Ciencia o política: ¿cuál manda?

Álvaro Ramis 

Martin Heidegger, en la primera lección de su curso “¿A qué se llama pensar?” desliza una de sus frases más controversiales y objeto de múltiples interpretaciones: “La ciencia no piensa”[1]. Años después el filósofo comentará esos dichos:  «Esta afirmación resulta escandalosa … dejemos a la frase su carácter escandaloso, aun cuando apostillemos inmediatamente que, no obstante, la ciencia tiene que habérselas con el pensar en su propia forma especial»[2].

Sostener que “la ciencia no piensa” puede llevar a escándalo, ya que la ciencia es en sí el acto humano reflexivo por excelencia, el más alto ejercicio del intelecto en sus funciones elucubrativas, explicativas, taxativas, predictivas y evaluativas. La ciencia lleva a la humanidad hacia las fronteras el conocimiento, y nos hace concientes tanto de lo que sabemos, como de lo que ignoramos, con la mayor certidumbre posible, en las condiciones de nuestro actual entender y comprender. Sin embargo, Heidegger sostiene en que la ciencia no piensa. ¿porqué lo hace? 

Lo que parece decir es que la ciencia calcula, razona, describe, taxonomiza, verifica, comprueba, anticipa, deduce e induce. Pero la ciencia no “piensa” en el sentido filosófico del término. En primer lugar, porque las disciplinas científicas no pueden ocuparse de elucidar sus propios conceptos fundamentales. Es decir, la ciencia se basa en conceptos previos, que le van valor y validez, pero que no necesariamente cumplen con lo que el método científico prescribe Eso se ve al estudiar la historia de la ciencia, donde se  constata que no existe un método único, basado en principios inalterables, ni una que regla que no se haya roto, en los procesos de avance científico. Cómo ha señalado el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend, las infracciones al “método científico”, en su versión cartesiana, han sido condición necesaria, y  no accidental, para su avance. La ciencia ha progresado en buena parte por medio de ensayo y error, construyendo “hipótesis ad hoc”[3], que han permitido “llenar” provisoriamente distintos “vacíos de evidencia”, hasta que un nuevo paradigma cientifico, más complejo, sustituye al anterior. 

Por otro lado, a la ciencia no le cabe decidir y ponderar lo que debemos hacer ante sus evidencias y datos. En otras palabras la ciencia puede decirnos cómo dominar la energía atómica. Pero no le cabe decidir si ese conociento se debería utilizar para producir electricidad, en su uso civil, o para construir armas de destrucción masiva. Nos puede dar datos sobre el desarrollo de una pandemia, pero no nos puede ar una receta única sobre la  política sanitaria del país. A quién le cabe analizar el aporte de la ciencia, y tomar una decisión, es a la conciencia de los gibernantes, y en general al conjunto de la sociedad, que puesta ante la evidencia científica, deberá pensar sobre sus efectos y valorar sus consecuencias. A ello lo llamamos “decisión política”.

En ese ámbito se aplica la distinción de Emanuel Kant entre Razón Pura y Razón Práctica. La ciencia habita en la Razón Pura, donde las evidencias y certidumbres son palmarias, claras, distintas y vinculantes. En cambio, lo que Heidegger llama “Pensar” radica en el reino del la Razón Práctica, el enorme y extenso campo de lo “opinable”, donde pueden existir legítimas preferencias y valoraciones de carácter político, religioso, moral, cultural, o espiritual. En ese sentido, y sólo en ese, la ciencia no piensa. Porque no es su papel extraer o ponderar las consecuencias de sus evidencias y experimentos. Pero el científico, en tanto ciudadano del mundo, sí debe pensar. Y la sociedad humana, tiene el deber de pensar. Actualizando la máxima de Heidegger, la ciencia no piensa…pero no se puede pensar sin la ciencia, o en contra de la ciencia. 

La política anticientífica 

Esta distinción es importante en este tiempo de pandemia. Lo que esta circunstancia obliga, especialmente a las autoridades y espacios de decisión pública, es a pensar. Pero ese pensar es un “momento segundo”, que sigue al “momento primero”, que radica en reconocer el dato o la evidencia de la ciencia, e impone actuar en coherencia con la verificación, empirica o analítica, que permite todo pensar posterior. 

Uno de los mayores dramas que vivimos en este tiempo, con su terrible correlato de incremento en las muertes y en los efectos sociales de la pandemia, radica en aquellos gobernantes que han tratado de “pensar” antes de detenerse ante la ciencia. Ya sea Trump, Bolsonaro o Piñera, el patrón recurrente que se observa es el mismo: un intento de pensar la pandemia, desde la idelogía, y más aún,  desde el interés pecuniario, electoral, o personal. Se advierte un tratar de gobernar las cuarentenas desde la conveniencia de las cifras amañadas, los datos ocultos, los cuentas alegres, las fake news, las teorías del complot o los afanes de competencia internacional. Esto es lo que lleva a los desastres que hoy conocemos, y que se podrían haber evitado si las autoridades hubieran pensado cuando se debe y cómo se debe.

La ciencia no prescribe un curso único de acción política o gubernamental ante una emergencia. Pero presenta un abanico acotado de posibildades, que no se pueden soslayar. Por supuesto, le cabe un ámbito específico al deber de pensar. Los gobiernos deben hacerlo para interpretar, decidir, priorizar, reglamentar, prohibir, incentivar o desincentivar a la sociedad. Cabe allí un espacio a las legitimas preferencias ideológicas o convicciones personales. Pero estas funciones no se deben formular antes, ni menos en contra, de lo que la ciencia delimita como marco obligatorio de realidad. Hacerlo es desertar del deber de buscar aquella verdad que nos debemos, y que no puede surgir sin el recurso a la falibilidad de cada una de nuestras hipótesis.

Política sin ciencia: el caso chileno  

Queda claro que ciencia y política deben tener sus ámbitos de acción diferenciados. El punto de fricción opera cuando estos límites se traspasan.En el caso de Estados Unidos, esto se ve cotidianamente, en las abiertas fricciones entre Donald Trump y los especialistas en salud pública. A fines de junio los principales epidemiólogos de Estados Unidos, incluyendo los que trabajan para el propio gobierno, afirmaron ante el Congreso que es necesario hacer más pruebas de coronavirus para detectar la enfermedad, y no menos, como había anunciado pocos días antes el presidente: “Al contrario, vamos a hacer más test, no menos”, sostuvo el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas, Antony Fauci, considerado el principal epidemiólogo del país y miembro del cuerpo de asesores de la Casa Blanca para el combate a la pandemia de coronavirus.

Pero es en Brasil donde la “guerra” abierta entre ciencia y politica se expresa con su máxima crudeza. Llega a niveles absurdos. Jair Bolsonaro se ha negado, desde el comienzo de la pandemia por coronavirus, a usar una mascarilla de protección. Un juez federal ha tenido que determinar que el presidente brasileño deberá pagar una multa de 2.000 reales por cada día que desobedezca las órdenes que tratan de poner límites a la propagación de la pandemia. Esta situaciónse da en el segundo país del mundo en número de contagios, con más de 1,1 millones y donde el número de fallecidos sobrepasa ya la cifra de 52.000.

En Chile todo el manejo gubernamental de la cuarentena ha estado atravesado por el manejo poco riguroso de las cifras, situación que ha involucrado directamente al ministerio de salud y al ministerio de ciencia. La “Batalla de Santiago”, metáfora que guió las decisiones del ex ministro Jaime Mañalich, ocultó un combate mucho más político-electoral y comunicacional, que un esfuerzo técnico consistente. En palabras del académico y máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Gonzalo Bacigalupe:  “Se asesoraron por investigadores en inteligencia artificial sin calle, sin entender nuestra idiosincrasia. No aprendieron de lo que había sucedido en países con culturas similares -relaciones sociales de mucha cercanía, alta desconfianza en la autoridad, saliendo de crisis políticas y sociales- como Italia y España”.

Este aspecto revela que cuando habla de ciencia, no sólo se debe asumir las prescripciones de las ciencias exactas, como las estadísticas, o de las ciencias de la salud. También las ciencias sociales entregan elementos prescriptivos, en su propio campo de análisis. Carecer de esos elementos termina llevando a afirmaciones tan bochornosas como las que expresó en ex ministro Jaime Mañalisch cuando señaló: ““Hay un sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga… del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”. 


[1] Heidegger, M. (2005), ¿Qué significa pensar? Trad, de Raúl Gabás Pallas. Madrid:Trotta, p. 19

[2] Heidegger, M. (1980), «Martin Heidegger en diálogo», en: García de la Huerta L, M. La Técnica y el Estado Moderno. Santiago: Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile.p. 176.  

[3] Feyerabend, P. (1993). Contra el Método. Barcelona: Planeta De-Agostini.


De gerentes a ideólogos. El nuevo gabinete de Piñera

A inicio de 2010 Sebastián Piñera presentó su primer gabinete ministerial conformado predominantemente por equipos gerenciales. El sello de su primer gobierno pretendía ser el que le proveería gente experta en la gran empresa, con larga carrera en la gestión de compañías de gran escala. A los seis meses de recorrido este diseño empezó a hacer agua. Los gerentes no sabían cómo comunicarse en el congreso, no entendían que debían articularse con los partidos, se contradecían entre sí, minusvaloraban los movimientos sociales, y sobre todo, se desesperaban porque la administración pública es lenta, pesada, ultra-condicionada por las múltiples contralorías y fiscalizaciones internas propias del Estado.

Cuatro años se demoró Piñera en aprender que un buen gerente privado puede ser un pésimo gerente público, si es posible usar esa denominación para quienes detentan un cargo político. Sobre todo si se trata de un gerente a la chilena, acostumbrado a vencer pero no a convencer, ni siquiera a los de su propio equipo. La racionalidad empresarial chilena parece marcada por la vieja escuela del patrón de fundo, que controla el latifundio como quién controla una parte de su casa y que considera a sus trabajadores como servidumbre doméstica. Pero el Estado, con todas sus contradicciones, no es eso. Es un entramado hecho y pensado para despersonalizar los cargos, para complejizar las decisiones y para limitar el poder de sus detentores. Un patrón de fundo al frente de un ministerio se tiende a volver loco, porque tiene que dar cuenta de todo lo que hace a sus capataces, convencer a otros patrones de fundo que opinan y votan en el congreso sobre su feudo, mostrar sus cuentas más ínfimas a una nube de burócratas que sólo se dedican a controlar sus gastos, y sobre todo manejarse en una escena pública donde cada gesto y cada palabra es juzgada por una opinión pública quejumbrosa e hipercrítica, incluso la que ha votado por su sector en la última elección.

Este mal entendido de Piñera explica que su gobierno se convirtiera, indudablemente, con los números en la mesa, en el que tenga más imputados por corrupción haya tenido desde 1990 a la fecha. Solo para recordar algunos nombres: Gabriel Ruiz-Tagle, Laurence Golborne, Pablo Wagner y Santiago Valdés, los más emblemáticos. Estos nombres, provenientes del mundo netamente empresarial, se diferencian de otros casos de corrupción que encabezaron dirigentes políticos como Pablo Longueira, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Jovino Novoa o Iván Moreira.

Los aprendizajes del piñerismo 

Durante los últimos cuatro años, fuera del gobierno, Piñera y sus asesores han demostrado que han realizado algunos aprendizajes. El más importante es haber distinguido más claramente entre el rol del “político” y el rol del “gerente”. Y a la vez han diferenciado entre el “gerente público” o gerente de un ente estatal, y el gerente privado empresarial. Este aprendizaje se nota por los nombramientos que ha realizado y por la preparación que ha realizado de su gente.

Por ejemplo, el piñerismo profesionalizó la formación de sus cuadros intermedios encauzándolo en un curso universitario especialmente destinado a ello. A fines de 2016 lanzó un “Magíster en Gestión de Gobierno” en Universidad Autónoma, cuyo rector es el empresario y dirigente de derecha Teodoro Ribera. El director de este magister ha sido hasta ahora el ex subrecretario del interior Rodrigo Ubilla, quién volverá a ocupar ese cargo el 11 de marzo. Este magister, que se dictó en Santiago, Temuco y Talca, fue una forma de crear un enfoque propio respecto a la especificidad de la “gestión” de lo estatal, un punto débil en el gobierno anterior de Piñera. Seguramente los exalumnos de este magister ocuparan las seremías y direcciones de servicios regionales en los años venideros.

Pero donde más se nota el cambio de criterio es en el gabinete ministerial. En primer lugar, la “gestión” ministerial la ha radicado claramente en los subsecretarios,  9 de los cuales se repiten el plato: Rodrigo Ubilla en interior, Alfonso Silva en Relaciones Exteriores, Claudio Alvarado (UDI) en la Segpres, Fernando Arab en Trabajo, Lucas Palacios (UDI) en Obras Públicas y Rodrigo Benítez en Medio Ambiente. Además Carol Brown (UDI), asumirá Niñez tras haber estado antes en la subsecretaría de Carabineros; Alfonso Vargas (RN), que pasará de Defensa a Agricultura; Ricardo Irarrázabal, de Medio Ambiente a Energía y Juan Manuel Toso, quien fue subsecretario subrogante de Redes Asistenciales durante el primer período y esta vez asumirá como titular. Piñera sabe que esta gente ya aprendió a hacer la pega y conoce la enmarañada dinámica de la “gestión” interna del Estado. A los subsecretarios les tocará hacer la labor cotidiana, burocrática, administrativa para “liberar” totalmente a los ministros para que tengan un rol netamente “político”.

¿Y quienes son sus ministros? en su enorme mayoría cuadros políticos experimentados, que saben de la política parlamentaria. En un primer anillo duro, claramente provienen de los partidos de la derecha: Andrés Chadwick (UDI) en interior, Alberto Espina (RN) en defensa, Hernán Larraín (UDI) en Justicia, Nicolás Monckeberg (RN) en trabajo, Cristián Monckeberg (RN) en vivienda, Baldo Prokurica (RN) en minería, Felipe Ward (UDI) en bienes nacionales.

El segundo grupo de ministros se puede denominar “los ideólogos”. Es gente que sin experiencia relevante en el campo partidario o parlamentario, posee una experiencia clave en el ámbito del desarrollo de las ideas de la derecha, por su participación en alguno de los tres grandes think tank de este sector ideológico: Libertad y Desarrollo, Avanza Chile y Fundación Para el Progreso.

Libertad y Desarrollo es el centro de estudios tradicional de la UDI, fundado por Hernán Büchi y dirigido por décadas por Cristián Larroulet. En este gabinete contará con Juan Andrés Fontaine como ministro de Obras Públicas, Susana Jiménez como ministra de Energía, José Ramón Valente, en el ministerio de economía, Marcela Cubillos, ministra de Medio Ambiente, y Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social.

Libertad y Desarrollo es un think tank clamente neoliberal pero casi perece moderado al lado de la furibunda y anarco-capitalista Fundación para el Progreso. Este centro fundado y financiado por el ex propietario de los supermercados Líder Nicolás Ibáñez y dirigido por el economista Axel Kaiser, se ha ganado el apelativo de los yihadistas del libre mercado por parte de los otros grupos de estudio de la derecha. Este espacio llegó al gabinete con dos de sus integrantes: Roberto Ampuero en la Cancillería y Gerardo Varela, en Educación. No son casuales estos nombramientos. No se trata de gerentes, se trata de ideólogos, de “guerreros culturales” en dos áreas que la derecha reconoce como su debilidad. El analista Cristobal Bellolio, comentando estos nombramientos señaló «Son dos ministerios donde se libra la batalla cultural. En ese sentido, Piñera le hace caso a Kaiser: esta es una batalla cultural y no hay que darla a medias tintas, hay que darla con lo más duro que uno tiene[1]«.

La Fundación para el Progreso (FPP), junto con manejar un presupuesto impresionante, que sale del bolsillo de Ibañez, cuenta con una red internacional de contactos con las fundaciones y centros neoliberales más duros del mundo. Mientras Libertad y Desarrollo es la contraparte en Chile del tradicional CATO Institute norteamericano, ligado al partido republicano, la FPP es el socio de del Ayn Rand Institute y de Atlas Society, unos think tank que van mucho más lejos que el partido de Donald Trump en materia de ideológica. Se trata en realidad de gupos que proponen la disolución del Estado en el mercado, incuso en áreas y maneras que Friederich Hayek y Milton Friedman nunca hubieran apoyado. La comparación con el yihadismo no es inapropiada porque es un centro que no teme las consecuencias que provoquen sus actos. Lo que busca no es administrar bien la realidad existente, sino alterarla generando un “caos creativo” que desemboque en un nuevo orden modelado de acuerdo a su utopía del mercado autoregulado sin el menor rastro del Estado.

Por su parte Avanza Chile es el corazón del peñerismo, el centro de estudios personal del candidato. A tal punto que muchas de sus actividades se realizaban en sus oficinas de Apoquindo 3000. De allí viene Cecilia Pérez, que vuelve a la Secretaría General de Gobierno; Felipe Larraín, en Hacienda; y Gonzalo Blumel, que era el director ejecutivo de esta fundación es el nuevo ministro de Segpres. También desde este espacio proviene Alfredo Moreno nuevo ministro de desarrollo social, incorporado al comité político a partir de marzo. Otro rostro es Isabel Plá, Ministra de la Mujer y Equidad de Género. Este grupo es incondicional al presidente, su brazo ejecutor directo sin mediaciones ni resistencias.

Cabe hacer notar que en este diseño no figuró el Centro de Estudios Públicos. El CEP, que trató de posicionar una derecha liberal, independiente de los partidos e “inteligente”, no contará con ningún ministro ni alto cargo en el nuevo gobierno de Piñera. Es un síntoma de la derrota final de intelectuales de gran nivel, como Aturo Fontaine, que justamente por pensar y hablar sin filtros se han hecho incómodos para el poder de su propio sector político. Hoy Piñera quiere otra cosa: políticos disciplinados, intelectuales funcionales a su proyectos y agitadores ideológicos para correr el cerco de lo posible. Hacia la derecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] El Mercurio, 24 de enero de 2018.

Una visita incómoda

El viaje del Papa Francisco a Chile, entre el 15 al 18 de enero, representa un acontecimiento político y social de enorme importancia, que deja patente los cambios culturales que ha tenido la sociedad chilena en los últimos treinta años. Para notar esta evolución es bueno comparar este suceso con lo que pasó en 1987, durante la visita de Juan Pablo II. Ese acontecimiento fue vivido por todo el país como un momento determinante, al que se le atribuyó una importancia mucho mayor de la que finalmente tuvo. En ese instante, con una dictadura militar aislada internacionalmente, y en pleno proceso de negociación entre bastidores del pacto transicional, la visita papal sólo vino a bendecir el llamado “acuerdo nacional” firmado en 1986 entre el sector más moderado de la oposición y los grupos más tradicionales de la derecha. Pero la fantasía política del momento atribuyó a la visita papal una importancia que rebasaba ampliamente sus posibilidades. Algunos sectores pensaban que sería un momento que precipitaría la caída del régimen, bajo la consigna “Santo Padre, llévatelo”. Pero obviamente nada de eso pasó.

Para Pinochet la visita de un papa polaco y anticomunista le permitía reforzar su imagen de campeón de los “valores cristianos y occidentales”. El régimen lanzó en ese momento el slogan “Mensajero de la paz” con una doble razón: destacar como logro el acuerdo de paz con Argentina, bajo la mediación pontificia. Y en segundo lugar hacer del Papa un factor de “pacificación nacional”, es decir, como un motivo para aplacar las protestas que desde 1983 habían puesto a la dictadura contra las cuerdas. La visita papal era un motivo para deslegitimar la movilización popular.

Para la oposición, y también para la jerarquía de la Iglesia chilena el slogan era otro: “Mensajero de la Vida”. La defensa de la vida era en ese instante el rol que ejercía la Vicaría de la Solidaridad. Como observa el jesuita Felipe Berríos: «La de 1987 fue una visita política, pero también pastoral: apoyar a la Iglesia a la que ciertos sectores conservadores de la misma Iglesia —ligados a la dictadura— intentaban desacreditar. Acusaban de comunista y de dedicarse a la política a una Iglesia que desempeñó un papel importante en los derechos humanos y la defensa de los perseguidos”[1].

En el balance final cada actor político sacó alguna cosa del evento papal: la dictadura logró la famosa foto de Pinochet con el Papa en el balcón de La Moneda, conseguida con engaños y ciertas complicidades de la nunciatura y parte de la delegación vaticana. También logró que 1987 fuera un año con menor grado de protestas que los anteriores. Para la oposición “moderada” y a jerarquía eclesial, la visita papal vino a avalar el rol mediador del episcopado en la construcción de la trama de los acuerdos de la transición. Recordemos que el “acuerdo nacional” de 1986 fue convocado por el arzobispo de Santiago Francisco Fresno. La Iglesia católica obtuvo una enorme visibilidad mediática durante ese período, consagrándola como un actor fundamental en la vida nacional, capaz de legitimar y deslegitimar las políticas claves que se debatían en el país, rol que siguió jugando hasta muy entrados los años noventa.

La Iglesia del 2018

La visita del papa Francisco es en casi todos los aspectos diametralmente diferente a la anterior. Hoy la Iglesia católica sigue tratando de ser un actor determinante en la definición de las grandes políticas de Estado. Pero no lo logra, debido a su profunda crisis de credibilidad y legitimidad. Por lo cual, para cumplir ese rol, debe hacer uso de su “fuerza institucional”: debe movilizar la fuerza de sus colegios y universidades, de sus centros de salud, de sus redes de empresas y medios de comunicación, de sus funcionarios, etc. Si el episcopado habla hoy, muy pocos escuchan, ya que perdió el “poder blando” del convencimiento y la credibilidad. Por eso debe recurrir al “poder duro” del que dispone. Pero este recurso lejos de darle más fuerza a su mensaje, se lo quita. La Iglesia habla porque es un empleador importante, porque tiene redes en el empresariado, porque es una institución que invierte en ciertas áreas, tiene roles en la especulación inmobiliaria, porque es dueña de muchas universidades y colegios poderosos ¿Pero alguien le escucha en razón de sus propios argumentos y razones? Sólo un grupo de incondicionales y convencidos. Los fieles “fieles” son cada vez menos. Según una encuesta de 2015 un 80 por ciento de los consultados dijo creer «poco o nada» en ella. En tanto, solo un 18 por ciento dijo creer «Mucho/bastante». Sobre la evolución de confianza con la Iglesia y en comparación a 10 años atrás, un 59 por ciento dijo tener menos confianza, 30 por ciento la misma confianza y un 8 por ciento más confianza.

En este contexto la visita del Papa Francisco no logra arraigo en la sociedad. La Iglesia se apresta a movilizar su “poder duro” institucional para salvar la imagen. Seguramente va a sacar a la calle a una masa importante. Pero de esa movilización no quedará nada en sí, porque no representa un movimiento auténtico, sino apuntalado por su peso institucional y económico. Cómo ha declarado el jesuita Felipe Berríos «Chile es un pueblo creyente, pero se siente abandonado por sus pastores y desilusionado con los casos de abusos sexuales”. Además, la comisión organizadora ha hecho todo lo posible por impedir que la visita papal tenga algún significado relevante para la sociedad, centrando la preparación en la recaudación de fondos y en la difusión de canciones bailables con letra de Américo. Por eso Berríos afirma: “En cuanto a la visita de Francisco, para mí tiene muchas interrogantes. Ha sido, a mi entender, un poco críptica en cuanto a su organización. Me habría gustado que se hubiesen hecho preguntas a las comunidades de base. ¿A qué le gustaría usted que el Papa se refiriera? ¿Qué conflictos ve usted en la Iglesia chilena? ¿Qué preguntas habría que hacerle a Francisco? Pero veo que el grupo que organiza es muy cerrado y que tiene al Papa demasiado protegido».

La derecha y la izquierda ante la visita papal

En clave política ni la derecha ni la izquierda chilena se sienten cómodas con la visita del Papa. Para la derecha es evidente que Francisco no es el Papa de sus sueños. La mayoría no lo dice en público por disciplina y cortesía, pero a algunos se les escapa. El más explícito ha sido el ultra neoliberal Axel Káiser, que acaba de publicar un libro titulado “El papa y el capitalismo” · donde intenta rebatir al Papa Francisco en todos los aspectos referidos a sus críticas al sistema capitalista. Para Káiser el Papa es claramente una bestia negra. En un artículo en El Mercurio Káiser afirma: “Según un artículo del medio alemán Der Spiegel, Francisco «es el Papa más de izquierda de la historia». Del mismo modo, luego de una entrevista en que Francisco se refirió al capitalismo global, The Economist afirmaba que «al establecer un link entre el capitalismo y la guerra, (el Papa) parece estar tomando una línea ultra radical: una que consciente o inconscientemente sigue a Vladimir Lenin y su diagnóstico del capitalismo y el imperialismo de por qué la guerra se desató un siglo atrás». The Guardian, en tanto, publicaba un artículo afirmando que después de la partida de Obama, el Papa era «el nuevo héroe de la izquierda mundial». En el mismo tenor, el Wall Street Journal publicaba un artículo bajo el título «Cómo el Papa Francisco se convirtió en el nuevo líder de la izquierda mundial». Sólo gente tan radical como Káiser se atreve a decir esto. Pero es lo que piensa la derecha. Y es lo que también cree la mayor parte de los obispos chilenos. No les gusta el Papa jesuita al que con suerte tratan de populista y peronista, y con un par de copas de más, lo tildan de charlatán y hereje.

Pero para la izquierda chilena tampoco el Papa Francisco parece ser una figura que motive. A pesar de sus enormes aportes en la crítica anticapitalista para la izquierda pesa más la idea del Papa como el legitimador del orden moral heterónomo, patriarcal, conservador y tradicional. Desconfían de él por no haber revertido procesos como la designación del obispo Juan Barros en Osorno, y en general, por no haber combatido con mayor claridad a los abusadores sexuales en el clero. Estos factores olvidan que la Iglesia es una institución que se gobierna por medio de pactos muy complejos, a distinto nivel, y que el Papa no es un poder sin oposición interna. Al contrario, ha tenido que enfrentar varias conspiraciones de la curia romana, financiadas por potencias globales y por grupos empresariales de enorme peso transnacional.

En este contexto el único actor político que parece motivado por la visita es el gobierno de la presidenta Bachelet. Nadie puede engañarse ante la fecha elegida: Francisco viene antes del 11 de marzo de 2018 para hacer un gesto inequívoco. Su mensaje es simple: le interesa dialogar con una líder como la presidenta de Chile. Este dialogo es importante porque representa un encuentro de actores que tiene diferencias:  el Papa no puede variar su postura respecto a los temas tradicionales de la moral sexual católica. Pero a pesar de eso desea mostrar que son mucho mayores sus entendimientos y coincidencias con el campo político que representanta Bachelet, como representante de una izquierda democrática en América Latina. Esta lectura se fundamenta además en que el Papa Francisco ha optado por este tipo de mensajes durante todo su pontificado. Su estrategia es clara: la Iglesia Católica no tiene nada que ganar al mantener su alianza histórica con los conservadores de derecha, salvo seguir hundiéndose en el fango del desprestigio. Si quiere tener futuro debe buscar acuerdos básicos con el mundo progresista, al que ha colocado estructuralmente en una posición de conflicto estructural. Por eso la derecha sabe que no tiene mucho que esperar de Francisco. El problema es de la izquierda, que no es capaz de entablar una conversación inteligente en este contexto. Francisco abre una oportunidad para reconfigurar las hegemonías culturales. La izquierda sólo ve en el Papa a una caricatura, que no entiende ni desea llegar a entender.

Descalificar en bloque al Papa Francisco es una mala estrategia para la Izquierda. Las diferencias con el catolicismo están más que claras. Lo novedoso sería tender lazos en los puntos de convergencia estratégica. Esos puntos que Axel Káiser y los neoliberales extremos han catastrado hasta en el más pequeño detalle.

 

 

[1] El País, 5 enero de 2018.