Lagos 2017 huele a Frei 2009

A mediados de 2008, un año y medio antes de finalizar el primer gobierno de Michelle Bachelet, un grupo de políticos concertacionistas, de distintos partidos, llegó a un entendimiento para resolver mediante un acuerdo político el problema de la sucesión presidencial. Convinieron en que la coyuntura les exigía cambiar el rumbo que la presidenta había impreso a su gobierno. La rotación de tres ministros del Interior democratacristianos en tres años, había demostrado las dificultades para aunar criterios coherentes al interior de la coalición. Pero lo más relevante era la persistente voluntad de la presidenta de empujar la línea de los cambios más allá de lo que este grupo de políticos conservadores consideraba aceptable. Ya se atisbaba su voluntad de incluir al PC en la coalición gubernamental, y en el congreso del PS había afirmado la necesidad de una nueva Constitución. Para este grupo de grandes “accionistas” de la Concertación, Bachelet se dejaba arrastrar muy fácilmente por las demandas sociales, las que había que cortar en seco y rápidamente.

Los “autocomplacientes” coincidían en que la solución era convocar a un liderazgo conservador, fuerte y probado. El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle cumplía ese perfil y además garantizaba que la DC se mantuviera dentro de la coalición, y renunciara a sus amenazas de llevar un candidato propio en la primera vuelta presidencial. De esa forma se procedió a montar una operación comunicacional basada en una idea fatalista: “no hay otro liderazgo posible”. Frei debía ser candidato ya que no cabía otra alternativa. La prensa duopólica aplaudió en un primer momento esa tesis, ya que las encuestas mostraban la gran debilidad de Frei frente a los posibles candidatos de la derecha.

El entonces diputado PS Marco Enríquez-Ominami exigió competir en primarias abiertas, lo que no fue aceptado por los presidentes de los partidos. De esa manera MEO levantó su propia alternativa, que tuvo abierta simpatía de los medios de derecha, que vieron en esa candidatura una oportunidad de dividir el campo gubernamental. Por su parte el PC levantó al ex presidente del PS Jorge Arrate. Estas divisiones internas no intimidaron a los dirigentes partidarios que mantuvieron ciegamente su apoyo a Frei. El único que los cuestionó fue el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, que exigió primarias. De mala gana, la Concertación organizó unas primarias acotadas a las regiones de O’Higgins y el Maule que terminaron con el presidente del PS, Camilo Escalona, insultando y golpeando en público a Gómez, que se mostraba indignado por el curso de unas elecciones amañadas y cocinadas para terminar de resolver lo que ya se había decidido en la cúpula partidaria. Todos recordamos el desenlace de esa triste aventura. Frei Ruiz-Tagle obtuvo en primera vuelta 29,6%, perdiendo 1.225.000 votos respecto a la primera vuelta de 2005.

 

Déjà vu

A mediados de 2016, un año y medio antes del fin del segundo gobierno de Michelle Bachelet, un grupo de políticos de la Nueva Mayoría, de distintos partidos, llegó a un entendimiento para resolver mediante un acuerdo político el problema de la sucesión presidencial. Convinieron en que la coyuntura les exigía cambiar el rumbo que la presidenta había impreso a su gobierno. La rotación de tres ministros del Interior democratacristianos en tres años, había demostrado las dificultades para aunar criterios coherentes al interior de la coalición. Pero lo más relevante era la persistente voluntad de la presidenta de empujar la línea de los cambios más allá de lo que este grupo de políticos conservadores consideraba aceptable: la inclusión del PC en la coalición gubernamental, y su obsesión por avanzar hacia una nueva Constitución. Para este grupo de grandes “accionistas” de la Nueva Mayoría, Bachelet se dejaba arrastrar fácilmente por las demandas sociales, las que había que cortar en seco y rápidamente.

Los “autocomplacientes” coincidían en que la solución era convocar a un liderazgo conservador, fuerte y probado. El ex presidente Ricardo Lagos cumplía ese perfil y además garantizaba que la DC se mantuviera dentro de la coalición, y renunciara a sus amenazas de llevar un candidato propio en la primera vuelta presidencial. De esa forma se procedió a montar una operación comunicacional basada en una idea fatalista: “no hay otro liderazgo posible”. Lagos debía ser candidato ya que no cabía otra alternativa. La prensa duopólica aplaudió en un primer momento esa tesis ya que las encuestas mostraban la gran debilidad de Lagos frente a los posibles candidatos de la derecha.

Hasta este momento de la historia, todos los pasos, todos los gestos, todos los signos coinciden perfectamente, en un perfecto déjà vu, una de esas extrañas situaciones en que sentimos que ya hemos visto antes un suceso, especialmente si son sueños feos y horrorosos. Lagos huele, o más bien hiede, a Frei.

¿Qué ocurrirá con esta historia? El acuerdo transversal del “partido del orden”, la derecha concertacionista, o como se estime llamarle, es tan explícito que no caben dudas. El senador Andrés Zaldívar ya lo dijo claramente: “No veo otra carta en la Nueva Mayoría”. Lo mismo hizo Jorge Burgos: “No veo qué candidato propio podría llevar la DC”. Ya es evidente que para la DC “real”, la que controla la máquina del partido, la opción es la siguiente: o se acepta a Lagos incondicionalmente o levantan un candidato propio en primera vuelta de 2017. Para ese rol de espantapájaros hay varios nombres posibles: Ignacio Walker, Mariana Aylwin, Carolina Goic, etc.

El modus operandi del concertacionismo duro no es muy imaginativo. Los autocomplacientes poseen un extraño talento para demostrar que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Es muy probable que veamos unas primarias malpensadas y peor implementadas, para despejar por secretaría las candidaturas de Isabel Allende y Alejandro Guillier. Y el duopolio periodístico seguirá alentando a Ricardo Lagos por una doble razón: no les incomoda como eventual presidente, pero mucho mejor aún, ven que es un candidato muy poco competitivo frente a Sebastián Piñera.

LA NUEVA DERECHA LAGUISTA

La única novedad en este déjà vu político es el surgimiento de una derecha radical que se declara explícitamente laguista. El que marcó la pauta fue Hermógenes Pérez de Arce, que ya ha hecho público su apoyo a Lagos afirmando que se debería “levantar un candidato capaz de detener la revolución marxista-leninista en curso, garantizar la autoridad, un relativo orden y diálogo (…) y en ese rol Lagos es un moderado menos izquierdista que Piñera, como ya lo probó en su gobierno creando menos ministerios y subiendo menos impuestos que éste (…) Tampoco aumentó la persecución a los uniformados en retiro ni los traicionó ni incrementó el número de sus presos políticos, como lo hizo Piñera (…) nunca criminalizó al gobierno militar en los términos odioso en que lo hizo Piñera en el cuadragésimo aniversario del 11, lo cual de paso, liquidó a la derecha en la elección de 2013”.

Otro ultra que ha salido a apoyar a Lagos es César Barros, ex Patria y Libertad y ex gerente de La Polar, que declaró: “En ese sentido me gusta Lagos más que Piñera. Porque en ese aspecto es un gallo que tiene una actitud de estadista, que mira desde arriba las cosas, no le vienen con pelotudeces. Lamentablemente Sebastián es más permeable a querer ser amado… Yo soy de derecha, pero Lagos tiene una característica y es que manda. No tiene que bajar a conversar con el pueblo. Tiene esa cosa de que se acaben las insolencias”. El ex diputado Jorge Schaulsohn, fundador de Chile Primero, votante de Piñera en 2010, también ha anunciado su voto por Lagos. E incluso Joaquín Lavín se subió al carro declarándose “tranquilo” ya que “si la elección es Ricardo Lagos-Sebastián Piñera, Chile puede estar tranquilo”. Una afirmación muy parecida a la de Camilo Escalona, que ha señalado que “Yo pienso que Lagos le da seguridad al país”. Y Jorge Burgos nos clarifica porqué nos da “seguridad”: “Hay que cambiar el rumbo y Ricardo Lagos tiene las características para hacerlo”.

EL GOLPE POLITICO DEL “SUPRA-PRESIDENTE” LAGOS

Lo que se ha tratado de ocultar en esta operación es la débil posición en que ha quedado la presidenta Bachelet luego del anuncio de la candidatura de Lagos. Como ya se ha analizado, las posibilidades del ex presidente de ganar unas elecciones son muy bajas. Pero por el momento ese factor es secundario para los intereses del neo-concertacionismo radical. El objetivo es otro. Debido a su baja aprobación en las encuestas, entre otros factores por las fallidas y contradictorias reformas en curso, los dirigentes partidarios consideran que Bachelet hoy no es capaz de liderar a la Nueva Mayoría. La irrupción de Lagos, aunque muy incierta en términos electorales, logra instalarse como un factor de ordenamiento político, en su calidad de ex presidente en un rol político activo. De esta forma, su candidatura ha operado como un “golpe” político al interior de la propia coalición de gobierno. Elegantemente, y sin romper la institucionalidad, por sobre la presidenta se ha instalado un “supra-presidente”, que puede decidir lo que se puede o no se puede legislar durante los 19 meses de gobierno que restan a esta administración. Lagos ha pasado de ser un poder fáctico a ser un poder explícito, algo que los norteamericanos llaman un desission maker de última instancia. La derecha trató que el ex ministro Jorge Burgos ejerciera un rol de “tutor” de la presidenta, pero fracasó en cuanto Bachelet encontró una fórmula para sustituirlo. Ahora Bachelet no puede escapar al poder de este ex presidente-candidato al que no puede enfrentar ni desafiar, ya que ella misma le debe su liderazgo público: él fue quien la nombró ministra de Salud y Defensa y la instaló mediáticamente ante la opinión pública.

Seguramente los asesores de Lagos han reflexionado con mucha atención una frase del ex primer ministro español Felipe González sobre los ex presidentes: “No sabemos qué hacer con ellos porque son como jarrones chinos; son valiosos pero no se sabe dónde ponerlos”. Si hay algo que sabe hacer Lagos, es saber dónde y cuándo ponerse.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 860, 16 de septiembre 2016.

Los guardianes de las AFP

El 90,9% de las Pensiones de Vejez que pagan las AFP son menores a $149.435, lo que equivale al 66% del Salario Mínimo[1]. De allí que existencia de este sistema de ahorro forzoso constituya una sistemática violación a la declaración universal de Derechos Humanos ya que atenta contra el derecho a una “seguridad en la vejez” contemplado en el artículo 25 y contra el derecho a una “existencia conforme a la dignidad humana”, como prescribe el artículo 23.

Las AFP también vulneran las bases de la soberanía nacional, ya que por el enorme volumen de recursos que recaudan controlan el mercado de capitales del país y deciden discrecionalmente donde se deben invertir los fondos generados por los cotizantes, sin el más mínimo control político y social. Los directorios de las 6 administradoras, en un 98,4% en manos de operadores extranjeros, fijan arbitrariamente las prioridades económicas de Chile. De esa forma  el grupo Luksic ha recibido más de $3.419.482.380.000 ($3,4 billones) y el grupo SQM $230 mil millones.

No es extraño que las calles se hayan llenado a rebosar, en todo el país, y en dos oportunidades, situando el lema “No + AFP” en el centro de los debates. Sin embargo, el sistema permanece casi impasible. Han pasado 35 años desde el 11 de marzo de 1981, cuando la dictadura inauguró el nuevo modelo. En todos estos años sólo han pasado dos cosas: el gobierno de Ricardo Lagos, mediante la introducción del sistema de “multifondos” en 2002, incrementó la volatilidad financiera de las AFP, reduciendo las restricciones para transferir sus inversiones a escala global. Como efecto de esta reforma hoy  sólo un 15% de los fondos de pensiones están invertidos en empresas chilenas. Y la variabilidad de los mercados globales ha supuesto pérdidas cuantiosas para los cotizantes. Sólo este año los Fondos A y B de las AFP perdieron prácticamente todo lo recaudado en 2015.

El segundo cambio se dio en 2009 cuando el primer gobierno de Bachelet introdujo el denominado “Pilar solidario”, que salió al rescate de los pensionistas más pobres ante la  alarma que causaron las misérrimas pensiones que comenzó a entregar el sistema. Sin embargo este “pilar” resuelve como dádiva, a cargo de fondos públicos, un problema que se podría solucionar más eficazmente por la vía de establecer un moderno sistema de pensiones de reparto, solidario y eficiente. Durante el actual gobierno se cifraron esperanzas en los resultados de la “Comisión Bravo”, mandatada para evaluar el sistema y plantear alternativas. Lamentablemente, la composición de la comisión garantizó previamente a la “industria” de las AFP una mayoría de miembros favorables en este espacio. En consecuencia la mitad de los miembros plantearon como “alternativa A” la mantención del sistema, incrementando los montos del “pilar solidario” con fondos públicos y retrasando la edad de jubilación. De allí que al final la Comisión Bravo quedara sepultada por las protestas de la ciudadanía.

Las cinco líneas de defensa de las AFP

¿Cómo logra un modelo tan ineficaz mantener su poder, pese a que no logra cumplir los objetivos básicos por los que existe? Para entenderlo usaremos la imagen de una fortaleza, rodeada por cinco líneas de defensa.

1ª línea, la Asociación de AFP. La asociación se comprende como la “última trinchera” de las AFP en defensa de sus posiciones. Refractaria por principio a todo tipo de reformas, su rol se centra en la férrea defensa jurídica, política y comunicacional del sistema. Para eso colabora con agencias profesionales de lobby contratadas por las administradoras, tales como Extend, (de las hermanas Velasco) y Azerta, (de Cristina Bitar), que asesoran a Provida, Corpco, asesora de Hábitat; Burson-Marsteller de Cuprum, Simplicity de Modelo, y el equipo de SURA, de AFP Capital. Y la asociación trabaja directamente con la agencia Tironi y asociados. Un ejército de lobbistas para cubrir todos los frentes del conflicto.

2ª línea: FIAP, el lobby internacional: Esta “Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones” constituye un lobby internacional presidido por el ex ministro de la dictadura Guillermo Arthur. Esta estructura busca dos objetivos: “exportar” el sistema de AFP por el mundo, y defenderlo en los países que lo incorporan o asumen elementos parciales de este. En realidad es un ente de papel, parecido al rimbombante “International Center for Pension Reform” de José Piñera, que busca legitimar a nivel internacional el sistema de AFP chileno. Tuvo su momento de oro a mediados de los años 90, cuando la euforia neoliberal tentó a varios gobiernos con el sistema capitalización individual. Sin embargo, en la mayoría de los países se trató de la incorporación de un “segundo pilar”, complementario al pilar de reparto. Y desde mediados de los 2000 este proceso ha ido en franca retirada. Luego que Argentina pusiera fin a las AFP en 2008, procesos similares se han dado en Polonia, Hungría y Bolivia. En Perú han tenido otro gran golpe luego de la aprobación de una ley que permite el retiro libre del 95,5% de los ahorros de los afiliados de las AFP una vez que cumplen los 65 años. Tanto FIAP como el “international center” de José Piñera tienen apoyo directo de los Think Tank norteamericanos más radicales desde la ideología neoliberal, como Hoover Institution, CATO Institute, American Enterprise Institute, y Atlas Economic Research Foundation. Otro ejercito de lobbistas en los centros de poder global.

3ª línea: la Superintendencia de AFP: Aunque nominalmente se trata de un órgano contralor y regulador del sistema, la actuación histórica de esta institución revela una profunda complicidad con los intereses de las administradoras. Basta recordar que Tamara Agnic, superientendenta entre 2014 y 2016, autorizó la fusión de la AFP Cuprum con una AFP “de papel” llamada Argentum, lo que le reportó a la aseguradora estadounidense Principal Group un beneficio tributario de $ 80.000 millones, cuando compró Cuprum al grupo Penta por más de US$ 1.500 millones. La anterior Superintendenta, Solange Berstein, fue cuestionada por el caso Cascadas, donde la manga ancha de la Superintendencia permitió una pérdida de US$ 800 millones de los fondos previsionales de los trabajadores. Y este año la coordinadora No + AFP pidió la renuncia al actual superintendente, Osvaldo Macías, por apoyar las fusiones de AFP  de “papel”, en la misma línea de Agnic. La Superintendencia ha impulsado un frente internacional por medio de la “Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones” (AIOS) que orienta su acción a complementar el lobby de la FIAP.

4º Línea, el frente político: Ante la crisis del sistema de AFP los partidos políticos parecen incapaces de reaccionar. El último cónclave de la Nueva Mayoría no logró ni siquiera un acuerdo sobre la forma de discutir el asunto. Este impasse no es casual. Una investigación de Radio Bío Bío contabilizó que 40 ex ministros que han pasado por los directorios de las AFP.  En la actualidad ejercen este cargo Guillermo Arthur (UDI), vicepresidente de AFP Capital; Hugo Lavados (DC), presidente Cuprum; Jorge Marshal (PPD), director de AFP Provida; y Osvaldo Puccio Huidobro (PS), director suplente Provida. Entre las filas de la Nueva Mayoría han ejercido anteriormente este rol la ministra del Trabajo, Ximena Rincón; el ministro de Energía, Máximo Pacheco y el ex ministro Secretario General de la Presidencia José Antonio Viera Gallo, ex director de Provida y la ex subsecretaria de Hacienda María Eugenia Wagner (DC), ex directora de Provida.

En la derecha la lista es larguísima, partiendo por el ex ministro de Vivienda de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, actual presidente de la Asociación de AFP: Álvaro Donoso Barros, ministro de Planificación, exdirector de Provida; Martín Costabal (UDI), ex ministro de Hacienda y ex gerente de Hábitat; Fernando Leniz, ex ministro de Economía y ex presidente de Summa; Fernando Rojas (UDI), ex subsecretario de Educación y ex gerente de Hábitat; Jorge Cauas, ex ministro de Hacienda y ex presidente de Provida; Jorge Prado, ex ministro de Agricultura y ex presidente de Plan Vital; Luis Larraín, ex ministro de ODEPLAN y ex director de Hábitat; Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro de Agricultura y ex director de Provida; Miguel Schwietzer, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex director de AFP Santa María; Miguel Ángel Puduje, ex ministro Secretario General de Gobierno y de Vivienda y ex vicepresidente de la Asociación de AFP; Sergio de Castro, ex ministro de Economía y Hacienda y ex presidente de Provida. Con tanto político en los directorios, no hace falta hacer lobby.

5ª línea, el frente financiero: Según una investigación de la El Mostrador, “Las AFP por sí solas administran casi US$ 170.000 millones, lo que equivale a dos tercios del PIB de Chile”. Estos fondos capitalizan a los grandes grupos nacionales y transfieren enormes ganancias a grupos extranjeros. Esta cifra implica un poder descomunal. Para muestra, la comisión de la Cámara de diputados que investiga el caso Argentum/Cuprum reveló que la embajada estadounidense en Chile, la Cámara de Comercio Chileno Norteamericana y las aseguradoras Principal Group (controladora de Cuprum) y Metlife (controladora de Provida), ejercieron presiones para lograr que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reuniera en octubre de 2015 con altos ejecutivos de Principal Group en Nueva York. Lograr este nivel de lobby revela el volumen de los intereses que se mueven tras este negocio.

La lógica abiertamente confrontacional que han asumido las AFP queda clara cuando Francisco Pérez Mackenna afirmó recientemente que las protestas contra las AFP  “no están para argumentos, parecen querer tomarse el hormiguero por asalto[2]”. Pero lo que olvida es la fortaleza defensiva no la han levantado los ciudadanos. No han sido los trabajadores los que han capturado las instituciones del Estado. No han sido los movimientos sociales los que han creado un ejército de lobistas y publicitas. No han sido los cotizantes los que han comprado a los políticos y a los funcionarios. Han sido las administradoras, para defender unas ganancias tan fraudulentas como fastuosas. Y están a la defensiva, porque saben que su fortaleza no podrá resistir por más tiempo.

[1] Fuente Fundación Sol sobre datos SAFP.

[2] La Tercera, 14 de Agosto de 2016.

¿Por qué fallaron las AFP?

Luego de las dos enormes marchas nacionales convocadas por el movimiento “No más AFP” ya no caben más diagnósticos. El sistema de capitalización individual no ha logrado resistir la prueba crucial que se exige a toda política pública: cumplir la función social que le es inherente, con legitimidad y confiabilidad. Millones de personas en las calles, en todo el país, han retirado su confianza en un modelo que entrega como promedio pensiones de $183.538 mientras inyecta enormes recursos al mercado financiero, para alimentar inversiones especulativas, que se pierden sin que nadie responda. Mientras tanto la banca obtiene un financiamiento seguro y barato, dinero que le permite masificar sus ofertas de créditos de consumo dirigidos a los mismos a trabajadores que le han entregado ese capital, pero a exorbitantes tasas de interés

Empujados por la sanción social los directores del sistema de AFP tratan de balbucear respuestas ante el bochorno. El actual presidente de la Asociación de AFP Rodrigo Pérez Mackenna achaca la responsabilidad a la ignorancia de los trabajadores: “Mirando hacia atrás, hay un tema que se podría haber hecho mejor, que es la información y educación previsional que se le da a los afiliados[1]. Su hermano Francisco Pérez Mackenna, que casualmente también fue presidente de la asociación de AFP, es más lacónico en su análisis: “En un país donde la gente es pobre, las pensiones no pueden ser de millonarios[2]“. Por eso las manifestaciones contras las AFP serían “marchas de cigarras[3]” no previsoras, que reclaman contra las hormigas laboriosas y su hormiguero.

Para el sector financiero, gran beneficiario del sistema, la perfectibilidad del “Mercedes Benz” previsional  diseñado por José Piñera es simplemente una asunto que se debería solucionar por la vía “publicitaria” (la educación previsional de Pérez Mackenna), postergando la edad de jubilación y por medio de bonos estatales focalizados, enmarcados en los estrictos límites del principio constitucional de subsidiariedad. Pero la crisis de las AFP es estructural. No se puede superar sin analizar el sentido, la misión y la racionalidad que debe guiar a un verdadero sistema de pensiones.

Genealogía del sistema previsional chileno

La seguridad social chilena no nació por iniciativa del Estado, ni de las empresas ni de los bancos. Las primeras formas de previsión y protección en casos de enfermedad o accidentes fue fruto de la organizaciones de los trabajadores, bajo la forma de Mancomunales, Cajas de resistencia, Mutuales, Asociaciones de Socorros Mutuos, Uniones de Artesanos, etc. Este campo asociativo asumió la tarea de resolver por su propia iniciativa el aseguramiento de sus miembros bajo el principio mutualista que prescribe un régimen de prestaciones con fines de ayuda recíproca. Muchas de estas organizaciones empezaron de hecho, sin personalidad jurídica, bajo la lógica de cajas sindicales, con sistemas de control interno de los propios afiliados. Poco a poco se institucionalizaron. Si se revisan los archivos del Registro Civil se puede constatar que muchas de las primeras organizaciones sociales que accedieron a la personalidad jurídica, a partir de 1890,  cumplieron entre otros fines tareas previsionales: la asociación de socorro mutuo de empleados de Valparaiso, de 1899, la Sociedad de Panaderos de Iquique, de 1890, la Sociedad Artesanos y Socorros Mutuos La Union de San Felipe, de 1892, la Sociedad de Artesanos de Ahorros y Socorros Mutuos de Concepción, de 1890, La Casa degli italiani Sociedad Cultural y Mutuos Socorro Italia y la Humanitaria, de Santiago, fundada en 1883. La lista de instituciones es larguísima y recorre todo el país, imbricada en las redes y formas de aticulación del movimiento social, político y sindical.

Fermín Vivaceta observaba en 1877 que por medio de estas instituciones los trabajadores “se prestan mutuos servicios y acrecientan su fortuna[4]“, ya que logran integrar solidaridad moral y necesidad individual mediante un vínculo de reciprocidad auto-interesada. Detrás de esta formulación existe una toda una antropología que valoriza la enorme capacidad realizadora de la cooperación humana, basada en la respuesta solidaria a la necesidad histórica: “la asociación es una de las necesidades de la especie humana, que sólo ella puede proporcionar al hombre los recursos para suplir la debilidad de su naturaleza[5]“.

Luis Emilio Recabarren también asignó a esta práctica un papel central como ejercicio de la “soberanía popular”, que asume “sin intermediarios” la tarea en la administración directa de sus intereses: “La doctrina de esta asociación es la sustitución de la sociedad presente, basada en la propiedad individual, por una sociedad nueva, basada en la propiedad colectiva que asegura a todos los individuos el completo goce o usufructo de los bienes naturales y producidos por la colectividad. Busca esta doctrina la supresión de los intermediarios en todas las manifestaciones de la vida porque ellos encarecen los medios de subsistencia de las poblaciones[6]”.

Mientras en Europa los sistemas previsionales de matriz “Bismarckiana” (Alemania) o “Beveridgeana” (Reino Unido) se habían instituido en el último tercio del siglo XIX, en Chile hasta 1925, las únicas instituciones previsionales seguían siendo gestionadas directamente por los trabajadores.  Recién a fines de 1924 se promulgan las llamadas “leyes sociales” ( ley nº 4.054,   sobre  seguro  obrero obligatorio, la nº 4.055 sobre accidentes del trabajo, etc. ) y la Constitución de 1925 da reconocimiento jurídico de la protección social. Como herencia de la tradición asociativa anterior las nuevas Cajas de Previsión asumen la peculiaridad de las formas de asociacionismo laboral existentes a esa fecha, pero ahora con un marco de regulación legal estatal mucho más complejo. Nacen  32 cajas que abarcan desde áreas completas de la economía, como el Servicio de Seguro Social (SSS), la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas (Canaempu), la Caja de Previsión de Empleados Particulares (Empart), hasta algunas muy específicas, como Caja de Previsión Gildemeister, la Caja de Previsión Social de la Hípica Nacional o la Caja de Previsión de los Empleados de Mauricio Hotschild.

La batalla contra la solidaridad

La destrucción de este sistema previsional, basado el régimen de reparto, se fundamentó un una racionalidad que desprecia radicalmente la solidaridad, y las tradiciones asociativas y participativas. Al fundar un sistema basado en el criterio del “individualismo posesivo” José Piñera  presupuso que la naturaleza humana es intrínsecamente egoísta, e incapaz de agregar intereses por una necesidad común. Piñera lo expresa claramente: “ninguna reparación o correctivo podía salvar al antiguo sistema, cuyo pecado original era en definitiva – al romper la conexión entre aportes y beneficios – violar las leyes de la naturaleza humana[7]”. De allí que las posibilidades de corregir los defectos o inadecuaciones históricas del sistema de reparto nunca fueran consideradas. El “pecado original”  que Piñera deseaba extirpar era la resistencia al principio del interés egoísta del homo economicus, que considera la interdependencia como una experiencia contra-natura, que inevitablemente lleva a aprovechamiento de los free rider que profitan del ahorro ajeno.

Bajo esa lógica la capacidad de ahorro individual equivale mecánicamente al esfuerzo realizado durante la vida, por lo cual el sistema previsional debe orientar sus incentivos para potenciar las apetencias personales. Pero la capitalización individual es incapaz de reconocer, por ejemplo, el trabajo doméstico de la mujer, al no estar remunerado. Tampoco puede resolver el problema de un mercado del trabajo precarizado, basado en salarios al límite de la subsistencia. Se trata de una ceguera ideológica intencionada, que no comprende que un problema de carácter social no puede ser resuelto bajo premisas monológicas. Como dice Jean-Luc Nancy: “El ser-en-común se define y se constituye por una carga”. Y esa carga mutua genera obligaciones intergeneracionales, basadas en el carácter inextricable de la coexistencia humana.

Aunque José Piñera sea incapaz de entender la dimensión colectiva de la responsabilidad  existe un argumento que dentro de su propia  lógica individualista que desfonda el proyecto de las AFP. Se trata del efecto de las crisis financieras  de los últimos años, que han terminado por dilapidar miles de millones de dólares en ahorros previsionales, en todo el mundo. Esta realidad revela la total incapacidad del sector financiero de desempeñar de forma eficiente un rol como fiduciario de los fondos de pensiones. Se trata de una industria que está condenada a operar en el marco del “capitalismo gris[8]”, basado en la proliferación de productos financieros tóxicos, y ejecutivos que acumulan absurdas fortunas a expensas de los accionistas y empleados. La desconfianza en el sistema político y la mega corrupción empresarial obliga a retomar el sentido original de los sistemas de pensiones, como instrumentos soberanos en las manos de las personas, libremente organizadas. Necesitamos un nuevo régimen de fondos de pensiones, que abarque a todos los ciudadanos y en el que nadie pueda eludir su responsabilidad solidaria.

 

[1] La Tercera, 26, 08, 16.

[2] La Tercera, 04, 08, 16.

[3] La Tercera, 23, 08, 16.

[4] Fermín Vivaceta, Unión y fraternidad de los trabajadores, Valparaíso, 1877, p. 2

[5] Ibid. p. 7

[6] Luis Emilio Recabarren, en El Nacional, 20 de marzo de 1911. Cita en Julio Pinto, Socialismo y salitre: Recabarren, Tarapacá y la formación del Partido Obrero Socialista, Historia, Vol. 32, 1999: pp. 315-36.

[7] José Piñera, El cascabel al gato : la batalla por la reforma previsional, Zig-Zag, Santiago, p. 16.

[8] Robin Blackburn. “El nuevo colectivismo: reforma de las pensiones, capitalismo gris y socialismo complejo”, New Left Review,nº 2, 2000  pp.. 21-82