¡ A desbordar el Proceso Constituyente !

Sin que casi nadie se diera cuenta se inició el “Proceso Constituyente”. La primera constatación es la escasa y confusa información que ha precedido a este momento. Y no es porque no se hayan dispuesto recursos y campañas para instalar el itinerario. Simplemente el mensaje del “Constitucionario” y otros mecanismos similares no se han entendido, porque se han dicho muchas cosas, pero no las más importantes ¿Cómo, por qué y de qué manera participar?

Por un lado el Consejo de Observadores en el que hay una clara mayoría de integrantes de la derecha, ha conducido el debate desde la paranoia y la desconfianza absoluta, amenazando continuamente con boicotear el proceso, y generando todo tipo de trabas burocráticas a la participación masiva. Por ejemplo, afirmando que lo funcionarios públicos, sin distinción ni nivel de responsabilidad, no podrían participar, retardando las definiciones de procedimiento, acortando los tiempos de consulta, etc.

Pero en rigor, el temor y el recelo a la participación no ha sido patrimonio del Consejo de Observadores. Parece que a los organizadores del proceso no quisieran animar a la participación, por el diseño mismo que han implementado. Partiendo del hecho de no clarificar el sentido y el efecto político que esperan generar. En rigor, más que un “Proceso Constituyente”, el sistema de cabildos locales, provinciales y regionales se deben entender como “Procesos Pre legislativos”. Estos encuentros lo que hacen es preparar el proyecto de ley que la presidenta enviará al parlamento a fines de año, que contendrá los elementos centrales de un nuevo proyecto de Constitución. Pero el momento constituyente mismo se ha desplazado para el gobierno y el Congreso que entrarán en funciones en marzo de 2018.

El método elegido por los técnicos de  La Moneda ha desechado diversas experiencias internacionales presentadas por otros servicios al interior del gobierno y desde la sociedad civil. Estas propuestas alternativas no buscaban cambiar el carácter consultivo del proceso “pre-legislativo”. Pero eran mucho más sustanciosas y abiertas en materia participativa. Al respecto Naciones Unidas ha logrado implementar durante los últimos veinte años una serie de consultas a escala global que han logrado garantizar a los participantes que su voz y sus demandas se vean reflejadas si logran una movilización consistente y persistente. Ello permitió arribar a la declaración y al programa de Durban (2001) contra el Racismo. También se aplicó en el proceso de la asociación de Busan para una Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo (2012). Incluso en temas de alta conflictividad, y con enormes intereses geopolíticos cruzados, como es el caso del cambio climático, la ciudadanía ha logrado utilizar espacios de participación que no son despreciables. Los acuerdos de la  XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, celebrada en Paris en 2015 no hubieran sido los mismos sin que hubiera existido una ventana de participación ciudadana que presionara y monitorizara las negociaciones.

Todos esos procesos tienen en común reconocer que en la sociedad hay organizaciones vivas, sociales y políticas, que poseen propuestas y criterios propios, y esas posiciones están en conflicto y en discrepancia entre sí. La clave de la participación radica en que esas ideas se expresen, choquen, se debatan de forma abierta y sistemática. No aspira a acuerdos forzados, sino a expresar y plasmar la diversidad de posturas entre organizaciones reales, no sólo entre individuos. Y les garantiza un marco procedimental para reconocer las ideas que logran mayor receptividad y  aceptación colectiva.

En cambio, en el proceso chileno han quedado en evidencia lo arraigada que está la mentalidad anti-participacionista. Este enfoque, ha impregnado este proceso gubernamental de la mano de Rodrigo Araya, uno de los nueve socios de la Consultora Tironi y asociados, y al que cabe la autoría intelectual del “Proceso Constituyente”. Bajo un marco teórico llamado “Gestión de Controversias” ha diseñado una política de contención del desborde social. Literalmente Tironi afirma: “La experiencia de consultoría de TIRONI Asociados nos confirma que hemos arribado a un estadio donde lo usual es la ocurrencia de desbordes que siembran la alarma entre la población. Frente a estos los expertos se dividen y carecen de respuestas indubitables”[1]. Si un proceso de participación social parte desde el temor al “desborde”, la respuesta no será crear causes y puentes. Será crear diques y compuertas que protejan lo instituido. Esta es la mentalidad que ha capturado el proceso y que impide, desde dentro, que despliegue su potencialidad. La respuesta por lo tanto está clara: es urgente y necesario desbordar este proceso. ¿Cómo y de qué manera? Es tarea de los movimientos sociales definir e implementar esta tarea.

[1] Tironi, Eugenio (2011) Abierta Gestión de controversias y justificaciones. Uqbar editores, Santiago. P. 7.

Proceso Constituyente: retrato en claroscuro

Le Monde diplomatique, Marzo 2016

La Presidenta de la República presentó el 14 de octubre de 2015 el diseño completo de su plan de cambio constitucional. Dividido en tres etapas, entre marzo y octubre de 2016 corresponde que se ejecute la primera de ellas mediante una campaña pública de educación cívica y un proceso participativo territorial que tendrá como resultado la redacción de un documento llamado “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”. Esta fase será monitorizada por un “Consejo Ciudadano de Observadores” al que se le ha mandatado para garantizar la transparencia y calidad del proceso participativo territorial. Luego, y a partir de las “Bases Ciudadanas”, el Gobierno elaborará un proyecto de cambio constitucional que se estima a trámite en el Congreso durante 2017.

El gobierno ha asegurado que su intención es que las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución” incorporen la opinión de los ciudadanos sobre los problemas  constitucionales, por lo cual se deberán redactar a partir de procesos de diálogo territorial estructurados en dos niveles: entre marzo y mayo mediante la participación individual vía on line y por medio de encuentros locales autogestionados, para luego pasar entre mayo y julio por cabildos provinciales y regionales. El ministerio Secretaría General de la Presidencia se refiere a este ciclo como un “Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía”, basado en una metodología de “convergencia deliberativa”, que busca potenciar la construcción de acuerdos en materia constitucional.

Descrito en forma sucinta cabe analizar el proceso al claroscuro de sus posibilidades y contradicciones, tratando de desentrañar los cursos de acción ciudadana que se pueden tomar en el intrincado camino que se abre. Si se aplica una simple matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se puede obtener una “radiografía” del proceso político propuesto, tomando como referencia una perspectiva ciudadana favorable a un cambio profundo a la Constitución vigente.

1 Fortalezas

La más evidente radica en que el gobierno se juega mucho en la realización del proceso. Para ello ha destinado recursos financieros, políticos y simbólicos que no deben ser subestimados en el logro del resultado. Pero en realidad la principal fuerza con que cuenta el Proceso Constituyente es la motivación y apoyo de la ciudadanía. Según la tercera encuesta de Plaza Pública CADEM de enero de 2016 el 75% de los chilenos considera que el país necesita una nueva constitución. A la vez un 61% afirma que la reforma a la constitución es un tema muy o bastante prioritario para los chilenos y el país general, mientras que sólo un 23% considera que es poco o nada prioritario. Respecto a la sede constituyente un 56% prefiere la opción de la Asamblea Constituyente y sólo un 38% estima que debe ser Gobierno, junto con el Congreso y los expertos quienes redacten la nueva Carta.

Otro dato que ilustra la motivación intrínseca que despierta el proceso es el elevado número de postulaciones que recibió el Servicio Civil para ocupar 216 vacantes para realizar el trabajo de facilitador de cabildos ciudadanos. Normalmente el Servicio Civil recibe el doble de postulaciones a las vacantes ofertadas. En este caso, y con fecha 5 de febrero, ya se registraban 14 mil 053 postulaciones, quedando todavía siete días para el cierre de la recepción de currículos. Estas altas expectativas sociales y la existencia de una opinión pública favorable a un cambio profundo, democrático y participativo de  la Constitución constituye un recurso inestimable, que permite pensar que existe una base político-social que `puede dar  masividad y legitimidad a una deliberación constituyente.

2 Oportunidades

El desarrollo del ciclo participativo territorial puede incrementar significativamente la visibilidad, masividad y centralidad política del proceso constituyente. . El diseño propuesto tiene la posibilidad de cimentarse sobre el capital social y las tradiciones asociativas del país, lo que le permitiría fortalecerse en la medida en que se vayan desplegando sus distintos momentos. La consulta  online individual puede despertar un primer acercamiento que se complementa con el ciclo de encuentros locales auto-gestionados. Estas reuniones pueden canalizar el interés de las asociaciones más diversas, que por esta vía podrían expresar sus reivindicaciones temáticas específicas. El diseño contempla una amplia libertad para convocar a estos encuentros, sobre la base de un número mínimo de 15 personas. Bastará inscribir un evento y solicitar a los facilitadores regionales del proceso que envíen un monitor voluntario como testigo, y un material básico de registro fotográfico y documental del acto. Posteriormente los cabildos comunales y regionales, abiertos a una participación masiva, dan continuidad a este primer momento pero de forma más sistemática y oficial, congregando la diversidad política y social, en un marco de debate republicano.

3 Debilidades

Si bien la encuesta CADEM de enero mostró el alto apoyo social al proceso, ese estudio también dejó en evidencia una amplia desinformación sobre su concreción. En esa ocasión sólo un 18% declaró estar muy o bastante informado respecto al proceso constituyente, mientras que un 35% afirma estar algo informado y un 45%  definitivamente dice estar poco o nada informado. Esta desinformación masiva tiene varias explicaciones. La primera puede radicar en la debilidad de la etapa de la campaña comunicacional de preparación que se  desarrolló entre octubre y febrero, que no parece haber logrado entregar los elementos claves del calendario, las actividades, y los objetivos que se buscan. A la vez el “Consejo Ciudadano de Observadores” ha tenido dificultades para contribuir a masificar esta información. Ha sido de público conocimiento que su funcionamiento ha sido lento, carente de un mandato y competencias claras, y con graves problemas de liderazgo. Por esta razón su debate se ha centrado hasta ahora en clarificar su funcionamiento interno, atravesado por la compleja transversalidad política de sus miembros.

Pero la debilidad más grave del proceso radica en el método escogido para desarrollar los eventos mismos de la fase participativa territorial. Aunque se habla de “Convergencia Deliberativa”, en los hechos los participantes deberán priorizar una serie de conceptos a partir de una “Guía  para el Diálogo” y un modelo de acta a completar, dividida en cuatro fichas sobre los valores, derechos, deberes e instituciones que debería contemplar la nueva Constitución. Lejos del método deliberativo, la ficha cierra el debate a una priorización que pone a competir categorías valóricas, derechos, deberes e instituciones, de forma descontextualizada. ¿Es más relevante la solidaridad o la justicia? ¿Se debe anteponer la igualdad de género al derecho a la vivienda? Tal como declaró Naciones Unidas, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y están ineludiblemente interrelacionados[1]. De allí que el método tienda a medir y cuantificar preferencias sobre lo inseparable e inconmensurable.

4 Amenazas

La mayor amenaza al Proceso Constituyente radica en que la adhesión con que comienza se tuerza en desencanto al finalizar. Ello acontecería si después de haberse desarrollado todo este ciclo de consulta y debate las “Bases ciudadanas” no logran satisfacer las expectativas de cambio que la ciudadanía ha expresado durante las fases previas. Y ello podría suceder si el Proceso le teme al debate abierto y prefiere tabular de forma mecánica una serie de conceptos vacíos. Hasta el momento la “convergencia deliberativa” que guía al método del gobierno no da cuenta de una verdadera deliberación. Se asemeja más a una enorme y compleja encuesta que agrega números despojados de razón y circunstancia Pero deliberar es otra cosa.

Amy Gutmann y Dennis Thompson, autores de referencia en democracia deliberativa, sostienen que no se puede llamar deliberación a una propuesta que atenúe o niegue la dimensión conflictiva, ya que “en política la necesidad es encontrar algunas bases sobre las que justificar las decisiones colectivas aquí y ahora en ausencia de un conocimiento que las fundamente[2]”. El proceso Constituyente debería proveer estas bases fundantes. Si se prefiere evadir la deliberación y orientar la enorme energía social que se desarrollará este año a una serie de datos inconexos se puede augurar un desencanto generalizado. Estamos a tiempo de evitar este escenario.

[1] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993.

[2] Gutmann & Thompson (1996)  Democracy and Disagreement, Cambridge, M.A.: Harvard University Press. pp.  4-5

La oportunidad Constituyente

Le Monde diplomatique, noviembre de 2015

Finalmente, luego de meses de espera y elucubraciones, la Presidenta Bachelet ha clarificado del itinerario político y legislativo hacia una Nueva Constitución. De esta forma responde a una necesidad imperiosa, que tras décadas de postergaciones ha terminado por obligar a trazar un itinerario institucional hacia una solución constitucional que sea cualitativamente superior a la actual.

Nada ilustra mejor la necesidad de lograr una Nueva Constitución que el propio devenir de las reformas más importantes que el actual gobierno está impulsando. Hoy todas ellas corren grave riesgo debido a que la UDI ha amenazado con llevarlas al Tribunal Constitucional, que actuando de facto como una tercera cámara legislativa, cercenaría lo la voluntad parlamentaria ya ha aprobado. En concreto, en el caso del aborto, se estima que al menos la causal referida a la violación será declarada inconstitucional y los aspectos más progresistas de la reforma laboral y educacional correrán similar destino.

El diseño del Proceso Constituyente que se propone es complejo, pero que no está cerrado a ninguna posibilidad, a ningún tema, ni a ningún sector de la sociedad. Se iniciará por medio de una etapa de educación cívica y constitucional, que tendrá dos fases: la primera, de carácter más informativo, durará hasta marzo de 2016. Y la segunda, deliberativa, funcionará entre marzo y octubre de 2016, para arribar a un documento “madre” llamado “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”. Todo ello supervisado por un “Consejo Ciudadano” plural y representativo.

Luego de esa etapa el gobierno enviará un proyecto de reforma a la actual Constitución para que el actual Congreso habilite al próximo, a elegir en 2017, para que decida el mecanismo de elaboración y discusión de la nueva Constitución, agregando un nuevo capítulo (el número 16) que habilitaría el proceso. De esa forma, el nuevo parlamento,  electo sin el sistema electoral binominal, deberá escoger (bajo un quorum de 3/5) entre cuatro alternativas para elaborar la nueva Carta Magna:

  1. Una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados;
  2. Una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos;
  3. Una Asamblea Constituyente.
  4. Y de forma complementaria a la AC, el parlamento podría delegar en el pueblo esta decisión sobre las tres alternativas convocando a un plebiscito.

El gran límite en esta hoja de ruta es que la primera reforma constitucional, la que adiciona el capítulo 16, ya que exige una aprobación por 2/3 de los miembros en ejercicio. Una cifra muy elevada que exige algunos votos de la UDI, que hasta ahora aparece monolíticamente cerrada a todo cambio constitucional.

¿Qué hacer si esta vía no se abre, y no se logran los 2/3? No es viable pensar un regreso a cero, ya que entonces el país ya habrá pasado por un primer momento constituyente, en el cual la elaboración de las “bases ciudadanas” ya habrá consolidado un “mandato constituyente originario”, que se enfrentará en los hechos a la Constitución de 1980.  La validez y legitimidad del mandato ciudadano, contenido en las “bases ciudadanas”, frente a la facticidad del orden vigente. Se tratará de un momento político de profunda importancia, ya que revelará la existencia de un poder dual, en el que la legalidad formal se verá desafiada simbólicamente por una nueva legitimidad democrática que cuestionará su capacidad de  obligar y sancionar.

En ese momento sería necesario acudir a la voluntad popular para dirimir. Una opción que no se debe descartar, aunque la presidenta no lo haya señalado explícitamente, es que ante imposibilidad de alcanzar los 2/3 el gobierno proponga una reforma del capítulo 15 para permitir la convocatoria a plebiscito desde la presidencia. Esta reforma, que sólo requiere un quorum de 3/5, podría permitir que la ciudadanía se pronuncie y que esa manifestación ayude a superar el impasse catastrófico que clausura la posibilidad de abrir una vía a una nueva Constitución.

Por supuesto, también cabe la vía más simple, directa y legalmente intachable de transformar en “elecciones plebiscitarias” las presidenciales y parlamentarias de 2017, con el fin de clarificar la fuerza de quienes se abren a una nueva Constitución y de quienes se cierran al proceso. Una vía que muestra amplio apoyo, constatado incluso por  encuestadoras abiertamente ligadas a la derecha política[1].

Esta vía, que fue la que determinó el debate en las recientes elecciones autonómicas catalanas, no resulta inviable, si se sobreentiende que la verdadera llave que abrirá el nuevo ciclo político radica en la contundencia de la demanda por una Nueva Constitución. Todos los actores deberían definirse, y la conformación de los bloques electorales debería articularse bajo este criterio.

La pregunta por la Asamblea Constituyente

Es evidente que la Constitución a la que arribemos dependerá del mecanismo de redacción escogido. Mientras más elitista y parlamentaria, más probabilidades de que las “Bases ciudadanas” del borrador original se vean desdibujadas y recortadas. En cambio una Asamblea Constituyente podría garantizar una mayor fidelidad a ese documento, en tanto los actores incumbentes estarían más limitados y se podría incidir en la incorporación de los intereses ciudadanos, en especial de sectores excluidos mediante cuotas de género, de pueblos indígenas, etc. Ello explica que los regímenes autoritarios y las dictaduras prefieran las comisiones de expertos como vía de cambio de constitucional, mientras que el método propio de las democracias consolidadas sea la Asamblea Constituyente[2]

El itinerario propuesto por la presidenta ha despejado el fantasma que los adversarios a la Nueva Constitución y a la Asamblea Constituyente habían urdido para asimilarla a una ruptura institucional. Se trata de un proceso que manteniéndose estrictamente dentro de los marcos de actual Constitución, busca superar sus clausuras pétreas introduciendo un componente de legitimidad democrática.

Para que ello acontezca es importante que asegurar que todos los temas, incluyendo el de la propiedad privada, sean incorporados al debate. Se debe garantizar la inclusividad y representatividad en la etapa deliberativa a desarrollarse en 2016. Esa “agregación” de opiniones deberá incorporar la voz de los que siempre se quedan debajo de la mesa: mujeres, indígenas, pobladores, etc. desde su propia voz y no sólo por la de sus representantes. Y lo más difícil, asegurarse que las bases ciudadanas no se transformen en un documento de especialistas y jurisconsultos que  traicionen la letra y el espíritu de los diálogos ciudadanos.

Para ello el “Consejo Ciudadano de Observadores” que deberá acompañar el proceso tendrá un rol clave, ya que su papel será el de garantizar la representatividad y la fidelidad de las “bases ciudadanas de la Nueva Constitución” a la  experiencia de deliberación que acontecerá en 2016. Para eso deberá tener atribuciones efectivas de auditar socialmente todo el proceso.

El Gobierno y la Nueva Mayoría deben declarar desde el inicio del proceso que están dispuestas a respetar y hacer suyas las “bases ciudadanas”, en tanto expresión de un mandato democrático de la ciudadanía. Ello debe implicar un compromiso político explícito orientado a concretar su institucionalización por una vía que integre la viabilidad política como también el respeto por  la materialidad del mandato originado en todo este proceso.

Todo el Proceso Constituyente se debe concebir bajo la lógica de la democracia participativa y deliberativa, y no sólo bajo la racionalidad de la democracia representativa. Se debe garantizar la más amplia, masiva, libre e informada apertura del proceso a toda la ciudadanía, sin excepciones ni discriminaciones. Debe atender especialmente a las exclusiones históricas basadas en motivos geográficos, etarios, raciales y de género. Debe ser claramente acotado en su cronograma temporal. Y debe propender a que los medios de comunicación públicos respeten las más diversas expresiones ciudadanas que se manifiesten al calor de esta discusión.

El carácter deliberativo otorgará viabilidad y credibilidad al proceso, reforzando la confianza en las autoridades e instituciones. Por eso se debe aspirar a una participación efectiva, que incluya la oportunidad efectiva de los ciudadanos de participar en la discusión política y de encontrarse en la posición de influenciar de forma clara y efectiva la elección pública. El gobierno debe garantizar durante todo el proceso la plena autonomía de la ciudadanía, tanto a nivel individual como también a la sociedad civil organizada, asegurando que el mecanismo de agregación de opiniones respete, valide y atestigüe de forma veraz y fiable sus intervenciones.

[1] Plaza pública CADEM nº 92 sostiene:  “un 71% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución y un 62% apoya plebiscitar el mecanismo para esta nueva Constitución”.

[2] PNUD Chile. “informe sobre Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo”, Santiago, 2015.