Réquiem por la Nueva Mayoría

Cuando la Junta Nacional de la Democracia Cristiana votó a favor de llevar la candidatura presidencial de Carolina Goic directamente a la primera vuelta electoral buena parte de la asamblea ahí reunida no sabía lo que realmente estaba decidiendo. Por supuesto el núcleo duro, impulsor de esa tesis, era plenamente consciente del paso que estaban dando. Pero la militancia intermedia, enfervorizada por una propuesta que se vistió con el ropaje del chauvinismo partidario, no estaba pensando desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, sino desde las vísceras del amor a la bandera propia. Pero lo cierto era que con esa votación fallecía ipso facto la actual coalición de gobierno, continuadora directa de la Concertación, fundada en 1988. Los partidarios de Carolina Goic argumentaron que su candidatura mejoraría la capacidad de negociación de ese partido en la definición de la plantilla parlamentaría. Y ese argumento entusiasmó a la base militante y a los potenciales candidatos. Pero no previeron que era un paso radical, de impredecibles consecuencias.

El Chile Post Concertación/Nueva Mayoría

Al día siguiente de este acontecimiento el comando de Alejandro Guillier comenzó a descifrar un crucigrama muy complicado. En primer lugar deberá resolver a corto plazo el nombre de la coalición o movimiento político que le apoya. Este es un asunto inesperado, porque todos daban por sentado que él sería el candidato de la Nueva Mayoría. Pero esta denominación ya no se puede utilizar ya que uno de los socios de ese pacto levantó candidatura propia y el SERVEL impugnaría el uso de esa denominación.

En segundo lugar tuvo que resolver como inscribir legalmente su candidatura, ya que al no poder participar en primarias legales se le cerró la posibilidad de ser proclamado por los partidos que lo apoyan, por no ser militante. Sus alternativas eran dos: o se inscribía en uno de esos partidos, o se desplegaba para reunir las firmas necesarias para participar como independiente. Optó por esta segunda opción, lo que parece ser una buena decisión, electoralmente hablando. Pero por otra parte este escenario ha debilitado aún más a los partidos de la Nueva Mayoría, que han quedado reducidos al rol de fuerza auxiliar en la candidatura de un independiente.

En tercer lugar Guillier tuvo que empezar a pensar el asunto de las listas parlamentarias y que le exigirá demostrar que no sólo es un líder de opinión, sino un líder político. El tema parlamentario es el verdadero núcleo de las desavenencias, y punto que no parece posible de resolver sin que una de las partes llegue a poner una pistola de grueso calibre sobre la mesa. La DC, previendo un escenario de fuerza, quiso abrir el fuego primero, pero disparó muy anticipadamente, y con un cañonazo tan grande que ha destrozado la mesa de negociaciones. Ahora, habiendo cruzado el Rubicón de la candidatura propia, sin quererlo ni desearlo ha quemado su propio poder negociador. Si Goic marcara un 8 o un 10%  en las encuestas el chantaje podría operar. Pero no con una candidata que marca un 2%. Esto ha despertado el apetito de los demás partidos de la Nueva Mayoría, que oliendo el olor a sangre se han dado cuenta de las inéditas posibilidades que ha abierto la decisión demócrata cristiana. Como ha señalado el ex intendente Francisco Huenchumilla el “camino propio” de la Democracia Cristiana podría transformarse en su verdadero “Hara Kiri” político. La Democracia Cristiana, a pesar de varias excepciones individuales que le honran, ha acumulado en estos últimos cuatro años demasiadas deslealtades y traiciones a la presidenta y al programa prometido. No le será fácil presentarse como portadora del estandarte de la coherencia y la dignidad política en un contexto de desafección y crítica generalizada.

En lo inmediato surgen interrogantes evidentes: la candidatura de Carolina Goic generará una inevitable polarización con sus antiguos socios de coalición y con la candidatura del Frente Amplio. ¿Este factor impediría un entendimiento en una segunda vuelta electoral, que imposibilite el apoyo al candidato que enfrente en esa instancia a la derecha? Otra pregunta abierta: ¿Si la DC anticipa un resultado catastrófico a nivel parlamentario al concurrir en solitario, se arrojará al cuello de la derecha para salvarse? ¿ O volverá cabizbaja a pedir el rescate a sus ofendidos compañeros de la extinta Nueva Mayoría? ¿Qué precio le pedirán para hacerle tan gran favor? ¿Ejercerá el laguismo el rol de puente de plata para salvar a la DC? ¿O el guillerismo aprovechará la ocasión para darle el tiro de gracia al partido de la flecha roja?

El nuevo campo gravitacional de la política chilena

Este inesperado terremoto es el resultado de movimientos tectónicos muy profundos, que van más allá de los fenómenos inmediatos que estamos contemplando. En el fondo, lo que ha ocurrido, sin que lo podamos verlo todavía en plenitud, es que ha cambiado el campo gravitacional de la política chilena. Un campo gravitatorio es un conjunto de fuerzas que condiciona a los agentes que se ven influidos por ellas. En la política, tal como ocurre en la física, existen fuerzas “invisibles” que determinan lo que puede ser posible y lo que no. Entre otras fuerzas, el modelo electoral. En un sistema binominal, la fuerza gravitatoria dominante es centrípeta, y obliga a los que quieren triunfar a alinearse en dos bloques. Pero ahora estamos entrando en un nuevo sistema semi proporcional que incentiva fuerzas centrífugas, ya que un tercer actor o bloque político tiene altas posibilidades matemáticas de tener viabilidad. ¿Cuál será ese tercer actor? No se sabe y por eso, hasta que el nuevo sistema se consolide, la tercera posición estará en disputa.

Otro factor que cambió el campo gravitatorio es el fenómeno de la híper abstención, que imposibilita calcular y prever científicamente los resultados electorales. Bajo el binominalismo, con los antiguos distritos y circunscripciones, y con el voto obligatorio, era muy fácil establecer patrones y anticipar resultados. Pero ahora los expertos electorales lo tienen muy difícil porque sus bases de datos quedaron obsoletas, sus cálculos se ven inciertos, las previsiones geográficas se hacen dudosas. Este factor también explica en parte el paso en falso dado por la DC.

Una tercera fuerza gravitatoria que ha cambiado es el factor dinero. Por supuesto, las diferencias en acceso a recursos siguen siendo abismantes, pero en menor medida que antes de la crisis del financiamiento de la política, abierta por los casos PENTA y SQM. Al introducirse un financiamiento público, y reducirse las aberrantes formas de financiamiento ilegal, las asimetrías parecen menores. Evidentemente las grandes empresas y los grandes partidos van a encontrar nuevos subterfugios para hacer llegar dinero a los candidatos de su conveniencia. Pero lo tienen mucho más difícil que antes, y entre el empresariado hay cierto miedo de aparecer financiando la política porque el costo de imagen y financiero no es menor.

Esta nueva cosmología política exige actuar con apertura de mente y aceptar que en este momento impera la teoría de la relatividad. Los concertacionistas endémicos, como Ricardo Lagos, no percibieron el cambio en estas fuerzas gravitatorias y siguieron pensando la política chilena desde la geometría plana euclidiana. En ese marco, sólo existían dos dimensiones: nosotros y ellos, derecha e izquierda, donde cada campo poseía sólidos “dueños” que monopolizaban la representatividad. Pero eso ya no es así. Ahora la política chilena se debe analizar desde la geometría hiperbólica y elíptica, con planos inclinados, y curvaturas no homogéneas en el tiempo y el espacio. Por eso todo lo sólido se empieza a desvanecer en esta nueva liquidez electoral.

Las posibilidades del Frente Amplio

Este cuadro puede ser muy ventajoso para el nuevo Frente Amplio que se estrenará en las lides electorales en noviembre. Sin embargo, a pesar de ser un escenario que abre oportunidades, tampoco se debe pecar de optimismo ingenuo. En primer lugar, porque para triunfar este nuevo bloque debe mirar con atención quién es y quiénes son sus adversarios. Más del 90% de los alcaldes, concejales, diputados y senadores militan hoy en las fuerzas tradicionales. Los medios de comunicación siguen pensando y actuando bajo la geometría plana euclidiana y binominal. Las redes de financiamiento lícito e ilícito siguen existiendo y no les van a beneficiar. Movilizar el llamado “voto nuevo”, es decir, a los abstencionistas, no es tarea fácil e incluso puede ser imposible.

De allí que el Frente Amplio debería atemperar la justa alegría que ha alcanzado al poder inscribir sus primarias legales. Este triunfo, que le posibilitará además acceder a una franja electoral gratuita en la televisión abierta, y recursos para elegir sus candidatos presidenciales y al congreso, tiene enorme valor. Pero no es bueno confundir meter un gol con ganar un partido. La disputa es larga y el triunfalismo puede ser interpretado fácilmente como arrogancia. Para vencer se necesita mucha voluntad, pero pensar que todo se soluciona con voluntarismo es miope y cortoplacista. Al frente del Frente están enemigos poderosos y la Amplitud de su programa y su proyecto todavía es más un deseo que una realidad.

En síntesis, estamos entrando en un campo gravitacional distinto que no posibilita hacer previsiones certeras. Puede ser que lo agentes políticos se reacomoden en nuevas constelaciones, siendo más o menos los mismos de siempre. O puede ser que nuevas constelaciones comiencen a orbitar, movidas por fuerzas estructurales que les permitan su existencia. Esta es la apuesta del Frente Amplio, pero sólo en diciembre tendremos certeza de que esta intuición es cierta.

 

SII al rescate de la trama

Trama “es un sistema de relaciones entre política y empresas con la voluntad de generar un proyecto de país. Es un sistema de relaciones con capacidad de mando” dice Rubén Juste, doctor en sociología y experto en relaciones entre empresas y Estado. Su tesis: dada la actual correlación de fuerzas, el Estado ya no regula y condiciona el devenir de las grandes compañías. Al contrario, son las empresas las que han pasado a tener el control de determinadas áreas del Estado. Son ellas las que mandan, sin figurar en la nomenclatura del poder.

El mejor ejemplo lo podemos ver en Chile, luego que Fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció que el Ministerio Público deberá archivar o no perseverar en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, debido a la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas. Ello, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene la exclusividad en cuanto al inicio de acciones legales por delitos tributarios.

En declaraciones al programa “Informe Especial”, Michel Jorratt, director del Servicio de Impuestos Internos hasta mayo de 2015, denunció haber recibido durante su gestión fuertes presiones desde el Ministerio del Interior para no investigar el caso SQM: “El mensaje era que no nos siguiéramos metiendo en el caso SQM. Cuando el Ministerio Público quería incautar cierta documentación, pidieron que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes […] Nos pidieron, supuestamente a nombre del ministro Peñailillo, que recurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así”, afirmo el ex director de SII.

Estas presiones habrían concluido con la destitución Jorratt y su reemplazo por Fernando Barraza, quién optó por utilizar la vía pecuniaria -y no la penal- para sancionar y restituir los perjuicios fiscales provocados por las empresas investigadas en los dos principales casos de financiamiento ilegal de la política (Penta y SQM). De esa forma no sólo imposibilitó que se sancione con cárcel a los involucrados, sino que además hizo imposible para el Ministerio Público proseguir sus investigaciones. Entre las empresas que se “beneficiaron” por este sistema de multas (sin persecución penal) figuran BCI, Eccsa (Ripley), Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, del grupo Said; Corpesca y Copec, de la familia Angelini; CorpBanca, de Álvaro Saieh; Aguas Andinas, Alsacia, Enersis y Endesa. Según El Mercurio, habrían más de 200 firmas involucradas. En el fondo, todas las empresas que cotizan en el IPSA.

Según Barraza la única misión del SII es recaudar la mayor cantidad de impuestos posible, reservando la vía penal “para los casos de mayor gravedad”. Incluso se habla de la “doctrina Escobar”, impulsada por Ricardo Escobar, sobrino del ex Presidente Ricardo Lagos, y ex director del SII entre 2006 y 2010, que mandata priorizar la salida administrativa por sobre la acción penal. Esta singular “doctrina” resulta bastante contradictoria: el reportaje Informe Especial de TVN consultó a Barraza por una querella presentada en este mismo año por el SII en Arica a una pequeña empresa, en un caso que involucra 12 millones de pesos. ¿Por qué ese caso puede representar “mayor gravedad” y ameritar la acción penal y no la enorme trama de financiamiento irregular de la política, cuyos montos es necesario medirlos en millones de dólares y afectan la legitimidad y probidad de los tres poderes del Estado?

Las puertas giratorias entre empresas y política

Incluso cuando el SII ha optado por recurrir penalmente, en algunos contados casos de financiamiento ilegal de la política, lo ha hecho de forma que no afecte los intereses de los políticos involucrados. En abril de 2016 el Servicio de Impuestos Internos, ya dirigido por Barraza presentó 27 querellas contra emisores de boletas falsas a SQM. Entre los querellados figuran asesores y familiares directos de dirigentes y parlamentarios de la Nueva Mayoría, por ejemplo el hijo del diputado Roberto León (DC), una periodista contratada por el senador Fulvio Rossi (PS), los hijos del ex presidente de la DC Jorge Pizarro. Sin embrago, estas querellas fueron redactadas de forma “nominativa”, lo que implica que excluyen la posibilidad de alcanzar a “todos quienes resulten responsables”. Es decir, si se llega a la condena, sólo afectará a la “persona interpuesta” pero no a los destinatarios de los recursos.

Otro caso similar, denunciado por la Contraloría, fue la inexplicable demora de 7 meses del SII en presentar querella, luego de que el Ministerio Público le comunicara a la institución  una denuncia en contra de Carlos Ominami. Debido a ese retraso el caso prescribió y el exsenador fue sobreseído, lo que sentó un precedente para futuros casos en esta materia, que pueden prescribir en un plazo perentorio, por lo cual toda sanción futura, producto de un cambio de criterio en las autoridades, queda descartada.

Para varios analistas, el rumbo de acción del SII habría sido diseñado por el exministro del interior Jorge Burgos, al asumir luego de la caída de Rodrigo Peñailillo debido a su vinculación al caso SQM. Burgos habría pensado una política de “control de daños” basada en colocar un cortafuegos que impidiera que las denuncias llegaran hasta AyN,  empresa de propiedad de Giorgio Martelli, el operador financiero de Peñailillo en recaudación electoral. Pero obviamente, el manto de protección pensado por Burgos fue mucho más allá, y buscó abarcar todas las aristas políticas en materia tributaria, por lo cual el nombramiento de Barraza habría representado una salida de fondo a la crisis, ya que Joratt habría perdido la confianza por haber interpuesto querellas en los casos Penta y SQM.

No se indigne más, edúquese

En entrevista en La Tercera[2], el ex director del SII Ricardo Escobar fue consultado por “la sensación de impunidad” que este cuadro ha dejado en la opinión pública. Su respuesta: “Yo creo que esto hay que combatirlo con educación. La multa es una sanción, aquí no hay impunidad”. Así que ya sabe, si usted mantiene su indignación moral y política ante todo este cuadro, edúquese.

La educación a la que nos invita Ricardo Escobar tiene varias asignaturas. Comienza por “Cumplimiento creativo de la ley” en materia tributaria. Es lo que se enseña públicamente en las facultades de derecho: cómo evadir impuestos dentro de la legalidad vigente, mediante la interpretación formalista del Derecho. Si la ley es solo forma, no tiene ninguna relación con los problemas que importan a la sociedad: ¿para que preocuparse de lo que buscó Corpesca o SQM al financiar campañas electorales?

La segunda asignatura que Escobar nos sugiere se llama “Cómo despolitizar los impuestos”. En este curso se nos enseña a olvidarnos de ideas anticuadas: por ejemplo que todos debemos concurrir de acuerdo a nuestras capacidades al financiamiento del Estado. O que los impuestos son un mecanismo a través del cual nos vinculamos como iguales y que deben ayudar a redistribuir la riqueza. Lejos de eso, la nueva doctrina coloca lo tributario en el marco de la protección de la propiedad privada. Y eso implica que un delito contra la propiedad no es perseguible si se devuelve lo robado. Las multas son castigo suficiente. Un correctivo, un aviso, un “no lo haga más” y como dijo Ricardo Lagos (el tío de Ricardo Escobar) al declinar su candidatura presidencial: “la vida continua”.

La tercera asignatura se llama “Introducción a la industria de la defensa de la riqueza”, y allí se aprende que los impuestos son un robo, y por lo tanto la tarea de abogados, tributaristas y legisladores, es proteger a los contribuyentes de un Estado que les quita su patrimonio. Por eso olvídese de ideas anticuadas, como esa que sostiene que las empresas, junto con evadir impuestos, compraron voluntades políticas, mantos de protección, criterios legales que les favorecieron, leyes redactadas en sus propios despachos que luego llegaron por arte de magia a las páginas del Diario Oficial.

Nuestro curso nos lleva a una sólo conclusión: los conflictos ligados al financiamiento ilegal de la política constituyen un simple problema de evasión de impuestos. Si el SII logra recaudar lo que las empresas evadieron, mediante multas, todo quedará en orden. Esta es el educación que corre en los tiempos post-neoliberales, en donde todo se resuelve a favor de los que triunfan en el mercado y no existe respeto por las instituciones democráticas. Este es el núcleo de “la trama” , su modus operandi más evidente.

[1] Juste, R. “Ibex 35, una historia herética del poder en España” Capitán Swing, Madrid, 2017.

[2] La Tercera Ricardo Escobar, ex director del SII: “La multa es una sanción, aquí no hay impunidad”, 18, 04, 17.

2017 ¿Outsiders al poder?

Las elecciones de este año ofrecen en una novedad: el surgimiento de candidaturas que no provienen del ámbito tradicional. Se trata de profesionales destacados, pero con corta historia en la política: las candidaturas presidenciales de periodistas, como Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, o del sociólogo Alberto Mayol, se verán replicadas por un amplio número de candidaturas parlamentarias de personas que por primera vez asumirán ese desafío. A la vez, este “asalto” ciudadano a la política es resistido por quienes se sienten depositarios exclusivos de las capacidades específicas para desempeñar ese rol. El fracaso de la candidatura del expresidente Ricardo Lagos vino a reflejar esa tensión, en donde los “outsiders” terminaron por desbancar a los “insiders”. ¿Es positivo este cambio?¿Es viable? ¿Se debe entender la política como una profesión, una actividad, o más ligeramente, como un tránsito voluntario, por el cual se pasa temporariamente, para retornar al “mundo de la vida” desde el que se proviene? Este asunto cobra relevancia en un contexto en el que los cuestionamientos públicos a la institucionalidad de los partidos llega a niveles altísimos.

El concepto-trampa de “clase política”

El dilema se suele plantear de forma simplista: en las sociedades complejas se tendería a conformar, siguiendo la teoría del italiano Gaetano Mosca, una “clase política”, la cual tiene la tendencia a volverse hereditaria, si no de derecho, al menos de hecho. De esa forma la democracia se reduciría a un simple método de “selección de élites”[1]. La lucha democratizadora se plantearía en el marco de la contradicción “élite-ciudadanía”, donde el objetivo prioritario sería desbancar a la élite existe y reemplazarla por personas que no provengan de ese grupo social. La política se “ciudadanizaría”, ya que la caída de la élite permitiría liberar a las instituciones.

Pero atención a este discurso, que seduce en base al merecido desprestigio de los dirigentes e instituciones, porque tiene una trampa. Gaetano Mosca utilizó la noción de “clase política” (y no élite, campo o grupo social) de forma deliberada, con la intención de quebrar a la izquierda, definiendo la confrontación política en base a la lucha entre gobernantes y gobernados, sin importar las relaciones de poder y riqueza que existe entre esos mismos gobernados. Mosca quería crear una solidaridad transversal e interclasista, donde el enemigo común serían los administradores del Estado. No es extraño que el argumentario de Mosca haya sido frecuentemente utilizado por Mussolini, que como encarnación de “todo el pueblo” apareció enfrentando a la “clase política” corrupta a la que el fascismo se ofrecía para extirpar. Eliminando la democracia, obviamente.

Si la contradicción central de nuestra sociedad se reduce a un choque entre “clase política y ciudadanía” ¿que garantizaría que la ciudadanía que accede al poder no se convierta en una nueva élite política con pretensiones hereditarias? Además, la supuesta contradicción “élite-ciudadanía” olvida y opaca las contradicciones fundamentales, cuya naturaleza son la clase social, el sexo/género o la etnia/raza, lo que no encuentra respuesta automática en el recambio de las élites profesionales por una nueva élite emergente.

 

Los argumentos de los profesionalizantes 

En respuesta a estas críticas existe una tendencia a defender la “profesionalización de la política”, en la línea en que Max Weber entiende las profesiones: “una actividad especializada y permanente que, normalmente, constituye una fuente de ingresos y, por tanto, un fundamento económico seguro de su existencia[2]. Algunos autores proponen la profesionalización total y legal de la política. Dídac Ramírez, ex rector de la Universidad de Barcelona, ha planteado que esta profesionalización permitiría llegar a la creación de un colegio profesional y un código deontológico de “profesión” de político: “ Sé que pocos opinan como yo, pero si otros colectivos con menos responsabilidad social lo tienen, por qué no los políticos”, asegura Ramírez[3].  Un problema inmediato en esta propuesta es la delimitación de este “gremio”. Los colegios profesionales exigen a sus afiliados un título profesional o fijan una habilitación que les acredite, entonces ¿cómo se delimitaría el título profesional de político? ¿por la militancia partidista? ¿por su participación como candidato en elecciones? ¿o se adquiriría ese estatus al asumir un cargo de elección popular?

Los “profesionalizantes” argumentan que en una sociedad compleja es imposible eliminar la especialización. Por ello se han profesionalizado actividades como el deporte, las artes, el comercio, la salud, y muchas otras que antes se ejercían de forma no especializada o amateur. Además, la política tendría un grado de complejidad y relevancia pública que exigiría una dedicación y formación mucho mayor que muchas otras profesiones. Además, ser un outsider, y no provenir de la actividad política formal no convierte en mejor a un político, como lo ha demostrado una larga lista de casos, como Albert Fujimori o el mismo Augusto Pinochet, que construyeron deliberadamente sus imágenes como “outsiders” de la política.

También se señala que es inevitable la profesionalización debido a que un buen dirigente político, probado, y respaldado en las urnas, puede pasar fácilmente más de una década en un cargo público, luego de los cual es difícil reinsertarse laboralmente en otra área de desempeño. Y la sociedad desperdiciaría sus aprendizajes y experiencias acumuladas. Varios estudios han mostrado que un buen alcalde necesita tres períodos para generar una impronta en el municipio que gobierna: en el primer período está muy condicionado por factores heredados, en el segundo período recién logra fraguar su propio estilo de gestión y en un tercer período lograría consolidar sus proyectos. En este contexto, lo adecuado sería profesionalizar a los políticos y consolidarlos como un sector profesional en regla.

¿De profesión político?

Si bien estos argumentos “profesionalizantes” poseen fuerza y sentido práctico, la política sigue siendo una “ocupación”, no una profesión. Y no parece que pueda cambiar de estatus. Un motivo de fondo es que el ideal democrático presupone que el principio de la soberanía popular debe llevar a construir una “sociedad que se gobierne a sí misma”, como sostenía Alexis de Tocqueville. Ello se opone a un pueblo que abandone su libertad y su responsabilidad en manos de unas autoridades, por competentes que sean, para que ejerzan formas de “despotismo blando”, proveyendo seguridad y consumo, a costa de la  clausura de las instituciones a un núcleo de especialistas que se autoselecciona. Si un pueblo acepta esta situación ya no vive una democracia, sino una sociedad se tiraniza a sí misma. Por eso la resistencia a la profesionalización de la política presupone un compromiso exigente; es fundamental la participación activa y constante en los asuntos públicos.

Otra crítica a la profesionalización recae en la colusión de los políticos como campo, en defensa de sus propios intereses.  Si se profesionaliza se formaría un  “gremio” político en tensión con la sociedad. La trasversalización de sus relaciones y pactos haría de los políticos unos sujetos ideológicamente estériles, neutralizados, incapaces de enfrentarse de forma real entre sí y de tomar decisiones difíciles. Además, la profesionalización tendería a disminuir la representatividad. Si un político sólo sólo se dedica a esta función en su vida es improbable que comprenda o logre representar los intereses de su entorno. Ello conduciría a promover “carreras profesionales” centradas exclusivamente en el acceso a cargos, imposibilitando una futura “reconversión laboral” de los políticos. Para evitar eso se debería tener experiencia en otros roles profesionales, participar en la vida laboral y así poder volver a lo que hacía luego de ejercer un cargo por un período acotado. Para hacer esto efectivo han cobrado fuerza varias propuestas, entre otras la delimitación de mandato, que reduce por ley el número de reelecciones a los que se puede aspirar en un cargo, y los mecanismos de revocación de mandato, antes del término del periodo, mediante votación plebiscitaria.

Más que ocupación o profesión: vocación

Ningún cambio legal podrá recuperar la calidad de una democracia sin que existan personas con convicciones democráticas. Por eso una relativa “profesionalización” de la política sería aceptable si se compatibiliza con un campo de dirigentes políticos dispuestos a redistribuir su poder, autolimitarlo y ejercerlo con prudencia. Max Weber ya pensó este problema en su conferencia “Politik als Beruf”[4], que colocó en tensión dos variables: la racionalización de la sociedad requiere profesionales especializados en el poder y el gobierno, pero a la vez la política requiere compromisos que van más allá de lo estrictamente estipulado en una norma jurídica o técnica. Por eso Weber usa la palabra alemana “Beruf”, que puede ser traducida al español tanto como “profesión”, pero también por “vocación”. La ambigüedad del término alemán viene a sugerir que la política es siempre un “trabajo especializado”, pero también es un actividad “vocacional”, entendida como una respuesta a un “llamado”. Este doble  aspecto nace de la referencia a las metas de la política. Una actividad profesional no se justifica por sí misma, sino por el aporte a unas finalidades sociales que le dan su sentido y legitimidad. En la política la necesidad de esta dimensión “vocacional” es muy fuerte ya que como señala Weber la política implica necesariamente el contacto y el empleo del poder, y por esa vía existe una necesidad discernir a cada momento sobre el pacto con “poderes diabólicos”, tan necesarios como corruptores. En ese sentido la política, como actividad profesional especializada, no es apta para todos. O en otros términos, no basta la especialización técnica, ya que se necesita tener la capacidad de buscar e identificar los fines y bienes internos que constituyen la excelencia propia de la práctica política. Entendida así la política siempre permanecerá en la dualidad: el político necesita “vivir de” la política, pero a la vez “vivir para” la política, lo que puede llegar a ser una contradicción insoluble.

 

[1] César Cerda Albarracín. La “clase política”, la “política”, “los políticos” y el Movimiento Social en Chile, http://www.lemondediplomatique.cl/La-clase-politica-la-politica-los.html

[2] Weber, Max. “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. Buenos Aires: Orbis. 1985, p. 82.

[3] “El rector que frenó el independentismo en la universidad”. http://cronicaglobal.elespanol.com/politica/rector-que-puso-limites-al-independentismo-en-la-universidad_61000_102.html

[4] Weber,Max, “La política como profesión”, edición de Joaquín Abellán, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.