Sename, la industria del abuso infantil

Charles Dickens publicó su novela Oliver Twist bajo la forma de entregas mensuales en la revista Bentley’s Miscellany entre febrero de 1837 y abril de 1839. Han pasado 178 años pero la historia de Oliver Twist podría haberse escrito hoy mismo, a partir de la biografía de un niño o de una niña bajo atención de SENAME. Dickens narra la vida de un huérfano en la Inglaterra victoriana, una sociedad extremadamente hipócrita, desigual, clasista y arrogante. Oliver es un interno en el asilo de la señora Mann, y allí conoce todo tipo de abusos. Como los pequeños padecen un hambre tremenda, deciden jugar para decidir quién le reclamará al director del asilo. Oliver resulta elegido y al finalizar la cena se dirige al Sr. Bumble, el director del orfanato, y le pide más comida. Enfurecido, Bumble decide poner al “problemático Oliver” en subasta al primer postor, y de esa forma lo toma como aprendiz el enterrador de cadáveres Sowerberry. Por esa vía Oliver logra escapar de su trabajo en el cementerio y huye a Londres, donde se une a una banda de banda de niños delincuentes. El texto de Dickens fue un “balde de agua fría” en el orgullo del imperio británico, que vivía su momento de mayor gloria y expansión mundial. Es una crítica irónica y frontal a sus instituciones políticas y su sistema de justicia, que operaban como una industria del hambre, del trabajo y la mortalidad infantil, y del abuso descarado envuelto en las hipocresías de la señora Mann y del Sr. Bumble.

Si Dickens volviera a la vida seguramente le impactaría leer el recién publicado libro autobiográfico “Mi infierno en el SENAME”, de Édison Llanos. Este relato retoma los mismos tópicos de Oliver Twist, pero en primera persona.  Como sostiene el autor: “Ingresé al SENAME (según me han contado) a los dos años y medio de edad, y ahí estuve hasta los quince. Mi caso es excepcional, lo sé. ¿Cuántos como yo logran estudiar en institutos de capacitación técnica o en la Universidad? No lo sé. ¿Uno, dos, tres, un puñado insignificante? Con este libro intento exorcizar la pesadilla a la que me sometieron mis torturadores, pero busco también lanzar un grito de alerta a la sociedad entera, por los niños y las niñas sin derechos, habitantes descartados de un país que se jacta de respetar los Derechos Humanos, pero que ignora que éstos no existen en nuestro infierno. Escribo en nombre de ellos y de ellas, en un acto tan desesperado como urgente, para que algún día las instituciones, los gobernantes, los legisladores, los fiscalizadores, la población entera reconozca sus responsabilidades y se acabe con una aberración que ya se prolonga por décadas. Por ellos y por ellas, por esos descartados y torturados, hablo”

Una caja negra, sin responsables

Si leemos el informe final de la comisión investigadora SENAME II, que está en su última fase en la cámara de diputados, la historia de Oliver Twist nos parecerá una historia suave y esperanzadora al lado de lo que se detalla sobre el sistema de “protección” de menores en nuestro país. El informe SENAME II habla de violencia sistemática   y normalizada contra los niños y jóvenes. Se trata de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en tanto el Estado es el responsable último de una industria de la violencia institucionalizada, que se ha expresado en crisis estructural de salubridad y equipamiento, denuncias de violencia sexual, y un número escandalosamente poco claro de muertes. Por un lado, la cifra oficial, recogida por el informe 2016 del INDH, desde datos de SENAME, indica 249 menores fallecidos, atendidos por el sistema de justicia juvenil y 619 acogidos en el sistema de protección, para el período 2005- 2016.  Esto arrojaría un total de 868 muertes en 11 años. Por otra parte, el diputado René Saffirio ha identificado un total de 1313 muertes en ese mismo período. Estas contradicciones se deberán resolver por medio de una Comisión de Verdad, que al menos ponga luz sobre lo que ha pasado, porque ni siquiera hay claridad sobre estos datos.

La historia de la industria

Para entender es necesario mirar con perspectiva. El SENAME es una de las tantas creaciones monstruosas de la dictadura. Su fundación se debe a la entonces ministra de justicia Mónica Madariaga, que impuso el decreto Ley n.° 2.465 del 10 de enero de 1979, para sustituir al Consejo Nacional de Menores y la Fundación Niño Chileno, que hasta ese momento ejercían estas tareas.

El SENAME de la dictadura fue pensado como una institución totalmente “victoriana”, por varios motivos. El Servicio es concebido como una institución mínimalista, proveedora de subvenciones a una serie de instituciones privadas, muy parecidas a los asilos de la señora Mann, las que en realidad gestionan el sistema. Los niños y niñas son reducidos a la categoría cuasi militar de “menores”, objetos de cuidado, pero no sujetos de derechos, bajo una mentalidad que vincula desprotección familiar con delincuencia. El artículo 2 del decreto n.° 2.465 que creó el SENAME es claro en esta vinculación: “El Servicio atenderá a menores que carezcan de tuición o que, teniéndola, su ejercicio constituya un peligro para su desarrollo normal integral; a los que presenten desajustes conductuales, y a los que estén en conflicto con la justicia”.  Todos los casos quedan integrados: menores sin tutores, menores con “dasajustes conductuales”  y menores en “conflicto con la justicia”, todos en un solo marco institucional. Más que proteger a los niños y niñas la legislación dictatorial buscó “proteger a la sociedad” de unos menores que presupuso peligrosos de por sí, porque les catalogó como una amenaza a la propiedad y al orden. Los  vio como los “rotitos”, los “patipelados”, los “pililientos”, los “pungas”, que con el tiempo se transformaron en los “cumas” y “flaites” de hoy en día.

El SENAME bajo dictadura fue una institución sumida en la miseria y el abandono más absoluto. Estudios de OPCIÓN[1] muestran que en 1989 la subvención a las instituciones colaboradoras era un 139% menor que en 1981. Además, la subvención era más alta en los centros de internamiento, por lo cual se produjo un incentivo perverso a la creación de “hogares” permanentes que llegaron a concentrar el 63% de la oferta programática de SENAME. Un 40% de los niños que pasaron por esos “hogares” nunca deberían haber sido internados, y tendrían que haber recibido atención ambulatoria. El 90% de los niños que pasó por estas instituciones nunca recibió una intervención en su familia de origen, y los problemas que motivaron su ingreso permanecieron sin variación.

Con la transición vinieron cambios, pero centrados en la modernización del mismo marco legal y el incremento de los recursos. Los organismos colaboradores (OCAS) han aumentado exponencialmente, hasta sumar más de 700 instituciones, que reciben anualmente más de $230 mil millones. En estos años se redujo el porcentaje de menores internos a favor de los tratamientos ambulatorios, y se incrementó la subvención. Pero la asociación arbitraria entre menores sin tutores, menores con “dasajustes conductuales” y menores en “conflicto con la justicia” permaneció. Y a las denuncias de abuso a los niños se sumaron las denuncias por acoso y abuso laboral a los trabajadores de las OCAS.

Las denuncias de René Saffirio

Tras este cuadro adquiere mucho valor el gesto del ex diputado DC René Saffirio quien renunció a su partido el 25 de mayo de 2016 debido a que su bancada rechazó investigar las posibles vulneraciones a menores del Sename durante la gestión de su exdirectora, Marcela Labraña (también militante democrata cristiana).

En esa ocasión Saffirio afirmó: “La gota que rebalsó el vaso para mí fue la negativa y falta de apoyo de mi bancada para investigar vulneraciones de derechos para niños y niñas a lo largo de Chile, situaciones dramáticas afectan a 15 mil niños a lo largo del país, muchos que no tienen familia, pero tampoco tienen un Estado que los proteja. Al contrario, un Estado que oculta violaciones, abusos sexuales, físicos y psicológicos, maltratos y condiciones de vida miserables, yo lo que quería era investigar eso, no estaba pidiéndole a los militantes del partido que renuncio que hicieran una declaración sancionando o criticando a nadie”. Y agregó que “las redes económicas que existen de parte de instituciones colaboradoras del Sename hacen imposible que se produzcan los cambios”.

Lo que el diputado percibió es que SENAME, en tanto repartición central, pero también muchas de las OCAS, tenían una vinculación estrecha con su partido, por lo cual era imposible avanzar en cualquier investigación mínimamente imparcial. De allí su afirmación:

“los partidos hoy día están reunidos en torno a intereses, no ideas. Esos intereses tienen que ver con el acceso al poder para construir redes en el aparato público y extraer recursos para contratar personas y, a través de ello, tener una suerte de rehenes de los partidos para que sirva, no al país, sino al partido”. A un año de distancia, la realidad ha confirmado crudamente las denuncias de Saffirio. En las últimas semanas el diputado independiente denunció el intento de “blanquear” el informe final de la comisión investigadora Sename II, para eliminar las menciones específicas a personas como la ex directora Marcela Labraña y la ex ministra de Justicia Javiera Blanco.

La crisis del SENAME representa otro síntoma más de la crisis final de una transición política que pensó que bastaba aumentar los presupuestos y modernizar la gestión para hacer que la institucionalidad de la dictadura pudiera funcionar de acuerdo a estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos. Han tenido que pasar 27 años para que Chile empiece a entender que no se puede construir un Estado social de derecho, que proteja a los más vulnerables, sobre la base instituciones pensadas y diseñadas para hacer todo lo contrario.

 

[1] https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=90881&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION

Justicia y memoria para el pueblo mapuche

El triste e inmediato olvido en el que ha caído el informe de la “Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía”, entregado a al gobierno en enero de 2017, obliga a pensar en lo que este esfuerzo, bien intencionado, no logró ni quiso lograr. Este documento fue concebido como un dispositivo político para desactivar, o al menos apaciguar, la violencia desatada en el territorio mapuche. Un epifenómeno que no es nuevo en la relación entre el Estado chileno y este pueblo ancestral. Más bien parece la regla que ha regido esta relación, desde siempre.

Para volver a “pacificar” la Araucanía la fórmula elegida por la Comisión fue recurrir a las “teorías de la justicia” occidentales, que de una u otra forma parten de una noción abstracta y ahistórica de “lo justo”. Si la justicia de los antiguos era una virtud, la justicia de los modernos es un procedimiento. Si para Platón la justicia era una idea, para Aristóteles era una acción justa; para Kant era un imperativo, una ley moral y un deber, mientras que para Hegel es el fruto de una lucha por el reconocimiento de un otro negado. Para Rawls la justicia es imparcialidad, para Nozick la justicia es rectificción. Son distintas perspectivas, pero en todos los casos la justicia que se busca alcanzar es una meta situada desde el hoy hacia el futuro, un proyecto que se abre a partir de un programa de acciones a completar, un camino a desarrollar, una agenda para el mañana. Por eso lo que la comisión planteó es fundamentalmente una “fuga hacia delante”, un borrón y cuenta nueva, que busca un nuevo comienzo, como si nada hubiera pasado, como si la historia fuera un evento molesto, fuera de nuestro alcance, un dato inmodificable que impide “avanzar”.

McIntyre dice que la justicia procedimental de los modernos se asemeja a una isla desierta a la que llegan unos náufragos que se encuentran con otros naufragos, recién llegados por casualidad. Nadie tiene la culpa por sus desgracias pasadas. La justicia se centra en el presente, en resolver los problemas que surgen ahora, sin preocuparse de lo que ha llevado a ese momento, ni de cómo ha llegado cada cual. La justicia se concentra “en las reglas que salvaguarden máximamente a cada uno en tal situación[1]”. Por eso el informe de la comisión es un listado mínimo de medidas, posibles de implementar. La idea de la justicia procedimental que le subyace es que se debe aspirar a la más aséptica universalidad, ya que no hay manera de demostrar racionalmente la superioridad de unos valores sobre otros. No importa si eres mapuche o colono, Calfucura y Trizano, habitante de Tirúa o de un condominio en Temuco, la “Paz en la Araucanía” no debería hacer distingos ni diferencias.

Los límites de la “justicia igual para todos”

Tras esta racionalidad anida una mirada liberal que busca superar los “particularismos”, siempre lastrados por los “prejuicios contextuales”. No puede haber una justicia específica y singular para el pueblo mapuche, porque la justicia no debe satisfacer la especificidad cultural. La justicia es aquello que deberíamos hacer si pudiéramos habitar un momento ficticio que podemos llamar “estado de naturaleza” o “posición originaria”. Un instante donde nos pudiéramos despojar de todos nuestros intereses previos y pudiésemos ser individuos racionales en estado puro. Y decidir desde esa abstracción, sin pasado, sin pasiones, sin dolores, sin historia.

Convertir la justicia en un procedimiento imparcial es un avance civilizatorio, en muchos aspectos, y tal vez hoy no seamos capaces de ir más allá.  Es un intento serio de garantizar la igualdad básica y la libertad fundamental de los individuos, en tanto individuos. La justicia procedimental pone en la misma mesa a los desaventajados y a los privilegiados. Víctimas y victimarios pueden, bajo unas condiciones mínimas, aspirar al mismo trato. Y en eso la agenda de la Comisión Asesora Presidencial no falló en lo que propuso. Nada de lo que busca implementar hacia adelante es inadecuado o podría ser rechazado a priori. La pregunta es si esa agenda basta para superar, o poner en un nuevo plano este conflicto.

El déficit insuperable de este proyecto radica en que el Estado, que supuestamente debe aspirar a ser imparcial, y lograr ser equitativo y ecuánime en su nueva relación con el pueblo mapuche, nunca lo podrá ser de verdad. El Estado chileno no es neutral ni pasivo a la hora de asumir y ejercer su soberanía y potestad. Nunca será imparcial frente a un reclamo que le obliga a cambiar su sustancialidad actual. Se debería partir entonces por asumir que este Estado chileno, tal cual existe, no puede resolver la demanda de autonomía y reconocimiento mapuche.

Del mismo modo el pueblo mapuche no es una agregación de voluntades individuales, que se expresan con diferentes tonos y vocerías. La voz de este pueblo es multiforme, pero posee una historia compartida y esa historia no puede ser tratada como un problema de un conjunto de individuos particulares. Por eso el pueblo mapuche no puede entrar en el juego abstracto del “estado de derecho” como si nada le hubiera pasado. No puede participar de la “convivencia democrática” bajo el supuesto de que es una cancha igual para todos. El pueblo mapuche no puede realizar el ejercicio rawlsiano de la “posición originaria” y aspirar a ser ecuánime a la hora de analizar su propia historia, y pensar el futuro en que aspira a vivir.

“El condicionante de toda verdad es el sufrimiento”

Para ir más allá de la agenda mínima de medidas, que todos podrían asumir, hay que cambiar los criterios de justicia. Una vía para lograrlo es pensar lo que Reyes Mate llama “justicia anamnética” o “memorial”. Esta noción de la justicia parte reconociendo que “el condicionante de toda verdad es el sufrimiento” [2]. Esta idea le debe mucho a los supervivientes de Auschwitz, y analiza el momento cuando pudieron alzar la voz y su demanda no fue una agenda de reparación, o de progreso, o de un plan Marshall. Lo que los sobrevivientes lanzaron fue el grito por un “Nunca Más”. No pidieron una agenda de medidas, sino que instalaron el recurso a la memoria. Este “Nunca Más” fue formulado por Theodor Adorno bajo la forma de un nuevo Imperativo Categórico: “Hitler ha impuesto a los seres humanos en su estado de ausencia de libertad un nuevo imperativo categórico: orientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuela a ocurrir nada semejante”[3].

El descubrimiento de la memoria, como un recurso epistémico, necesario para la justicia, implica que no podemos pensar el futuro sin atender a las causas del sufrimiento. Sin memoria es como si la injusticia no hubiera ocurrido nunca y el mundo pudiera seguir como si la barbarie no hubiera tenido lugar. Y el antídoto contra esa posibilidad está en el pasado, en algo tan modesto como el recuerdo. Para Reyes Mate el “imperativo de la memoria”, que propuso Adorno, significa hacer “presente el pasado ausente que es fundamentalmente el pasado de una injusticia”[4], entonces “la tarea que tenemos por delante es escuchar el grito del que sufre y proceder a una pormenorización de sus daños”[5].

Hacer justicia al pueblo mapuche debe partir por ese acto de memoria radical. Hoy los campos y las ciudadades de la Araucanía se levantan a partir de la negación frontal de la memoria. Existe un negacionismo integral del genocidio, que por un lado sublima el despojo por medio de la idealización de “lo mapuche” como un pasado pristinal que “nos pertenece a todos los chilenos”, y un olvido oficial de lo realmente importante, ya que hasta hace pocos años el vencedor era el único que tenía el conocimiento documentado de lo que ocurrió. Los mapuche conservaron una memoria oral, privada. La documentación y el catastro estaba en las oficinas del registro civil, en los conservadores de propiedades, en los archivos del ejército o en las bibliotecas chilenas y argentinas.

Pensar la violencia desde la injusticia

Pero desde hace unas décadas el pasado ha comenzado a asaltar La Araucanía sin pedir permiso y ha comenzado a derrotar las estrategias del olvido. Y los vencedores ya no pueden descansar tranquilos porque mientras haya una huella del despojo, por mínima que sea, hay constancia de lo que en realmente ocurrió́. La memoria regresó, salió de la memoria privada, familiar, y llegó al espacio público, y está siendo documentada, desarchivada, releída, reconocida.

Pero ¿cómo hacer justicia frente a una perdida que parece irreparable? El negacionismo dictaminaba “pasar página”, “echar al olvido”. Esas han sido las soluciones habituales. Pero hay otra respuesta: hacer memoria de lo que no se puede reparar. Reconocer las deudas y hacer duelo por los sufrimientos sobre los que está construido nuestro bienestar actual.

Lo que se interpreta como violencia (y sobre todo como terrorismo) en la región de La Araucanía no es más que una consecuencia, episódica, del comienzo del fin del negacionismo de la historia del pueblo mapuche, en todas sus versiones. Como observa Reyes Mate: “Por eso es importante la memoria de la injusticia, porque aunque no conlleve reparación material del daño, reconoce la vigencia del derecho de las víctimas, aunque pase mucho tiempo y no haya ser humano capaz de una reparación adecuada. Hay que revisar figuras tan asentadas en el derecho como la amnistía o la prescripción que venden perdón por olvido. Debemos, por supuesto, pensar la interrupción de la culpa o de la pena sin que sea a costa del olvido… somos responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor porque ante el sufrimiento de los demás no nos está permitido mirar a otro lado”[6].

 

[1] McIntyre, A. (1987): Tras la virtud, Crítica, Barcelona, p. 307

[2] Reyes Mate, M. (2011) Tratado de la injusticia, Anthropos, Barcelona, p. 42.

[3] Adorno, Th. (1992): Dialéctica Negativa, Taurus, Madrid, p. 356.

[4] Reyes Mate, M. Op cit 204.

[5] Op. cit. p. 229.

[6] Op. cit. p. 249-250.