Piñera: ¿el presidente del crecimiento?

El factor crucial, que definió las elecciones presidenciales de 2017 fue sin duda la expectativa de los electores respecto al crecimiento económico. Y eso explica el arrollador triunfo de Sebastián Piñera. La división de la Nueva Mayoría y el impulso del naciente Frente Amplio también fueron elementos que jugaron un rol, pero no tienen punto de comparación ante un dato fundamental, que fue muy bien trabajado por la derecha y que encontró eco, de distintas maneras, entre diferentes capas de la población.

Vale recordar que la ralentización de la economía chilena no comenzó con la elección de Michelle Bachelet. Ya en 2013 la economía chilena creció un 4,1 por ciento, la cifra más baja desde 2010, producto de una fuerte caída en la inversión durante la segunda mitad de ese año. Como recuerda el economista Ricardo Ffrench-Davis[1] “Las exportaciones en el gobierno de Piñera se trancaron. En el gobierno de Piñera. No en este gobierno”. A la vez, fue el gobierno de la derecha el que deterioró los equilibrios fiscales: “Piñera recibió un estado que era acreedor del mundo” y “entregó un estado que era deudor neto del mundo”. Como observa el académico: “Estaban con las manos llenas con el precio del cobre y tuvieron déficit fiscal. Entregaron déficit estructural y efectivo”. Recordemos que Piñera subió el impuesto a las empresas del 17 al 20%, pero a la vez redujo otra serie amplia gama de impuestos, mientras introdujo diversos gastos permanentes, como el nuevo post natal. De allí que Ffrench-Davis concluya que “No se pueden bajar impuestos a menos que se bajen grandes gastos permanentes”.

Pero en términos generales Piñera contó entre 2010 y 2012 de una suerte excepcional, ya que le acompañó un alto precio del cobre y un gran dinamismo internacional, por lo cual la derecha resalta cada vez que puede que se creció al 5,3% anual como promedio de su gestión, aunque entregó el Gobierno creciendo sólo a 2,7% en sus dos últimos trimestres. En general fue un período que navegó con viento de cola a nivel global. Pero cabe dudar de que ello pueda explicarse por méritos de la gestión del gobierno. En ese mismo lapso, 2010-2013, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia crecieron más que Chile.

Al contrario, al gobierno de Michelle Bachelet le tocó navegar con un fuerte viento de frente, promediando un 2% en cuatro años. Por eso Andrés Allamand publicó sarcásticamente en Twitter: “El legado Bachelet: El gobierno con peor crecimiento económico desde 1990. Punto final”. Es indudable que la desaceleración de los últimos meses de la administración de Piñera se agravó durante 2014, y llevó a un 2015 en que no sólo se estancó la inversión sino también el consumo, un dato inédito desde 1990. Este elemento es el que más impacto tiene en la calle. Es el factor que resienten de inmediato los comerciantes, sin importar su escala. Ya sea una gran cadena de Retail o una feriante del persa de teniente Cruz en Pudahuel, la contracción en la demanda del consumo cotidiano es un dato que se percibe de forma instantánea, y genera efectos subjetivos enormes, que inciden directamente en el deterioro del mercado del trabajo y en las remuneraciones.

Crecimiento: ¿pieza clave, pero suficiente?

El gobierno de Sebastián Piñera sabe que sus electores lo medirán casi exclusivamente por esta vara. Todo lo que acompañe su gestión será anecdótico respecto al sumo criterio del crecimiento. Y todo indica que nuevamente comenzará su gestión con mucho viento a favor. Roberto Angelini, presidente de empresas Copec, ya lo expresó en octubre pasado en una entrevista: “¿Cómo le fue económicamente al Grupo Angelini este año? – Creo que terminará mejor de como empezó. Tampoco puedo decir en detalle porque no tenemos el resultado, pero así como se ven las cifras, hay buenas perspectivas. ¿Concuerda con el ministro de Hacienda en que hay señales robustas de reactivación, que irían más allá de brotes verdes en la economía? – Sí, por los precios de nuestros productos. Creo que cerraremos un buen año, con brotes verdes tanto en Chile como afuera […] En general, el año 2018 se ve bastante bien para todos los sectores en que estamos involucrados[2]”.

Similares opiniones han mostrado todos los principales grupos económicos del país. Esta situación se explica por la recuperación económica mundial, la estabilidad del mercado chino -el principal comprador de cobre del mundo- y la disminución del valor del dólar, lo que favorece el incremento del valor de la libra del metal rojo. El precio de la libra de cobre alcanzó en diciembre los US$ 3,24, un alza de un 30,1% respecto de enero de 2017, cuando llegó a los 2,5 dólares.

Un efecto de este nuevo ciclo es el incremento del valor del peso chileno en un 8,93% respecto de enero de 2017. A su vez el segundo semestre muestra un incremento de los flujos de capital, y fuertes ganancias Otro del IPSA, que cerró el año con 5.564,6 puntos, un 30,14% superior a enero del pasado 2016, algo que no ocurría desde 2010. La clave de este proceso no está en Chile, sino en la recuperación económica mundial y particularmente en la estabilidad del mercado chino. Aducir variables de política interna es simplemente un recurso oportunista y electoral.

El significado del crecimiento

Es indudable que el crecimiento económico es un factor relevante en la vida de un país. Sin embargo, no lo es todo. Así lo entendió la presidenta Michelle Bachelet, según sus propias palabras: “A mí no me interesa para nada un crecimiento económico brutal por sí solo, el crecimiento económico tiene que expresarse en una mejora en la vida de las personas […] Y digo para las personas porque para aquellos que miden el Gobierno solo por el crecimiento económico, evidentemente este no va a ser el Gobierno de mayor crecimiento económico. Eso es evidente. Sin embargo, yo espero que todas aquellas reformas que han buscado darle más dignidad a las personas, más igualdad en sus oportunidades y derechos, queden plasmadas en la vida de la gente”.

Esta mirada descree del crecimiento como solución para todos los males y fuente de todos los bienes de una sociedad. Pero este convencimiento va en contra de una de las bases de la modernidad capitalista. Una idea tan fuerte y extendida que ha llegado a ser una convicción casi religiosa. Eso es lo que plantea Yuval Noah Harari: “La modernidad, en cambio, se basa en la firme creencia de que el crecimiento económico no solo es posible, sino que es absolutamente esencial. Las oraciones, las buenas obras y la meditación pueden ser reconfortantes e inspiradoras, pero problemas tales como el hambre, la peste y la guerra solo pueden resolverse por medio del crecimiento”. La idealización de estas variable ha llegado en algunas sociedades a ser una verdadera obsesión, como ocurre en Singapur, donde el salario de los ministros está asociado directamente al porcentaje de crecimiento, de forma similar a los bonos que reciben los directores de una empresa.

Para Chile el énfasis unilateral del nuevo gobierno en el crecimiento puede incrementar la conflictividad social. Especialmente si se recuerda que en nuestro país el 1% más rico, 120 mil personas, tienen una mediana de ingresos de $8,1 millones mensuales y el 0,1% más rico, 12 mil personas, una mediana de $48 millones mensuales. El 30% de los ingresos nacionales se concentra en el 1% más rico; el ingreso promedio de los trabajadores es de $517 mil, pero el 50% de los trabajadores recibe menos de $350 mil y el 80% menos de $650 mil. A la vez la deuda morosa promedio es de $1.450.000. La pensión de vejez por edad promedio que entregan las AFP en modalidad de retiro programado es de $126 mil y el 90% recibe menos de $160 mil. En este contexto el crecimiento por el crecimiento es una bomba de tiempo.

Pero la desigualdad no es la única variable crítica. Más radicalmente, el énfasis productivista puede llevar a exacerbar la conflictividad ambiental. Es lo que auguran las declaraciones de varias personalidades del nuevo gabinete, en particular de la futura ministra de medio ambiente Marcela Cubillos, que adelantando los ejes de su gestión señaló: “Es un proyecto en el que queremos que el cuidado y la protección del medio ambiente salga de una discusión o dicotomía que se oponga al desarrollo[3]”.  En la misma línea se interpretan las declaraciones del futuro ministro de economía José Ramón Valente respecto al caso de una minera: “Dominga es un proyecto grande. En mi opinión un proyecto interesante, pero obviamente fue rechazado por alguna razón y lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan a ese proyecto que está en el tribunal ambiental y ver si es que efectivamente puede ser rescatado[4]”.

Otro factor crítico es el carácter del crecimiento y su sostenibilidad en el tiempo. Para ello sería necesario diversificar la matriz exportadora, especialmente en las áreas donde el país presenta fortalezas, como la industria de la energía solar, la industria del litio, el “cobre verde”, el turismo de intereses especiales, los servicios globales y a la “economía naranja”, ligada a la creatividad y los bienes intangibles del conocimiento. Pero estos factores no aparecen destacados en el programa de Sebastián Piñera. Y en general, no se percibe voluntad de elevar el gasto en I+D+i+e, que permita incorporar más conocimiento y tecnología a la producción.

Chile posee grandes riquezas ligadas a sus recursos naturales. Pero este patrimonio es por su naturaleza limitado. O no es renovable, como en la minería, o es de muy lenta y difícil recuperación, como la pesca y la industria forestal. Frente a eso el crecimiento sólo se puede expandir hacia una única frontera: el conocimiento. Este tipo de producción inmaterial desafía y excede los límites de la propiedad privada, porque posee la necesidad de generar redes colaborativas para su producción, y exige una relación privilegiada de inversión desde la esfera estatal. Por lo tanto, es un ámbito que permite enfrentar y compensar las tendencias rentistas y extractivistas de la economía chilena. La pregunta clave es, por lo tanto: ¿será capaz la derecha chilena de asumir este desafío dentro de su agenda pro crecimiento? ¿o sucumbirá nuevamente ante la ganancia fácil e inmediata ligada a la sobreexplotación de los recursos naturales? Si bien a los electores de Piñera lo que le piden es incrementar crecimiento a cualquier precio, el país es mucho más amplio, y la historia le juzgará de cara a este desafío.

Referencias

[1] Declaraciones a ADN Radio http://www.adnradio.cl/noticias/economia/economista-pinera-recibio-un-estado-acreedor-y-lo-devolvio-como-deudor/20170510/nota/3459138.aspx

[2] Entrevista en Pulso, 18/10/2017.

[3] El Dínamo, 15 de febrero de 2018.

[4] La Tercera, 12 de febrero de 2018.

¿A quién beneficia la abstención electoral?

La baja participación electoral es uno de los factores más determinantes de la realidad política chilena. Este factor ha cambiado de forma profunda las correlaciones de fuerza entre partidos y coaliciones y ha obligado a generar nuevas estrategias electorales. Ya desde antes del 31 de enero de 2012, cuando comenzó a regir la Ley Nº20.568 que reguló la inscripción automática y el voto voluntario, las cifras de participación electoral indicaban un descenso importante, y desde 1998 se podía constatar un incremento del voto nulo. Pero sólo desde 2012 esta disminución ha sido abrumadora, llegando a un mínimo en las últimas elecciones municipales de 2016, cuando la abstención llegó al 65%. Por eso en las presidenciales y parlamentarias de este mes la variable más importante en los resultados será el volumen de participación, atendiendo a que el electorado de mayores ingresos tiene un hábito de participación electoral más consolidado y constante, por lo cual la cifra de abstención en el resto de la sociedad determinará su capacidad de representación.

Pero más allá de los efectos estrictamente electorales existe una consecuencia netamente social de la que no se habla mucho. Ya en 1996 el politólogo Arend Lijphart señaló que las desigualdades en la participación electoral son perjudiciales para el conjunto de la vida social y económica de los países ya que «la participación desigual genera una influencia desigual”[1]. Esto representa un gran dilema: los sectores más propensos a votar son sobre-atendidos y representados en los programas y políticas públicas, mientras los menos propensos a votar son olvidados o menos considerados por parte de los candidatos y tomadores de decisión.

Siendo el abstencionismo un fenómeno multicausal, que atraviesa todo el espectro político, los estudios internacionales permiten advertir algunas constantes que permiten levantar algunas hipótesis respecto de sus efectos en la vida política de los países[2]. Un primer dato es que la baja participación electoral se concentra entre los ciudadanos de menores ingresos. Mientras las personas con mejores ingresos, más educadas, y que poseen habilidades y recursos políticamente valiosos continúan votando en niveles similares a los del pasado, la participación electoral de las personas con mayor pobreza, menor nivel educativo, y menores recursos y vínculos sociales está disminuyendo en todo el mundo. Además, esta brecha entre la participación electoral de los ricos y de los pobres se está ampliando con el tiempo, y es más fuerte entre los jóvenes.

Por otra parte, mientras la participación electoral disminuye, se incrementan y masifican otras formas de participación democrática, de carácter más directo: las protestas y marchas, escribir correos electrónicos o mensajes en redes sociales, el trabajo con grupos de interés público, y otras formas de movilización, sin voto. El problema es que, aunque se esté expandiendo la participación directa, en formas antiguas y nuevas de acción no electoral, el acto de votar sigue siendo el casi el único momento políticamente determinante. Y este acto está operando sobre la base de una brecha cada vez mayor entre los “políticamente ricos” y los “políticamente pobres”.

El desagrado con la democracia

Según un estudio de PEW research[3], el compromiso público con la democracia representativa es más alto en países que tienen una democracia que funciona bien. En general existiría una correlación entre una alta participación electoral y un buen funcionamiento de las instituciones. En cambio, en los países donde las instituciones de la democracia no se perciben funcionando adecuadamente, el compromiso con estas instituciones baja.

Esta percepción no tiene relación exclusiva con la prosperidad económica general de los países. Incluso en las democracias de países ricos y bien establecidos, los modelos no democráticos encuentran cierto apoyo. Es posible advertir la existencia de minorías significativas en este tipo de países, donde porcentajes alarmantes de personas están abiertas a alternativas no democráticas de gobierno, si esa opción satisface sus requerimientos individuales. Es lo que muestran las cifras de Hungría, Corea del Sur, Polonia, España, Japón e Israel. Las cifras de estos países son muy similares a las de Chile, donde sólo un 19% de la población manifiesta un compromiso “fuerte” con la democracia, un 38% posee un compromiso “débil” y un 24% no manifiesta una adhesión permanente con la democracia: esto quiere decir que para este último grupo es indiferente vivir en un marco democrático o despótico de gobierno.

En los países de altos ingresos el sector que expresa menor adhesión a la democracia es el que tiene menor educación (aunque eventualmente sus ingresos puedan ser relativamente altos). Por ejemplo, en  EEUU el 24% de las personas que sólo tienen educación secundaria, o un menor nivel educativo, piensa que un régimen militar sería bueno para su país. En cambio, sólo el 7% de las personas que tienen algún grado de educación más allá de secundaria piensa lo mismo.

Este estudio muestra diferencias enormes por continente: el promedio mundial de satisfacción con la democracia es del 46%, mientras la insatisfacción llega al 52%. Paradojalmente, Asia-Pacífico y África subsahariana muestran los mejores promedios mundiales, aunque con grandes diferencias país a país. En estas regiones democracia se asocia a progreso, y el autoritarismo a un pasado de grandes privaciones y guerras. También en Europa los datos cambian mucho de un país a otro. Siete de cada diez personas están contentas con su democracia en Suecia, Países Bajos y Alemania. Pero el dato se invierte en el sur de Europa donde dos tercios o más están insatisfechos en Italia, España y Grecia, países que arrastran los efectos de una crisis económica de más de una década.

América Latina es el continente donde las cifras de insatisfacción democrática son las más altas del mundo, como promedio. Al respecto el estudio muestra que este dato está fuertemente relacionado con la satisfacción con el funcionamiento de la microeconomía. La brecha en la satisfacción democrática entre aquellos que están contentos con su situación económica y aquellos que no o están es de al menos 20 puntos porcentuales en 29 de 36 países. Las personas que dicen que la economía nacional está funcionando bien para ellos, evalúan favorablemente el sistema democrático, mientras ocurre lo inverso entre quienes muestran insatisfacción personal con el funcionamiento económico. Esta “satisfacción económica” tiene relación con las expectativas de bienestar social y progreso futuro. En 35 países la satisfacción democrática es menor entre aquellos que piensan que la vida es peor hoy que hace 50 años. En 34 países la satisfacción es menor entre aquellos que creen que los niños que hoy están creciendo estarán en el futuro en peores condiciones de trabajo y bienestar social que sus padres.

La importancia de la formación ciudadana

Frente a esta crisis de valoración de la democracia distintos países han optado por reforzar en sus currículos escolares la formación ciudadana, entendida como la promoción de las convicciones, prácticas y hábitos democráticos. En Chile esto se realizó por medio de la promulgación de la ley 20911 en 2016, que mandató a todos los establecimientos escolares que reciben financiamiento público (municipales y subvencionados) a elaborar planes anuales de formación ciudadana que se integran en el plan de gestión general de jardines infantiles, escuelas y liceos. A la vez, se inició la preparación de una nueva asignatura o sector de aprendizaje que está en proceso de análisis y debate en el Consejo Nacional de Educación, en vistas de iniciarse en 2019. Esta asignatura estará orientada a los últimos años de secundaria.

Estas iniciativas son importantes, pero no se puede esperar que por medio de estos procesos se pueda incrementar mecánicamente la participación electoral de los sectores más desfavorecidos económica y socialmente. Los datos internacionales que revisamos muestran que los factores determinantes en la valoración de la democracia radican en la calidad de las instituciones públicas, en su capacidad de generar equidad en materia económica y unas perspectivas de futuro de bienestar y progreso.

Sin embargo, mientras estas metas no se logren alcanzar estructuralmente será necesario invertir fuertemente en promover convicciones democráticas en todos los niveles de la sociedad. El desprecio a la democracia, naturalizado como repulsa a la política, genera efectos de sociales enormes, que requieren un contra-impulso inteligente y sistemático por medio de los sujetos y actores sociales significativos, que generan legitimidad social y política. La democracia no puede ser valorada solamente por argumentos pragmáticos, por importantes que sean. Es necesario generar convicciones democráticas profundas, capaces de oponerse a quienes piensan que es preferible una dictadura eficiente, que genere riqueza, al precio de sacrificar la libertad y la dignidad inherentes al principio democrático. Como sostuvo Giovanni Sartori: “La democracia es, antes que nada y, sobre todo, un ideal. […] Sin una tendencia idealista una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente. Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas; las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas”[4]

 

[1] Lijphart, A. (1997). “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”. Presidential Address, American Political Science Association, 1996. American Political Science Review, 91(1), 1-14. doi:10.2307/2952255

[2] Dalton, Russell J, “Is citizen participation actually good for democracy?”. En http://www.democraticaudit.com/2017/08/22/is-citizen-participation-actually-good-for-democracy/

[3] Pew Research Center, October, 2017, “Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy”. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/13164509/Pew-Research-Center_Democracy-Report_2017.10.16.pdf

[4] Sartori, G. 1991. “Democracia.” Revista de Ciencia Política 13(1-2), 77-96.

Chile en la era de la Posverdad

Cada año el Diccionario Oxford identifica una lista de palabras que comienzan a ser utilizadas en inglés y las incorpora a su elenco. Entre esos neologismos escoge la “palabra del año”, tratando de reflejar los intereses del momento. En 2013 eligió “selfie”, 2014 “vapear” (fumar cigarrillos electrónicos), 2015 “emoji” y en 2016 la elegida fue “post-truth” (posverdad), concepto que se masificó en procesos políticos como el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump.

Se trata de un adjetivo, ya que vendría a calificar un tipo de política, la “post-truth politics”, una “política posfactual” donde la veracidad de los hechos ha sido subordinada tanto por quienes transmiten el discurso como también por quienes desean escuchar esas afirmaciones y les otorgan verosimilitud. La política de la posverdad altera el “clima de opinión” de la sociedad, logrando que posiciones muy minoritarias se visualicen como mayoritarias y las mayoritarias se vean minorizadas artificiosamente. Se produce así una “espiral del silencio” en la cual las personas, aisladas e incomunicadas entre sí, al no encontrar en los medios de comunicación un apoyo o reconocimiento a sus opiniones, se suman al coro mediático dominante, aunque este carezca de base empírica o mínimamente razonable para sustentar sus juicios. El supuesto básico es que las personas tienen temor a quedar aisladas, por lo cual tienden a apoyar la postura que parezca mayoritaria o consensuada. Si un grupo minoritario logra controlar este ambiente puede ser percibido como mayoritario, aunque en realidad sea una ínfima minoría y sus opiniones carezcan de sustento o verificación factual.

Si bien es legítimo que una minoría trate de cambiar un clima de opinión adverso, ello se debería lograr de acuerdo a unos criterios mínimos, propios de la deliberación en democracia. Para la teoría de la acción comunicativa de Habermas estos criterios son cuatro: inteligibilidad, verdad, veracidad y rectitud normativa[1]. Sin el apego a estos “universales pragmáticos” es imposible que opere la racionalidad democrática. Eso es lo que la política de la posverdad corrompe de forma deliberada.

Modus operandi de la Postverdad

La noción de posverdad connota algo más que un simple engaño. La compleja trama de las comunicaciones virtuales hace que una mentira tradicional se amplifique a niveles insospechados, logrando la colaboración activa de la audiencia primaria del mensaje, que parece despreciar deliberadamente los hechos que desmienten las afirmaciones divulgadas, ya que logra despertar en ellos una adhesión emocional. Opera un “sesgo de confirmación” que hace que los seguidores de los medios alineados con la política de la posverdad reafirmen sus creencias preexistentes, de forma acrítica.

Los ejemplos más estudiados en Estados Unidos han sido los rumores referidos a la falsificación del certificado de nacimiento del presidente Barack Obama, o su supuesta adhesión al Islam. Aunque esas acusaciones eran inverosímiles y se desmintieron documentalmente, por fuentes imparciales y verificables, los medios de comunicación opositores a Obama mantuvieron una presión permanente sobre estas afirmaciones, construyendo “cámaras de eco” en esos temas. Estas “cámaras” consisten en la constitución de sistemas cerrados de información que deliberadamente minimizan las afirmaciones contradictorias. Sin recurrir a la censura de las posiciones adversas, una “cámara de eco” genera una sobre-representación de un punto de vista y minimiza la posición inversa. Por más exagerada, magnificada o distorsionada que sea una afirmación o narración, su verosimilitud se logra por la vía de la repetición constante, que termina siendo asumida como válida por una audiencia que busca reafirmar sus prejuicios.

Cuando sólo existían los medios de comunicación analógicos las “cámaras de eco” se rompían por medio de experiencias de comunicación directa entre las personas. Incluso en medio de la dictadura el crimen de Guerrero, Parada y Nattino en 1985 obligó a renunciar a Director de Carabineros, ya que la verdad del “boca a boca” fue más fuerte que la censura oficial. Aún hoy la reunión de un sindicato, un centro de alumnos o una asamblea de vecinos puede alterar la agenda de los periódicos o la televisión, como ocurrió con las movilizaciones de 2011. Pero en general, en la era de internet, las experiencias de asociatividad directa se han debilitado, adquiriendo fuerza las comunicaciones telemáticas, especialmente por las redes sociales.

En ese contexto entran a gravitar factores nuevos, como las “burbujas de filtro” en internet. Una “burbuja de filtro” es el resultado de las búsquedas que una persona realiza en la red. A partir de esta información se originan una serie de algoritmos que predicen, de forma automática, sus búsquedas futuras, sus preferencias de información, etc. Google, Facebook, Twitter almacenan una enorme información sobre localización, historial de búsquedas, y páginas web a las que se dio clic en el pasado. Sobre esos datos los internautas son alejados de la información que no coincide con sus puntos de vista, aislándolos en “burbujas”, propias de sus intereses y valoraciones. Esta situación hace que las las redes sociales funcionen cómo “ecosistemas mediáticos” autocentrados. De esa forma quienes repiten una afirmación falsa se relacionan con gente que también replica esas afirmaciones, y que no tienen interés en su comprobación factual, reproduciéndolas sin comprobación. En esos entornos la campaña de un grupo concertado se puede magnificar con las acciones que genere su “audiencia cautiva”, que asume y reproduce sus mensajes sin necesidad de verificación. Analizaremos algunos casos recientes ocurridos en Chile.

Posverdad a la chilena

En medio de los enormes incendios forestales de enero de 2017 las redes sociales se saturaron con mensajes que mezclaban la justa alarma pública, con sofisticadas teorías de la conspiración, y ejercicios de criminalización de las instituciones del Estado, inmigrantes e indígenas. Una línea de la comunicación acusaba al gobierno de un cúmulo de responsabilidades, que pasaban desde una lenta reacción ante la catástrofe, a la desidia premeditada (especialmente por rumores sobre la supuesta falta de recepción al avión Supertanker) hasta terminar achacando al ejecutivo la autoría directa de los incendios en medio de las más delirantes conjeturas. Juan Pablo Swett, personaje influyente en la derecha, llegó a publicar imágenes de brigadistas de CONAF, a los que se les presentaba propagando o generando los incendios. Otra línea de comunicación, paralela y complementaria, apuntaba a un complot incendiario de mapuches y migrantes colombianos, adiestrados por las FARC. Y al gobierno se le achacaba amparar estas acciones. En ese contexto el ex comandante en jefe de la Armada, y ex senador UDI, Jorge Arancibia, declaró en radio Agricultura que las autoridades de gobierno tenían conocimiento de quiénes eran las personas que provocaron los incendios. Sin embargo, afirmó, “les falta nuevamente la voluntad política de cómo enfrentarlo”, asegurando que él tenía acceso directo a información de inteligencia:  “Yo tengo fuentes de información muy válidas, en inteligencia se habla de Alfa 1, o sea, informaciones bastante nítidas y claras[2]”. Citados a declarar ante la justicia por sus responsabilidades en estas acusaciones, tanto Swett como Arancibia se han escudado en la libertad de expresión y han entrado en contradicciones con sus afirmaciones anteriores. Pero el efecto concreto de la política de posverdad fue acrecentar el temor de la población, ya que deslegitimó directamente a las instituciones encargadas de apagar los incendios. El informe técnico de los expertos internacionales[3], que han tratado de contextualizar las causas, aciertos y deficiencias en la reacción a la catástrofe ha pasado desapercibido, mientras en la memoria colectiva han quedado las polémicas artificiales generadas por estos mensajes.

Otro caso para analizar es la cobertura del caso CAVAL, especialmente el efecto que provocó la revista Qué Pasa al publicar en mayo de 2016 una transcripción de una llamada telefónica donde Juan Díaz, operador político de la UDI, formalizado directamente en ese caso, trata de vincular a la presidenta Michelle Bachelet con dicha investigación. La publicación del rumor de un delincuente, alineado con un partido de la oposición, generó una cadena de desaciertos comunicacionales y jurídicos en el gobierno, que acrecentaron la ola de especulaciones en los medios masivos y en las redes sociales. Un litigio, que analizado imparcialmente no debería haber tenido impacto en la figura presidencial, producto de la política de la posverdad se convirtió en la principal arma opositora para desgastar la reputación de la presidenta y minar su liderazgo, con enormes consecuencias para la agenda programática del gobierno.

Similar análisis cabe en la reciente polémica levantada por La Tercera por la parcela de media hectárea que posee la hija de la presidenta a doce kilómetros del lugar en el cual se piensa instalar el proyecto minero Dominga, en la IV región. El fondo del caso, radicado en una investigación judicial al ex presidente Sebastián Piñera, por negociación incompatible durante el ejercicio del cargo presidencial, producto de la decisión de frenar la central termoeléctrica Barrancones ya que ello favorecía al proyecto Dominga, en el cual tenía cuantiosas inversiones, queda sepultado por una suposición de intenciones en la compra legal de una pequeña propiedad vacacional. El efecto buscado es múltiple: desviar la atención sobre la implicación del expresidente Sebastián Piñera en el proyecto Dominga, incidir en la aprobación de Dominga en el consejo de ministros luego de ser rechazado en primera instancia a nivel regional, y de paso golpear la imagen de la Presidenta de la República.

A simple vista las conjeturas de la posverdad siempre parecen descabelladas, y generan resistencia a ser analizadas y respondidas con seriedad. Pero la experiencia muestra que son armas políticas de enorme impacto, que una vez que se esparcen entre la opinión pública adquieren vida propia. Muchos teóricos literarios y filósofos, cómo Roland Barthes y Michel Foucault ya nos habían advertido de la “muerte del autor”, debido a que en el proceso de la intertextualidad la voluntad y la intención original de quién creo un texto desaparecen en la medida en ese mensaje se propaga. La política de la posverdad asume radicalmente este principio, pero con un supuesto de base: si una información caotiza un sistema informativo, quién disponga de la fuerza y los recursos materiales para imponer su voz en medio del ruido va a terminar por prevalecer.

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[1] Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Madrid. Taurus.

[2] Declaraciones completas en http://www.eldemocrata.cl/noticias/almirante-r-jorge-arancibia-las-autoridades-saben-quienes-son-y-donde-estan-los-que-provocan-incendios/

[3][3] http://www.gob.cl/equipo-especializado-la-ue-incendio-chile-no-precedentes-la-historia-impacto-escala-planetaria/