Piñera y la banalización de la corrupción

La dispersión de las numerosas candidaturas presidenciales ha situado al candidato de la derecha tradicional, Sebastián Piñera, en una posición muy ventajosa de cara a las elecciones de este año. Frente a fuerzas políticas, hasta ahora desarticuladas y enfrentadas, Piñera logra concitar el apoyo de su base dura, sosteniéndose en el cómodo respaldo que le brindan los grandes medios de comunicación, la gran mayoría de las empresas encuestadoras, financiadas por su propio sector político, y los dos grandes partidos de la derecha, que parecen muy disciplinados tras su candidatura.

 La inevitable pregunta que deja su candidatura radica en la forma cómo razonan éticamente de sus adherentes. ¿Cómo es posible adherir, votar y sostener a un candidato que presenta antecedentes de corrupción tan graves como los de Piñera? El prontuario acumulado por el ex presidente se podría resumir en tres etapas, antecedentes que conviene revisar antes de responder este cuestionamiento.

  La primera fase en la carrera de Piñera se deba analizar como una etapa de acumulación por desposesión, anterior a sus incursiones políticas, y abarca toda la construcción de su fortuna, especialmente por medio del negocio de las tarjetas de crédito. Esta actividad nunca hubiera sido posible si no hubiera desempeñado anteriormente como gerente general del Bando de Talca, proceso en el cual logra un base financiera para sus operaciones posteriores. Recordemos que  partir de la asesora Infinco, de su propiedad, Piñera se auto otorgó millonarios prestamos que luego, reinvirtiéndolos en el mismo banco, lograron capitalizar de forma ficticia a esa entidad. Se calcula, que el capital y las reservas del banco de Talca llegaban en ese momento a unos 40 millones de dólares, mientras que los préstamos a Piñera fueron muy superiores a esas cifras. Por este motivo el banco quebró y se dictó una orden de detención en su contra. Pero entonces la ministra de justicia de la dictadura Mónica Madariaga, intercedió por él a su ante el ministro de la Corte Suprema Luis Correa Bulo. De esa forma dejó de estar prófugo de la justicia y se reinsertó en el mercado,  asociándose a Bancard, una empresa que empieza a introducir en Chile el sistema de tarjetas de crédito.

  En la actualidad el número de tarjetas de crédito en Chile es muy superior al resto de países de América Latina. En promedio los adultos chilenos tienen tres tarjetas por persona, por lo cual hoy hay más tarjetas que número de habitantes. Y 4 millones 200 mil personas viven con morosidad en este sistema, que se basa en asociar la tasa de interés al riesgo del cliente, es decir,  mientras un cliente es más riesgoso, se le castiga con una tasa de interés superior, mientras que a un cliente adinerado, se le concede una tasa de interés inferior. Piñera fue exitoso en este campo porque fue el pionero en crear una tarjeta de crédito para los segmentos económicos bajos, desarrollando la desaparecida tarjeta Magna, que en 1993 vendió al Banco Santander, que la redefinió bajo la marca Benefe.

  La segunda etapa de la carrera de Piñera le permite consolidar su fortuna y expandirla. Para ello se activa en la política, siendo elegido senador en 1989. Aunque tanteó incorporarse al partido de su padre, el DC José Piñera Carvallo, vislumbra mayores posibilidades en Renovación Nacional, ya que su participación electoral le va a permitir consolidar sus inversiones en sectores claves y políticamente sensibles. Adquiere una participación importante de LAN, de Chilevisión, Colo Colo, Farmacias Ahumada, SQM sólo por nombrar algunas empresas que tienen en común un factor en común: la necesidad de  contar con resguardos, información y apoyos políticos para lograr su expansión y evitar la sanción judicial. Sin esta trenza entre política y negocios le hubiera sido imposible consolidar sus ganancias y evadir la justicia.

  La tercera fase de vida de Piñera es su paso por  La Moneda, proceso donde la vorágine de relaciones entre los negocios y la política llegó a un nivel mucho más sofisticado y complejo, gracias a los mecanismos ideados para evadir el fideicomiso ciego al que formalmente se había adherido, ya que sus inversiones en el extranjero quedaron fuera de este mecanismo. De esa forma hoy sabemos de los negocios de Piñera en Perú, siendo Presidente y en medio del fallo de La Haya. Comentando la historia del candidato, el economista Eduardo Engel llega a una conclusión lapidaria: “Basado en un sinnúmero de anécdotas, me atrevo a especular que el problema de fondo por el cual Sebastián Piñera nunca tomará la distancia debida de sus intereses financieros tiene que ver con su naturaleza. Necesita de la adrenalina que generan las inversiones riesgosas, de la recompensa que siente al ser exitoso en una apuesta financiera. Al igual que en la fábula del escorpión y la tortuga, Piñera sabe que debiera invertir todo su patrimonio en un fideicomiso diversificado para resolver de una vez por todas su talón de Aquiles en materia política. Pero su naturaleza no le permite hacerlo y entonces solo cabe esperar por dónde va a saltar la liebre[1]“.

La corrupción trivial

A pesar que los grandes medios de comunicación no suelen tematizar estos aspectos, la ciudadanía hoy conoce de sobra la profunda vinculación que Piñera establece entre sus negocios y la actividad política. Hasta el más desinformado capta que su identidad biográfica radica fundamentalmente en este vínculo espurio, donde el interés público siempre cede ante sus intereses pecuniarios. En un país sano, este verdadero prontuario debería ser suficiente como para descalificar a un político que aspira a cualquier tipo de cargo público. Sin embargo la hipótesis de un regreso de Piñera muestra que a un porcentaje relevante del país este situación no le merece un reproche descalificatorio. ¿Qué ocurre en la mentalidad de esa gente?

  Para analizarlo vale la pena volver a leer “Eichmann en Jerusalén”, de  Hanna Arendt. En este texto, escrito en 1963, la filósofa judía-alemana comenta el juicio al nazi Adolf Eichmann, encargado de idear el sistema de transporte ferroviario a los campos de concentración en Polonia. Para escándalo de la opinión pública de Israel, Arendt afirmó que Eichmann no poseía una trayectoria o una mentalidad antisemita y ni tampoco una persona perversa o patológica. Simplemente era un burócrata que cumplió órdenes sin analizar sus consecuencias. Por eso Arendt utiliza la idea de la “banalidad del mal”, que expresa la tivialización de la conciencia en aquellos individuos que actuando dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, parecen incapaces de reflexionar sobre el carácter ético de sus actos.

  En nuestro caso, Piñera ha generado una forma de “banalización de la corrupción”, ya que ha naturalizado un modo de actuar que para sus seguidores no es más que asumir las “reglas del juego”. Esas reglas prescriben perentoriamente que quienes no se adaptan a las leyes del mercado perecen. En cambio, quienes adaptan el mercado a su voluntad, logran sobrevivir y ganar. En esto radica la trivialización: en considerar que todo lo que se critica a Piñera no tiene importancia, trascendencia o relevancia. Es un ruido en el paisaje.

El modelo de argumentación piñerista radica en explotar esta mentalidad. En una entrevista a Francisco Leturia, un asesor de Piñera, se le pregunta: “¿El hecho de ser un candidato imputado, debilita comunicacionalmente a Piñera?” Y su respuesta es de antología:

“Estar imputado, básicamente, no significa nada, no es nada importante, sobre todo cuando hay una querella. Estar imputado te da derecho a que se presuma la inocencia y a defenderte, entonces no hay nada anómalo en tener esta condición: no es lo mismo que estar procesado, acusado, etc. Definitivamente no es tan espectacular o rimbombante como a veces en la prensa pareciera que fuera” […] ¿Usted le quita el peso a la situación judicial de Piñera?

Es que el perfil de Piñera no cambia, no hay nada nuevo y él nunca ha construido su imagen sobre una base de una persona que no esté vinculada a procesos judiciales;  nada se derrumba con estas acusaciones, al revés, lo que se ha derrumbado durante los últimos tres años es la imagen de los demás políticos. A Piñera le han pegado tanto durante veinte años que la gente no vota por él por entusiasmo o ilusión; la gente no se engaña por Piñera, saben cómo es y votan por él porque, considerando lo que ha pasado, creen que es el adecuado para echar a andar un país[2]”.

 Este comentario recuerda inevitablemente una famosa frase de Donald Trump, siendo candidato: “Tengo a la gente más leal, ¿Alguna vez han visto algo así? Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a gente y no perdería votantes”. Piñera podría decir algo parecido. “Tengo a la gente más leal, ¿Alguna vez han visto algo así? Podría pararme en mitad de la Alameda y reconocer todos mis actos de corrupción y no perdería votantes”. Lamentablemente, tanto Trump como Piñera tienen en este punto toda la razón.

[1] http://www.latercera.com/voces/las-liebres-pinera/

[2] http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/26/francisco-leturia-y-la-redencion-de-pinera-davalos-jovino-y-penta-compensan-todos-sus-pecados/

Lo llaman democracia pero… ¿lo es?

En las últimas décadas se constata un enorme incremento de los regímenes formalmente democráticos, representativos y multipartidistas en todo el mundo. Se han en la generalizado las elecciones como el mecanismo legitimador inapelable para acreditar el acceso al poder. Actualmente sólo existen seis monarquías absolutas (Arabia Saudita, Brunei, Catar, Omán, Ciudad del Vaticano y Suazilandia) y siete países con sistemas unipartidistas, de los cuales dos tienen una fundamentación nacionalista (Eritrea y la República Árabe Saharaui Democrática) y cinco se inscriben en la tradición comunista (China, Cuba, Corea del Norte, Laos y Vietnam).

 La gran novedad ha sido la desaparición de las dictaduras militares, que fueron un sistema de gobierno ampliamente extendido durante todo el siglo XX. En la actualidad sólo se puede calificar bajo ese modelo al gobierno de Tailandia, que accedió al poder por un golpe de estado en mayo de 2014. La experiencia del Putsch, encabezado por militares, es un hecho episódico, representando cortos períodos de interregno, motivados por graves conflictos entre poderes del Estado, los que desembocan rápidamente en un nuevo llamado a elecciones generales, tal como se ocurrió luego del sangriento golpe de estado de 2013 en Egipto, donde el general golpista a los pocos meses pasó por las urnas, «democratizando» su legitimidad.

 Pero si descartamos de la lista de 192 Estados miembros de la ONU a los catorce países ya señalados, tampoco no es posible afirmar que los 179 restantes sean «democráticos». Existe una enorme dificultad para definir los límites de la democracia. La mera existencia de elecciones multipartidistas, formalmente apegadas a estándares de integridad electoral, no es un indicador suficiente. John Keane habla de los «nuevos despotismos[1]», como Rusia, Singapur o Turquía, países donde hay elecciones multipartidistas, y los gobiernos tienen el apoyo de la mayoría, aunque es evidente que no hay democracia.

  Esto abre preguntas: ¿la legitimidad de un régimen democrático depende exclusivamente de su apego a los requerimientos especificados en la legislación electoral de cada país? Si no es así, ¿cómo delimitar un criterio internacional, que más allá de los factores técnicos de un proceso electoral, pueda evaluar la naturaleza de los regímenes políticos dentro del contexto de los procesos de democratización, que siempre son cambiantes? Basta advertir que los intentos de «definir la democracia», mediante instrumentos normativos en el derecho internacional, como la «carta democrática» de la OEA, han sido acusados reiteradamente de enmascarar políticas intervencionistas para alterar los asuntos internos de otros Estados, con la intención de torcer su voluntad y obtener la subordinación a algún agente o potencia externa.

 La aparente «democratización del mundo» enfrenta cuestionamientos globales, partiendo por Estados Unidos, donde el millonario como Donald Trump, obteniendo 2,8 millones de votos menos que su rival, y blandiendo la mentira como principal arma política, ha accedido al poder del país más poderoso del mundo. Igualmente la  Encuesta Social Europea (2016) analizando los «Significados y evaluaciones de la democracia» en 24 países, concluye: «En Europa, la democracia es vista por muchos como un valor universal y considerada como el mejor sistema posible para organizar las preferencias de los ciudadanos. Al mismo tiempo, sin embargo, hay grandes preocupaciones sobre la aparente insatisfacción pública con la forma en que la democracia funciona realmente en la mayoría de los países europeos. Las democracias europeas se enfrentan a graves desafíos que podrían socavar la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de sus democracias para resolver problemas importantes. Uno de esos grandes desafíos es la globalización y la consecuente erosión del poder de los parlamentos nacionales en favor de las organizaciones supranacionales como la Unión Europea y las corporaciones globales. Otra es la fuerte crisis económica que ha golpeado a las democracias europeas en los últimos años»[2]. En nuestro contexto el informe  Latinobarómetro 2016, que analiza toda Latinoamérica y que se tituló llamativamente «El declive de la democracia», advierte una crisis generalizada ya que los sistemas políticos no logran responder a las aspiraciones sociales: «Las demandas ciudadanas son claramente de inclusión, de igualdad de trato, acceso y desmantelamiento de las desigualdades. Esos son los bienes políticos que le faltan a las democracias para salir del estancamiento en que se encuentran […] Sin guerras, América Latina acusa violencia, corrupción y la desigualdad como los fenómenos más potentes que retienen a la democracia[3]»

El triunfo de la Psefocracia

La sospecha que se ha extendido entre la gente es que la proliferación de elecciones ha sido una excelente oportunidad para torcer el anhelo democrático de los pueblos. La súbita desaparición de las dictaduras militares no ha supuesto una verdadera democratización de las viejas élites golpistas. A más elecciones, parece haber cada vez menos democracia. Ashis Nandy, uno de los intelectuales más respetados de la India, afirma que la democracia actual se ha convertido en una «Psefocracia», un sistema «totalmente dominado por victorias y derrotas electorales», ya que «en el momento en que entras a la oficina, comienzas a pensar en las próximas elecciones[4]». Y para ganar una elección todo vale, porque la democracia es sólo un procedimiento legal que se puede manipular. Mientras se gane legalmente, todo lo demás es superfluo. En la antigua Atenas se votaba con un sistema de piedras, una piedra blanca era si, una negra, no. Piedra en griego se dice psefos. De allí que en una «Psefocracia» existan votos. Pero la existencia de estas «piedras» no significa nada. La democracia no es depositar una piedra o un papel en un lugar. Es ejercer soberanía popular, y esto es lo que se ha perdido.

  Sin explicar todo esto, nada de lo que pasa en Chile se entiende. La crisis de la democracia actual se ha tratado de explicar cómo una crisis de confianza de los representados en sus representantes. Con otros representantes, menos corruptos, tal vez podrían mejorar las cosas. Pero ese argumento oculta el fondo del problema: aunque se elija a la persona más capaz y virtuosa, es muy poco lo que puede hacer si no se sale de los límites de esta Psefocracia.

¿Una Nueva Mayoría 2.0 sin el PC?

En la DC están buscando una manera de legitimar un regreso a la vieja Concertación, lo que supone la expulsión del PC de la coalición. Para eso han instalado la tesis de acordar una Nueva Mayoría 2.0, basada en el principio de la «adhesión a la democracia» de los partidos que la compongan. Criterio pensado para excluir deliberadamente al Partido Comunista. El burdo show del viaje de  Mariana Aylwin a Cuba tuvo esa intención, y seguramente van a seguir explotando esa idea.

   El problema de esta tesis es que es anacrónica, un remedo nostálgico del macarthismo, la ley maldita y la guerra fría. En un contexto de degradación de la democracia a  simple psefocracia, es de una temeraria arrogancia salir a dar cátedra de demócratas a costa de un país como Cuba, que puede dar cuenta de una defensa férrea del principio de soberanía popular, con cincuenta años de resistencia a toda prueba. Cuba no es una democracia multipartidista, pero tampoco es una psefocracia. En tiempos de tanta incerteza conceptual lo que debería primar es el respeto y la autocrítica. Lo que realmente le molesta a los conservadores de la Nueva Mayoría no es Cuba. Lo que les incomoda es que el PC está presente en la cocina de sus acuerdos legislativos e impide, por su propia presencia, resolver materias que en la vieja Concertación se despachaban sin observaciones. Hoy día eso no lo pueden hacer y les pesa.

Profusión de precandidaturas

Simultáneamente nos llenamos de candidatos. El número de precandidatos presidenciales ha explotado. Un conteo rápido arroja el siguiente cuadro. En la derecha compiten oficialmente los dos hermanos Kast, José Antonio y Felipe, Manuel José Ossandón y Sebastián Piñera. Pero si este último tuviera que deponer su candidatura, debido a la acumulación de acusaciones de corrupción, entrarían a disputar su espacio Andrés Allamand, Francisco Chahuán, y Alberto Espina.

 En la Nueva Mayoría se han instalado Carolina Goic como precandidata de la DC, Ricardo Lagos del PPD, Alejandro Guillier del PR, IC y MAS. El PS se encuentra muy complicado ya que no logra definir su candidato. Oficialmente se han presentado José Miguel Insulza y Fernando Atria, pero luego de haber convocado a una consulta interna para dirimir el punto, la comisión política resolvió citar a un comité central para el próximo 1 de abril, en el cual se resolvería si ese mecanismo se mantiene o se desecha. Lo que muestra que no hay acuerdo ni siquiera en el procedimiento para salir del descuerdo. Toma fuerza la estrategia de las élites conservadoras, que ahora postulan que se presenten todas las candidaturas de la Nueva Mayoría en primera vuelta, sin primarias, con la esperanza de cobrar muy caro su apoyo en una segunda vuelta y condicionar a su favor las negociaciones. Por lo cual, Alejandro Guillier, que marca primero en las encuestas, ha declarado: «Si no hay primarias, no voy a primera vuelta, porque se acabaría la Nueva Mayoría». El trasfondo es el traslado del apoyo del «partido del orden», los conservadores concertacionistas, que esperan que Ricardo Lagos baje su candidatura a más tardar en abril, para concentrar su apoyo en Carolina Goic. Y de paso, forzar la exclusión del PC.

  Pero esta profusión de candidaturas se complicará más debido a la crisis de los partidos, que no parece que puedan llegar a cumplir con el obligatorio refichaje de su militancia. Si los partidos no se logran refichar no se podrían realizar las primarias legales, y los candidatos tendrían que buscar firmas por si mismos para avalar su inscripción. Además, si los partidos no poseen ni siquiera la capacidad de avalar candidatos, su rol queda reducido al de clubes de debate o grupos de presión, acrecentando la dinámica de desprestigio que les persigue.

  En el naciente Frente Amplio ya ha oficializado su precandidatura Alberto Mayol, con el apoyo de Nueva Democracia, movimiento que ha surgido al calor de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y la fundación CREA. En Revolución Democrática han sondeado la disposición de la economista Claudia Sanhueza y de Sebastián Depolo (presidente de RD). Desde de la Izquierda Autónoma se nombra al sociólogo Carlos Ruiz. Más genéricamente existen referencias al rector de la Universidad de Valparaíso Aldo Valle, a la periodista Beatriz Sánchez y a Luis Mesina (coordinador del Movimiento No+AFP). El sindicalista Cristián Cuevas (Nueva Democracia) que «sonó» mucho en los últimos meses, ha clarificado su intención de centrarse en una campaña de diputado por Lota y Coronel. Y fuera del Frente Amplio el Partido País proclamó como su candidato presidencial al senador Alejandro Navarro. Un cuadro que también muestra lo complejo de llegar a acuerdos en el contexto de nuestra Psefocracia.

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[1] Keane, J. «Los nuevos despotismos: imaginando el fin de la democracia». Recerca 19; 2016, p. 137-154.

[2] European Social Survey 2016, p. 3

[3] Latinobarómetro 2016 http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

[4] Nandy, A.(2008) entrevista en Outlook India.

Chile en la era de la Posverdad

Cada año el Diccionario Oxford identifica una lista de palabras que comienzan a ser utilizadas en inglés y las incorpora a su elenco. Entre esos neologismos escoge la “palabra del año”, tratando de reflejar los intereses del momento. En 2013 eligió “selfie”, 2014 “vapear” (fumar cigarrillos electrónicos), 2015 “emoji” y en 2016 la elegida fue “post-truth” (posverdad), concepto que se masificó en procesos políticos como el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump.

Se trata de un adjetivo, ya que vendría a calificar un tipo de política, la “post-truth politics”, una “política posfactual” donde la veracidad de los hechos ha sido subordinada tanto por quienes transmiten el discurso como también por quienes desean escuchar esas afirmaciones y les otorgan verosimilitud. La política de la posverdad altera el “clima de opinión” de la sociedad, logrando que posiciones muy minoritarias se visualicen como mayoritarias y las mayoritarias se vean minorizadas artificiosamente. Se produce así una “espiral del silencio” en la cual las personas, aisladas e incomunicadas entre sí, al no encontrar en los medios de comunicación un apoyo o reconocimiento a sus opiniones, se suman al coro mediático dominante, aunque este carezca de base empírica o mínimamente razonable para sustentar sus juicios. El supuesto básico es que las personas tienen temor a quedar aisladas, por lo cual tienden a apoyar la postura que parezca mayoritaria o consensuada. Si un grupo minoritario logra controlar este ambiente puede ser percibido como mayoritario, aunque en realidad sea una ínfima minoría y sus opiniones carezcan de sustento o verificación factual.

Si bien es legítimo que una minoría trate de cambiar un clima de opinión adverso, ello se debería lograr de acuerdo a unos criterios mínimos, propios de la deliberación en democracia. Para la teoría de la acción comunicativa de Habermas estos criterios son cuatro: inteligibilidad, verdad, veracidad y rectitud normativa[1]. Sin el apego a estos “universales pragmáticos” es imposible que opere la racionalidad democrática. Eso es lo que la política de la posverdad corrompe de forma deliberada.

Modus operandi de la Postverdad

La noción de posverdad connota algo más que un simple engaño. La compleja trama de las comunicaciones virtuales hace que una mentira tradicional se amplifique a niveles insospechados, logrando la colaboración activa de la audiencia primaria del mensaje, que parece despreciar deliberadamente los hechos que desmienten las afirmaciones divulgadas, ya que logra despertar en ellos una adhesión emocional. Opera un “sesgo de confirmación” que hace que los seguidores de los medios alineados con la política de la posverdad reafirmen sus creencias preexistentes, de forma acrítica.

Los ejemplos más estudiados en Estados Unidos han sido los rumores referidos a la falsificación del certificado de nacimiento del presidente Barack Obama, o su supuesta adhesión al Islam. Aunque esas acusaciones eran inverosímiles y se desmintieron documentalmente, por fuentes imparciales y verificables, los medios de comunicación opositores a Obama mantuvieron una presión permanente sobre estas afirmaciones, construyendo “cámaras de eco” en esos temas. Estas “cámaras” consisten en la constitución de sistemas cerrados de información que deliberadamente minimizan las afirmaciones contradictorias. Sin recurrir a la censura de las posiciones adversas, una “cámara de eco” genera una sobre-representación de un punto de vista y minimiza la posición inversa. Por más exagerada, magnificada o distorsionada que sea una afirmación o narración, su verosimilitud se logra por la vía de la repetición constante, que termina siendo asumida como válida por una audiencia que busca reafirmar sus prejuicios.

Cuando sólo existían los medios de comunicación analógicos las “cámaras de eco” se rompían por medio de experiencias de comunicación directa entre las personas. Incluso en medio de la dictadura el crimen de Guerrero, Parada y Nattino en 1985 obligó a renunciar a Director de Carabineros, ya que la verdad del “boca a boca” fue más fuerte que la censura oficial. Aún hoy la reunión de un sindicato, un centro de alumnos o una asamblea de vecinos puede alterar la agenda de los periódicos o la televisión, como ocurrió con las movilizaciones de 2011. Pero en general, en la era de internet, las experiencias de asociatividad directa se han debilitado, adquiriendo fuerza las comunicaciones telemáticas, especialmente por las redes sociales.

En ese contexto entran a gravitar factores nuevos, como las “burbujas de filtro” en internet. Una “burbuja de filtro” es el resultado de las búsquedas que una persona realiza en la red. A partir de esta información se originan una serie de algoritmos que predicen, de forma automática, sus búsquedas futuras, sus preferencias de información, etc. Google, Facebook, Twitter almacenan una enorme información sobre localización, historial de búsquedas, y páginas web a las que se dio clic en el pasado. Sobre esos datos los internautas son alejados de la información que no coincide con sus puntos de vista, aislándolos en “burbujas”, propias de sus intereses y valoraciones. Esta situación hace que las las redes sociales funcionen cómo “ecosistemas mediáticos” autocentrados. De esa forma quienes repiten una afirmación falsa se relacionan con gente que también replica esas afirmaciones, y que no tienen interés en su comprobación factual, reproduciéndolas sin comprobación. En esos entornos la campaña de un grupo concertado se puede magnificar con las acciones que genere su “audiencia cautiva”, que asume y reproduce sus mensajes sin necesidad de verificación. Analizaremos algunos casos recientes ocurridos en Chile.

Posverdad a la chilena

En medio de los enormes incendios forestales de enero de 2017 las redes sociales se saturaron con mensajes que mezclaban la justa alarma pública, con sofisticadas teorías de la conspiración, y ejercicios de criminalización de las instituciones del Estado, inmigrantes e indígenas. Una línea de la comunicación acusaba al gobierno de un cúmulo de responsabilidades, que pasaban desde una lenta reacción ante la catástrofe, a la desidia premeditada (especialmente por rumores sobre la supuesta falta de recepción al avión Supertanker) hasta terminar achacando al ejecutivo la autoría directa de los incendios en medio de las más delirantes conjeturas. Juan Pablo Swett, personaje influyente en la derecha, llegó a publicar imágenes de brigadistas de CONAF, a los que se les presentaba propagando o generando los incendios. Otra línea de comunicación, paralela y complementaria, apuntaba a un complot incendiario de mapuches y migrantes colombianos, adiestrados por las FARC. Y al gobierno se le achacaba amparar estas acciones. En ese contexto el ex comandante en jefe de la Armada, y ex senador UDI, Jorge Arancibia, declaró en radio Agricultura que las autoridades de gobierno tenían conocimiento de quiénes eran las personas que provocaron los incendios. Sin embargo, afirmó, “les falta nuevamente la voluntad política de cómo enfrentarlo”, asegurando que él tenía acceso directo a información de inteligencia:  “Yo tengo fuentes de información muy válidas, en inteligencia se habla de Alfa 1, o sea, informaciones bastante nítidas y claras[2]”. Citados a declarar ante la justicia por sus responsabilidades en estas acusaciones, tanto Swett como Arancibia se han escudado en la libertad de expresión y han entrado en contradicciones con sus afirmaciones anteriores. Pero el efecto concreto de la política de posverdad fue acrecentar el temor de la población, ya que deslegitimó directamente a las instituciones encargadas de apagar los incendios. El informe técnico de los expertos internacionales[3], que han tratado de contextualizar las causas, aciertos y deficiencias en la reacción a la catástrofe ha pasado desapercibido, mientras en la memoria colectiva han quedado las polémicas artificiales generadas por estos mensajes.

Otro caso para analizar es la cobertura del caso CAVAL, especialmente el efecto que provocó la revista Qué Pasa al publicar en mayo de 2016 una transcripción de una llamada telefónica donde Juan Díaz, operador político de la UDI, formalizado directamente en ese caso, trata de vincular a la presidenta Michelle Bachelet con dicha investigación. La publicación del rumor de un delincuente, alineado con un partido de la oposición, generó una cadena de desaciertos comunicacionales y jurídicos en el gobierno, que acrecentaron la ola de especulaciones en los medios masivos y en las redes sociales. Un litigio, que analizado imparcialmente no debería haber tenido impacto en la figura presidencial, producto de la política de la posverdad se convirtió en la principal arma opositora para desgastar la reputación de la presidenta y minar su liderazgo, con enormes consecuencias para la agenda programática del gobierno.

Similar análisis cabe en la reciente polémica levantada por La Tercera por la parcela de media hectárea que posee la hija de la presidenta a doce kilómetros del lugar en el cual se piensa instalar el proyecto minero Dominga, en la IV región. El fondo del caso, radicado en una investigación judicial al ex presidente Sebastián Piñera, por negociación incompatible durante el ejercicio del cargo presidencial, producto de la decisión de frenar la central termoeléctrica Barrancones ya que ello favorecía al proyecto Dominga, en el cual tenía cuantiosas inversiones, queda sepultado por una suposición de intenciones en la compra legal de una pequeña propiedad vacacional. El efecto buscado es múltiple: desviar la atención sobre la implicación del expresidente Sebastián Piñera en el proyecto Dominga, incidir en la aprobación de Dominga en el consejo de ministros luego de ser rechazado en primera instancia a nivel regional, y de paso golpear la imagen de la Presidenta de la República.

A simple vista las conjeturas de la posverdad siempre parecen descabelladas, y generan resistencia a ser analizadas y respondidas con seriedad. Pero la experiencia muestra que son armas políticas de enorme impacto, que una vez que se esparcen entre la opinión pública adquieren vida propia. Muchos teóricos literarios y filósofos, cómo Roland Barthes y Michel Foucault ya nos habían advertido de la “muerte del autor”, debido a que en el proceso de la intertextualidad la voluntad y la intención original de quién creo un texto desaparecen en la medida en ese mensaje se propaga. La política de la posverdad asume radicalmente este principio, pero con un supuesto de base: si una información caotiza un sistema informativo, quién disponga de la fuerza y los recursos materiales para imponer su voz en medio del ruido va a terminar por prevalecer.

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[1] Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Madrid. Taurus.

[2] Declaraciones completas en http://www.eldemocrata.cl/noticias/almirante-r-jorge-arancibia-las-autoridades-saben-quienes-son-y-donde-estan-los-que-provocan-incendios/

[3][3] http://www.gob.cl/equipo-especializado-la-ue-incendio-chile-no-precedentes-la-historia-impacto-escala-planetaria/