golpes de Estado parlamentarios en países tan poderosos como Brasil. La globalización definitivamente se desinfló.

Una élite zombi

En Chile la muerte del neoliberalismo también lo está cambiando todo. Los que se ilusionaron con endeudarse para estudiar se han quedado con un título que vale muy poco y con una deuda a veinte años. A los que se esmeraron por cotizar en las AFP les ha dejado con pensiones de 120 mil pesos. A los que creyeron en el “sueño de la casa propia” les dejó una hipoteca que se transforma en drama en el momento en que se pierde el empleo. A los que creyeron que sus salarios subirían de acuerdo a su esfuerzo, se encuentran con un sueldo mínimo que aumenta en 10 mil pesos al año y que ni siquiera cubre el alza del IPC. Y a los que pensaron en que todos estos problemas se podían corregir por medio de la democracia, les ha dejado ante un sistema político que tiene dueños, con nombres y apellidos, que no se sientan en el Congreso, sino en los directorios de las grandes empresas.

A esta bancarrota no le ha seguido un modelo con mayor legitimidad democrática y social. Como en el resto del mundo, la torta económica se achicó. El crecimiento por la vía de las exportaciones de cobre, salmones, celulosa o vino ha disminuido y no hay mago que pueda hacerlas remontar. La crisis de la Concertación en 2010, de la derecha en 2013 y de la Nueva Mayoría en 2016 no es más que el reflejo político una crisis económica sistémica, de la que no se puede salir bajo las ideas de los años noventa. Ya no basta con endeudar más a los chilenos porque simplemente ya están endeudados hasta el cuello, y sin ingresos reales todas sus bicicletas financieras se vendrán abajo.

Las dirigencias partidarias y económicas han quedado en estado zombi, al igual que el neoliberalismo en que se criaron. No saben pensar en otros términos. No entienden nada de lo que pasa fuera de nuestras fronteras y se lanzan a repetir lo que ya conocen, confiando en que Piñera o Lagos devuelvan mágicamente el crecimiento perdido a punta con recetas que ya no funcionan en un mundo totalmente distinto. Los intelectuales del neoliberalismo no atinan a razonar. José Joaquín Brunner, por ejemplo, sale a denunciar el fin de la ilusión de la Nueva Mayoría, como vía de salida a la crisis. Pero se queda atrapado en su propia trampa conceptual, nostálgico de los años en los que el “Chile Jaguar” brillaba optimismo financiero al calor de un tipo de globalización que se acabó y no volverá.

Lo que no entiende la élite zombi es que la agenda programática levantada por los movimientos sociales en 2011, y recogida ambiguamente por la Nueva Mayoría en 2013, no sólo es éticamente incuestionable, socialmente urgente y políticamente inaplazable. Se trata de un conjunto de cambios económicamente inevitables, bajo la propia lógica capitalista, si se quiere dar viabilidad  a un país estancado, que avanza crónicamente de crisis en crisis sectorial. No es posible pensar que el sistema educativo se pueda normalizar sin una reforma profunda a sus fundamentos. No es viable que la productividad vaya a aumentar sin un grado de estímulo salarial a los trabajadores. No es imaginable que sin mínimos estándares de sostenibilidad ambiental se recuperarán sectores como la pesca, la acuicultura o la minería. No es plausible que la industria forestal se consolide si no se resuelve el conflicto con el pueblo mapuche. Ni tampoco se puede tener un Estado mínimamente viable en un mundo neo-mercantilista, sin la contribución tributaria de las empresas que necesitan un Estado fuerte y protector en esta nueva etapa. En síntesis no es necesario ser de izquierda para darse cuenta que muerto el neoliberalismo las reglas del juego deben ser otras.

Un gobierno en fuga

En este panorama el gobierno huye. A punta de chocar una y otras vez con los conflictos sabe que algún grado de cambio es inevitable y que no hay forma de mantener el patrón de crecimiento anterior. Pero no logra dar el paso. Por eso se escapa. Y los ejemplos son muchos. El más evidente el reciente anuncio de reforma a la educación superior. Tras una maraña de frases bonitas, el statu quo se mantiene. Pero para dar una ilusión de cambio promete gratuidad universal a futuro, condicionada a una fórmula matemática que como ha dicho el presidente del CRUCH y rector de la UV, Aldo Valle, no es más que una “figura retórica”, “que intenta salvar hasta el infinito la responsabilidad del Gobierno en llegar a la gratuidad universal”.

En materia Constitucional opera algo parecido. Bachelet entiende que la Constitución pinochetista, neoliberal a destajo, hoy es una traba a un proyecto viable de futuro. Pero no se atreve a dar el salto. Contiene el debate. Instala mediaciones. Surgen voces de advertencia ministerial: la propiedad no está en debate. Las reglas del juego económico no se tocan. Poco a poco ganan terreno constitucionalistas como Jorge Correa Sutil, los partidarios de la Constitución mínima, reducida a un conjunto de procedimientos vacíos, sin derechos económicos, sociales y culturales. Y con cláusulas de hierro para proteger a los de siempre.