Chile en la era de la Posverdad

Cada año el Diccionario Oxford identifica una lista de palabras que comienzan a ser utilizadas en inglés y las incorpora a su elenco. Entre esos neologismos escoge la “palabra del año”, tratando de reflejar los intereses del momento. En 2013 eligió “selfie”, 2014 “vapear” (fumar cigarrillos electrónicos), 2015 “emoji” y en 2016 la elegida fue “post-truth” (posverdad), concepto que se masificó en procesos políticos como el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump.

Se trata de un adjetivo, ya que vendría a calificar un tipo de política, la “post-truth politics”, una “política posfactual” donde la veracidad de los hechos ha sido subordinada tanto por quienes transmiten el discurso como también por quienes desean escuchar esas afirmaciones y les otorgan verosimilitud. La política de la posverdad altera el “clima de opinión” de la sociedad, logrando que posiciones muy minoritarias se visualicen como mayoritarias y las mayoritarias se vean minorizadas artificiosamente. Se produce así una “espiral del silencio” en la cual las personas, aisladas e incomunicadas entre sí, al no encontrar en los medios de comunicación un apoyo o reconocimiento a sus opiniones, se suman al coro mediático dominante, aunque este carezca de base empírica o mínimamente razonable para sustentar sus juicios. El supuesto básico es que las personas tienen temor a quedar aisladas, por lo cual tienden a apoyar la postura que parezca mayoritaria o consensuada. Si un grupo minoritario logra controlar este ambiente puede ser percibido como mayoritario, aunque en realidad sea una ínfima minoría y sus opiniones carezcan de sustento o verificación factual.

Si bien es legítimo que una minoría trate de cambiar un clima de opinión adverso, ello se debería lograr de acuerdo a unos criterios mínimos, propios de la deliberación en democracia. Para la teoría de la acción comunicativa de Habermas estos criterios son cuatro: inteligibilidad, verdad, veracidad y rectitud normativa[1]. Sin el apego a estos “universales pragmáticos” es imposible que opere la racionalidad democrática. Eso es lo que la política de la posverdad corrompe de forma deliberada.

Modus operandi de la Postverdad

La noción de posverdad connota algo más que un simple engaño. La compleja trama de las comunicaciones virtuales hace que una mentira tradicional se amplifique a niveles insospechados, logrando la colaboración activa de la audiencia primaria del mensaje, que parece despreciar deliberadamente los hechos que desmienten las afirmaciones divulgadas, ya que logra despertar en ellos una adhesión emocional. Opera un “sesgo de confirmación” que hace que los seguidores de los medios alineados con la política de la posverdad reafirmen sus creencias preexistentes, de forma acrítica.

Los ejemplos más estudiados en Estados Unidos han sido los rumores referidos a la falsificación del certificado de nacimiento del presidente Barack Obama, o su supuesta adhesión al Islam. Aunque esas acusaciones eran inverosímiles y se desmintieron documentalmente, por fuentes imparciales y verificables, los medios de comunicación opositores a Obama mantuvieron una presión permanente sobre estas afirmaciones, construyendo “cámaras de eco” en esos temas. Estas “cámaras” consisten en la constitución de sistemas cerrados de información que deliberadamente minimizan las afirmaciones contradictorias. Sin recurrir a la censura de las posiciones adversas, una “cámara de eco” genera una sobre-representación de un punto de vista y minimiza la posición inversa. Por más exagerada, magnificada o distorsionada que sea una afirmación o narración, su verosimilitud se logra por la vía de la repetición constante, que termina siendo asumida como válida por una audiencia que busca reafirmar sus prejuicios.

Cuando sólo existían los medios de comunicación analógicos las “cámaras de eco” se rompían por medio de experiencias de comunicación directa entre las personas. Incluso en medio de la dictadura el crimen de Guerrero, Parada y Nattino en 1985 obligó a renunciar a Director de Carabineros, ya que la verdad del “boca a boca” fue más fuerte que la censura oficial. Aún hoy la reunión de un sindicato, un centro de alumnos o una asamblea de vecinos puede alterar la agenda de los periódicos o la televisión, como ocurrió con las movilizaciones de 2011. Pero en general, en la era de internet, las experiencias de asociatividad directa se han debilitado, adquiriendo fuerza las comunicaciones telemáticas, especialmente por las redes sociales.

En ese contexto entran a gravitar factores nuevos, como las “burbujas de filtro” en internet. Una “burbuja de filtro” es el resultado de las búsquedas que una persona realiza en la red. A partir de esta información se originan una serie de algoritmos que predicen, de forma automática, sus búsquedas futuras, sus preferencias de información, etc. Google, Facebook, Twitter almacenan una enorme información sobre localización, historial de búsquedas, y páginas web a las que se dio clic en el pasado. Sobre esos datos los internautas son alejados de la información que no coincide con sus puntos de vista, aislándolos en “burbujas”, propias de sus intereses y valoraciones. Esta situación hace que las las redes sociales funcionen cómo “ecosistemas mediáticos” autocentrados. De esa forma quienes repiten una afirmación falsa se relacionan con gente que también replica esas afirmaciones, y que no tienen interés en su comprobación factual, reproduciéndolas sin comprobación. En esos entornos la campaña de un grupo concertado se puede magnificar con las acciones que genere su “audiencia cautiva”, que asume y reproduce sus mensajes sin necesidad de verificación. Analizaremos algunos casos recientes ocurridos en Chile.

Posverdad a la chilena

En medio de los enormes incendios forestales de enero de 2017 las redes sociales se saturaron con mensajes que mezclaban la justa alarma pública, con sofisticadas teorías de la conspiración, y ejercicios de criminalización de las instituciones del Estado, inmigrantes e indígenas. Una línea de la comunicación acusaba al gobierno de un cúmulo de responsabilidades, que pasaban desde una lenta reacción ante la catástrofe, a la desidia premeditada (especialmente por rumores sobre la supuesta falta de recepción al avión Supertanker) hasta terminar achacando al ejecutivo la autoría directa de los incendios en medio de las más delirantes conjeturas. Juan Pablo Swett, personaje influyente en la derecha, llegó a publicar imágenes de brigadistas de CONAF, a los que se les presentaba propagando o generando los incendios. Otra línea de comunicación, paralela y complementaria, apuntaba a un complot incendiario de mapuches y migrantes colombianos, adiestrados por las FARC. Y al gobierno se le achacaba amparar estas acciones. En ese contexto el ex comandante en jefe de la Armada, y ex senador UDI, Jorge Arancibia, declaró en radio Agricultura que las autoridades de gobierno tenían conocimiento de quiénes eran las personas que provocaron los incendios. Sin embargo, afirmó, “les falta nuevamente la voluntad política de cómo enfrentarlo”, asegurando que él tenía acceso directo a información de inteligencia:  “Yo tengo fuentes de información muy válidas, en inteligencia se habla de Alfa 1, o sea, informaciones bastante nítidas y claras[2]”. Citados a declarar ante la justicia por sus responsabilidades en estas acusaciones, tanto Swett como Arancibia se han escudado en la libertad de expresión y han entrado en contradicciones con sus afirmaciones anteriores. Pero el efecto concreto de la política de posverdad fue acrecentar el temor de la población, ya que deslegitimó directamente a las instituciones encargadas de apagar los incendios. El informe técnico de los expertos internacionales[3], que han tratado de contextualizar las causas, aciertos y deficiencias en la reacción a la catástrofe ha pasado desapercibido, mientras en la memoria colectiva han quedado las polémicas artificiales generadas por estos mensajes.

Otro caso para analizar es la cobertura del caso CAVAL, especialmente el efecto que provocó la revista Qué Pasa al publicar en mayo de 2016 una transcripción de una llamada telefónica donde Juan Díaz, operador político de la UDI, formalizado directamente en ese caso, trata de vincular a la presidenta Michelle Bachelet con dicha investigación. La publicación del rumor de un delincuente, alineado con un partido de la oposición, generó una cadena de desaciertos comunicacionales y jurídicos en el gobierno, que acrecentaron la ola de especulaciones en los medios masivos y en las redes sociales. Un litigio, que analizado imparcialmente no debería haber tenido impacto en la figura presidencial, producto de la política de la posverdad se convirtió en la principal arma opositora para desgastar la reputación de la presidenta y minar su liderazgo, con enormes consecuencias para la agenda programática del gobierno.

Similar análisis cabe en la reciente polémica levantada por La Tercera por la parcela de media hectárea que posee la hija de la presidenta a doce kilómetros del lugar en el cual se piensa instalar el proyecto minero Dominga, en la IV región. El fondo del caso, radicado en una investigación judicial al ex presidente Sebastián Piñera, por negociación incompatible durante el ejercicio del cargo presidencial, producto de la decisión de frenar la central termoeléctrica Barrancones ya que ello favorecía al proyecto Dominga, en el cual tenía cuantiosas inversiones, queda sepultado por una suposición de intenciones en la compra legal de una pequeña propiedad vacacional. El efecto buscado es múltiple: desviar la atención sobre la implicación del expresidente Sebastián Piñera en el proyecto Dominga, incidir en la aprobación de Dominga en el consejo de ministros luego de ser rechazado en primera instancia a nivel regional, y de paso golpear la imagen de la Presidenta de la República.

A simple vista las conjeturas de la posverdad siempre parecen descabelladas, y generan resistencia a ser analizadas y respondidas con seriedad. Pero la experiencia muestra que son armas políticas de enorme impacto, que una vez que se esparcen entre la opinión pública adquieren vida propia. Muchos teóricos literarios y filósofos, cómo Roland Barthes y Michel Foucault ya nos habían advertido de la “muerte del autor”, debido a que en el proceso de la intertextualidad la voluntad y la intención original de quién creo un texto desaparecen en la medida en ese mensaje se propaga. La política de la posverdad asume radicalmente este principio, pero con un supuesto de base: si una información caotiza un sistema informativo, quién disponga de la fuerza y los recursos materiales para imponer su voz en medio del ruido va a terminar por prevalecer.

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[1] Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Madrid. Taurus.

[2] Declaraciones completas en http://www.eldemocrata.cl/noticias/almirante-r-jorge-arancibia-las-autoridades-saben-quienes-son-y-donde-estan-los-que-provocan-incendios/

[3][3] http://www.gob.cl/equipo-especializado-la-ue-incendio-chile-no-precedentes-la-historia-impacto-escala-planetaria/

LAS RELACIONES ESTADOS UNIDOS -AMÉRICA LATINA EN LA PRÓXIMA DÉCADA

Publicado el 13 de mayo 2011 en Crónica Digital

Luego de la reciente visita de Obama a Chile parecía que nuestro país, o al menos nuestra región, iba a cobrar importancia estratégica a los ojos de Estados Unidos Pero ¿Es tan así? ¿Qué piensan los analistas que verdaderamente marcan el curso de la política exterior norteamericana?

La verdad es que el mainstream norteamericano no le da importancia a nuestros países. Por ejemplo, el analista de inteligencia George Friedman, autor de “la próxima década”,  afirma que Estados Unidos no debería tener mayor interés en América Latina. Sus únicas preocupaciones, dice, deberían ser el medio oriente, China y Rusia. Amenazas reales a su hegemonía económica y militar. Salvo por México y el Caribe, que como regiones de vecindad inmediata, ligadas al tráfico ilegal de personas y de drogas si deberían ser objeto de preocupación.

Sostiene que México ha comenzado un camino que le llevará a ser “una de las mayores potencias económicas del mundo” hacia fines del actual siglo. En ese momento los estados del sur estadounidense tendrán una población abrumadoramente mexicana, lo que podría augurar “un serio enfrentamiento Estados Unidos y un México de creciente poder y seguridad en sí mismo”. Si bien este análisis es de largo plazo, las tensiones que se viven respecto a la política migratoria y antinarcóticos muestran que este enfrentamiento ya está en curso y determinará fuertemente el grado de violencia de la región de Centro América y México.

Respecto a Brasil, la 8ª economía y el 5º país por tamaño y población del planeta, piensa que no representará en los décadas inmediatas una amenaza real a la hegemonía norteamericana, pero si a partir del 2030 en adelante. Frente a este proceso sugiere una política de contención de su liderazgo regional, buscando desde ahora acrecentar las fisuras en el ámbito latinoamericano, por ejemplo apoyando a Argentina como contrapeso económico y demográfico: “Hablando de los emergentes países BRIC-Brasil, Rusia, India y China. Si se combinan todas sus economías en una sola, el PIB total sería sólo el 60 por ciento de la de los Estados Unidos. Por cierto que están creciendo, pero ninguno de ellos se acerca a cuestionar la economía estadounidense”. Sin embargo, es claro que a Estados Unidos le preocupa contener el liderazgo de Brasil, que ha cambiado la agenda predeterminada por su diplomacia en región: ha impedido el aislamiento de Venezuela, Bolivia, Ecuador. Al contrario ha colocado mucha presión sobre el caso de Honduras, y mantiene la propuesta de integración por la vía de UNASUR, y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac).

Friedman no observa un riesgo real en Venezuela, catalogando como retóricos los conflictos mutuos, ya que entre ambos países existe un vínculo petrolero más fuerte que las diferencias inmediatas. Al mismo tiempo se muestra escéptico respecto a las posibilidades de integración regional de América Latina y el Caribe debido no sólo a barreras políticas e institucionales entre nuestros países, sino también a la desconexión entre nuestras economías por razones geográficas, debido a barreras naturales que siguen siendo gravitantes en la configuración del espacio latinoamericano.

Para Friedman Latinoamérica es un continente seguro, que contrapone a África, descrita como “un lugar en el que no hay que intervenir”. Ante ese continente propone “mantener la caridad planetaria”, tratando de contener sus luchas armadas internas y al islamismo, por medio de la estabilidad de Nigeria (país petrolero) y Kenia. Este dato es ilustrativo de las tendencias de las cooperación internacional, que se desplaza violentamente a ocupar un rol de contención de las crisis en lugares en los cuales no existe seguridad jurídica ni militar. Friedman afirma que Estados Unidos ha devenido en imperio sin querer serlo, pero una vez que ha asumido esta condición no puede abandonarla ya que cualquier inestabilidad de Estados Unidos es una amenaza para el mundo entero (algo así como lo que se dijo de los bancos: “demasiado grande para caer”). Se identifican así, totalmente, los intereses cosmopolitas y el “destino manifiesto” norteamericano.

Estas constataciones pueden prevenir dos cosas: el nuevo narcisismo latinoamericano, que sueña con el desacople de nuestras economías post crisis. Y la paranoia de quienes creen que Estados Unidos se juega su destino en este patio trasero. Ni una cosa ni la otra. Esta década parece ser un tiempo de lentos desplazamientos hacia un mundo multipolar, pero todavía bajo una hegemonía estadounidense, en lento declive. Es tiempo para trabajar paso a paso las condiciones de posibilidad de un nuevo orden multilateral, para preparar nuevos esfuerzos emancipatorios. No es tiempo quejarse ni para celebrar.

AMÉRICA LATINA Y LA TRAMPA DEL CRECIMIENTO EMPOBRECEDOR

Publicado en Punto Final en Abril de 2011.

No merece discusión afirmar que la economía chilena está retomando un fuerte ritmo de crecimiento, similar al de los años noventa. Durante el primer trimestre de este año el incremento del PIB habría sobrepasado el 8%, empujado por el precio del cobre, que representa más de la mitad de nuestras exportaciones. Durante el mes de marzo su valor  se incrementó en un 1,2%, llegando a US$4.361 la libra. El mismo efecto están experimentando los demás países latinoamericanos de la mano de la soja, el petróleo, el gas o el algodón, lo que ha llevado a expresiones eufóricas, como las del  presidente del BID, Luis Alberto Moreno, que ha llegado a decir que vivimos “la década de América Latina”.

Se sostiene que latinoamérica habría demostrado una resistencia excepcional al enfrentar la crisis iniciada en 2008 en condiciones de mayor estabilidad y fortaleza que otras zonas que poseen economías más poderosas. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL sostiene que “mientras en Latinoamérica los gobiernos no tuvieron que salir a salvar bancos privados y el déficit fiscal fue manejado con responsabilidad, en EE.UU. y Europa el tablero financiero-social saltó por los aires”. Es cierto, pero también la crisis ha reforzado la matriz primario exportadora de la región, ahogando los débiles intentos anteriores de avanzar hacia una economía con “segundo piso”.

Si bien no sufrimos una catástrofe social como en las crisis de los setenta u ochenta, hemos pagado un alto costo por un trastorno financiero que no provocamos y en la que no tuvimos responsabilidad alguna. Una explicación de esta situación radica en que el gasto social per cápita aumentó durante el último decenio en términos absolutos y como proporción del producto interno bruto (PIB) situación que debería situarse como un nuevo consenso regional, fuera de cualquier discusión futura. Las políticas sociales, instaladas por la ola de gobiernos progresistas, han llegado para quedarse.

Sin embargo, lejos de la eufória, la región debería asumir que esas políticas sociales, que han buscado la superación de la desigualdad y la pobreza, han llegado a su límite y es necesario pasar a una nueva etapa. Los actuales programas, centrados en bonos focalizados, dependientes de los volubles ciclos de las arcas fiscales, no logran dar cuenta de la naturaleza compleja de la exclusión social y su relación sistémica con la desigualdad. Se requiere dar el paso a establecer políticas fortalezcan la capacidad redistributiva del Estado sobre la base de una estructura fiscal más progresiva y transparente. Para ello se necesita una agenda específica de políticas que busquen un modelo de gasto público que permita dar cobertura universal efectiva de los servicios del Estado. En otras palabras: reformas tributarias, urgentes, profundas, y progresivas, para universalizar las políticas sociales.

En segundo lugar se evidencia la necesidad de un cambio en el modelo de inserción económica internacional de latinoamérica. Hasta la fecha se ha conservado un diseño externo, impuesto desde los países del Norte que han situado a la economía latinoamericana en un área de su conveniencia. Por esa razón se ha planteado el dilema del “crecimiento empobrecedor”, propio de países que empeoran su bienestar cuando crecen.

El cambio en el modelo productivo debería apuntar a superar esta divergencia creciente entre el norte y el sur aprovechando este momento de altos precios de los productos de exportación para diversificar las estructuras productivas, invirtiendo en sectores e industrias estratégicas. En nuestro caso, sometidos a las tensiones ambientales que provoca  una crisis energética endémica, es evidente que el campo de las energías renovables debería ser de interés prioritario del Estado. Asi mismo, la industrialización de la producción de cobre y de litio, un viejo sueño allendista, convenietemente olvidado.

Se podría así intentar modificar el actual patrón de crecimiento, haciéndolo menos dependiente de las materias primas. Esta estrategia requiere de un rol activo de los gobiernos, pero también necesitaría fuertes vínculos y asociaciones público-privadas que promuevan iniciativas basadas en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), nuevos programas de política educacional enfocados en la promoción y divulgación del conocimiento y una sostenida voluntad de respaldo a las pequeñas y medianas empresas. Si no se abordan urgentemente estas tareas, más temprano que tarde la actual euforia se puede tornar en desengaño. Y entonces será muy difícil revertir el proceso.