Pánico en las alturas

En un inusual acto de sinceramiento político el senador DC Jorge Pizarro ha reconocido que “El grave problema que hemos tenido durante este gobierno es que nuestro partido, mi presidente de partido de la época (Ignacio Walker), firmó un programa en el que no estábamos totalmente de acuerdo[1]”. Como dicen los abogados, a confesión de parte relevo de pruebas. En 2013, la vieja Concertación, agotada, en medio de su vergonzante travesía fuera del gobierno, y deslegitimada ante una ciudadanía que empezó a auto-representar sus demandas por medio de movilizaciones masivas y constantes, decidió hacer un giro táctico.

De allí que la conformación de la Nueva Mayoría no se presentó solamente como una ampliación hacia la izquierda de la Concertación. Fue también la asunción de un nuevo programa, que al menos en sus objetivos formales asumía las expectativas postergadas desde 1990: Nueva Constitución, educación gratuita y fin al lucro, cambio al sistema previsional, descentralización, despenalización del aborto, reforma tributaria, fin al binominal, etc. Estas demandas fueron apoyadas por más del 60% de los electores. Todos los estudios independientes muestran que la base electoral de los partidos de la Nueva Mayoría apoya hasta hoy este programa de forma categórica y transversal, sin fisuras. Y que una amplísima base social, más allá de la Nueva Mayoría, se identifica con estas demandas y aspira a cambios rápidos y radicales en estas materias. Sin embargo este respaldo programático se invierte totalmente en la medida en que se asciende en la jerarquía política y financiera del país.

Recordemos los datos del PNUD 2015: “Un 66% de los ciudadanos y un 38% de la elite consideran que son necesarios cambios profundos en la Constitución. Se manifiesta en la opinión sobre el peso del Estado, donde desde salud hasta pensiones la mayoría de los chilenos considera que el Estado debe encargarse y sólo piensa de esa manera una minoría de la elite….Un 43% de la elite política y un 68% de la elite económica, cree que si se implementan cambios profundos el país puede vivir situaciones de alta polarización social; mientras sólo un 25% de los ciudadanos lo considera factible[2]”. De allí que el PNUD advirtiera que si no se reconstruía el vínculo-elite ciudadanía “es posible que se repita algo que ya ocurrió en la década pasada”. ¿Qué ocurrió en esa década? El mismo analista del PNUD lo recuerda: “El Informe de Desarrollo Humano 2004 mostraba una elite que no se sentía para nada amenazada. A los pocos años apareció inesperadamente el movimiento pingüino”.  Y desde ese 2006 ya nada fue igual: la deslegitimación general de las élites políticas y económicas, la desafección ante los causes representativos de las demandas sociales, la desconfianza en los partidos tradicionales, el auge del absentismo electoral, la masificación y cronificación de los estallidos de protesta. Y a la vez la absoluta ceguera, sordera y mutismo de las élites ante este nuevo contexto.

El giro táctico de las élites concertacionistas en 2013 intentó un diálogo apresurado y desesperado con este problema. Presuponía que ampliando hacia la izquierda la composición de la Concertación y firmando un nuevo programa electoral se podría recuperar mecánicamente la confianza perdida. Efectivamente, el giro táctico del 2013 supuso un dilema importante para la ciudadanía movilizada. Para los dirigentes sociales y las  izquierdas más institucionalizadas, como el PC, rechazar esa oportunidad significaba quedar en evidencia como partidos sin voluntad de pactar, sin capacidad de gestión gubernamental, y condenados a ser eternamente una oposición minoritaria. Para los movimientos sociales rechazar la oportunidad que ofrecía la NM presuponía asumir que sus demandas eran técnicamente inviables, o que constituían un programa irrealizable a corto y mediano plazo. Por ello una parte significativa de ambos sectores asumieron el riesgo de apoyar más o menos explícitamente a Michelle Bachelet en su retorno a la Moneda.

Pero a pesar de ello la parte mayoritaria de la ciudadanía no confió en la oferta de la NM. Si algo expresó el 50% de absentismo en las elecciones de 2013-14 es que la desconfianza de la base social era mucho más fuerte y arraigada que el nuevo apoyo político que logró la escuálida Concertación en ese momento. Una desconfianza que lamentablemente se ha visto confirmada como lúcida y preclara en la medida en que el programa prometido ha sido recortado desde el primer día del gobierno, y con la llegada de Jorge Burgos al ministerio del interior en mayo de 2015, reducido de forma grotesca a una caricatura de sí mismo.

Durante estos dos años de gobierno el PC y la Izquierda dentro la NM ha tenido que dejar de leer a Marx, o cualquier pensador crítico, y sumergirse en la filosofía de Buda, y aprenderse las “Cuatro nobles verdades” que  sostienen que  “El origen del sufrimiento es el anhelo” y que “el sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa”. De esta forma, la izquierda budista de nuestros días ha ejercitado todo tipo de yoga político para morigerar y reprimir todos sus anhelos. Pero como decía Freud “Lo reprimido se sintomatiza” y se convierte en patologías psicosomáticas, esquizofrenias, paranoias, alucinaciones y otras formas insanas de conducta que alteran la percepción de la realidad.

La restauración concertacionista

Agotado el capital legitimador del giro táctico de 2013, tanto por el derrumbe del liderazgo personal de Michelle Bachelet, como también por el desencanto general ante el curso frustrado de las principales reformas prometidas, la élite política concertacionista ha emprendido una táctica de “fuga hacia delante”, negando su responsabilidad en el curso de los acontecimientos  e intentando hacer pagar a la izquierda y a los movimientos sociales el costo por la crisis de representatividad y legitimidad que afecta al sistema político.

Como la mejor forma de defensa es el ataque el candidato Ricardo Lagos ha postulado que “Esta es la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile”, obviando sus propias responsabilidades en esa crisis . Frente a la debacle de la popularidad gubernamental  su propuesta es el regreso a la política de acuerdos intra-elitarios de los años 90: “Mi respuesta es que quienes lo deben hacer son los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, los jueces”, ha definido Lagos. Y ese mismo mensaje es el que junto a Eduardo Frei le fue a dejar a la presidenta Bachelet en la Moneda, luego de su anuncio de reforma previsional: “Es muy importante en este momento en que un clima de descalificación y desconfianza en el país  que haya un espacio para entenderse con temas que trascienden un gobierno y que va a permitir  un punto de inflexión para nuevas conversaciones y actitudes, cambiar un poco este clima”, declaró Eduardo Frei. Bajo la idea de “acuerdo”, “diálogo”, “entendimiento” en realidad se trata de decir algo muy distinto a los que esas palabras connotan. Se oculta otra cosa: la trama de un nuevo pacto transicional, que excluya de la mesa de negociación las demandas sociales y que estabilice el país, por lo menos por los próximos diez o veinte años.

¿El fin de la Nueva Mayoría?

Para lograr el nuevo pacto transicional Jorge Burgos ha ofrecido la receta: sostiene que la Nueva Mayoría “termina con este Gobierno” ya que la influencia del PC “no le hace bien al país… el país se ha descarrilado; hay que ponerlo otra vez en la vía, en la vía del crecimiento”. Al decir PC en realidad no se refiere solamente al Partido Comunista. Para cualquier observador es claro que su influencia en este gobierno no ha sido definitoria, al no tener ningún ministro en el comité político ni en el área económica. A lo que apunta Burgos es a la mera presencia de una izquierda “no confiable” para el capital en la mesa de conversación. Y esa izquierda política y social se ha metido en la “cocina” de las decisiones desde 2011 en adelante. Más que por su propia fuerza, por la fuerza de los acontecimientos.

A la izquierda dentro y fuera de la NM y a los movimientos sociales no se les puede achacar falta de capacidad dialógica. No se puede decir que la Confech no se haya sentado largas horas a la mesa, o que la CUT no tenga capacidad de ceder una y otra vez en su agenda.  Mucho menos se puede argumentar que el PC no se haya tragado todos los sapos y culebras que se haya tenido que tragar para mantener su lealtad al gobierno. Cuando Burgos propone terminar con la NM y apunta contra la “influencia” del PC lo que busca es construir un espacio seguro, confiable para las élites, donde la mera presencia directa o indirecta de actores “no elitarios” impida la condensación de los acuerdos. Para eso es necesario invertir el proceso de politización que ha vivido Chile desde 2006 en adelante y negar a los actores “no elitarios” cualquier reconocimiento como interlocutores válidos e impedir que puedan aportar con algún grado de igualdad en una discusión de la que no pueden participar. En síntesis, replicar el acuerdo nacional de 1986, las negociaciones post plebiscito de 1989, y sobre todo, los acuerdos Lagos-Longueira en 2003, en respuesta al caso MOP Gate.

Por más que el PC haga todos los esfuerzos budistas por aplacar sus anhelos, por más que la CUT prolongue sus ejercicios de yoga en las negociaciones con el gobierno, por más silenciosa que sea la presencia de los actores sociales en las mesas de trabajo, lo que la élite necesita es un cuarto cerrado, una cámara oscura, un quirófano esterilizado en el cual pueda operarse a sí misma de algunos de sus tumores, pero seguir viva después de ese intento. En ese cuarto oscuro el pueblo, o todo lo que huela a pueblo, estorba.

Esto no significa que la Nueva Mayoría necesariamente vaya a desaparecer electoralmente. Lo que la élite busca es algo más simple. Sacar del cuarto de reuniones a los invitados de piedra, de cualquier forma. El diputado Sergio Aguiló lo resume muy bien diciendo: “Lo que el ex Presidente Lagos, y su equipo de apoyo buscan, es recalcar que en su eventual futuro Gobierno no habrán más reformas; que no se tocarán ni a las Isapres ni a las AFP; que su preocupación principal será reestablecer una estrecha alianza con el gran empresariado para apostar al crecimiento económico. Para eso necesitan a todo el PC y a todo el PS dentro, pero de rodillas, sin exigir reformas ni cambios, por más que la ciudadanía proteste en las calles”. Estar de rodillas es reducir su influencia política a lo meramente electoral.

Para Lagos, Burgos y compañía el proyecto despolitizador consiste en volver a cercar la política y limitarla a una esfera cerrada, como sistema funcional plenamente autonomizado de los circuitos de comunicación pública. Una política recursivamente volcada sobre sí misma, y una sociedad reducida exclusivamente a los hábitos de consumo y la resignación pasiva, tal como ocurrió en los años 90. De allí que para la izquierda el proyecto laguista se constituye hoy en el principal adversario a enfrentar. Lejos de tropezar en el argumento miedo a “la derecha que viene”, hay que identificar y desenmascarar a quienes encarnan el gran proyecto neoliberal de nuestro tiempo: la vieja Concertación, el partido del orden, el partido transversal, la casta, los “dueños” de los partidos, y un sin fin de otros calificativos más obscenos o “irrespetuosos”. Bien sabemos quienes que son y para quienes trabajan.

 

 

 

 

[1] La Tercera, 11 de Ago. de 16

[2] Márquez, Rodrigo. “Chile, una élite distante” en http://desarrollohumano.cl/idh/columnas/chile-una-elite-distante/

Las municipales de la dispersión

Los pocos electores que concurran a votar el próximo 23 de octubre recibirán dos enormes plantillas de votación, con 19 listas, correspondientes a 17 pactos y dos partidos políticos fuera de pacto, señalados desde la letra A hasta la letra S, que distribuirán a más de 12 mil candidatos a concejal y a más de mil candidatos a alcalde. Esta enorme cifra de postulantes, la más alta registrada hasta la fecha en una elección, puede ser vista como un síntoma de la disponibilidad de una ciudadanía deseosa de servir en cargos públicos. Pero el clima general del país es otro. La bajísima participación electoral en las elecciones de 2013 y las escuálidas primarias municipales de este año hablan más bien de una ciudadanía desencantada, con poca motivación de concurrir al acto electoral. Se da entonces una paradoja: mientras la cantidad de candidatos aumenta, la participación de los electores baja.

La alta cifra de candidatos más bien tiene relación con factores de eficacia electoral. Ya en 2012 la Concertación exploró la idea de concurrir con dos listas de concejales: una del pacto PDC-PS, y otra de los demás partidos. En esta ocasión la Nueva Mayoría concurre con tres listas: una que repite el acuerdo PDC-PS, otra PPD-PC, y una tercera conformada por PRSD, IC y MAS. La derecha (Chile Vamos) ha imitado esta estrategia y también concurre con tres listas: una de RN, otra de la UDI y una tercera de PRI-Evopoli e independientes. Luego de estas seis listas, de los dos grandes conglomerados, los electores encontrará las siguientes alianzas:

-Poder ecologista y ciudadano de los partidos ecologista –verde y el partido Poder.

-Pueblo Unido del Partido Igualdad y Frente Popular (MPMR).

-Yo Marco por el Cambio, del PRO, democracia regional patagónica, Frente regional y Popular y Wallmapuwen.

-Alternativa democrática. De los partidos Humanista, Liberal y Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social (MIRAS).

Además concurren en solitario Revolución Democrática, Amplitud, Unidos Resulta en Democracia, Unión Patriótica, Fuerza Regional Norte Verde, Somos Aysén y Partido Regionalista de Magallanes. A ellos hay que agregar las candidaturas independientes fuera de pacto, que complejizan mucho más el panorama. Esto explica que en Arica se presenten 12 candidatos a alcalde, o Antofagasta, donde se postulan 8, San Bernardo donde van 6 o Punta Arenas donde compiten 8. Mientras la NM y la derecha han consensuado sus candidatos a alcalde, las fuerzas que están fuera concurren bajo la estrategia de la dispersión y la auto-representación. De esta forma disminuyen sus posibilidades de éxito.

Un caso distinto es Valparaíso, donde las fuerzas de izquierda y progresistas realizaron primarias, donde se impuso Jorge Sharp, representante del Movimiento Autonomista liderado por el diputado Gabriel Boric. En esas primarias votaron más de 3000 personas, lo que resulta excepcional en el marco general del país, donde ha primado la  competencia y la desarticulación de las candidaturas “alternativas”. También se puede reseñar a Ñuñoa como un proceso de convergencia “incompleto”, que ha avanzado una articulación de izquierda, sin lograrlo de forma total, pero logrando un Frente Amplio que agrupa a los Partidos Humanista, Igualdad, Ecologista Verde, Convergencia de Izquierdas, Izquierda Autónoma, Izquierda Libertaria, Ñuñoa por la Asamblea Constituyente y ESOPO, bajo la candidatura ecologista de Cristian Villarroel.

Diversos analistas pronostican una disminución en la votación de la Nueva Mayoría y de la derecha, producto de la competencia de estos nuevos actores políticos. El analista Pepe Auth ha calculado que la “UDI será naturalmente el principal damnificado” y perderá de 17 a 23% su votación, en especial por la “enorme caída de su prestigio institucional”. Y RN disminuiría en un 7 a 14%, por la la competencia de Evópoli por el mismo nicho electoral. Para su ex partido, el PPD, Auth augura para una disminución de entre el 24 y el 29% especialmente porque en la Región Metropolitana, producto de un grave daño de su imagen reputacional por los escándalos recientes. Para la DC vislumbra  una caída de entre 10 y 17% y para el PS, una pérdida de entre 6 a 14%. En relación al PC se vislumbraría una cierta estabilidad en las cifras globales y la evaluación clave recaerá en su capacidad de retener la alcaldía emblemática de Recoleta por parte de Daniel Jadue. El PRSD podría crecer levemente, dada su tercera lista con la IC y el Mas, lo que le permite llevar un mayor número de postulantes.

El impacto de las nuevas candidaturas de izquierda sobre la NM no quiere decir que los actores emergentes puedan lograr mecánicamente el éxito, dado que su eligibilidad se verá disminuida por la dispersión de las candidaturas. De allí que los casos de mayor articulación, como Valparaíso, pueden mostrar una ruta de futuro en la perspectiva de articular un Frente Amplio de izquierda a escala nacional en las elecciones de 2017.

 

 

Lo que sin ser de nadie es de todos. Una interpretación de la idea de «bienes comunes de la humanidad»

Resumen

Este artículo presenta el concepto de  «bienes comunes de la humanidad». Reconociendo una reciente valorización social de esta noción, producto de una serie de focos de controversia que le son atingentes, el autor reclama una clarificación de su sentido específico. Para ello propone  reconocerle desde un plano hermenéutico-crítico, como una categoría interpretativa de los derechos de ciudadanía social.

Palabras clave

Bienes comunes, hermenéutica crítica, derecho internacional, patrimonio inmaterial, propiedad.

Introducción

El concepto de Bienes comunes de la humanidad requiere clarificación teórica y práctica, en la medida en que su utilización se extiende en la deliberación jurídica, política y social. Este esclarecimiento nocional debe atender a la rica y variada genealogía de esta categoría, atendiendo a sus dimensiones tanto hermenéuticas como también a sus posibles aplicaciones normativas.

Durante la última década ha cobrado fuerza el debate sobre los bienes comunes «de la humanidad» o «globales». En esta discusión se han involucrado gobiernos, comunidades locales, empresas, organizaciones sociales y políticas, científicos, especialistas en asuntos ambientales y tecnológicos, agentes culturales, y organizaciones de desarrollo. Estos actores se han visto obligados a pronunciarse ante dilemas urgentes, ligados a la justicia distributiva en el campo de los  recursos naturales, los derechos de propiedad intelectual, las innovaciones biotecnológicas, las externalidades ligadas a la polución ambiental, la digitalización de la producción cultural, el acceso y control de internet, la conservación del conocimiento tradicional y patrimonial,  la universalización de los avances científicos, entre otras materias.

La categoría de Bienes Comunes se ha empezado a utilizar de forma recurrente en diversos contextos, por lo cual no es fácil establecer una definición clara que delimite sus campo y su contenido. Un ejemplo de esta dificultad lo vemos en un texto del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que aludía a ella al presentar el ciclo «En común», organizado entre enero y marzo de 2013:

«Las sacudidas de la crisis han dejado al descubierto un vasto territorio, olvidado y descuidado, que en estos momentos de desposesión y pérdida posee una calidad maravillosa: pertenece a todo el mundo. Es el inmenso dominio de lo común, lo compartido, lo que sin ser de nadie es patrimonio y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. La voracidad de la sociedad de mercado nos ha hecho olvidar a menudo que la confianza en el otro y la colaboración son el verdadero fundamento de la vida colectiva, y que detrás de cada impulso individual está la imparable energía de toda la comunidad. La naturaleza, los sueños, la educación, los ideales democráticos, las ciudades, la música…forman parte del patrimonio, material e inmaterial, de todos. Es preciso reivindicar con fuerza aquellos espacios que no se rigen por la medida del valor de mercado, sino por la noción de lo que es útil para toda la comunidad, y que promueven una nueva cultura de la solidaridad y la capacidad colectiva para preservar, crear y gestionar los bienes comunes[1]».

Esta descripción general obligaría a concretar qué sería aquello que «sin ser de nadie, es de todos». Los bienes comunes no se pueden identificar con el Summum bonum universal, entendido como aquello que supera el interés particular. Tampoco se pueden entender bajo la idea de bienes comunes que ha trabajado Elinor Ostrom, que los entiende como bienes de alta rivalidad y difícil excluibilidad[2]. Bajo el criterio ostromniano los «titulares» o «extractores» de esos bienes construyen reglas de apropiación, limitación y regulación de su uso, sanciones graduadas, exigencias de entrada, o cuotas de trabajo, por lo que pueden sancionar o excluir a los que consideren que deban ser excluidos, de acuerdo a pautas convenidas, en orden a permitir la sostenibilidad en el tiempo. En la nomenclatura de Ostrom los «bienes comunes universales» se denominan «bienes públicos puros», y se caracterizan por el acceso libre, dada su difícil exclusividad y su baja rivalidad. Es el caso de una puesta de sol, la luz de un faro, pero también las obras que han pasado al dominio público, manteniéndose vigentes solamente los «derechos morales».

Si existe esta clara diferencia, ¿por qué apelar a la imagen, aparentemente equívoca, de «bienes comunes de la humanidad»? Este uso retórico se debe interpretar como un recurso «analógico», que expresa que la humanidad, entendida en su sentido colectivo, puede ejercer un control activo sobre un patrimonio material o inmaterial, de una forma semejante a la de los comuneros en su predio ejidal, o los extractores de aguas en sus acequias.  Es evidente que esta comparación obliga a traspasar el nivel empírico, para comprender la noción de  «bienes comunes de la humanidad» como una metáfora, que ofrece un «sentido» orientativo, referido a la solución de un problema que no ha encontrado respuesta adecuada desde los marcos legales y funcionales al uso.

Calificar la idea de «bienes comunes de la humanidad» como metáfora, no desmerece su valor. No se trata solamente de un recurso ficcional. Hay que entender la función metafórica como una mediación heurística, que se ubica en un espacio propio, que no se sitúa ni en la discusividad poética, ni en la operatividad política funcional. La metáfora está más alla de la dimensión expresiva o estética, ya que busca proporcionar criterios epistemológicos e interpretativos[3]. Como propone Montoya:

«La obra literaria imita en cierto modo la realidad, pero en esa imitación se nos manifiesta algo universal; no ciertamente en el sentido de los universales lógicos […] Los universales morales que se manifiestan en la obra literaria son una dimensión de la realidad que sólo puede emerger de los procesos mentales de experiencia y entendimiento[4]».

En consecuencia la idea de «comunes globales» se debe entender como un «universal moral», que permite mostrar que ciertos bienes poseen una «dignidad intrínseca», por ser irreemplazables e insustituibles. Esa cualidad no radica en los recursos en sí mismos, en cuanto cosas particulares, sino en las relaciones vitales en las que se encuentran incrustadas, y que no son funcionales, ni intercambiables, ni provechosas en un sentido estratégico-instrumental. Como diría Kant, se trata de bienes que no pueden tener precio[5].

La historia muestra que esta analogía no es nueva. Las sociedades arcaicas percibieron la noción de un patrimonio compartido por la humanidad y lo expresaron en sus relatos etiológicos, en clave simbólico-religiosa. La legislación romana tipificó la categoría de Res Communes Omnium. Hugo Grocio, en su Mare Liberum del s. XVII, declaró que el «uso del mar y del aire es común a todos».

Las teorías de la justicia contemporáneas penetran desde un punto de vista despojado de toda teleología, en esa misma noción. Lo hace, por ejemplo, J. Rawls al fundamentar su «principio de diferencia». El filósofo norteamericano considera que la distribución de los talentos naturales, en tanto atributos contingentes, se debe interpretar como participación en el «acervo común» de la humanidad. Rawls comprende que los bienes a los que accede un individuo, sólo son accidentalmente suyos. Por lo tanto, provienen de un «patrimonio común», lo que justifica que la sociedad tenga un derecho anterior sobre los frutos de su ejercicio:

«El principio de diferencia representa, en efecto, un acuerdo en el sentido de considerar la distribución de talentos naturales, en ciertos aspectos, como un acervo común, y de participar en los mayores beneficios económicos y sociales que hacen posibles los beneficios de esa distribución[6]».

Una forma de hacer efectiva y vinculante la idea los «bienes comunes de la Humanidad», y radicarlos fuera de la esfera del mercado, ha sido invocar tratados internacionales que garanticen su protección. A la fecha existe una serie de pactos internacionales que apuntan a este objetivo, como el tratado antártico, el tratado sobre el espacio exterior y la declaración universal sobre el genoma humano, entre otros.

Todos estos acuerdos, explica Delmas-Marty[7], surgieron de forma reactiva ante numerosos desastres sociales y ecológicos. Frente a ellos  se propuso en 1967 la noción jurídica de «Patrimonio común de la humanidad», durante la tercera convención sobre derecho del mar. Una categoría, que como observa Pureza[8], convive en permanente tensión dialéctica con la centralidad del Estado soberano en el orden jurídico internacional. Y ha debido lidiar con las asimetrías de poder propias del sistema interestatal. Ello explica que los Estados nacionales no han acogido esta noción en sus ordenamientos internos, ya que no logra engarzar con la tradición normativa de soberanía que se ha tejido a partir de Bodin[9], que la comprende como «poder absoluto y perpetuo de la República» que no puede ser limitada «ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo».

Este desfase teórico y práctico ha llevado como solución provisional a que la legislación internacional utilice la expresión «bienes públicos mundiales» con el fin de apuntar a elementos que como el clima, el agua, el aire o la biodiversidad no se pueden regular bajo los marcos de la legislación nacional y requieren acuerdos multilaterales o incluso universales. En consecuencia, el título de «Patrimonio común de la Humanidad», que otorga la UNESCO a determinados lugares o actividades de valor universal,  no pasa de ser, a efectos jurídicos, un reconocimiento honorífico que se utiliza con el fin de catalogar, preservar y divulgar bienes de valor cultural o natural, muy diferentes entre sí. Pero paralelamente a este límite jurídico, la experiencia ha mostrado que la buena gobernanza de estos «bienes públicos mundiales» demanda la participación activa de los actores no estatales. Quilligan comenta el motivo:

«La gestión eficaz de los recursos globales no es posible en nuestro actual sistema multilateral. Debido a que las jurisdicciones y las instituciones nacionales rara vez se alinean con las regiones geográficas reales que contienen los ecosistemas y grupos sociales y culturales, muchas de las áreas de recursos transfronterizos carecen de supervisión pública responsable. Incluso los tratados y convenios internacionales que supervisan nuestros regímenes de recursos globales (telecomunicaciones, atmósfera y océanos, por ejemplo) son moldeadas por las compulsiones políticas de los estados soberanos, en lugar de las personas que realmente utilizan estos recursos en el ámbito local[10]».

Puesto que cada recurso global es único y porque los derechos de dominio sobre ellos se superponen, la propiedad y la gestión de cada recurso deberían resolverse racionalmente por medio de negociaciones políticas que tengan en cuenta a las instituciones locales, regionales y globales. De allí que Quilligan sostenga que la noción de Global Commons podría dar una respuesta específica a estos dilemas transfronterizos ya que permite equilibrar los derechos de propiedad [privada], los derechos de soberanía [públicos] y unos nuevos «derechos de sostenibilidad» [comunes] que demandan un nuevo tipo de multilateralismo aplicado al establecimiento de prioridades políticas para el acceso y asignación de los bienes comunes globales.

La falta de certeza jurídica sobre el estatus efectivo de los «bienes comunes de la humanidad» se traduce en incertidumbre política. Ello explica que la OTAN haya celebrado en 2011 una conferencia especial titulada Assured Access to the Global Commons. En ese evento se definieron cuatro «dominios» de los Bienes Comunes Globales: marítimo, aéreo, espacio exterior y espacio cibernético, los que se reconocieron como «habilitadores fundamentales de la seguridad y el comercio internacional» ya que «la arquitectura del sistema internacional moderno descansa sobre los cimientos de un acceso garantizado y la estabilidad en los Comunes[11]».

El punto de crítico radica en encontrar los criterios de inclusión o exclusión que permitirían determinar la ubicación específica de los bienes. ¿Cuáles deberían ser reconocidos como «bienes comunes globales»? ¿Qué fundamenta esta taxonomía? Se trata de un difícil discernimiento. Pareciera inevitable que los «bienes comunes universales» se ubiquen en un espacio en disputa, en una permanente relación agonística en la que se confrontan concepciones exclusivistas e inclusivistas de la propiedad. El campo de los bienes comunes aparece así como escenario de enfrentamiento entre tendencias «apropiativas» y enfoques basados en el libre acceso a unos bienes sobre los cuales descansa el ejercicio de derechos fundamentales que solo se pueden ejercer de forma relacional y colectiva.

En defensa del acceso universal Miguel D’Escoto y Leonardo Boff han propuesto a la ONU un proyecto de «Declaración universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad[12]». Esta demanda se fundamenta en considerar que los procomunes no son asimilables a la noción de mercancía, dado su carácter patrimonial. Pero este tipo de propuestas también despierta temores respecto a los efectos no deseados de una inflación normativo-declarativa, que puede estrellarse en la ineficacia de esas nuevas resoluciones.

José Manuel Pureza al abordar este problema, concluye que cualquier avance en la constitución de un orden político cosmopolita, debe partir por el reconocimiento de  unos «bienes jurídicos globales», que fundan obligaciones positivas de los Estados soberanos con respecto a la comunidad internacional en su conjunto. Esta idea choca frontalmente con la noción clásica de la soberanía ilimitada de los Estados. Estos «bienes jurídicos globales» demandan transformar la legalidad internacional, para adecuarla a un nuevo enfoque que invierta los principios del derecho interestatal vigente: frente al principio de reciprocidad, exige asumir un principio de equidad; ante la supuesta neutralidad de los acuerdos y tratados internacionales y la discrecionalidad de su acatamiento, la afirmación fuerte del principio de legalidad y legitimidad; y ante la concepción tradicional de la soberanía estatal, el reconocimiento de la comunidad internacional como constructo jurídico-político[13]. Estas observaciones muestran que el reconocimiento de los «bienes comunes de la humanidad» es un proyecto que supera lo meramente jurídico-formal, y requiere una profunda revisión de los fundamentos políticos y filosóficos sobre los que se sostiene la racionalidad de las sociedades del capitalismo avanzado. En ese punto, Amartya Sen ha arribado a una conclusión similar, cuando afirma:

«Entre los grandes retos que ha de afrontar hoy el capitalismo en el mundo moderno se encuentran las cuestiones de la desigualdad (sobre todo la cuestión de la miseria absoluta en un mundo de prosperidad sin precedentes) y de los «bienes públicos» (es decir, de los bienes que comparten los individuos, como el medio ambiente). Para solucionar esos problemas será necesario casi con toda seguridad crear instituciones que nos lleven más allá de la economía de mercado capitalista[14].

Charlotte Hess ha comentado que el actual interés académico, social y político  por la idea de los bienes comunes «evoca un despertar colectivo, que tiende a reclamar recursos cruciales perdidos o amenazados[15]». Lo que ella destaca es la aparición de una «conciencia cívica», respecto al valor de ciertos bienes que son percibidos con mayor rigor como «propios»,  pero de modo no privativo, en razón de la dimensión social de la ciudadanía. La dificultad con que choca este proceso radica en que estos «nuevos comunes» no se comprenden desde las estructuras conceptuales tradicionales. No se les puede catalogar bajo un mismo régimen de propiedad, de acuerdo a la legalidad formal. Incluso, algunos son bienes transfronterizos, por lo que no cabe clasificarlos bajo una jurisdicción particular mientras otros son bienes intangibles o abstractos, y forman parte del dominio público.

Esta imposibilidad de delimitar los bienes comunes de forma cartesiana, como una categoría clara y distinta, exige cuestionar la interpretación factual de la propiedad, que cosifica bipolarmente entre lo propio y lo ajeno. La hegemonía de esta caracterización explica la relativa invisibilidad de los bienes comunes globales en la actual «cartografía» jurídica y económica. Para entrar en la «locura razonable de los bienes comunes[16]» se requiere hacer uso de la hermenéutica crítica, en tanto expresión de aquella «razón impura», que toma en consideración los argumentos lógicos, pero también ético-valorativos y simbólicos. Esta aproximación permite encontrar «las estrechas conexiones entre logos y experiencia[17]», que permiten captar el sentido de «lo-común», superando la dificultad de llegar a una definición precisa y estandarizada.

Conclusión

El renovado interés por la idea de los bienes comunes de la humanidad no se comprende fácilmente desde las teorías económicas y los marcos jurídicos de la modernidad, que no se avienen con su complejidad. Más que a propietarios, los comunes globales integran a ciudadanos, usuarios, consumidores, usufructuarios, extractores, transeúntes y productores. Incluye elementos de la naturaleza, como el agua, el aire, la información genética de plantas, animales y seres humanos; pero también apunta al conocimiento acumulado en el dominio público, el espectro radioeléctrico o las redes descentralizadas de comunicación.   Para comprender los comunes de la humanidad es necesario desandar la historia, buscando genealógicamente las causas de su actual invisibilidad en la teoría económica y en los sistemas jurídicos. Si se rastrean esas fuentes se descubre un que posee un largo bagaje histórico, filosófico y jurídico, que ha transitado por momentos centrales en la configuración del pensamiento occidental. Para captar su singularidad se debería aplicar un método «hermenéutico-crítico», coherente con una interpretación de los bienes comunes como un sistema de «deberes mutuos», que permiten la concordia discors, propia de la «insociable sociabilidad» humana.  Para entenderlos se requiere una forma diferente de racionalidad, basada en la valorización de los vínculos intersubjetivos. No basta el recurso a una historia descriptiva de las ideas. Se requiere buscar su sentido, captar su horizonte de posibilidades y de manifestación, en orden a comprenderles desde la estructura misma de la vida.

[1]      CCCB.: En común – Debate de Barcelona. Ciclo de conferencias 14 de enero y el 11 de marzo de 2013, Servicio de Prensa del CCCB, Barcelona, 2013, p. 4.

[2]      Hess, Ch. y Ostrom E.: «An Overview of the Knowledge Commons», en ,Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice, MIT Press, 2006, pp. 3-26.

[3]      Ramis, Á.: «La metáfora democrática y sus conflictos de interpretación» en Sociedad y Equidad, 7, 2011, pp. 304-323

[4]      Montoya, J.: Reivindicación de la filosofía moral. Publicacions de la Universitat de València. Valencia, 2007, pp. 29-30

[5]      Kant, I.: La metafísica de las costumbres, estudio preliminar de Adela Cortina Orts, traducción y notas de Adela Cortina Orts y Jesús Conill Sancho, Tecnos, Madrid, 1994, p. 30.

[6]      Rawls, J.: Teoría de la justicia, traducción de María Dolores González,  Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 124.

[7]      Delmas-marty, M.: «Estudios jurídicos comparados e internacionalización del derecho», en Chaire d’études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Collège de France, Paris, 2005.

[8]      Pureza, J. M.: El patrimonio común de la humanidad ¿Hacia un Derecho internacional de la solidaridad?, Trotta, Madrid, 2002.

[9]    Bodin, J.: Los seis libros de la república; traducidos de lengua francesa y enmendados catholicamente por Gaspar de Añastro Isunza, edición y estudio preliminar por José Luis Bermejo Cabrero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

[10]   Quilligan, J. B.: «Civil Society as Global Commons Organizations», en: Kosmos, Creating the New Civilization for the Common Good, 2008 [en línea]  <http://www.kosmosjournal.org/articles/global-commons-goods-civil-society-as-global-commons-organizations&gt; [consulta: 13/10/2012].

[11]   Barrett, M.; Bedford, D.; Skinner, E.; Vergles, E.: Assured Access to the Global Commons, Supreme Allied Command Transformation, North Atlantic Treaty Organization, Norfolk, Virgina, 2011.

[12]  D’escoto, M. Y Boff, L.: «Declaración universal de bien común de la tierra y de la humanidad», en Éxodo, 103, 2010, pp. 23-24.

[13]             Pureza, J.M. op cit. p. 223.

[14]   Sen, A.: Development as freedom, Knopf, Nueva York, 1999, p. 167.

[15]   Hess, Ch.: «Mapping the New Commons», en The Twelfth Biennial Conference of the International Association for the Study of the Commons, Cheltenham, UK, 14-18 Julio 2008. [en línea] <http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle /10535/304>   [consulta: 13/03/2012] pp. 38-39.

[16]   Cassano, F.: Homo civicus: la ragionevole follia dei beni comuni, Edizioni Dedalo, Roma, 2004.

[17]   Conill, J.: Ética Hermenéutica. Crítica desde la facticidad, Tecnos, Madrid, 2006, p. 214.