La DC convierte la derrota electoral en triunfo político

Aprovechado de jugar sus cartas para imponer nuevas inflexiones programáticas al gobierno de Michelle Bachelet, la Democracia Cristiana logró convertir, en menos de una semana, una derrota electoral en una gran victoria política. Aprovechando las elecciones municipales ha logrado aplicar con especial rigor el axioma de Maquiavelo que sostiene: “Triunfa el que acomoda su manera de proceder a las circunstancias del momento, y del mismo modo fracasa quien en su proceder entra en desacuerdo con ellas[1]”.

Recordemos que desde el 28,93% obtenido por el partido de la flecha roja en 1992, sus resultados han ido declinando de forma sostenida, comicio tras comicio, hasta arribar el 23 de octubre pasado a un 12,77%. Aunque sólo bajó en dos puntos su votación de concejales respecto a 2012, en alcaldes pasó de un 16,51% a un 11,80%, logrando elegir 43 ediles frente a los 56 de 2012. Incluyendo dos derrotas claves en Maipú y Macul. Esta lenta decadencia del que otrora fue el partido más grande de Chile le obliga a a “acomodarse a las circunstancias” y demostrando que se puede ganar políticamente, aunque se pierda en votos.

El lunes 24 de octubre, en medio de la apoteosis de la derecha por sus victorias alcaldicias, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, anunció que su partido congelaba su participación en el comité político de  La Moneda. Esta decisión significaba en lo inmediato que los alcaldes electos de ese partido no concurrirían al palacio de gobierno para realizar una actividad pública junto a la Presidenta Michelle Bachelet. Y además la mesa de la DC no realizaría ninguna actividad de coordinación con el ministro del Interior, Mario Fernández (militante de esa misma colectividad). Este congelamiento significaba una sola cosa: los votos de los parlamentarios DC no estarían disponibles mientras no existiera un reacomodo, a la baja, en la agenda gubernamental. Goic señaló como argumento: “Vamos a citar al consejo para analizar la situación como DC y, mientras tanto, no vamos a participar en las actividades de coordinación con el gobierno. Consideramos que aquí tiene que haber un trato distinto a la DC, que es el principal partido de la Nueva Mayoría, sobre todo en el contexto en que estamos”.  Este “trato distinto” llegó al tercer día por medio de una almuerzo entre los presidentes de los partidos de la NM y el comité político del gobierno, compuesto por el ministro de Segpres, Nicolás Eyzaguirre, de Segegob, Marcelo Díaz, Hacienda, Rodrigo Valdés, y de interior Mario Fernández. De esa forma la DC “descongeló” oficialmente sus relaciones con su propio gobierno.

En la ocasión los partidos entregaron a los ministros un documento donde señalaron una serie de “prioridades” que a su juicio deberían ayudar a “rectificar” al gobierno en los 16 meses que le restan de mandato. La prensa especuló con que la DC buscaba un cambio de gabinete. Pero esa versión no tenía asidero, ya que era de público conocimiento que en torno al 10 de noviembre los ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores que aspiran a competir por un cargo parlamentario en 2017 deberían presentar sus renuncias para alcanzar a cumplir las exigencias legales. Por lo tanto, cambio de gabinete habrá de todas formas, pero posterior a esa fecha. Lo que Goic y su partido buscaba era definir la carta de navegación del gobierno.

Del realismo sin renuncia, a la renuncia sin realismo

Más allá de las fricciones y malas relaciones que ha cultivado el ministro Fernández con su partido, la verdadera raíz del congelamiento de relaciones de la DC se explica como una forma de ganar poder en el gobierno para aplacar las tensiones internas que este partido alberga en su interior. Efectivamente, el documento entregado por los partidos de la NM el jueves 27 recogió una a una todas las exigencias de la DC. Presentado como un texto de “prioridades” el texto enumera ocho puntos, de acuerdo a las declaraciones de Carolina Goic: “Hemos hecho una enumeración de los temas que nos parecen prioritarios: la reforma educacional como el principal compromiso de este Gobierno, pero también hacernos cargo del crecimiento y la productividad, el acceso a salud, seguridad ciudadana, descentralización y cómo abordamos una propuesta de pensiones”. Mucho más importante que estas prioridades genéricas, lo que importa es lo que el texto no dice. Entre otras cosas, es evidente la ausencia de toda referencia al tema constitucional y al proyecto de despenalización del aborto por tres causales.

A la vez la entrega oficial del documento se acompañó de un explícito apoyo al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que lleva adelante su propuesta de reajuste de las remuneraciones en el sector público en sólo un 3,2%. Esta propuesta, altamente conservadora, alejada del piso demandado por la ANEF, había sido duramente criticada por la bancada PC-IC el martes anterior. No obstante todos los partidos salieron a apoyar esta medida el día jueves. La segunda medida que impulsa Valdés en este momento es un reajuste de las pensiones básicas en 10%. Si bien en si esto no estaría mal en lo inmediato, el problema radica en que esa sería la única iniciativa en materia previsional que llevaría adelante el gobierno en este período. Incluso el alza del 5% de la cotización,  anunciada a fines de agosto, no se incluiría en la agenda gubernamental de 2017. A la vez Valdés desea recortar la ley de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que está en el parlamento, para no afectar a las empresas. Y renegociar la reforma al Código de Aguas para acomodarla a los intereses de los grandes propietarios.

Si el cónclave de julio de 2015 significó una reducción sustancial de las aspiraciones programáticas del gobierno de la NM, bajo el argumento del “realismo sin renuncia”, el nuevo punto de inflexión programático lleva el programa a punto muerto, obligando a Bachelet a reducir su rol a una simple administración hasta marzo de 2018, y a asumir una agenda “pro-crecimiento” que se desarrollará por medio de una batería de proyectos abiertamente favorables al gran empresariado. Un giro que no parece muy realista luego de la gran debacle electoral experimentada en octubre, y con la vista puesta ante el 2017, como año electoral.

¿Quienes ganan y quienes pierden?

Para la DC esta reducción total del programa, y la esperanza de un cambio de gabinete a su gusto, le ha devuelto cierta paz interna.  Las tensiones que la afectaban tenían varios frentes: el sector conservador- clerical, encabezado por Soledad Alvear ha pujado de forma feroz por impedir la tramitación del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. En medio de las enormes movilizaciones del movimiento feminista en este año, no parecía fácil que Alvear pudiera llegar a cumplir su cometido, pero todo indica que lo ha conseguido. Al cierre de esta edición el Ministro Secretario General de Gobierno Marcelo Díaz declaró sobre este punto  “hoy día (lunes 3/XI) en esta reunión que tendremos a la noche con los presidentes de partidos y el próximo jueves (6/XI) en una jornada de trabajo aquí en La Moneda para organizar el trabajo legislativo[2]“.

Respecto al tema constitucional, se esperaba que la presidenta enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permitiera iniciar el procedimiento de cambio constitucional, al menos en una primera fase. Pero el nuevo documento de “prioridades” no señala nada al respecto, mientras el senador DC Patricio Walker declaró “el que mucho abarca poco aprieta. Habrá que esperar si la Presidenta insistirá en enviar una propuesta de reforma constitucional”. En otras palabras, a ver si se atreve, porque no cuenta con nuestros votos.

Sobre la reforma educacional lo que el texto señala es la necesidad de hacerla “viable y sustentable”, entendiendo por ello una restricción del presupuesto y una reducción de sus alcances políticos . De esa forma la DC logra responder a las exigencias de Mariana Aylwin y al grupo “Progresistas con progreso”, ligado al lobby de los sostenedores y dueños de escuelas subvencionadas y universidades privadas. Aylwin goza de amplia cobertura de prensa del grupo El Mercurio y COPESA, y abierta partidaria de excluir al PC de la Nueva Mayoría.

Las presidenciales en el horizonte

La DC ha logrado apaciguar la presión de su ala conservadora y pro-empresarial se apresta a seguir moviendo sus fichas en vistas al escenario presidencial y parlamentario. El cálculo que parece haberse impuesto en este partido es que en virtud del nuevo sistema electoral, si lleva una lista propia puede obtener más diputados que concurriendo en alianza con otros partidos de la NM. De allí el entusiasmo demócrata-cristiano por estirar la cuerda al máximo en su relación con el gobierno. Todos los incentivos a su actuar se decantan hacia agudizar esta tensión ya que cada choque se convierte en un estímulo a su objetivo de perfilamiento partidario.

Esta situación complica gravemente las aspiraciones de Ricardo Lagos, que calculaba el respaldo DC a su candidatura. El “camino propio” de la DC le obliga a ganar el apoyo del PPD y sobre todo del PS, que no se ve entusiasmado por su candidatura, y donde la bajada precipitada de Isabel Allende, por presiones del laguismo, dejó grandes heridas. Incluso en el PPD se empiezan a imponer las voces críticas a su candidatura, alarmadas por su recurrente retroceso en las encuestas. El objetivo de Lagos de evitar una primaria dentro de este sector se ve muy difícil de lograr.

¿Es posible que se disuelva la Nueva Mayoría?

 En este cuadro, se podría plantear la hipótesis del fin de la Nueva Mayoría. Lo que parece ser una tesis precipitada, ya que junto a estas tensiones centrífugas también existen fuertes tendencias centrípetas que empujan para la mantención del conglomerado. El cientista político DC Mauricio Morales ha publicado un estudio titulado “La NM sin el PC. Expectativas para las legislativas 2017” en el que analiza las tendencias electorales que impulsan al PC a mantenerse en el conglomerado, donde señala:

“El PC quiere seguir en la NM porque es la coalición que le garantiza un crecimiento sustantivo de su representación- medida por el número de diputados- para las elecciones legislativas de 2017 que se desarrollarán bajo un nuevo sistema electoral. Si el PC fuese expulsado de la NM, entonces su representación se vería seriamente desafiada, no sucediendo lo mismo con el resto de los partidos del pacto […] Es en estas elecciones donde el PC -dado el nuevo sistema electoral- puede consolidar su representación en la Cámara. Así, probablemente para los comicios de 2021 el PC podría independizarse de la NM. Hoy necesita competir dentro del pacto”.

Lo que esto significa es que el “contrato” de funcionamiento de la Nueva Mayoría está cambiando, a peor. Es posible que en 2017 exista más de un candidato presidencial y más de una lista parlamentaria en ese campo. Pero es improbable que ello lleve a un reacomodo total de las fuerzas políticas. Morales, desde el interior de la “cocina” intelectual de la DC ya tiene lista la receta: “Dado que es el PC el que está casi obligado a mantenerse en la NM, entonces se le puede presionar para firmar un programa significativamente menos refundacional. Visto así, este escenario es inmejorable para la revancha de los grupos más gradualistas. El premio será el programa. El costo será el subsidio electoral al PC[3]”.  Se viene “la revancha” de los conservadores.

 

[1] Maquiavelo, Nicolás. (1993) El Príncipe, Altaya, Barcelona p. 104

[2] Fuente: Emol.com -http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/07/830046/Gobierno-valora-dichos-de-Lagos-por-aborto-pero-aun-no-define-si-proyecto-sera-prioridad.html

 

 

[3] Morales, Mauricio, “¿Por qué el PC quiere seguir en la NM?”, http://www.t13.cl/blog/columnas-mauricio-morales/por-pc-quiere-seguir-nm

Descentralización frustrada en la república oligárquica

“Don Apolinar Moscote, el corregidor, había llegado a Macondo sin hacer ruido. Se bajó en el Hotel de Jacob -instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache de chucherías por guacamayas- y al día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia la calle, a dos cuadras de la casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que le compró a Jacob, clavó en la pared un escudo de la república que había traído consigo, y pintó en la puerta el letrero: Corregidor[1]”.

En este pasaje de “Cien años de Soledad” Gabriel García Márquez describe la llegada del Estado nacional a Macondo. Apolinar Moscote, un oscuro funcionario designado en la capital, se deja caer en el pueblo que habían levantado mucho antes José Arcadio Buendía y sus pioneros. Como es habitual, lo primero que hace es intentar uniformarlo todo: “Su primera disposición fue ordenar que que todas las casas se pintaran de azul para celebrar la independencia nacional”. El centralismo latinoamericano encuentra en esta escena su perfecta metáfora. Es la imagen de un Estado que una y otra vez “desciende” a los territorios, con sus corregidores ataviados con escudos y carteles, para que se sepa el cargo que ostentan. Territorios que no conocen, y sobre los  que se decreta, sin preguntarle nada a nadie, que todas las cosas deben pintarse del mismo color.

Chile es el caso extremo de esta dinámica. Como la mayoría de los países de la OCDE  posee un sistema político unitario. Pero todos estos estados unitarios cuentan con mecanismos de elección directa de sus jefes de gobierno regional, autoridades equivalentes a nuestros Intendentes Regionales. Sólo en nuestro país los intendentes siguen pareciéndose a los “corregidores” de Macondo, llegando de madrugada desde la capital para decidir que hay que pintar todo de azul, por orden de Santiago. Estos “corregidores” sólo pueden administrar el 15 % del gasto público, pero en el resto de América Latina los gobiernos regionales ya pueden decidir sobre el 30 % del gasto, mientras en los países industrializados la descentralización presupuestaria supera el 50% del presupuesto público. Nuestros intendentes siguen siendo meros delegados presidenciales, incapaces de enfrentar al poder que los nombró, especialmente a los ministros y tecnócratas capitalinos, por depender de la confianza exclusiva del Presidente.

No es extraño que el centralismo sea un factor que agrave la crisis de la democracia chilena. Tal como lo ha mostrado el estudio “Auditoría de la democracia 2016” la percepción social de que la democracia funciona mal o muy mal aumentó desde 20% (2012) a 40% (2016). Si bien el estudio constata que la ciudadanía continúa valorando el régimen democrático por sobre otras formas de gobierno, y aunque se observa que la gente sigue considerando que el país será más democrático en el futuro, la evaluación general de su funcionamiento ha empeorado en los últimos años de forma alarmante. ¿No tendrá el extremado centralismo alguna responsabilidad al respecto? El mismo informe lo constata  en su edición de 2014 lo advierte al señalar que en Chile “la toma de decisiones se mantiene lejana a los ciudadanos y no siempre considera las necesidades del territorio y de quienes lo habitan[2]”.

¿Gobernadores sin atribuciones?

En este contexto no parece mal que el 5 de octubre pasado se hubiera aprobado en el Senado el proyecto de ley que reforma la constitución para permitir la elección directa de los Intendentes, que ahora pasarán a denominarse Gobernadores Regionales A nivel social no hay dudas respecto del apoyo a esta reforma.  El 81% aprueba y el 9% desaprueba la elección de intendentes de acuerdo a la información obtenida a partir de la IV Encuesta Nacional “Auditoria de la Democracia” (2016) del PNUD. El gran problema es que el texto votado en el congreso no considera en detalle las atribuciones y recursos con los que contará esta nueva figura. Todo el proceso descentralizador pasa por definir con claridad una nueva Ley Orgánica Constitucional que establezca las atribuciones y competencias de estos nuevos gobernadores regionales. Un debate que recién comienza su discusión. Más allá de la posibilidad de elegir directamente a los actuales Intendentes Regionales, la reforma no logra promover una descentralización efectiva. Es posible que se termine votando por un Gobernador Regional con muy escasas competencias y capacidades. Una especie de presidente honorífico del Consejo Regional, una instancia que hoy es poco relevante por sus escasas atribuciones normativas, fiscalizadoras y políticas. Y el poder real podría quedar en manos de una nueva figura, llamada “Delegado Presidencial”, que reemplazará a los actuales Gobernadores provinciales, los que retendrán muchas de las atribuciones y funciones de los actuales intendentes.

Si la actual reforma es meramente cosmética, se reforzará la tendencia a minusvalorar el poder del voto electoral. Las altísimas cifras de abstención en las últimas elecciones se pueden interpretar como una crítica a la legitimidad de unos cargos públicos vaciados de poder, que habiendo recibido un mandato popular no pueden tomar decisiones reales y vinculantes. Otra posibilidad es que una reforma frustrada genere mecanismos políticos caudillistas a escala local, que terminen canalizando la tensión territorial, largamente larvada, de forma clientelista o antidemocrática. Síntomas de este proceso ya existen y en la medida en que el país se llene de “Gobernadores” con pomposos títulos y pocas responsabilidades,  parecidos al Corregidor de Macondo, tendremos el caldo de cultivo ideal para acrecentar las tentaciones caudillistas.

Contra el colonialismo interno, descentralizar el pensamiento

Pensar el proceso de descentralización exige algo más que la mera ingeniería político-administrativa y técnica jurídica. La matriz de pensamiento centralista suele reducir el proceso a una simple desconcentración administrativa. Eso es lo que hizo la dictadura pinochetista con su “regionalización” militar. Cedió competencias administrativas para acelerar la administración territorial. Pero no cedió un ápice de poder, manteniendo la centralidad del mando de Estado bajo la lógica militar. El problema es que 26 años después del fin de la dictadura la democracia no haya llegado a las regiones, que siguen siendo objeto de decisiones ajenas. Santiago sigue decidiendo por Arica, a 2000 km de distancia, y por Punta Arenas a más de 3400.

La descentralización es un proceso complejo que debe superar las huellas dejadas por la imposición de un proyecto de Estado centralizado, que trastocó la existencia humana de las culturas periféricas. Para que pueda ser efectiva debe surgir un movimiento que aspire a la descentralización epistemológica –que modifique profundamente los modos de ver, entender y comprender la realidad, para captar de forma efectiva la diversidad y la interculturalidad. La descentralización del Estado y sus instituciones es un proceso de desconcentración del poder y por lo tanto, es un proceso de descolonización del ser, que demanda cambios ontológicos, existenciales éticos e identitarios en los habitantes de los territorios. Así entendidos, los procesos de descentralización se entienden como una lucha por la descolonización interna de los países, en la búsqueda del reconocimiento de la dignidad de pueblos que han visto subalternizada su existencia misma. De allí que dar poder a las regiones, y a lo local, no es síntoma de un provincianismo estrecho y retardatario. Se trata de una demanda universalista, porque se basa en reclamar que ningún particularismo sea impuesto como racionalidad universal, aunque sea la racionalidad de la capital, de los canales de televisión, de las gerencias empresariales, de los grandes periódicos y de los ministerios.

La descentralización como disputa de poder

Cuando José Arcadio Buendía se enteró de la llegada del Corregidor Apolinar Moscote fue a preguntarle con qué derecho había llegado a dar órdenes en Macondo. Su respuesta fue mostrar el decreto de su nombramiento. “En este pueblo no mandamos con papeles”-dijo entonces Buendía. “Y para que lo sepa, no necesitamos ningún Corregidor porque aquí no hay nada que corregir. Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se habían repartido la tierra, abierto los caminos, e introducido las mejoras que les había exigido la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara […]  Don Apolinar Moscote se puso pálido. Dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir con cierta aflicción: -quiero decirle que estoy armado[3]”.-

Nadie que disfrute de un privilegio lo entrega sin presión. Nuestros “corregidores” no van a entregar su poder amablemente, por más que los territorios le argumenten que su historia no le debe nada al centro y sus oligarquías. Por eso es inviable pensar una descentralización efectiva fuera del marco de las luchas por una democracia radical y plural, que transformando la racionalidad de las actuales instituciones estatales, pueda reconstruirlas desde un nuevo paradigma descolonizador. Se trata de volver a barajar los términos mismos del contrato político entre los territorios. Como lo hace José Arcadio Buendía cuando al final aceptó la jurisdicción de Moscote con dos condiciones: “La primera, que cada uno pinta la casa del color que le da la gana. La segunda: que los soldados se van enseguida. Nosotros le garantizamos el orden. El corregidor levantó la mano con todos los dedos extendidos. ¿Palabra de honor? Palabra de enemigo- dijo José Arcadio Buendía. Porque una cosa le quiero decir: usted y yo seguimos siendo enemigos[4]”.

 

[1] García Márquez, Gabriel, (1995) Cien años de soledad. Sudamericana, Buenos Aires, p. 81.

[2] PNUD Chile, (2015) Informe Auditoria de la democracia, p. 395.

[3] García Márquez, Gabriel, (1995), op. cit. p 81-82.

[4] García Márquez, (1995) op.cit. p. 84

Las municipales de la híper-abstención

Las elecciones municipales nos obligan a mirar con ojo crítico el fenómeno de la híper-abstención electoral. Quién crea que se puede sacar una conclusión fácil respecto al 65% que no votó se equivoca. Chile ya vivió períodos de bajísima participación, concretamente entre 1925 y 1958, años en los que los votantes no pasaron nunca del 35% del padrón. En la medida en que la competencia política se hizo más determinante, esas cifras se fueron elevando, más y más. Ya en las elecciones de 1964 votó el 86.81% y en las de 1970 al 83.70%. En el plebiscito de 1988 esta cifra alcanza un récord del 97.53%, en las presidenciales de 1989 un 94.72%, y en las municipales de 1992 un 72%. Pero a partir esa fecha se empieza a constatar un incremento de la abstención por la vía de la no inscripción en los registros electorales de la población juvenil. Y entre los inscritos se constata una progresiva desafección con las propuestas políticas desde las elecciones parlamentarias de 1997, donde se contabilizó un 13,51 % de votos nulos. Elección tras elección el temor a la sanción fue disminuyendo entre la población inscrita, por lo cual la abstención empieza a subir lentamente.

En respuesta a la baja inscripción electoral de los jóvenes y al creciente abstencionismo se dictó en 2012 la ley de inscripción automática y voto voluntario, que debutó en las municipales de 2012. En ese año la abstención llegó a un 56,8%. En la segunda vuelta presidencial de enero de 2014 se abstuvo un 58,21% del electorado. Por eso el 65% de abstención de 2016 confirma esta tendencia y desata las más diversas interpretaciones. Hay voces que piden reinstaurar el voto obligatorio, tratando de suprimir por la fuerza el síntoma de otra gran enfermedad. Hay voces que ven en el abstencionismo el germen de una rebelión social inminente, sin preguntarle a los abstencionistas el verdadero motivo de su ausencia a las urnas. Otros acusan a los ausentes de irresponsabilidad. Pero olvidan que la abstención también puede ser un acto de responsabilidad, si se entiende como una forma de no avalar opciones con las que no se desea cooperar de ninguna manera. En general es un fenómeno que debería estudiarse desde más la psicología social que desde el análisis político, porque las motivaciones de los abstencionistas son muy diversas y no permuten extraer un solo mensaje.

La hiper-abstención produce efectos perversos: en 2012 la DC obtuvo 804.622 votos (15,07%) eligiendo 391concejales. En 2016 bajó a 580.347 votos (12,77%) pero subió a 402 concejales electos. Lo que queda claro es que los años de electorados duros y fieles se han acabado. La participación electoral se ha licuado, lo que  hace extremadamente difícil prever resultados. Las estadísticas sólo permiten extraer datos genéricos: la abstención es generalizada, pero es especialmente alta en la Región Metropolitana y el Norte Grande. A la vez, es menor en las comunas de altos ingresos. Vitacura es la única comuna del país donde subió la participación electoral, pasando del 44,9% de 2012 al 45,1% de 2016. En Lo Barnechea la participación prácticamente se mantuvo, y en Las Condes bajó sólo un 3,2%. En el resto del país la caída ronda el 10%, pero la brecha de participación electoral entre comunas ricas y pobres subió enormemente.

Este factor explica la derrota de candidaturas emblemáticas de la Nueva Mayoría. En Santiago, en las Elecciones 2012, Carolina Tohá obtuvo 45.520 votos y Pablon Zalaquet: 36.932. En 2016 Tohá saca 23.039 y Alessandri: 29.862. Ambas candidaturas pierden votos, pero en distinta proporción. La NM perdió el 50% de los votos, mientras la derecha sólo perdió el 20%.  Un dato similar se da en Providencia. En 2012 Josefa Errazuriz logra 37.680 votos y Cristián Labbé 29.697. En 2016 Errazuriz obtiene 25.425 frente a los 32.092 de Matthei. Mientras la candidata de la NM pierde un 33% de su votación la candidata de la derecha lo incrementa, aunque sólo un 8%.

Por el contrario, en otras comunas, donde las candidaturas de la NM lograron motivar a sus bases, se observa el fenómeno inverso. En 2012 Daniel Jadue logró en Recoleta 20.311 votos y en 2016 sumó 22.184, logrando un incremento del 9,2%. En cambio la derecha pasó de 18028 votos a 15103, lo que representó una pérdida del 16%. En un contexto de alta abstención esta diferencia se amplificó porcentualmente, por lo que el candidato del PC logró pasar del 41,68% al 56,2%. En 2012 Mauro Tamayo (IC) obtuvo en Cerro Navia 19.920 votos, y ahora 16.178. Pero su contrincante Luis Plaza (RN) pasó de 21.527 a 15.224. Los ejemplos pueden seguir, y muestran que la clave de los triunfos radican en la capacidad de retener votos, más que de incrementarlos.

¿Porqué se abstienen los que no votan?

Estas cifras dan a entender que la abstención no afecta en principio a un sólo sector político. Hay abstencionistas de derecha, centro e izquierda, y muchos que no se identifican con un sector determinado. Pero el electorado de derecha se abstiene en promedio menos que el resto, ya que los electores de mayores ingresos poseen el “hábito” electoral más consolidado.

Por otra parte sus motivos de abstención son distintos. Mientras que un elector de centro e izquierda suele considerar reprochable el financiamiento de empresas como SQM, como el que recibió Marco Enríquez Ominami y Carolina Tohá, para un elector de derecha este hecho no parece criticable ya que espera que sus partidos defiendan a las grandes empresas, por lo que no ve un conflicto de intereses o una transgresión de principios. En cambio el elector de derecha parece abstenerse como castigo ante una mala gestión administrativa y financiera de sus representantes. Tampoco es cierto que los electores “de izquierda” siempre se inhiban ante la corrupción. ¿Cómo explicar de otra forma el triunfo de Mauricio Soria en Iquique, heredero de un linaje al que se le achacan todo tipo de prácticas ilícitas? ¿O la alta votación que retuvo Diego Iglesias, el heredero político de Jaime Pavez en la Pintana (24,4%)?

Un aspecto que parece motivar transversalmente la participación radica en que los electores perciban un beneficio concreto y directo de parte del municipio. Las gestiones que invierten en infraestructura, obras viales y beneficios tangibles y palpables tienen gran éxito. Es el caso de Germán Codina en Puente Alto o Rodolfo Carter en La Florida. En cambio no es valorada una gestión como la de Josefa Errázuriz, que elaboró un plan regulador urbanísticamente excelente, y una directiva de participación ciudadana muy avanzada, pero que no logró traspasar estos avances a una ciudadanía poco acostumbrada a cambios abstractos, intangibles y de largo plazo. Este es un gran desafío para la izquierda ya que el “cosismo” lavinista, el clientelismo y la inmediatez parecen premiarse mucho más que una gestión técnica impecable, pero poco palpable en el día a día de las personas.

Los datos duros

A nivel de alcaldías la derecha logró este año un 39,2% y la Nueva Mayoría un 38,1%. El 22.7% restante es un campo de independientes diverso. Un 17% se podrían catalogar como partidarios de uno u otro bloque mayoritario. Las candidaturas que explícitamente no se alinean con la derecha o la Nueva Mayoría sólo representan el 5,9% de los municipios del país. Pero en ese campo hay cuatro municipios grandes: Jorge Sharp, del Movimiento Autonomista, en Valparaíso, Gonzalo Montoya (ex PRO) en Macul, Juan Rozas en Pedro Aguirre Cerda y Gerardo Espíndiola (PL de Vlado Mirosevic) en Arica.

En Concejales, la suma de las 3 listas de Nueva Mayoría alcanza un 47,1%, contra un 40,6% de la derecha. Sin embargo la Nueva Mayoría no salió a valorar este triunfo pues está inmersa en una lógica de competencia interna en vista a la definición presidencial. Y la izquierda emergente, en medio de su enorme dispersión, suma un 8,0%. Si se agrega a este campo a ecologistas, liberales y regionalistas se llega a un 11,1%. Pero si se hubiera trabajado la articulación de esas listas, en un marco plural, sin duda el impacto habría sido mucho mayor.

El mensaje de Valparaíso

Como advirtió Punto Final en agosto pasado, “los casos de mayor articulación, como Valparaíso, pueden mostrar una ruta de futuro en la perspectiva de articular un Frente Amplio de Izquierda a escala nacional en las elecciones de 2017[1]”. Efectivamente, el triunfo de Jorge Sharp se explica por una decidida voluntad política de coordinación de movimientos sociales, fuerzas de Izquierda y progresistas que realizaron procesos de debate y convergencia que culminaron en primarias vinculantes. En ese trabajo surgió el liderazgo de Jorge Sharp, que logró ofrecer una alternativa potente ante los cuestionados candidatos de la derecha y la NM.

El “modelo porteño” no es exportable de forma automática. En Valparaíso existen elementos específicos: es una ciudad portuaria, universitaria y turística, con tradición asociativa, en la cual el municipio es un factor relevante en el día a día por la geografía y el modelo productivo. Pero lo que resulta clave, y extrapolable a cualquier lugar, es la apertura democrática del proceso político mediante primarias que surgen desde los movimientos sociales de distinto carácter y matriz ideológica.

Otras señales que han surgido en estas elecciones: el buen resultado de otras fuerzas emergentes que es importante reseñar. En primer lugar de varios candidatos a alcalde del partido ecologista verde: un 21,5% en La Cisterna, 10% en El Bosque, 7,2% en Las Condes, 9,8% en Ñuñoa, sólo para dar algunos ejemplos. Los Verdes se instalan como una fuerza municipal a tener en cuenta en la política chilena. Revolución Democrática sacó 1,3% de los votos, pero llevando sólo 90 candidatos. De esa forma es meritorio que ahora tengan presencia en los consejos municipales de Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Macul, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Llanquihue y Antofagasta, lo que les da una base para consolidarse como partido. Y existen varios liderazgos locales que deberían proseguir su empeño: Pedro Davis, con un 17% en La Reina, Jessica Bengoa, autonomista de Punta Arenas, Roxana Carvajal, nueva concejal santiaguina desde el Barrio Yungay, Rodolfo Gazmuri con un 25% en Chillán Viejo, el movimiento de Juan Polizzi en Concepción. Valentía y coraje hay de sobra. Lo que falta es generosidad, inteligencia y cooperación.

 

[1]  “Las municipales de la dispersión”, Punto Final, edición Nº 857, 5 de agosto 2016.