Primarias 2017: psicopolítica de una elección

La psicología sostiene que los seres humanos nos movemos por tres emociones fundamentales: pena, miedo y rabia. Son tres reacciones no racionales, que actúan en el plano estrictamente psicofisiológico. Funcionan de modo inconsciente, antes de que podamos detenernos a pensar o analizar, ya que están causadas por la liberación de neurotransmisores y hormonas. Una vez que estas sustancias transitan por el organismo provocan lo que llamamos “sentimientos”, que es lo que expresamos en el lenguaje.

La pena y la rabia actúan cuando hemos perdido algo importante o hemos sido heridos por otros. En cambio, el miedo aparece antes, como señal predictiva del peligro. En política se suele asociar la pena y la rabia a la izquierda. En las marchas contra las AFP es habitual escuchar a gente que busca desahogar su rabia. Y la música de protesta siempre tiene un tono de pena profunda, de dolor por todas las pérdidas y sufrimientos acumulados. En cambio, el miedo es una emoción más propia de la derecha, que le aguijona a moverse cuando se siente amenazada en su posición y estatus de privilegio.

El miedo es un arma bioquímica muy poderosa ya que al activarse en la psiquis produce un efecto hipnótico-amnésico en la mente: hipnotiza, generando obsesiones en las personas. Y es amnésico porque lleva a olvidar todo lo que contradiga esa obsesión.  En las recientes elecciones primarias la derecha logró desatar exitosamente ese efecto entre sus votantes duros. El miedo ha operado como un movilizador muy potente, obsesionando a ese público con la idea del país que “se cae a pedazos” y que va camino al precipicio por las políticas de la izquierda. Y ese miedo obsesivo les permite olvidar de forma sistemática todas las críticas y debilidades de su candidato preferido. Si su candidato hubiera sido don Vito Corleone, renacido, lo habrían votado igual, y con mucho entusiasmo, porque cuando se inocula el miedo no hay argumento ni evidencia que pueda torcer su decisión.

El triunfo de Sebastián Piñera es el sofisticado producto de un miedo muy bien producido para una audiencia claramente segmentada. Su consigna es “el desalojo” de la Nueva Mayoría, que ahora llaman “la solución”. Por eso Piñera no necesitó argumentos ni programa ni carisma. Con un prontuario que se incrementa cada día, su comando entendió perfectamente que su carta de triunfo radicaba en movilizar el miedo en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Zapallar y Viña. Incidir en ese bastión de los ultra-ricos era suficiente para esparcir el temor a escala nacional y contagiar a una audiencia de derecha ideológica, que se mueve en un marco de paranoia permanente. De esa forma la primaria de Chile Vamos incrementó en 600.000 sus electores respecto a las primarias de la Alianza en 2013, pasando de 800.000 a 1.400.000 votos.

Al miedo tradicional ante la izquierda, agregaron un nuevo temor, en la figura de Manuel José Ossandón. El senador y ex alcalde logró convertirse en la nueva bestia negra de la derecha ya que logró convocar y movilizar un voto personal, transversal, fundado en una fuerte adhesión a su imagen, en un bastión popular que tiene su epicentro en Puente Alto, y que contagia a todo el cuadrante sur oriente de la capital, en un arco que va desde La Florida y La Granja hasta La Cisterna y La Pintana. Luego de decirle “No te declararon reo por lindo” Ossandón se transformó en el gran héroe del antipiñerismo. Pero el desafío de Ossandón se expresaba en una consigna que repitió en su campaña: «La política no será más manejada por el dinero». No podía haber una amenaza mayor para la derecha dura e ideológica. Si Ossandón hubiera llegado a ganar la primaria, sostenido por el voto de los que despreciaban como “rotos picantes” de Puente Alto, e impusiera una separación tajante entre el poder del dinero y el poder político, se desplomaría todo el universo en el que vive esa clase social. La psicopolítica de la derecha dura gira en torno a una sola gran obsesión: hacer que el dinero sea el criterio distributivo de todos los bienes y de todos los recursos. Que un líder outsider como Ossandón pusiera en cuestión ese criterio es una amenaza suficiente como para reaccionar rápidamente.

En síntesis, Piñera y su comando obtuvieron el mejor resultado posible en un cuadro general de fuerte rechazo a su figura. El joven vocal de mesa que se rehusó a saludarle en su mesa de votación es el reflejo de esa realidad. Piñera no logró sumar votos nuevos a su candidatura. Los nuevos electores de la derecha votaron por Felipe Kast pero sobre todo por Ossandón, que les incorporó a partir de su virulenta confrontación con Piñera. Por esto, aunque Piñera obtuvo un triunfo holgado, ahora tiene un problema muy complejo: ¿cómo crecer electoralmente en una población que no está inoculada con el miedo de la derecha dura y que mayoritariamente le rechaza? ¿cómo sumar los votos del ossandonismo? La única posibilidad de romper su techo es profundizando la división entre sus adversarios.

Sánchez vence, pero no convence 

A su vez el Frente Amplio ha debutado electoralmente con un resultado agridulce, de 320.000 votos, más cercano a su piso que al techo al que potencialmente pueden llegar. En el plano psicopolítico el Frente Amplio desarrolló su campaña sobre la base de intentar despertar la esperanza. Pero la esperanza no es una emoción, sino un pensamiento que influye en el estado de ánimo. No nos esperanzamos inconscientemente, sino que necesitamos razones para tener esperanza. Especialmente si nos hemos desilusionado muchas veces. En Chile la gente ha aprendido a tener miedo a la esperanza, por temor a la alegría que nunca ha llegado. La desilusión es dolorosa y por eso nadie está dispuesto a embarcarse en una vana ilusión.

En ese marco Beatriz Sánchez no logró el objetivo de hacer creíble la esperanza que buscaba desatar. Sus inconsistencias en los debates, la vaguedad de su programa, el consignismo vacío en los discursos, lo insuficiente de su feminismo liberal fue desgastándola, hasta que su alusión al “totalitarismo” de Allende la terminaron por deslegitimar ante los votantes que debía movilizar. Por el contrario, Alberto Mayol fue desplegando un programa mejor articulado, por medio de un discurso más claro y complejo. Sánchez venció porque era la candidata de partidos (RD, MA, IA, PH), en cambio Mayol competía sobre la base del apoyo de individuos y organizaciones pequeñas. Pero si la campaña hubiera durado más tiempo seguramente Mayol habría logrado ganarse el apoyo que Sánchez creía tener en el bolsillo.

En ambos candidatos no había emociones. Había razones, mejor o peor planteadas, pero no había pena, rabia o miedo, porque las emociones deben ser auténticas, no se pueden falsear sin que se note. Se puede criticar hasta la saciedad a Bachelet, pero ella logra comunicar emocionalmente debido a que su biografía personal conecta con las penas, rabias y miedos de la audiencia a la que busca representar. En Sánchez y Mayol esta dimensión está ausente, a lo más hay cierta empatía con las emociones ajenas, que no vivencian como propias. Por este motivo la campaña del Frente Amplio es leída como arrogante, iluminista o vanguardista, incluso megalómana. Le faltó la autenticidad y la humildad del que está empezando, y sabe que debe ganarse la confianza de quienes no le conocen, y que están dispuestos a iniciar, poco a poco, una nueva relación.

Otra debilidad de la campaña FA es su pobre implantación sistémica, territorial y orgánica, un aspecto excusable porque en tres meses no es posible de lograr. Pero en general pecaron de una excesiva confianza en el apoyo individual de los votantes, convocados por redes sociales y TV. La campaña se debería complementar con apoyos institucionales, de grupos organizados reales, sindicatos, movimientos, asociaciones, sectores productivos, y sobre todo de concejales y alcaldes en sus municipios. Este aspecto todavía está muy poco logrado por el FA. El único lugar donde se notó la diferencia es en Valparaíso, donde gobiernan con Jorge Sharp, y alcanzaron 10.729 votos versus los 18.648 de la derecha. Mientras a nivel nacional la derecha cuadruplica al FA, en Valparaíso no llegaron a doblarles.

La siesta de Guillier

Finalmente cabe reseñar los efectos de ausencia de Alejandro Guillier durante el último mes de campaña. Basta con observar lo que reconocen los propios dirigentes oficialistas: «Las decisiones de la Nueva Mayoría nos llevaron a desaparecer del mapa por varias semanas. El costo de nuestros errores está a la vista», ha dicho José Miguel Insulza. “Quienes pensaban que la NM ganaría «por ausencia» cometieron un grave error. Después de una primaria que convocó a la ciudadanía, es claro que ella resulta perjudicada por no haber concurrido a primarias y haber optado, en vez, por designaciones cupulares. Esto fue el resultado de una cadena de decisiones, cada una de las cuales llevó a la siguiente de un modo totalmente previsible”, reconoció Fernando Atria.

El candidato de la Nueva Mayoría también parece muy golpeado por la ruptura con la DC, quiebre del que no parece reponerse. A nivel psicopolítico esta situación se ha traducido en una campaña “esquizoide”, que no logra ser suficientemente oficialista pero tampoco abiertamente crítica de la actual conducción gubernamental. Busca ser ciudadana, pero apoyándose cada vez más en los partidos. Que busca continuar las reformas de Bachelet pero no dice cuáles y de qué forma. Trata de recoger votos a la izquierda, pero haciendo guiños a la derecha. En definitiva, tanto en candidato como su coalición no parecen asumir plenamente la responsabilidad que les cabe en la tarea de detener a la derecha. Llegó la hora de que despierten de su siesta.

 

SII al rescate de la trama

Trama “es un sistema de relaciones entre política y empresas con la voluntad de generar un proyecto de país. Es un sistema de relaciones con capacidad de mando» dice Rubén Juste, doctor en sociología y experto en relaciones entre empresas y Estado. Su tesis: dada la actual correlación de fuerzas, el Estado ya no regula y condiciona el devenir de las grandes compañías. Al contrario, son las empresas las que han pasado a tener el control de determinadas áreas del Estado. Son ellas las que mandan, sin figurar en la nomenclatura del poder.

El mejor ejemplo lo podemos ver en Chile, luego que Fiscal nacional, Jorge Abbott, anunció que el Ministerio Público deberá archivar o no perseverar en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, debido a la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas. Ello, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene la exclusividad en cuanto al inicio de acciones legales por delitos tributarios.

En declaraciones al programa “Informe Especial”, Michel Jorratt, director del Servicio de Impuestos Internos hasta mayo de 2015, denunció haber recibido durante su gestión fuertes presiones desde el Ministerio del Interior para no investigar el caso SQM: “El mensaje era que no nos siguiéramos metiendo en el caso SQM. Cuando el Ministerio Público quería incautar cierta documentación, pidieron que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes […] Nos pidieron, supuestamente a nombre del ministro Peñailillo, que recurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así”, afirmo el ex director de SII.

Estas presiones habrían concluido con la destitución Jorratt y su reemplazo por Fernando Barraza, quién optó por utilizar la vía pecuniaria -y no la penal- para sancionar y restituir los perjuicios fiscales provocados por las empresas investigadas en los dos principales casos de financiamiento ilegal de la política (Penta y SQM). De esa forma no sólo imposibilitó que se sancione con cárcel a los involucrados, sino que además hizo imposible para el Ministerio Público proseguir sus investigaciones. Entre las empresas que se “beneficiaron” por este sistema de multas (sin persecución penal) figuran BCI, Eccsa (Ripley), Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, del grupo Said; Corpesca y Copec, de la familia Angelini; CorpBanca, de Álvaro Saieh; Aguas Andinas, Alsacia, Enersis y Endesa. Según El Mercurio, habrían más de 200 firmas involucradas. En el fondo, todas las empresas que cotizan en el IPSA.

Según Barraza la única misión del SII es recaudar la mayor cantidad de impuestos posible, reservando la vía penal “para los casos de mayor gravedad”. Incluso se habla de la “doctrina Escobar”, impulsada por Ricardo Escobar, sobrino del ex Presidente Ricardo Lagos, y ex director del SII entre 2006 y 2010, que mandata priorizar la salida administrativa por sobre la acción penal. Esta singular “doctrina” resulta bastante contradictoria: el reportaje Informe Especial de TVN consultó a Barraza por una querella presentada en este mismo año por el SII en Arica a una pequeña empresa, en un caso que involucra 12 millones de pesos. ¿Por qué ese caso puede representar “mayor gravedad” y ameritar la acción penal y no la enorme trama de financiamiento irregular de la política, cuyos montos es necesario medirlos en millones de dólares y afectan la legitimidad y probidad de los tres poderes del Estado?

Las puertas giratorias entre empresas y política

Incluso cuando el SII ha optado por recurrir penalmente, en algunos contados casos de financiamiento ilegal de la política, lo ha hecho de forma que no afecte los intereses de los políticos involucrados. En abril de 2016 el Servicio de Impuestos Internos, ya dirigido por Barraza presentó 27 querellas contra emisores de boletas falsas a SQM. Entre los querellados figuran asesores y familiares directos de dirigentes y parlamentarios de la Nueva Mayoría, por ejemplo el hijo del diputado Roberto León (DC), una periodista contratada por el senador Fulvio Rossi (PS), los hijos del ex presidente de la DC Jorge Pizarro. Sin embrago, estas querellas fueron redactadas de forma “nominativa”, lo que implica que excluyen la posibilidad de alcanzar a “todos quienes resulten responsables”. Es decir, si se llega a la condena, sólo afectará a la “persona interpuesta” pero no a los destinatarios de los recursos.

Otro caso similar, denunciado por la Contraloría, fue la inexplicable demora de 7 meses del SII en presentar querella, luego de que el Ministerio Público le comunicara a la institución  una denuncia en contra de Carlos Ominami. Debido a ese retraso el caso prescribió y el exsenador fue sobreseído, lo que sentó un precedente para futuros casos en esta materia, que pueden prescribir en un plazo perentorio, por lo cual toda sanción futura, producto de un cambio de criterio en las autoridades, queda descartada.

Para varios analistas, el rumbo de acción del SII habría sido diseñado por el exministro del interior Jorge Burgos, al asumir luego de la caída de Rodrigo Peñailillo debido a su vinculación al caso SQM. Burgos habría pensado una política de “control de daños” basada en colocar un cortafuegos que impidiera que las denuncias llegaran hasta AyN,  empresa de propiedad de Giorgio Martelli, el operador financiero de Peñailillo en recaudación electoral. Pero obviamente, el manto de protección pensado por Burgos fue mucho más allá, y buscó abarcar todas las aristas políticas en materia tributaria, por lo cual el nombramiento de Barraza habría representado una salida de fondo a la crisis, ya que Joratt habría perdido la confianza por haber interpuesto querellas en los casos Penta y SQM.

No se indigne más, edúquese

En entrevista en La Tercera[2], el ex director del SII Ricardo Escobar fue consultado por “la sensación de impunidad” que este cuadro ha dejado en la opinión pública. Su respuesta: “Yo creo que esto hay que combatirlo con educación. La multa es una sanción, aquí no hay impunidad”. Así que ya sabe, si usted mantiene su indignación moral y política ante todo este cuadro, edúquese.

La educación a la que nos invita Ricardo Escobar tiene varias asignaturas. Comienza por “Cumplimiento creativo de la ley” en materia tributaria. Es lo que se enseña públicamente en las facultades de derecho: cómo evadir impuestos dentro de la legalidad vigente, mediante la interpretación formalista del Derecho. Si la ley es solo forma, no tiene ninguna relación con los problemas que importan a la sociedad: ¿para que preocuparse de lo que buscó Corpesca o SQM al financiar campañas electorales?

La segunda asignatura que Escobar nos sugiere se llama “Cómo despolitizar los impuestos”. En este curso se nos enseña a olvidarnos de ideas anticuadas: por ejemplo que todos debemos concurrir de acuerdo a nuestras capacidades al financiamiento del Estado. O que los impuestos son un mecanismo a través del cual nos vinculamos como iguales y que deben ayudar a redistribuir la riqueza. Lejos de eso, la nueva doctrina coloca lo tributario en el marco de la protección de la propiedad privada. Y eso implica que un delito contra la propiedad no es perseguible si se devuelve lo robado. Las multas son castigo suficiente. Un correctivo, un aviso, un “no lo haga más” y como dijo Ricardo Lagos (el tío de Ricardo Escobar) al declinar su candidatura presidencial: “la vida continua”.

La tercera asignatura se llama “Introducción a la industria de la defensa de la riqueza”, y allí se aprende que los impuestos son un robo, y por lo tanto la tarea de abogados, tributaristas y legisladores, es proteger a los contribuyentes de un Estado que les quita su patrimonio. Por eso olvídese de ideas anticuadas, como esa que sostiene que las empresas, junto con evadir impuestos, compraron voluntades políticas, mantos de protección, criterios legales que les favorecieron, leyes redactadas en sus propios despachos que luego llegaron por arte de magia a las páginas del Diario Oficial.

Nuestro curso nos lleva a una sólo conclusión: los conflictos ligados al financiamiento ilegal de la política constituyen un simple problema de evasión de impuestos. Si el SII logra recaudar lo que las empresas evadieron, mediante multas, todo quedará en orden. Esta es el educación que corre en los tiempos post-neoliberales, en donde todo se resuelve a favor de los que triunfan en el mercado y no existe respeto por las instituciones democráticas. Este es el núcleo de “la trama” , su modus operandi más evidente.

[1] Juste, R. “Ibex 35, una historia herética del poder en España” Capitán Swing, Madrid, 2017.

[2] La Tercera Ricardo Escobar, ex director del SII: “La multa es una sanción, aquí no hay impunidad”, 18, 04, 17.

Chile en la era de la Posverdad

Cada año el Diccionario Oxford identifica una lista de palabras que comienzan a ser utilizadas en inglés y las incorpora a su elenco. Entre esos neologismos escoge la “palabra del año”, tratando de reflejar los intereses del momento. En 2013 eligió “selfie”, 2014 “vapear” (fumar cigarrillos electrónicos), 2015 “emoji” y en 2016 la elegida fue “post-truth” (posverdad), concepto que se masificó en procesos políticos como el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump.

Se trata de un adjetivo, ya que vendría a calificar un tipo de política, la “post-truth politics”, una “política posfactual” donde la veracidad de los hechos ha sido subordinada tanto por quienes transmiten el discurso como también por quienes desean escuchar esas afirmaciones y les otorgan verosimilitud. La política de la posverdad altera el “clima de opinión” de la sociedad, logrando que posiciones muy minoritarias se visualicen como mayoritarias y las mayoritarias se vean minorizadas artificiosamente. Se produce así una “espiral del silencio” en la cual las personas, aisladas e incomunicadas entre sí, al no encontrar en los medios de comunicación un apoyo o reconocimiento a sus opiniones, se suman al coro mediático dominante, aunque este carezca de base empírica o mínimamente razonable para sustentar sus juicios. El supuesto básico es que las personas tienen temor a quedar aisladas, por lo cual tienden a apoyar la postura que parezca mayoritaria o consensuada. Si un grupo minoritario logra controlar este ambiente puede ser percibido como mayoritario, aunque en realidad sea una ínfima minoría y sus opiniones carezcan de sustento o verificación factual.

Si bien es legítimo que una minoría trate de cambiar un clima de opinión adverso, ello se debería lograr de acuerdo a unos criterios mínimos, propios de la deliberación en democracia. Para la teoría de la acción comunicativa de Habermas estos criterios son cuatro: inteligibilidad, verdad, veracidad y rectitud normativa[1]. Sin el apego a estos “universales pragmáticos” es imposible que opere la racionalidad democrática. Eso es lo que la política de la posverdad corrompe de forma deliberada.

Modus operandi de la Postverdad

La noción de posverdad connota algo más que un simple engaño. La compleja trama de las comunicaciones virtuales hace que una mentira tradicional se amplifique a niveles insospechados, logrando la colaboración activa de la audiencia primaria del mensaje, que parece despreciar deliberadamente los hechos que desmienten las afirmaciones divulgadas, ya que logra despertar en ellos una adhesión emocional. Opera un “sesgo de confirmación” que hace que los seguidores de los medios alineados con la política de la posverdad reafirmen sus creencias preexistentes, de forma acrítica.

Los ejemplos más estudiados en Estados Unidos han sido los rumores referidos a la falsificación del certificado de nacimiento del presidente Barack Obama, o su supuesta adhesión al Islam. Aunque esas acusaciones eran inverosímiles y se desmintieron documentalmente, por fuentes imparciales y verificables, los medios de comunicación opositores a Obama mantuvieron una presión permanente sobre estas afirmaciones, construyendo “cámaras de eco” en esos temas. Estas “cámaras” consisten en la constitución de sistemas cerrados de información que deliberadamente minimizan las afirmaciones contradictorias. Sin recurrir a la censura de las posiciones adversas, una “cámara de eco” genera una sobre-representación de un punto de vista y minimiza la posición inversa. Por más exagerada, magnificada o distorsionada que sea una afirmación o narración, su verosimilitud se logra por la vía de la repetición constante, que termina siendo asumida como válida por una audiencia que busca reafirmar sus prejuicios.

Cuando sólo existían los medios de comunicación analógicos las “cámaras de eco” se rompían por medio de experiencias de comunicación directa entre las personas. Incluso en medio de la dictadura el crimen de Guerrero, Parada y Nattino en 1985 obligó a renunciar a Director de Carabineros, ya que la verdad del “boca a boca” fue más fuerte que la censura oficial. Aún hoy la reunión de un sindicato, un centro de alumnos o una asamblea de vecinos puede alterar la agenda de los periódicos o la televisión, como ocurrió con las movilizaciones de 2011. Pero en general, en la era de internet, las experiencias de asociatividad directa se han debilitado, adquiriendo fuerza las comunicaciones telemáticas, especialmente por las redes sociales.

En ese contexto entran a gravitar factores nuevos, como las “burbujas de filtro” en internet. Una “burbuja de filtro” es el resultado de las búsquedas que una persona realiza en la red. A partir de esta información se originan una serie de algoritmos que predicen, de forma automática, sus búsquedas futuras, sus preferencias de información, etc. Google, Facebook, Twitter almacenan una enorme información sobre localización, historial de búsquedas, y páginas web a las que se dio clic en el pasado. Sobre esos datos los internautas son alejados de la información que no coincide con sus puntos de vista, aislándolos en “burbujas”, propias de sus intereses y valoraciones. Esta situación hace que las las redes sociales funcionen cómo “ecosistemas mediáticos” autocentrados. De esa forma quienes repiten una afirmación falsa se relacionan con gente que también replica esas afirmaciones, y que no tienen interés en su comprobación factual, reproduciéndolas sin comprobación. En esos entornos la campaña de un grupo concertado se puede magnificar con las acciones que genere su “audiencia cautiva”, que asume y reproduce sus mensajes sin necesidad de verificación. Analizaremos algunos casos recientes ocurridos en Chile.

Posverdad a la chilena

En medio de los enormes incendios forestales de enero de 2017 las redes sociales se saturaron con mensajes que mezclaban la justa alarma pública, con sofisticadas teorías de la conspiración, y ejercicios de criminalización de las instituciones del Estado, inmigrantes e indígenas. Una línea de la comunicación acusaba al gobierno de un cúmulo de responsabilidades, que pasaban desde una lenta reacción ante la catástrofe, a la desidia premeditada (especialmente por rumores sobre la supuesta falta de recepción al avión Supertanker) hasta terminar achacando al ejecutivo la autoría directa de los incendios en medio de las más delirantes conjeturas. Juan Pablo Swett, personaje influyente en la derecha, llegó a publicar imágenes de brigadistas de CONAF, a los que se les presentaba propagando o generando los incendios. Otra línea de comunicación, paralela y complementaria, apuntaba a un complot incendiario de mapuches y migrantes colombianos, adiestrados por las FARC. Y al gobierno se le achacaba amparar estas acciones. En ese contexto el ex comandante en jefe de la Armada, y ex senador UDI, Jorge Arancibia, declaró en radio Agricultura que las autoridades de gobierno tenían conocimiento de quiénes eran las personas que provocaron los incendios. Sin embargo, afirmó, “les falta nuevamente la voluntad política de cómo enfrentarlo”, asegurando que él tenía acceso directo a información de inteligencia:  “Yo tengo fuentes de información muy válidas, en inteligencia se habla de Alfa 1, o sea, informaciones bastante nítidas y claras[2]”. Citados a declarar ante la justicia por sus responsabilidades en estas acusaciones, tanto Swett como Arancibia se han escudado en la libertad de expresión y han entrado en contradicciones con sus afirmaciones anteriores. Pero el efecto concreto de la política de posverdad fue acrecentar el temor de la población, ya que deslegitimó directamente a las instituciones encargadas de apagar los incendios. El informe técnico de los expertos internacionales[3], que han tratado de contextualizar las causas, aciertos y deficiencias en la reacción a la catástrofe ha pasado desapercibido, mientras en la memoria colectiva han quedado las polémicas artificiales generadas por estos mensajes.

Otro caso para analizar es la cobertura del caso CAVAL, especialmente el efecto que provocó la revista Qué Pasa al publicar en mayo de 2016 una transcripción de una llamada telefónica donde Juan Díaz, operador político de la UDI, formalizado directamente en ese caso, trata de vincular a la presidenta Michelle Bachelet con dicha investigación. La publicación del rumor de un delincuente, alineado con un partido de la oposición, generó una cadena de desaciertos comunicacionales y jurídicos en el gobierno, que acrecentaron la ola de especulaciones en los medios masivos y en las redes sociales. Un litigio, que analizado imparcialmente no debería haber tenido impacto en la figura presidencial, producto de la política de la posverdad se convirtió en la principal arma opositora para desgastar la reputación de la presidenta y minar su liderazgo, con enormes consecuencias para la agenda programática del gobierno.

Similar análisis cabe en la reciente polémica levantada por La Tercera por la parcela de media hectárea que posee la hija de la presidenta a doce kilómetros del lugar en el cual se piensa instalar el proyecto minero Dominga, en la IV región. El fondo del caso, radicado en una investigación judicial al ex presidente Sebastián Piñera, por negociación incompatible durante el ejercicio del cargo presidencial, producto de la decisión de frenar la central termoeléctrica Barrancones ya que ello favorecía al proyecto Dominga, en el cual tenía cuantiosas inversiones, queda sepultado por una suposición de intenciones en la compra legal de una pequeña propiedad vacacional. El efecto buscado es múltiple: desviar la atención sobre la implicación del expresidente Sebastián Piñera en el proyecto Dominga, incidir en la aprobación de Dominga en el consejo de ministros luego de ser rechazado en primera instancia a nivel regional, y de paso golpear la imagen de la Presidenta de la República.

A simple vista las conjeturas de la posverdad siempre parecen descabelladas, y generan resistencia a ser analizadas y respondidas con seriedad. Pero la experiencia muestra que son armas políticas de enorme impacto, que una vez que se esparcen entre la opinión pública adquieren vida propia. Muchos teóricos literarios y filósofos, cómo Roland Barthes y Michel Foucault ya nos habían advertido de la “muerte del autor”, debido a que en el proceso de la intertextualidad la voluntad y la intención original de quién creo un texto desaparecen en la medida en ese mensaje se propaga. La política de la posverdad asume radicalmente este principio, pero con un supuesto de base: si una información caotiza un sistema informativo, quién disponga de la fuerza y los recursos materiales para imponer su voz en medio del ruido va a terminar por prevalecer.

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[1] Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Madrid. Taurus.

[2] Declaraciones completas en http://www.eldemocrata.cl/noticias/almirante-r-jorge-arancibia-las-autoridades-saben-quienes-son-y-donde-estan-los-que-provocan-incendios/

[3][3] http://www.gob.cl/equipo-especializado-la-ue-incendio-chile-no-precedentes-la-historia-impacto-escala-planetaria/