¿Qué nos dice el barómetro de la política?

El “Barómetro de la política, septiembre de 2017”, de CERC/MORI es uno de los pocos estudios de opinión pública relativamente fiables de los que dispone el país. A diferencia de CADEM; ADIMARK y CEP, esta encuesta no está financiada por los partidos de la derecha ni por grandes grupos empresariales. Se trata de una encuestadora dirigidas por Marta Lagos y Carlos Hunneus, investigadores reconocidamente DC y abiertos partidarios de Carolina Goic, lo que se agradece en el sentido de sincerar desde el principio su opinión política y sus intereses, cosa que no hace ninguna de las otras encuestadoras. Una lectura del último “Barómetro de la política” explica muchas cosas de unas elecciones especialmente complejas de interpretar. Haremos un punteo a lo esencial que plantea:

Estas elecciones se desarrollan en un contexto político de gran desmovilización electoral. Esto se relaciona con que la crisis de confianza en la política, en general, que no se ha superado por medio de la campaña electoral. El síntoma subjetivo es el cinismo del electorado: “todos son iguales, nada cambiará, yo igual tengo que trabajar al otro día”, etc. 
 Priman las opiniones escépticas, “donde nada concita ni mayorías ni entusiasmo alguno”. MORI/CERC diagnostica una opinión pública “depresiva”, donde el fin del binominal ha atomizado las opiniones y ha debilitado los liderazgos políticos, en un contexto de desafección con la política. Los adjetivos que se asocian a la política son claros: 42% desconfianza, 33% indiferencia. Sólo un 10% compromiso, 6% entusiasmo y un 2% pasión.

Este contexto se ha agudizado por el incesante flujo con nuevas denuncias que muestran la profundidad de la corrupción, que atraviesa a los partidos tradicionales. Un ejemplo reciente es la revelación del caso del “narcomunicipio” de San Ramón. Esta situación se liga a pagos irregulares y contratación de personas ligadas al narcotráfico por el alcalde socialista de San Ramón Miguel Ángel Aguilera. En las últimas elecciones internas del PS llamó la atención el numeroso padrón de militantes que residían en esa comuna. Más de 2500 socialistas en un municipio de 85000 habitantes. Camilo Escalona llegó a lanzar su campaña interna partidaria en 2014 en un acto masivo en el Estadio Municipal de ese lugar, acompañado por el senador Fulvio Rossi. Esos enormes padrones de militantes se explicaban porque Aguilera repartía dádivas y regalos, lo que le daba un gran poder interno el PS que negociaba a favor de quienes le protegían o beneficiaban. En particular, ese poder explicaría el rol de Andrés Santander, actual secretario general del PS, que anteriormente ejerció como director de planificación y administrador de la municipalidad de San Ramón. Al parecer tras la generosa mano de Aguilera estaban las bandas de narcotraficantes de la zona.

Una polarización interesada

Por otro lado, como reacción ante la apatía general, las candidaturas se han polarizado en el espectro de izquierda-derecha. Especialmente Sebastián Piñera se movió mucho a la derecha, “llegando al 9 en una escala de 10”. Los encuestados le ven más a la derecha que a José Antonio Kast, que sólo llega al 7,9 en la escala, lo que indica que es difícil que pueda desplegar un discurso más derechista. Piñera trata de movilizar al pinochetismo oculto en la sociedad: todavía un 12% de los encuestados dice que el gobierno de Pinochet “fue uno de los mejores gobernantes”.  Esta derechización de Piñera le conviene en primera vuelta, pero le hará muy difícil captar los votos de centro en la segunda vuelta.

Lo que más beneficia a Piñera es lo que los encuestadores llaman “efecto locomotora”, es decir, una parte de los electores tienden a apoyar a quien “se cree” que va a ganar. Esto para no “perder el voto”. Esta situación es determinante para la recaudación de dinero. Los aportantes prefieren “apostar a ganador” y donan a los que tienen opciones reales de llegar al gobierno. En este caso un 53% “cree” que Piñera ganará, aunque sólo a un 31% “le gustaría” que ganara. Esto se traduce en un 22% de “efecto locomotora”, más alto que el que tuvo Bachelet en 2013. Además la derecha ha logrado, por la vía de la repetición incesante y la debilidad argumentativa de la izquierda, que algunas de sus tesis más polémicas y dañinas tengan mayoría social, sin que eso implique que quienes piensen así sean de derecha. Lo más preocupante es el 52% que asume la tesis de que hay “terrorismo” en la araucanía, y el 53% que dice que Chile no necesita inmigrantes para desarrollarse.

Bachelet entra a la disputa

Si bien el gobierno y la presidenta Michelle Bachelet aumentan su aprobación, el 45% de los consultados no quiere que siga gobernando la Nueva Mayoría. Pero tampoco los gobiernos anteriores logran despertar admiración ni nostalgia. Para la mayoría los gobiernos de la concertación fueron “regulares”, y respecto al gobierno de Piñera solo el 34% dice que fue bueno.  Sólo el 27% cree que un segundo gobierno de Piñera será mejor que el primero. Piñera no despierta expectativas ni esperanzas, y parece que no necesita hacerlo. Marta Lagos sostiene que el votante de Piñera es “incombustible”, votará por él a todo evento, incluso si llega a ser testigo presencial y directo del más brutal escándalo que involucre a Piñera, no dejaría de votarlo, por lo cual su núcleo duro de electores es incondicional.

Otro factor es el enorme control de la información que logra ejercer la derecha. Incluso cuando por descuido se filtra una información sensible, que afecta a la derecha, no logra trascender a los grandes medios masivos. Esta última semana la candidata UDI Loreto Letelier recordó las fiestas que la UDI organiza en los años 90, cuando ella era una militante de 15 años: “Tipo dos, tres de la mañana estaban todos bailando arriba de la mesa, sacándose las camisas, yo era chica y ver a los senadores de la República era cómo uhh, (Juan Antonio) Coloma, Jovino (Novoa) bailando arriba de la mesa”. Estas declaraciones no han constituido más que una anécdota en las redes sociales.

La coalición de partidos es mucho más castigada que el gobierno. En este punto, y al comparar los dos gobiernos de Michelle Bachelet, sólo el 12% dice que este es mejor que el primero. Sin duda es una crítica al desorden de los partidos de la NM y los conflictos permanentes al interior del gabinete. Este descredito a los partidos se traducirá en una pérdida de votación de izquierda. Si en 2013 le tocó a la derecha perder 1,5 milones de votos, de gente que no fue a votar pero que eran electores históricos de la derecha, es posible que opere la misma proporción y ahora sea la izquierda (en un sentido amplio) la pierda este volumen de votantes que no irán a sufragar.

Esta crítica al “desorden” político se ve claramente reflejada en los acontecimientos que han marcado los últimos meses, desde la renuncia del gabinete económico, y el reemplazo de los ministros Céspedes y Valdés por Rodríguez Grossi y Eyzaguirre, producto del rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga, por sus altos impactos ambientales. Y ahora el envío a “vacaciones” del subsecretario del interior Mahmud Aleuy, como una manera de desactivar una crisis interna provocada por la decisión presidencial de retirar la querella interpuesta en contra de los comuneros mapuches en huelga de hambre por 117 días acusados bajo la ley antiterrorista.

Tanto en el caso de la minera Dominga como frente a la huelga de hambre de los presos mapuches las tensiones internas del gobierno ya no se han podido contener. Lo positivo de esta situación es que refleja una disputa política, donde los más conservadores no tienen todo el control, y el poder. Pero a la vez los sectores de izquierda tampoco tienen la capacidad de imponerse.

Desconfianza sin ilusión

La desconfianza que diagnostica la encuesta se centra “más en las personas que en las instituciones”. De esa forma estamos en un momento en que la gente piensa que “el recambio de personas” mejoraría el país, pero no hacen una crítica a las instituciones mismas. Cambio de gerentes pero no de empresa. Nuevos administradores de la crisis, más que expectativas de superación de las causas de la crisis. Respecto a cómo se construye la opinión pública, los encuestados muestran una crisis en la credibilidad de la televisión como fuente de información y criterio. Aumenta la importancia de las redes sociales y medios electrónicos. Pero todavía un 37% sólo se informa por la TV abierta.

Respecto a los resultados, CERC/MORI pronostica en primera vuelta un margen de votación, que depende de el volumen de electores que concurran. De esa forma Piñera esta en un rango de 43-44%. Guillier entre 28 y 31%. Sánchez entre 11 y 12%. Goic entre 7 y 9%. MEO entre 3 y 4%. Kast entre 2 y 4%. Navarro en torno al 1% y Artés bajo el 0%. El punto fundamental radica ahora en determinar lo que pasará en la segunda vuelta. El voto de Goic no resultará determinante ya que en todas las ocasiones anteriores ese electorado ha votado por la concertación o la NM. La derechización de Piñera ha puesto difícil el trasvasije de votos DC a la derecha. En cambio el voto de la izquierda no oficialista resultará decisivo. La sumatoria “mecánica” de Sánchez, Goic y MEO podría evitar el triunfo de la derecha. Pero esta suma “mecánica” no es simple de pensar en la política real.

El Frente Amplio está muy tensionado por esta situación, ya que se ha abierto un debate entre quienes proponen definir esta postura en un plebiscito virtual y quienes desean un acuerdo público de apoyo mutuo entre las candidaturas que enfrentan a la derecha, antes de la primera vuelta. A favor de Guillier corre un elemento: los votantes suelen reaccionar más activamente en “contra” de algo que a “favor” de algo. Un frente anti Piñera es más motivante que un frente a favor de su candidatura, especialmente en un escenario de un Piñera desbocadamente derechizado. Pero el peso de las frustraciones previas de “voto al mal menor” fortalecen la abstención del electorado de izquierda. Por lo tanto, recae en Alejandro Guillier la responsabilidad de responder al desafío, y ofrecer garantías creíbles a quienes están a la izquierda de su candidatura.

¿Y si Piñera gana en primera vuelta?

Es una hipótesis poco probable pero no inverosímil. Para Marta Lagos esta posibilidad existe si los candidatos de centro-izquierda e izquierda desmovilizan sus bases electorales anticipando un pacto previo de segunda vuelta. La señal que darían al pactar anticipadamente es que la primera vuelta no importa, y por lo tanto al votar A x la verdad es que están votando a Z. Si los candidatos de centro e izquierda convocan menos votantes, la proporción de votos de Piñera no va a variar porque su voto es incombustible, por lo cual su porcentaje final aumentaría y podría ganar en primera vuelta. Lo que implicaría un enorme aval a su programa, que tal como está diseñado en este momento se sitúa en un 9 sobre 10 en la escala de derecha a izquierda.

Paralelamente la derecha económica está en un nivel de expectativas respecto al triunfo del especulador Piñera que no se oculta. Eso explica declaraciones como las de Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, quién afirmó que si es que el candidato de Chile Vamos no se convierte en el próximo presidente sobrevendría un “colapso en el precio de las acciones”. Camus, quién aparece en los registros de SERVEL donando $13.100.000 a la campaña de Piñera, ha justificado estas declaraciones incendiarias afirmando que el candidato de la derecha despierta expectativas de mejor “ambiente económico”.

Este tipo de intervenciones catastrofistas son habituales en tiempo de elecciones, pero siempre en un marco de mayor recato y prudencia. Una campaña del terror efectiva requiere algo de credibilidad y por eso los voceros bursátiles tratan de mantener la apariencia de expertos “técnicos”. Ahora ya no se cuidan y sus argumentos terroríficos son tautológicos. Consultado Camus respecto a los motivos que han llevado en los últimos meses a un repunte de la bolsa, afirmó: “La razón del por qué la Bolsa ha subido es bastante más compleja; no hay una sola razón y no es porque han hecho bien la pega (en el Ejecutivo). Las bolsas de toda la región han estado mejor, han aumentado los flujos internacionales y hay un montón de cosas antes como para llegar a interpretar que es resultado de su gestión (de Michelle Bachelet)”. Es muy interesante notar que el alza de la bolsa de deba a factores “externos” pero las pérdidas se deban a factores “internos”. En definitiva, la gran capital afila sus colmillos. La lista de donantes a la campaña piñerista suma cada día millones y millones, en lo que se parece más a un proceso de inversión que busca rápido retorno, que un aporte político. Los negociados ya se están armando.

La inacabada laicidad del Estado de Chile

Luego del bochornoso “Te Deum Evangélico” de este año ha resurgido el debate sobre la laicidad del Estado. Un asunto que nunca parece ser prioritario hasta que escenas patéticas como las vividas en el templo pentecostal de Jotabeche vuelven a mostrar la necesidad de revisar la legislación vigente, y sobre todo las costumbres y tradiciones que se han instalado en el tiempo, marcando las relaciones ente las confesiones religiosas y el Estado.

Las constantes irrupciones de activistas político-religiosos, como Marcela Aranda, promotora del bus transfóbico o las continuas performances del “pastor” Soto, parecen anécdotas pintorescas al lado de los agravios sufridos por la Jefa de Estado en el culto de 10 de septiembre pasado, que ella no dudó en calificar cómo “un abuso”. En realidad, se trató de un atropello que no sólo afectó a la presidenta. Dado el carácter del acontecimiento, difundido en directo por la televisión pública, se traicionó la confianza depositada por el gobierno en las autoridades religiosas a las que se les reconoció autonomía para su realización, pero en un marco de responsabilidad. Supuso una trasgresión inadmisible, que amerita caducar su continuidad de forma perentoria. Más aún si el Obispo de la llamada “Catedral Evangélica”, Eduardo Durán, lejos de reconocer las afrentas cometidas calificó el acto en términos de “ejercicio de un derecho”. ¿Cómo calificar a un líder religioso que considera que ejerce un “derecho” cuando manipula electoralmente un espacio de culto en el que se agrede e insulta a la más alta autoridad del país, y en su persona a la ciudadanía que le ha otorgado un mandato democrático?

La laicidad no es una simple declaración jurídica o constitucional, que una vez establecida no amerite más cuidados. Más bien es un constante ejercicio de prudencia política que exige revisar caso a caso, situación a situación, la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia de religión u otras concepciones sustanciales del bien. Este ejercicio de imparcialidad es difícil porque exige a la autoridad un equilibrio entre dos principios: mantener las creencias religiosas, sus ritos y enseñanzas, en el ámbito privado, pero por otro lado garantizar activamente la libertad religiosa, entendida como el derecho a profesar una creencia o no hacerlo. Ambas dimensiones no son fácilmente compatibles y por eso la laicidad es un ámbito de disputa procedimental.

Genealogía de una laicidad incompleta

La historia de Chile muestra que la laicidad ha sido una conquista lenta, no exenta de procesos regresivos e involuciones a estadios anteriores. En un breve esquema podemos distinguir cuatro etapas:

La República Confesional: abarcaría desde la independencia hasta la promulgación de las “leyes laicas” durante el Gobierno de Domingo Santa María, entre 1881 y 1886. En este período la Iglesia Católica mantuvo la mayor parte de sus prerrogativas coloniales como religión de Estado. La preservación de este estatus no sólo fue buscada por la jerarquía eclesial, sino también por las propias autoridades civiles que promovieron este rol activamente. En el fondo todos los actores políticos independentistas pensaban que la naciente república no alcanzaría una estabilidad plena hasta que el Vaticano reconociera al nuevo Estado chileno, ya que ese hecho implicaba una garantía de legitimidad internacional de cara a cualquier potencia colonial que tuviera pretensión de intervenir en el territorio. Ese reconocimiento Papal sólo llegó en 1840, pero dejando abiertos una serie de problemas, en particular la prerrogativa en el nombramiento de los obispos (el problema del Patronato) y la desamortización de los mayorazgos, que también afectaba a las órdenes religiosas y a los obispados, propietarios de grandes haciendas indivisibles. Ambos problemas hicieron crisis durante el gobierno de Manuel Montt, que se dividió entre montt-varistas partidarios de la preeminencia de la autoridad civil sobre la religiosa, y los “ultramontanos”, que buscaban subordinar la autoridad estatal a la eclesiástica.

La República en laicización: Aunque en 1865 se aprobó una ley interpretativa del artículo 5.º de la Constitución de 1833, que estableció una relativa libertad de culto, que permitió la existencia de templos protestantes, el statu quo se mantuvo hasta el inicio del gobierno de Domingo Santa María, que logró promulgar las llamadas “leyes laicas” (registro civil, cementerios y matrimonio laico). Estas medidas supusieron el fin formal de la tutela eclesial sobre tareas del Estado. Sin embargo, luego de la derrota balmacedista en 1891 el régimen pseudoparlamentario prácticamente no registró avances importantes en este ámbito, produciéndose regresiones confesionales, motivadas por el embate restaurador del Papa Pio X contra el “modernismo”, lo que justificó fastuosos Congresos Eucarísticos y la construcción de “templos votivos” a costa del Estado.

La República laica: La parálisis política se quebró con la promulgación del Constitución de 1925 que definió en su artículo 10 nº 2 la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta legislación tiene un gran mérito si se compara con el caso de Argentina, que nunca llegó a esta definición constitucional, lo que alimentó enormes conflictos durante todo el siglo XX, especialmente bajo el peronismo. En cambio la república laica chilena articuló un entendimiento virtuoso entre Iglesia y Estado que contribuyó a la estabilidad política al país. Cabe recordar que se reconoció a la Iglesia Católica un rol en la educación como “institución cooperadora de la función educativa del Estado”, lo que garantizó la preeminencia de la educación pública y un papel estrictamente complementario a la labor eclesiástica. Una situación casi inversa a la que se vive en la actualidad.

La República de la laicidad restringida: Con el golpe de 1973 la Iglesia Católica se vio impelida a asumir un rol supletorio del Estado en materia de preservación de derechos básicos. Esta situación, no buscada, llevó al Cardenal Silva Henríquez a desplegar tareas de emergencia, impropias de la Iglesia en tiempos de normalidad democrática, lo que le otorgó un extraordinario papel de mediación y vocería política, crucial en tiempos de excepción. Se trató de un efecto indirecto e indeseado del compromiso eclesial con la defensa de los DDHH. Pero una vez restaurada la legalidad civil en 1990, sectores conservadores del episcopado han tratado de prolongar ese papel en tiempos de normalidad institucional. De esa forma un nuevo tipo de “ultramontanismo” episcopal ha tratado de ejercer un rol de tutelaje moral de la acción del Estado. Esta situación explica las constantes “batallas” de parte del clero en contra de las políticas de salud reproductiva, divorcio, educación sexual, contracepción de emergencia, leyes antidiscriminación, educación inclusiva, unión civil, y en el último período contra la despenalización del aborto en 3 causales y el proyecto de matrimonio igualitario. En este proyecto los integristas católicos han entrado en los últimos años en una inesperada alianza con los sectores fundamentalistas evangélicos, fraguando un peligroso contubernio que la revista La Civiltà Cattolica ha llamado “El ecumenismo del odio[1]”.

Neoclericalismo multiconfesional

Por su parte, algunos grupos del pentecostalismo vieron en la dictadura una oportunidad para salir de la situación de “latencia política” que había diagnosticado la sociología de los años 60[2]. Vislumbrado el quiebre entre la Iglesia Católica y la dictadura, este sector se constituyó bajo la forma de un “grupo de presión”, de acuerdo a la definición de Badia: “Los grupos de presión no pretenden conquistar el poder, sino influirlo en pro de sus fines particulares. Son grupos sectoriales y no tienen una visión de conjunto, sino parcial de los problemas de la sociedad[3]“. La instauración del “Te Deum” evangélico fue la manifestación pública de un giro más profundo que modificó radicalmente la laicidad del Estado. Hasta 1973 la imparcialidad de Estado se había entendido como un deber de no intromisión, pero no como un deber de promoción activa de sus proyectos o actividades. La dictadura cambia este rol iniciando una política que ha buscado homologar ciertas prerrogativas de la iglesia católica, heredadas de la república confesional, a las iglesias evangélicas adeptas al régimen. Este criterio es el que ha prevalecido desde entonces.

Así, lejos de cuestionar la pervivencia de feriados religiosos, se concedió el feriado del 31 de octubre como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. En vez de eliminar la figura de los capellanes castrenses, se han instituido las capellanías evangélicas, complementarias a las católicas. En vez de revisar el carácter confesional de la clase de religión en el currículo escolar, se instauró un currículum evangélico paralelo. Si la Iglesia Católica recibe una subvención económica para la restauración de templos de valor patrimonial, se implementa la misma política respecto a los templos evangélicos. Esta dinámica es financiera y políticamente insostenible, ya que la diversificación de las identidades religiosas en la sociedad actual llevaría a largo plazo a multiplicar indefinidamente las políticas de reconocimiento de nuevas confesiones y grupos religiosos que tendrían derecho a similar tratamiento.

Esto se observa en relación al culto religioso de los pueblos indígenas, que no es considerado en pie de igualdad en estas políticas: no participan en el Te Deum, no poseen capellanes, no están presente en el currículo escolar, etc. Tampoco esta política atiende a las formas emergentes de “religiosidad difusa”, propias de la postmodernidad, que se expresa por medio de corrientes de espiritualidad oriental, ligándose a prácticas como el yoga, la meditación, u otras prácticas de autocuidado. Incluso las nuevas corrientes migratorias también están modificando la demografía religiosa del país, especialmente en el caso de la población haitiana que profesa su propia tradición religiosa afro-caribeña o las nuevas comunidades musulmanas.

Hoy la laicidad del Estado chileno ha devenido a una situación restringida, que ampara prácticas de paternalismo injustificado. Salvaguardar los derechos de la parte más débil y garantizar el principio de igualdad, no justifica la promoción activa de la práctica religiosa por parte del Estado. El correcto ejercicio de la libertad religiosa obliga a situar ese derecho estrictamente dentro de las competencias de la sociedad civil. Romper ese marco nos llevará tarde o temprano a un neoclericalismo, multi-confesional, pero no confeso. El caso de Brasil, donde la bancada parlamentaria “evangélica” ha resultado crucial en el agravamiento de la actual crisis institucional muestra lo peligros

[1] Antonio Spadaro S.J. y Marcelo Figueroa. “Fundamentalismo evangélico e integrismo católico. Un ecumenismo sorprendente” en http://blogs.herdereditorial.com/la-civilta-cattolica-iberoamericana/fundamentalismo-evangelico-e-integralismo-catolico/

[2] Lalive d’Epinay, Christian “El refugio de las masas. Estudio sociológico del protestantismo chileno”, Editorial del Pacífico, Santiago, 1968.

[3] Badía, Ferrando (1977): “Grupos de presión, de promoción y de presión”. Revista de Estudios Políticos, 213/214, 9-44.

Los afrechos de Bofill

La sabiduría popular lo dice: la culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho. O en otras palabras, la responsabilidad de que un ex ministro de la dictadura como Sergio Melnick sea panelista estable en un programa de debate en la televisión no recae en último término en ese propagandista del pinochetismo, que simplemente va donde lo llaman, y le pagan.  La responsabilidad en el director de prensa de canal 13, Cristian Bofill, que define la pauta y fija los criterios de su estación televisiva.

Ante la decisión de la candidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez de no concurrir a un espacio donde se valida y legitima el prontuario de un antiguo funcionario de primer nivel de la dictadura pinochetista, Cristian Bofill señaló: “Para Canal 13 es de la esencia de la democracia y del periodismo el debate respetuoso entre personas que representan diferentes visiones”.  ¿Cómo negar esta afirmación? ¿Quién en teoría podría rechazarla? El problema es que toda la acción profesional de Cristian Bofill, desde su paso por La Tercera hasta su arribo a Canal 13 se puede entender como una negación sistemática y deliberada de ese principio.

Un debate plural exige un marco básico, donde la comunicación pueda fluir, entendida como libertad de expresión, control a la concentración de la propiedad de los medios, derecho a la información y diversidad en los contenidos, entre otros aspectos. La existencia de estos criterios permite llegar a un pluralismo informativo estructural, entendido como un conjunto de precondiciones institucionales que garanticen y promuevan la comunicación libre, participativa y equitativa de intereses, ideas y realidades del país. Para eso se deben garantizar condiciones institucionales en los medios, por medio de garantías y regulaciones que permitan a la población acceder a la información sin restricciones arbitrarias.

En especial se debe garantizar la autonomía de los medios de comunicación respecto a quienes ejercen el control de su propiedad. La democracia exige que los medios de comunicación no dependan de un puñado de financistas que extorsionen o presionar sobre las líneas editoriales mediante la disminución de financiamiento y auspicio, o utilicen sus medios de comunicación como un arma financiera o comercial.

No hace falta demostrar lo alejado que esta Chile de esta realidad. Lo grave es que gente como Cristian Bofill apelen a este tipo de principios para legitimar modelos de comunicación que van frontalmente en contra de estos criterios. Si Bofill creyera en el “debate respetuoso entre personas que representan diferentes visiones” la composición del panel estable de sus programas políticos tendría una composición pluralista, acorde a la diversidad nacional, y no estaría acotado al minimalismo binominal/ neoliberal.

Si Bofill creyera en el pluralismo informativo Maximiliano Luksic, hijo de Andrónico Luksic, el dueño del canal, no sería su subdirector ejecutivo. De la misma forma, Bofill habría resguardado durante los 14 años en que dirigió La Tercera la influencia indebida de Álvaro Saieh respecto al medio de su propiedad, estableciendo un límite entre el control financiero de la empresa (COPESA) y la dirección de prensa de La Tercera, como medio de comunicación. Recordemos que La Tercera nunca publicó información alguna sobre los problemas de solvencia de Corpbanca o supermercados Unimarc, propiedad de Saieh, mientras Bofill era director de ese diario.

Lejos de eso Bofill siempre ha actuado como funcionario irrestricto de los dueños de sus los medios que ha dirigido, ya sea Saieh o Luksic. De esa forma un domingo de abril de 2016 el noticiero Teletrece abrió su programación presentando por largos minutos un video que Andrónico Luksic subió a YouTube con el fin de responder a las críticas que se formulan contra su holding. En ningún momento Bofill mencionó que Luksic es el dueño del canal. Por supuesto en Teletrece se puede ver constantemente profusa información sobre las actividades del grupo empresarial que controla el canal, por ejemplo, sobre Minera Los Pelambres, pero nunca se ha dado la palabra a la comunidad de Los Pelambres afectada por esta actividad minera.

Que Sergio Melnick sea panelista político estable en este canal es reflejo de este tipo de gestión periodística, que confunde deliberadamente a su audiencia, convirtiendo a defensa de un grupo económico en libertad de prensa y blanqueando como pluralismo mediático la representación de un personaje que era ministro de una dictadura que cometía crímenes de Estado, y que recibía constantemente informes de la CNI sobre sus “logros” y “objetivos”.