Operación Punta Peuco

 

Una ola de súbita conmiseración inunda a las elites de este país respecto a los presidiarios que enfrentan sus condenas con avanzada edad y enfermedades terminales. El ministro de Justicia, Jaime Campos, ha puesto el punto en debate al declarar en El Mercurio que le parecía “obvio” que los criminales que se encuentran gravemente enfermos o terminales deben salir de la cárcel para morir en casa junto con sus familias. A este llamado ha respondido una legión variopinta, desde la derecha en pleno, hasta los líderes de las iglesias Católica y Evangélica. Y desde el mundo laico, un séquito de académicos, encabezado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Se trata de sentimientos de misericordia muy inesperados, porque nunca antes estos miembros de la corte palaciega manifestaron este tipo de preocupaciones respecto a los presos comunes. Es impresionante la cobertura que han dedicado al asunto El Mercurio y La Tercera, colocando en portada este tema varios días seguidos, y publicando reiteradas cartas de almas sensibles que nunca habían dicho palabra alguna sobre la situación en nuestras cárceles.

Recordemos que la única oportunidad en que los presos comunes de nuestro país hacen noticia es cuando el morbo y el sensacionalismo logran despertar a los editores de prensa de su renuencia a visibilizar las condiciones inhumanas en las que se encuentran. El 8 de diciembre pasado se cumplieron seis años del incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron calcinadas 81 personas, y 16 quedaron heridas. Curiosamente, a seis años de la tragedia no existe ningún responsable de este siniestro. La “gran prensa” y las almas sensibles que hoy piden indultos dejaron pasar el aniversario sin decir nada. Tania Tamayo, autora de Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar (Ediciones B) afirma directamente que este “olvido” se debe a la voluntad de tender un velo de impunidad sobre el entonces director de Gendarmería, Luis Masferrer (RN).

Por eso, la operación comunicacional que han tendido con tanto entusiasmo se les desfonda. Su hipocresía les delata y el doble estándar termina por revelar que no se trata de un sentimiento de misericordia universal, sino una demanda de clemencia selectiva, que no abarca a todas las personas que sufren penas aflictivas en nuestro sistema carcelario. Hay una afinidad electiva en su conmiseración, porque se focaliza en los militares condenados por crímenes de lesa humanidad.

EL ESTATUTO DE ROMA

En este clima de opinión el profesor Pablo Ortúzar afirma en carta en El Mercurio que “defender que se mantenga en la cárcel a personas condenadas por cometer actos inhumanos que hoy son ancianos con enfermedades terminales resulta una ironía siniestra, cuya motivación solo pareciera ser la venganza”. Es decir, al no modificar las condenas de esos “ancianos con enfermedades terminales” el gobierno actuaría motivado por la venganza.

Sin embargo, los “actos inhumanos” a los que se refiere Ortúzar constituyen delitos que han sido claramente tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por nuestro país en 2009. Según este instrumento del derecho internacional, y en coherencia con la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (26 de noviembre de 1968) y los principios generales para combatir la impunidad” de la Comisión de Derechos Humanos en su 61ª sesión de Naciones Unidas (8 de febrero de 2005) los crímenes de lesa humanidad no pueden ser sujetos de amnistías o indultos, directos o indirectos. Lo que el Estatuto de Roma contempla es la posibilidad de una “reducción de la pena”, pero altamente condicionada a las siguientes causales (art.110):

 “3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

  1. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
  2. a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;
  3. b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
  4. c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena”.

Vale decir, se deberían aplicar escrupulosamente estos criterios: haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, y además haber manifestado “desde el principio y de forma continua” su voluntad de cooperación con las acciones e investigaciones judiciales. En nuestro caso particular, el Estatuto sostiene que se debería atender a la voluntad del implicado en colaborar a la localización de los cuerpos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Cabe por lo tanto hacer esta simple pregunta: ¿Los militares que cumplen penas por delitos de lesa humanidad pueden invocar estas causales? Si es así no habría lugar a mayor debate y el sistema penitenciario debería acceder a los beneficios solicitados. Si no es así, no cabría mayor discusión, y deben seguir en prisión. No cabe duda que estamos ante esta segunda posibilidad, especialmente si su “pacto de silencio” respecto al destino de los detenidos desaparecidos sigue vigente.

REGRESO DE LA “DOCTRINA DOLMESTCH”

Si la legislación es tan clara, ¿por qué se está buscando con tanto ahínco la liberación de estos presos? Cabe preguntarse si el trasfondo del asunto es una negociación encubierta, en la cual la liberación de los criminales de lesa humanidad es moneda de cambio para pagar otros favores de parte de la derecha. No sería la primera vez que se busca hacer de estos individuos el vehículo de una transacción política alejada de la especificidad de este dilema.

Recordemos que Chile ha vivido una lenta evolución jurisprudencial en materia de sanción a los violadores a los derechos humanos. Hasta bien entrada la década de 1990 los tribunales siguieron aplicando el Decreto Ley de Amnistía de 1978, que produjo efectos de autoamnistía para los funcionarios de la dictadura, por lo cual se sobreseían automáticamente las causas o derechamente se absolvía a los acusados.

El primer cambio, llamado “doctrina Aylwin”, obligó al tenor de la “justicia en la medida de lo posible”, a investigar las causas antes de aplicar la amnistía o la prescripción. El segundo paso ocurrió en el contexto de la detención de Pinochet en Londres, en 1998. En ese momento se empezó a tipificar las detenciones con desaparición como “secuestros permanentes”, por lo cual dejó de tener aplicación la amnistía y la prescripción, ya que el ocultamiento de cadáver implicaría que el delito se sigue cometiendo hasta la actualidad. Un caso de uso estratégico del derecho que permitió abrir una grieta en la impunidad.

En 2006 los familiares de Luis Alfredo Almonacid, militante del PC detenido desaparecido el 16 de septiembre de 1973, llevaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que terminó condenando al Estado chileno por la aplicación de la ley de amnistía. El organismo determinó que Chile había vulnerado el Pacto de San José de Costa Rica, declarando que los delitos de lesa humanidad no pueden amnistiarse ni prescribir y que el Estado debía anular el Decreto Ley de Amnistía e impedir legalmente la aplicación de la prescripción. Esta sentencia fue al fondo del asunto. Sin embargo, el Congreso no ha sido capaz, hasta ahora, de adecuar la legislación chilena a este dictamen internacional, quedando su aplicación en manos de la Corte Suprema.

En ese contexto, el entonces miembro de la sala penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propuso el criterio de otorgar a los condenados por este tipo de delitos los beneficios de la Ley N° 18.216, lo que fue presentado por la derecha como una forma de “compromiso” entre la “justicia absoluta” y el “perdón absoluto”, permitiendo una condena muy atenuada. Lo que la derecha no reconocía en este análisis es que a esas alturas la condena era un piso del que ya no podían escapar y por lo tanto, agotados los anteriores mecanismos, la “doctrina Dolmestch” aparecía ahora como la única vía posible a la impunidad.

Pero esta “doctrina” sufrió un golpe letal el 18 de junio de 2012, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema, analizando el llamado “Episodio Héctor Vergara Doxrud”, declaró por mayoría de sus miembros que los sucesos enjuiciados, ocurridos el año 1974, debían ser enjuiciados y sancionados sin atención al Decreto Ley de Amnistía del año 1978 ni que se permitiese declarar su prescripción o conceder a los condenados la atenuante de media prescripción del Art. 103 del Código Penal. Este dictamen significó el fin de la “doctrina Dolmestch”, que ahora se busca reestablecer.

Todo indica que la elección de Hugo Dolmestch como presidente de la Corte Suprema, en diciembre de 2015, respondió a este objetivo, y las movilizaciones de toda esta corte de autoridades civiles, eclesiales, académicas y comunicacionales, responde a los compromisos fácticos asumidos en esa elección.

LAS FALACIAS DE LA IMPUNIDAD

Los magistrados que rechazaron la “doctrina Dolmestch” en 2012 han sido catalogados por El Mercurio como partidarios de la “justicia absoluta”, sin recordar que la condena de estos sujetos fue dilatada por mecanismos de autoimpunidad por más de tres e incluso cuatro décadas. Para imponer su postura los partidarios de la dictadura y sus aliados han usado todo tipo de falacias:

– La falacia de la apelación a la lástima: se trataría de internos con un estado de salud grave e irrecuperable que importa inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud, que le impide valerse por sí mismo. El mismo argumento usado por el dictador Augusto Pinochet para ser liberado en Londres y que se reveló como un engaño apenas pisó Santiago y se levantó de la silla de ruedas con el bastón en la mano.

– La falacia de la regla general para caso particular: Si todos los presos pueden acceder a los beneficios de la Ley N° 18.216, los condenados por crímenes de lesa humanidad también lo deberían poder hacer. ¡Se estarían violando sus derechos humanos, dicen sus partidarios! Pero se olvidan que la legislación internacional asigna a estos delitos, por su naturaleza y por los mecanismos de protección e impunidad que les han asistido, la expresa imposibilidad de acceder a estos beneficios si no han cumplido los plazos mínimos de condena y no han colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los casos en los cuales poseen información. Si hubiera un solo condenado que hubiese actuado conforme a los criterios del Estatuto de Roma sería acreedor de este beneficio. Pero no se presenta ninguno, lo que revela la calaña moral de los implicados.

– La falacia de la falsa analogía: Comparar a víctimas y victimarios. El columnista mercurial Hernán Corral declaraba: “Resulta desconcertante, por ello, que quienes festejaban el aniversario de la Declaración Universal con frases como ‘los derechos humanos son de todos’, luego se mostraran abiertamente contrarios a la propuesta del ministro de Justicia, aduciendo los más diversos argumentos”. O la crueldad de las víctimas, que desean el sufrimiento de estos ancianos. A lo que se suma Carlos Peña, argumentando que se trata de un acto irracional: “¿O acaso tiene sentido castigar a quien ya no es un yo capaz de vivenciar la experiencia del castigo, o a un viejo a quien el cáncer lleva a empellones hacia la muerte?”.

Ni crueles, ni vengativas, ni irracionales, las familias que han buscado la justicia para sus familiares asesinados por los agentes de la dictadura han mostrado una capacidad enorme de atenerse a las normas, arbitrarias e injustas, impuestas por el propio criminal que les vulneró. Han persistido en su denuncia y en su empeño de justicia por décadas, sin tomar la justicia por su propia mano, a pesar de que todo indicaba que era imposible llevar a puerto su demanda. Y sin embrago persistieron. Vivieron en carne propia que la “justicia demorada es justicia denegada”, pero no abandonaron la esperanza.

Hoy su voz no forma parte de este debate. Acalladas, estigmatizadas, descalificadas y arrinconadas, ningún micrófono ha salido a recoger su palabra. Nadie ha recogido su palabra en una historia que les ha impuesto cargar de por vida, sin atenuantes, un dolor que nadie ni nada puede ni podrá aliviar. Mientras los defensores de la impunidad copan las portadas de los noticieros y los periódicos, apoyados por académicos y altos clérigos, las víctimas son acusadas de todo tipo de crueldades contra los militares en retiro. Si un extranjero desinformado llega al país y lee la prensa chilena seguramente pensaría que estos ancianos, dementes y enfermos, son las víctimas de un Estado policial que les mantiene en una cárcel inhumana. Nadie le informaría de lo difícil que fue conseguir llevarles ante la justicia, las décadas de impunidad que les ampararon, y una vez en la cárcel, los beneficios penales de Punta Peuco o del Penal Cordillera, a los que accedieron sin que ninguno de sus actuales defensores objetara sus privilegios.

De allí que sólo cabe admirar la persistencia indubitable de las organizaciones de familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Su testimonio hace vida las palabras de Neruda al recibir el Premio Nobel de Literatura: “Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano”

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 867, 23 de diciembre 2016.

Fidel y la religión. Balance final

 “Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado[1]”.

Una crítica que repiten los adversarios de la Revolución Cubana apunta a su supuesta incapacidad de reforma. Con especial ahínco se etiquetó a Fidel de inflexible, dogmático, testarudo, obcecado en el error. Sin negar que el talante gallego de su estirpe le insufló un carácter más cercano a la porfía que a la condescendencia, es injusto cerrar el juicio histórico sin reconocer también su voluntad de autocrítica, de aprendizaje y apertura a nuevos paradigmas y opiniones.

Un ámbito en el que se aprecia esta capacidad es en la valoración y reconocimiento institucional de la conciencia religiosa en Cuba. Como es sabido, durante los primeros años de la revolución el enfrentamiento entre Fidel y la jerarquía de la iglesia católica fue frontal. Y a medida en que la revolución fue definiendo su carácter el episcopado fue incrementando su oposición, cada vez más insurreccional. La expresión más macabra fue la participación eclesial en la Operación Peter Pan, organizada por la CIA, pero ideada por el sacerdote  de Miami Bryan O. Walsh, y que sacó de Cuba a un total de 14048 niños y niñas entre 1960 y 1962.  Orquestada con el fin de inducir el pánico de la sociedad cubana, inventó un supuesto plan del Estado para quitar la patria potestad sobre los hijos, lo que justificó la expatriación de los menores bajo excusas y tapaderas. La CIA pensó que los niños estarían sólo un breve tiempo en Estados Unidos, y regresarían a Cuba después de triunfar la invasión de Playa Girón. Pero con el fracaso de esa incursión, y la consiguiente suspensión de los vuelos directos con La Habana, muchos de los padres de esos niños no pudieron viajar, quedando alojados en casas de huérfanos o adoptados por familias norteamericanas. Una operación que pretendía defender “la familia católica” terminó separándolas, y muchos niños nunca volvieron a encontrarse con su padres[2].

Este tipo de prácticas se mantuvieron. La política de Estados Unidos entró en una dinámica de Guerra No Convencional contra Cuba, que ha pasado por varias etapas y métodos, y que incluso después del restablecimiento de relaciones diplomáticas en julio de 2015 no ha logrado culminar totalmente En todos estos años sectores de la Iglesia Católica y líderes evangélicos se prestaron para ejecutar todo tipo de operaciones anticubanas de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. No es extraño que desde el Estado cubano se viera a las instituciones eclesiales como la punta de lanza de las conspiraciones del enemigo. Por otra parte la Revolución asumió la idea de “cambiar todo lo que debe ser cambiado”. No era posible que la esfera religiosa no fuera afectada por cambios tan estructurales. Las congregaciones religiosas dejaron de ser sostenedoras de colegios particulares y la nueva laicidad estatal asignó a las manifestaciones religiosas un carácter estrictamente privado. A la vez, la progresiva influencia de los estados socialistas de Europa del Este fue marcando una gestión de la “esfera religiosa” con una mirada de sospecha, más aún en el contexto de guerra fría donde la OTAN utilizaba a las iglesias como acicate contra los gobiernos del campo socialista.

Fidel y la “importancia decisiva” de los cristianos

Todo parecía indicar que Cuba debía seguir esa orientación de modo mecánico, aplicando las mismas restricciones a la práctica religiosa que en Europa oriental. Pero en América Latina la realidad fue mostrando otra cosa. Las comunidades cristinas por todo el continente comenzaron a mirar a Cuba, primero con interés, y poco a poco con sintonía y afecto. En 1968 el episcopado latinoamericano lanzó el “Documento de Medellín”, donde reorienta la visión del catolicismo hacia una nueva “opción por los pobres”, que exige cambios estructurales en el continente. En 1971 el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez lanzó su famoso libro “Teología de la Liberación, Perspectivas”, que puso nombre a un nuevo enfoque teológico que se arraiga profundamente por toda América Latina. En ese marco, y aprovechando su visita a Chile, Fidel se reunió el 29 de noviembre de 1971 con el grupo de los 80 sacerdotes que estaban organizando el nuevo movimiento de los “Cristianos por el Socialismo”.  En ese encuentro comenzó a gestarse una alianza estratégica, que Fidel plasmó al decir en aquel día: “El interés grande en esta reunión es sencillamente porque creo en lo que creo, en lo que estamos haciendo, me siento aliado de ustedes. Si uno no creyera que es justo lo que estamos haciendo, sería más bien pesimista, por eso le doy tanta importancia. El Che fue el que dijo que el día que los cristianos tomaran conciencia de las cosas revolucionarias, iban a tener una importancia decisiva. En ese plan es en el que quiero hablar[3]”.

Y el plan cuajó, y se desplegó en los años venideros: en Nicaragua los cristianos no miraron por la ventana los cambios, fueron parte orgánica y protagónica del proceso. Y de la misma forma se involucraron en todas las luchas guerrilleras de América Central. Las comunidades de base reinventaron la Iglesia desde abajo, con obispos como Herder Cámara, Pedro Casaldáliga, Leónidas Proaño, Samuel Ruiz y muchos otros. En el campo protestante ocurrió algo parecido, especialmente en Cuba, donde pastores como Raúl Suárez, fundador del Centro Memorial Martin Luther King, y la pastora Ofelia Ortega, de la Iglesia Presbiteriana, asumieron una voz profética en defensa de los valores de la revolución.

La mejor expresión de este giro es el libro “Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto”, que condensa 23 horas de diálogo entre el dominico brasileño y el líder de la revolución. Fueron 379 páginas, que se editaron en 32 países y en 23 idiomas. Más que un repaso biográfico al pensamiento de Fidel, es la plasmación de una nueva política de apertura a la diversidad religiosa de la isla, que quebró con una serie de “dogmas” que la tradición soviética arrastraba por décadas. Aunque la Constitución cubana de 1976 determinaba que formalmente no existía ninguna restricción a la libertad religiosa, el propio Fidel reconoció en su diálogo con Frei Betto que en los hechos existía: “Si me preguntan si existe cierta forma de discriminación sutil con los cristianos, te digo que sí, honestamente tengo que decirte que no es una cosa superada todavía por nosotros. No es intencionada, no es deliberada, no es programada”. La desconfianza tenía sus motivos y razones. Pero esa lógica hizo que para muchos funcionarios y burócratas la sola condición de católico fuera motivo suficiente para ser considerado contrarrevolucionario. Pero Fidel apostó a restablecer el diálogo roto a inicios de 1960.

Un recuerdo similar tiene el pastor Raúl Suarez: “Todos sabemos las contradicciones que se dieron al principio de la Revolución. Yo no puedo olvidar el año 1984, porque para mí es el año de oro…Por primera vez en el proceso revolucionario Fidel recibe a 14 líderes protestantes. En esa reunión -que duró tres horas y media- mencionó el libro “Fidel y la religión”, y nos empezó a leer algunos fragmentos para que le diéramos nuestra opinión. Recuerdo que nos leía cosas extraordinarias, cuando dijo que no había logrado tener creencias religiosas, pero que había dedicado su vida a poner en práctica las enseñanzas sociales de ese símbolo llamado Jesucristo, que era muy familiar para nosotros”.

La apertura a la diversidad religiosa culminó en en 1991 con el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba que admitió el ingreso a sus filas de todos aquellos que acepten sus estatutos y programa, con independencia de sus creencias religiosas. Un cambio que Fidel sintetizo al decir en ese momento: “El dogma tan predilecto de los reaccionarios sobre la imposibilidad de entendimiento entre cristianos y comunistas se viene al suelo sobre el fundamento de una comprensión profunda de ambas doctrinas”. En ese proceso también jugó un rol muy importante el entonces arzobispo de La Habana y luego cardenal Jaime Ortega. Y desde el campo protestante hay que recordar el enorme aporte de “Pastores por la paz”, fundados en 1991, en el peor momento del período especial, que se jugaron por romper el bloqueo desde Estados Unidos y abrir un canal de ayuda humanitaria en la peor hora de la revolución.

Las conspiraciones fallidas

Toda esta reorientación de las políticas de reconocimiento a la diversidad religiosa, impulsada por Fidel, no fue entendida por las agencias norteamericanas, y mucho menos por Miami. Creyeron que era mera apariencia. Enceguecidos por la caída del campo socialista en 1991, todos apostaron a la tesis de Andrés Oppenheimer, que publicó en 1992 su best seller “La hora final de Castro. La historia secreta detrás de la inminente caída del comunismo en Cuba”. Para Oppenheimer esa caída era cuestión de días. Pero a pesar de sus augurios, a 1992 le sucedió 1993, y 1994, y 1995, y Fidel mantenía el rumbo en medio de los dolores y sufrimientos del período especial. Algo faltaba, una chispa que incendiara la pradera. Y en 1996 encontraron la oportunidad que buscaban. El Papa Juan Pablo II, el Papa polaco, ícono del anticomunismo, se manifestó interesado en visitar Cuba. Para Miami y Washington era la chispa esperada.

¿Debía Cuba aceptar esa visita? Fidel no lo dudó. Juan Pablo II aterrizó en La Habana el 21 de enero de 1998. Los periódicos de todo el mundo enviaron corresponsales para cubrir el espectacular suceso. Se esperaba que la llegada del Papa sería la ocasión propicia para un levantamiento social “espontáneo” que pondría en jaque la legitimidad de la revolución. Todos los “Oppenheimer” del mundo auscultaban la muchedumbre, pero las protestas no llegaron. Abrían sus micrófonos, pero no encontraban los relatos de su conveniencia. Sin mayor novedad Juan Pablo II regresó a Roma, dejó un mensaje de apertura de Cuba al mundo y del Mundo a Cuba, y una explícita condena al bloqueo. Y Fidel le entregó un mensaje en clave bíblica: “Cuba se enfrenta a la más poderosa potencia de la historia, como un nuevo David mil veces más pequeño, luchando para sobrevivir contra un gigantesco Goliat nuclear que trata de rendirle por enfermedad y por hambre”. La caída inminente que anunciaba Oppenheimer nunca llegó, porque las convicciones revolucionarias del pueblo de Cuba eran mucho más profundas que las especulaciones de los conspiranoicos. Y la religiosidad del pueblo había encontrado un cause nuevo, despojado de las apariencias y las convencionalidades del mundo capitalista.

Hoy Cuba goza de acuerdo a los estándares internacionales de plena libertad religiosa. No es extraño encontrar cubanos que expresan en público sus preferencias y convicciones, católicas, protestantes, ortodoxas, pero también afro-caribeñas, budistas, o musulmanas. La religión no es motivo de discriminación, pero tampoco es lugar para el privilegio, ni excusa para el lucro, ocasión para la avaricia, mecanismo de manipulación, o lugar para el fraude. La revolución ha logrado dar a la fe religiosa un lugar digno, ayudándola a dejar de estar subsumida por el capital. La fe ya no es subterfugio para apropiarse de subvenciones públicas, ni mecanismo de evasión tributaria, abuso de poder, ni clan para alcanzar favores o prebendas. Es sólo un lugar para vivir la esperanza. Tal vez este es uno de los legados menos visibles, pero más significativos, que nos ha heredado Fidel Castro

 

[1] Fidel Castro, “Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, 1º de Mayo de 2000.

[2] Torreira Crespo, Ramón y Buajasan Marawi, José. “Operación Peter Pan, un caso de la guerra psicológica contra Cuba”. La Habana: Editora Política, 2000.

[3] Pablo Richard. “Cristianos por el Socialismo. historia y documentación”. Sígueme, Salamanca, 1976.

Había una vez un 3,2%

Rodrigo Valdés ha triunfado. El ministro de Hacienda puede repetir desde ahora en adelante aquella frase de Pirro, rey de Epiro, luego de derrotar a los romanos: “Otra victoria como ésta y volveré solo a casa”. Valdés ha ganado, mantuvo a firme la cifra del 3,2% de reajuste al sector público, contra viento y marea. A ocho décimas de distancia del 4% planteado por la Anef. Pero revisemos el costo: la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, prolongó su paralización por más de tres semanas, y las calles colapsaron con toneladas de basura que se acumularon durante esta movilización. Es difícil calcular los costos directos e indirectos de tener a todo el aparato del Estado moviéndose a ritmo de tortuga, gracias a los turnos éticos de los trabajadores públicos. Una décima de incremento en el reajuste equivale a 9 mil millones de pesos, argumentaba el ministro de Hacienda. Es una cifra alta. ¿Pero cuánto ha costado la porfía de Valdés? Sin duda el precio de la paralización equivale a varias décimas de reajuste. Pero para el gobierno lo importante es que su ministro triunfó.
En medio de este proceso, la Nueva Mayoría estuvo a punto de colapsar en las dos ocasiones en que la Cámara de Diputados rechazó el porcentaje propuesto por Hacienda. Y para aumentar el desastre, los más conservadores de la coalición aprovecharon de poner al Partido Comunista en la lista de los acusados, señalándolo como desleal al gobierno por no votar el guarismo sagrado del 3,2%. La acusación se hace luego de los descomunales esfuerzos de silencio y sumisión que el partido de Guillermo Teillier ha realizado desde que entró al gobierno en 2014. Pero lo importante es que Valdés triunfó.

Como guinda en esta amarga torta, el diputado UDI Javier Macaya pudo jactarse luego de la votación final del reajuste: “Se llega a la conclusión que la Nueva Mayoría se acabó como coalición política. Tuvo que ser la oposición quien diera sus votos favorables para que el gobierno pudiera sacar su posición”. Hacienda ganó, colgándose de las faldas de la derecha, que cobrará muy caro este servicio de urgencia. Pero no importa, lo único relevante para el gobierno es que Valdés triunfó.

Y lo peor es que el ministro seguramente siente que su triunfo podría haber sido mayor. Si no se hubieran alcanzado los votos para aprobar el porcentaje propuesto por Hacienda en la fecha límite, lo que hubiera ocurrido es que el reajuste hubiera sido equivalente a 0%. Y Valdés usó deliberadamente este argumento para chantajear toda resistencia parlamentaria. Esa fue su carta ganadora de última instancia.

EL CONTEXTO DE LA DERROTA

La CUT y la Anef , las dos grandes organizaciones sindicales que sobreviven en Chile y que agrupan fundamentalmente a los trabajadores del sector público, han sido derrotadas. Dos organizaciones que han hecho muchos méritos en los tres últimos años, moderando sus expectativas, disminuyendo las tensiones con el gobierno, facilitando el tan valorado “diálogo social”: la CUT y la Anef , encabezadas por militantes disciplinados de partidos de la Nueva Mayoría. A estas organizaciones se las ninguneó por semanas, negándoseles un rol como interlocutores, desalojando a sus representantes del Parlamento, criminalizando sus protestas. El resultado de todo esto ya se puede prever en palabras de Raúl de la Puente, presidente de la Anef : “Quisiera que supieran algo, vamos a recordar esto cuando llegue el momento de elegir nuestros representantes. Los trabajadores no tenemos mala memoria”. Una repetición de una negociación como la de este año en 2017, en un contexto electoral, puede ser aún más desastrosa para la NM. ¿Cuántos votos tendrá que pagar la Nueva Mayoría por este triunfo del ministro Valdés?

Hay que tener como antecedente inmediato que en 2015 la Anef ya venía de una derrota por no lograr un guarismo superior al 4,1%, así como tampoco pudo mantener un bono de término de negociación a lo menos similar al del año 2014. Por eso la derrota de 2016 tiene un sabor tan amargo. De poco y nada ha servido la disciplinada paciencia de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, que esperaba que sus silencios y gestos de cortesía fueran correspondidos a la hora de negociar el salario de los funcionarios públicos. El largo rosario de garabatos que ella le dedicó a Valdés mientras la desalojaban de las tribunas del Congreso, seguramente está en justa proporción a los sapos y culebras que tuvo que tragarse durante los últimos años, callando ante las decisiones de Hacienda.

BACHELET Y EL “SINDROME DE CLINTON”

Mientras tanto, la presidenta Bachelet y su gobierno parecen haberse contagiado del “síndrome de Hillary Clinton”. Se trata de un virus bastante peculiar, que consiste en pensar, tecnocráticamente, que si los mismos de siempre ofrecen pequeños ajustes, la gente va a estar feliz, cuando lo que la calle demanda enfurecida es darle con un mazo a todo el engranaje del sistema. No importa el que caiga. Pero la pequeña cápsula liberal no entiende a estas masas vociferantes a las que califica de irracionales, desde su olimpo tecno-pop. A las marchas contra las AFP responde con una comisión de expertos encerrados en el Ministerio de Hacienda haciendo cálculos para sugerir medidas que en diez años más podrían incrementar las pensiones en 5%. El extremo centrismo, la ideología de los supuestos moderados, ha colapsado. En los 90 estas minireformas eran aceptadas entre resignación y complacencia. Pero hoy estas respuestas a medias se han desfondado, ante los retos de la derecha populista y los nuevos movimientos de Izquierda.

El “cambio” de gabinete del 18 de noviembre, con las muy anunciadas renuncias de Marcelo Díaz y Ximena Rincón para postular al Congreso, y el ingreso de su ex jefa de gabinete Paula Narváez, refuerzan esta tesis. Nada cambia porque el encapsulamiento del Ejecutivo se asemeja a una huelga de brazos caídos. La ley y el deber le mandan gobernar hasta marzo de 2018, pero el ánimo de la presidenta parece estar en otra parte, contando los días para terminar con la tortura de gobernar. Mientras tanto, los más conservadores de la Nueva Mayoría, como Sergio Bitar, lanzan mensajes explícitos: si no pueden ganar con Lagos, su candidato ideal, prefieren pasar a la oposición. Cualquier cosa antes de perder el control del aparato partidario y parlamentario.

EL VALOR DE UNA DERROTA

Lo cierto es que los funcionarios públicos nuevamente quedaron en el campo de los perdedores. Y sobre ellos llueven todo tipo de acusaciones: irresponsables, cortoplacistas, corporativistas, egoístas, faltos de sentido de Estado, ganapanes, flojos, etc. Por eso vale la pena repasar el sentido de esta lucha perdida. Walter Benjamin nos sirve para este objetivo.

El pensador judío-alemán enfrenta este asunto en la IV tesis de “Sobre la filosofía de la historia”.(1) Allí reacciona a la tendencia a descalificar como “economicistas” todas las luchas populares que no expresan una demanda explícitamente política. La lucha por el socialismo sería algo más “sublime” que la lucha por un 0,7% de reajuste salarial. Benjamin responde: “La lucha de clases, que un historiador que está educado en Marx tendrá siempre a la vista, es una lucha por las cosas burdas y materiales, sin las cuales no habrá las espirituales y refinadas”. Y citando a Hegel dice: “Procuraos primero comida y vestimenta, y se os dará por sí mismo el Reino de Dios”.

¿Cómo se vincula el cambio de valores, la construcción del hombre y la mujer nuevos, con esta demanda material por los medios de subsistencia? Benjamin piensa que en el curso de las luchas materiales se hacen presentes las “cosas espirituales y refinadas” que “en estas luchas están vivas, como confianza, o valentía, o humor, o astucia o , en fin, como perseverancia…”. Estos son los aprendizajes que el pueblo adquiere en un paro prolongado, en las experiencias de desafiar el orden burocrático, en el acontecimiento de la microsubversión de la normas instituidas, en la solidaridad de clase que acompaña todo el curso del proceso. Estos valores y hábitos adquiridos por la experiencia son las ganancias de los derrotados. Y por eso estas vivencias “pondrán siempre en cuestión, de nuevo una vez más, toda victoria que logren obtener los poderosos”. La experiencia de lucha, el valor demostrado, los chistes compartidos, las penas asumidas en colectivo. En todo esto radica para Benjamin “el más discreto de todos los cambios”. Estas intuiciones están presentes en las argumentaciones de los dirigentes sindicales. Carlos Insunza, coordinador de la mesa del sector público, decía algo parecido cuando afirmaba: “El ministro Valdés nunca entendió lo que es una negociación colectiva. Una negociación colectiva no es solamente números en una plantilla Excel, es una relación con quince organizaciones sindicales, que indirectamente representan a un millón de trabajadores”. Esta relación es la que no supo construir Valdés. Por eso su triunfo es pírrico. Y por eso la derrota de la Anef implica semillas de futuras victorias.

(1) Benjamin, Walter. Escritos Políticos , edición de Ana Useros y César Rendueles. Abada editores. Madrid, 2012, p. 169.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 865, 25 de noviembre 2016.