El cartel de los Matte: arrogancia, hipocresía e impunidad

El diputado Eduardo Matte Pérez, antepasado directo de la familia Matte Larraín, controladora de la empresa papelera CMPC, afirmaba en 1892: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio[1]”. Fieles a esta máxima, sus descendientes han mantenido ante todo su permanente arrogancia como dueños de Chile. Durante la Unidad Popular su papelera se transformó en la empresa símbolo de la derecha golpista, que la defendió con uñas y dientes frente a sus trabajadores, que pedían su traspaso al área social. Luego del 11 de septiembre de 1973 un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve trabajadores de la CMPC de las localidades de Laja y San Rosendo.  La lista negra de los detenidos la habría confeccionado la empresa, los vehículos que los trasladaron eran de la empresa.

Esta familia durante decenios ha marcado el acontecer nacional entre bambalinas, manejando la opinión pública desde el Centro de Estudios Públicos y sus encuestas “fabrica-candidadatos”. Sólo en 2013 la CMPC gastó más de 1.3 millones de dólares en financiamiento a campañas políticas[2], superando ampliamente el “tope legal”.

Los Matte se han paseado todos estos años por Chile como por su fundo particular, predicando su particular doctrina liberal en lo económico y conservadora en lo valórico. Patricia Matte,  experta en educación privada, es miembro del movimiento laical de los Legionarios de Cristo, fundados por el pederasta y depredador sexual Marcial Maciel. Y Eliodoro Matte y su mujer, Pilar Capdevila, fueron los principales financistas y defensores del ex párroco del El Bosque Fernando Karadima, llegando a interferir en la investigación del Ministerio Público que constató sus abusos.

Mientras tanto el Estado ha subsidiado durante décadas la producción de la papelera por medio del Decreto Ley 701, promulgado en plena dictadura para subvencionar a los privados por el concepto de “reforestación”. Desde que se dictó este Decreto Ley se han entregado más de 870 millones de dólares por esta vía, focalizándose estos dineros en más de un 70% en grandes empresas forestales, de entre las cuales la mayor es la CMPC de los Matte.  Y en 2016 se ha presupuestado una transferencia de $326.979.000 millones de pesos bajo este mecanismo.

El origen de la crisis

En junio de 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú inició una investigación a la CMPC por sospechas de colusión. En ese país los Matte controlan el 56% del mercado del tissue. A raíz de esa primera señal Colombia también comenzó un procedimiento similar, lo que fue seguido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de nuestro país. Ante la inminencia de la persecución la CMPC recurrió a la autodenuncia, la que efectuó justo a tiempo para aparecer como beneficiario de la delación compensada, lo que mitigará cualquier atisbo de sanción. Todo apunta a que CMPC  buscará limitar la responsabilidad de los hechos en SCA; la otra empresa coludida, y particularmente en el ex socio de PISA, Gabriel Ruiz Tagle (ex ministro de deporte de Sebastián Piñera y unos de los operadores directas del ilícito). SCA enfrentaría una multa por 15 millones de dólares mientras  CMPC no sufriría multa alguna al haberse acogido a la “delación compensada”, por lo cual obtendrá beneficios por haber reconocido el delito.

Las cifras de la colusión constatan que durante 10 años el cartel formado por la papelera del grupo Matte y los suecos de SCA Chile (Ex PISA), lograron manipular los precios y cuotas de mercado en la industria del papel tissue. Por esa vía se estima la CMPC logró un sobreprecio por $275.558.000.000. El equivalente al robo de un auto de gama básica por cada familia chilena. En esos años mientras el precio de la Celulosa subió 5%, el precio del Papel Higiénico aumentó un 34%.

Para colmo, durante las primeras 48 horas del escándalo las acciones de la  CMPC perdieron US$ 646,7 millones de su capitalización bursátil. En una buena parte estas acciones están en manos de las AFP, por lo cual la pérdida se traspasará directamente a sus fondos de pensiones.  Se calcula que las #AFP han invertido US$3.612 millones de las cotizaciones de los trabajadores en las 8 empresas del grupo.

El doble discurso

El 5 de noviembre de 2015 el CEP, think tank financiado y dirigido por el clan Matte, preparaba un evento especial. Se titulaba “Regulando a regulador: hacia un balance entre la independencia y el poder de la autoridad”. A última hora el seminario se suspendió por obvias “razones de fuerza mayor”.  Este tipo de eventos públicos han marcado la agenda del CEP. Bajo un marco intelectual lleno de sutilezas, la agenda siempre ha sido la misma: desregulación del mercado y laissez faire edulcorado por argumentos que seducen a los que se olvidan de quienes financian y orientan la discusión. Por algo Carlos Peña reaccionó al affaire diciendo que «Eliodoro Matte es un hombre muy poderoso, tiene no solo dinero, tiene influencia, tiene una institución cultural estupenda que ha sabido manejar con gran sagacidad, con apertura”.

La colusión es imposible sin concentración empresarial. En un mercado muy diversificado es imposible coordinar y mantener en silencio a un conjunto amplio de actores. Pero un duopolio del papel, o una tríada de cadenas de farmacias, un par de empresas productoras de pollo, unas tres grandes líneas de buses o unas pocas empresas del asfalto son fácilmente  Y por eso, más allá del papelón transitorio que , están muy tranquilos. Saben que controlan un mercado muy concentrado, donde abastecen una serie de productos básicos y la legislación les es muy amigable. Conseguir y mantener esas regalías  no ha sido obra de un día. La arquitectura financiera, legal y política del país la han amoldado a sus intereses por una vía que ha mezclado la persuasión, la componenda y el clientelismo.

El pasado 8 de octubre, en presencia de la presidenta de la República y varios ministros, Eliodoro Matte Larraín pronunció un discurso titulado “La importancia de recuperar confianzas” en donde criticó frontalmente las reformas del último período, enfocando en ellas en centro de las “desconfianzas empresariales. En la ocasión dijo:  “Las fuentes de desconfianza son de otra naturaleza: la poca calidad y urgencia de las reformas, el escaso tiempo que ha habido para deliberar seriamente en torno a ellas. Las reformas tributaria, educacional y laboral han generado polémica y discusión no sólo por intereses, sino porque nos parece que no ha sido suficientemente meditada la jerarquización de fines, ni tampoco los mejores instrumentos políticos. Hay una percepción de que una inflación de fines no necesariamente ayuda a las próximas generaciones. Una creciente distancia entre ‘nosotros’ y los ‘otros’ genera inevitablemente desconfianza”. Mientras se lamentaba por la “desconfianza” que generan los cambios democráticos, Matte mantenía su contubernio para expoliar a los consumidores.

Llegó la hora de poner fin a este ciclo. La agenda de cambios debe ser inmediata. Debe partir por poner fin al DL 701 que subsidia a las forestales. En segundo lugar se debe exigir una compensación económica  a la CMPC y SCA que al menos triplique las ganancias obtenidas. En tercer lugar es urgente promulgar una ley de responsabilidad penal empresarial, que impida la concentración del mercado y luego sancione efectivamente los actos de colusión.

Ya no es argumento sostener que la actual legislación, promulgada por Ricardo Lagos, colabore a la reducción de este fenómeno. Más bien incentiva a las empresas coludidas a asumir el riesgo, asumiendo que pueden salir impunes de su aventura si son astutas y recurren a la delación compensada. Una ley inteligente de responsabilidad penal empresarial debe prevenir estos delitos impidiendo la concentración del mercado, y generando una distinción entre la responsabilidad de los ejecutivos, a los cuales se les puede aplicar la delación compensada, y la responsabilidad de los dueños, con los cuales nunca debe haber contemplaciones, ya que su función prioritaria es fiscalizar a quienes han delegado la administración de sus bienes y que actúan bajo su directo mandato.

 

[1] Gabriel Salazar (2014)  La enervante levedad histórica de la clase política civil, Debate, Santiago.

[2] Reporte de desarrollo sostenible CMPC 2013.

La Penta-democracia y la soberanía del dinero

Alicia Sanchez y Álvaro Ramis

Le Monde diplomatique, noviembre de 2014

¿Por qué hay leyes que cuentan con un alto respaldo de la ciudadanía pero son rechazadas en el parlamento? Estados Unidos no ha logrado aprobar una ley que restrinja el uso y venta de armas a civiles, a pesar del apoyo del gobierno y con todas las encuestas a favor. Tras la masacre de la escuela de Sandy Hook los legisladores votaron en contra, temerosos de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) que financia muchas campañas. «Ningún político que cuida su carrera quiere desafiar nuestras metas», ha dicho un ex ejecutivo de NRA, Harlon Carter.[1] Para contrarrestar a la NRA el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg decidió donar 50 millones de dólares para crear una organización ciudadana que financie campañas políticas e iniciativas a favor de la restricción de armas. El camino más corto y eficiente es financiar directamente a los políticos. Esa es la conclusión a la que han llegado no sólo las grandes corporaciones empresariales sino también los movimientos que buscan mantener o fortalecer la primacía del mercado en ámbitos como salud y la educación. Por eso están invirtiendo en campañas electorales. Jonah Edelman, ejecutivo de la organización Stand for Children ha señalado que “si usted quiere tener la influencia necesaria para cambiar las políticas para los niños, tiene que ayudar a los que políticos sean elegidos. Se trata de dinero, dinero, dinero».[2]

¿Y en América Latina?

 “El dinero juega un papel cada vez más importante en la política de América Latina como resultado del reciente crecimiento económico de la región, el aumento de la inversión extranjera directa y el ascenso de la clase media”, señala el Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA. Este informe se refiere a Chile y revela: “Grandes donantes privados contribuyen a menudo a varios grupos políticos. En Chile, las empresas familiares de los Luksic, Matte y Saieh contribuyen a casi todos los partidos excepto el Partido Comunista, lo que podría ser visto ya sea como una estrategia de diversificación financiera para mantener la influencia, independientemente de quién gane) o como una forma de filantropía democrática. (27) En muchos casos, las empresas prefieren no revelar sus ‘preferencias’ políticas. En una encuesta realizada a 151 empresarios, el 54% dijo que había hecho contribuciones en especie en lugar de donaciones en efectivo, ya que son más difíciles de rastrear e identificar. (28) Sólo el 56% registran tales donaciones en su contabilidad financiera, lo que hace que sea imposible comparar la información de los donantes y los receptores”[3].

El estudio considera, en términos generales, que en “la relación entre la política y el sector empresarial se percibe a menudo como las donaciones realizadas a cambio de favores o políticas favorables. Dos elementos relacionados con grandes donaciones privadas que deberían ser considerados en futuros análisis: la preferencia de los donantes en general se centra en las elecciones locales en lugar de las elecciones nacionales y las donaciones a menudo se dirigen a múltiples candidatos, incluyendo rivales , por lo que los donantes pueden cubrir sus apuestas”.[4]

¿A quién representa el Parlamento?

 Tras analizar el volumen de aportes reservados de acuerdo a la información entregada por SERVEL es válido preguntarse dónde reside la soberanía ¿en el pueblo o en quienes pueden financiar las campañas electorales de los y las candidatas al Parlamento? Nuestra democracia renació y creció en los años 90, pero de manera distorsionada. A la distorsión generada por el sistema binominal se sumó la distorsión del dinero. Y al mismo tiempo que la desigualdad social acrecentaba las brechas, la desigualdad política permitió que sólo una casta política financiada por una élite económica se repartiera el parlamento durante 25 años.

Hasta ahora la ciudadanía desconocía quiénes estaban detrás de los aportes reservados, es decir, a quienes deben rendir cuentas los y las parlamentarias electas. Pero además un porcentaje importante de los aportes de las empresas a campañas políticas han recibido beneficio tributario. Dinero del erario fiscal ha terminado en “palomas” o avisos radiales de candidatos o candidatas por quienes quizás jamás votaríamos. O, lo más grave, por parlamentarios que se han opuesto a legislaciones que mejorarían nuestra calidad de vida y la democracia. De acuerdo al SII son 247 las empresas que solicitaron franquicia tributaria por aportes a la actividad política el año 2013. El monto declarado corresponde a $ 13.700 millones. De las empresas que aparecen en el listado, seis pertenecen al grupo Penta, entre ellas la Isapre Vida Tres y la Clínica Santa María; siete son sociedades del grupo Luksic, entre ellas el Banco de Chile y la Minera Los Pelambres; el grupo Angelini, a través de Celulosa Arauco, Abastible y la pesquera Corpesca, entre otras; filiales del BCI del grupo Yarur; el grupo Falabella; Latam Airlines Group de la familia Cueto; cinco sociedades de Paulmann; el grupo Security; el Grupo Matte a través de CMPC y Colbún, entre otras sociedades; el grupo Saieh a través de Corpbanca; el grupo Hurtado Vicuña con Entel; Claro Chile del mexicano C. Slim, por citar algunas[5]. De acuerdo al reportaje, las empresas de electricidad y las pesqueras están entre las principales donantes, temas estratégicos para el desarrollo y que generan un fuerte debate en el Parlamento.

Isapres y bancos aparecen en la lista, entidades que han recibido cuantiosas ganancias en las últimas décadas y que han sido cuestionadas por los cobros que realizan a sus usuarios, altos intereses en el caso de los bancos, discriminación y alzas de planes indebidas en el caso de las isapres. Estas últimas registraron utilidades de casi $50 mil millones entre enero y junio de 2014, un record en los últimos nueve años, mientras los bancos alcanzaron ganancias de US$1927 millones entre enero y mayo de 2014, superior a la registrada por la industria en el mismo período del año 2013. Tal como se ha develado a partir de la colusión de las empresas de pollos, del caso Cascadas, y PENTA, las empresas están utilizando los recursos de todos los chilenos para producir mayores ganancias, especular y financiar campañas políticas.

En el 45% de los países de la OCDE el financiamiento público directo a los partidos políticos se provee regularmente y en relación a campañas; en otro 45% se provee sólo regularmente y en el 10% sólo en relación a campañas. En este último grupo se encuentra Chile, Australia y Estados Unidos[6]. En el 27% de los países los los partidos políticos deben revelar la identidad de sus donantes. Chile se encuentra entre el 73% de los países donde los reportes de los partidos políticos sólo “algunas veces” revelan la identidad de sus financistas. Urge repensar el necesario financiamiento de los procesos electorales como precondición de igualdad ciudadana, al servicio de la calidad de la democracia.

 Concentración de los aportes a nivel territorial

 

Monto Circunscripción
 

$                 303.350.000

Antofagasta
 $                 525.964.300 Coquimbo
 $              1.893.266.725 Santiago Poniente
 $              1.006.202.822 Santiago Oriente
 $                 601.080.988 O’Higgins
 $                 546.079.162 Bío Bío Costa
 $                 440.766.674 Bío Bío Cordillera
 $                 369.325.939 Los Ríos
 $                 315.030.500 Los Lagos
 $                 130.018.488 Magallanes

Elaboración propia, en base a datos del Servel

Las circunscripciones con mayor cantidad de aportes reservados corresponden a las de Santiago Poniente y Santiago Oriente. En total, sus candidatos y candidatas concentran el 47% de los aportes. Pablo Zalaquett y Laurence Golborne, ambos de la UDI, superaron en aportes reservados a circunscripciones completas, el primero con $ 716.372.420 y el segundo con $ 557.453.816, como se aprecia en la tabla. En contraste, las circunscripciones de regiones extremas, Antofagasta y Magallanes, concentraron los aportes reservados más bajos. Esto podría dar lugar a una clasificación entre distritos caros y distritos baratos, información estratégica a la hora de escoger circunscripciones. Los/as senadores o candidatos/as al Senado que recibieron mayores aportes reservados fueron M. Rojas ($ 219.350.000, Antofagasta, UDI); G. Uriarte ($ 233.457.505, Coquimbo, UDI); P. Zalaquett ($ 716.372.420, Santiago Poniente, UDI); L. Golborne ($ 557.453.816, Santiago Oriente, UDI); A. Cardemil ($ 318.925.414, O’Higgins, RN); J. van Rysselberge ($ 278.785.814, Bío Bío Costa, UDI); F. Harboe ($ 272.111.116, Bío Bío Cordillera, PPD); E. von Baer ($ 323.825.939, Los Ríos, UDI); I. Moreira ($ 218.040.500, Los Lagos, UDI) y C. Goic ($ 66.500.000, Magallanes, DC). De esta forma, en siete de las diez circunscripciones los más altos aportes reservados se concentraron en los candidatos de la UDI. De estos, cuatro no resultaron electos: M. Rojas, G. Uriarte, P. Zalaquett y L. Golborne.

¿Es viable esta «Penta-democracia de mercado»? No nos referimos a una democracia «con mercado», sino una «democracia» que se subordina a las reglas y normas propias del intercambio mercantil. Donde los votos tienen precio, como si fueran acciones o productos del supermercado. Donde los cargos públicos tienen un costo que fluctúa de forma variable, tal como cambian los valores de las acciones o propiedades inmobiliarias en distintas zonas de una ciudad. Una «democracia» donde el pueblo no es el soberano, sino un grupo de 300 empresas que poseen el poder en plenitud, y lo delegan en sus representantes, a plazo y con cláusulas y condiciones de pago, por medio de leyes hechas a la medida de quienes las han financiado.

 

[1]BBC Mundo, “El poder político de las armas en Estados Unidos”, 21 de marzo 2013.

[2]Wall Street Journal, 3 de noviembre de 2010.

[3]Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA (2010) “Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”.

[4]IDEA (2010), op. cit.

[5]Ver listado completo en http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/10/674-600874-9-empresas-que-financian-la-politica.shtml[6]IDEA (2010), op. cit.

 

El consejo para la transparencia en Chile. Un caso de estudio

Chile aprobó la ley Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado (LDT) el 11 de agosto de 2008, entrando en vigencia en abril de 2009. Con anterioridad abundaban decretos, resoluciones, decisiones administrativas y simples costumbres que definían como reservados los más diversos actos y documentos de la administración. A lo anterior se sumaba la falta de conocimiento de la población respecto al derecho de acceso a la información, por prácticas inveteradas que vetaban estos requerimientos.

El principal mecanismo que instituyó la nueva ley fue el “Consejo para la Transparencia”, que ha asumido la forma de una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Las funciones del Consejo se sintetizan en la promoción del principio de transparencia, ejercer como garante del derecho de acceso, y velar por el perfeccionamiento de la regulación de la normativa en esta materia. Desde su entrada en vigencia de la LDT la administración del Estado ha recibido más de  100.000 solicitudes de acceso a la información. Hacia fines de 2012  4.600 de esas solicitudes habían dado lugar a reclamos ante el consejo de la Transparencia por denegación de información.

Para ilustrar la complejidad de algunos de estos reclamos se detallarán dos casos recientes, que sirven para ilustrar los dilemas a los que se somete la deliberación del esta institución.

Caso 1: Fallo del Consejo para la Transparencia en contra de la subsecretaría de Pesca. Chile

El problema

El 4 de julio de 2011 la ONG ambientalista “Oceana” realizó  una solicitud de acceso a la información a la subsecretaría de Pesca (SDP) del gobierno chileno con el fin de conocer cuántas solicitudes para “pesca científica” había presentado la Universidad del Mar (UDM) y toda la documentación anexa.

En una de esas solicitudes se informaba que la UDM había firmado un contrato con la empresa japonesa “Japan Tuna Fisheries Cooperative” (JTFC) en orden a realizar  “pesca científica” de atunes, con cuatro buques factoría en las aguas cercanas a la Isla de Pascua durante un año. Este tipo de barcos capturan y procesan al pez en alta mar y son tradicionalmente usados por las grandes empresas.

Para la ONG era llamativo el número de proyectos de pesca con supuestos fines científicos en los que estaba involucrada la Universidad del Mar, con cantidades de extracción de pescados que excederían los usados con fines investigativos.

Dentro de la petición de Oceana se pedía acceso al contrato entre la UDM y la empresa asiática. Sin embargo, la subsecretaría de Pesca no entregó ese documento, agregando sólo un resumen de lo que pretendía hacer la firma en aguas chilenas y documentos menores.

La ONG Oceana se volvió a comunicar con la SDP reiterando su petición de conocer el contrato. Sin embargo, violando expresamente la Ley de Transparencia, la subsecretaría le dio a esa solicitud un número de ingreso distinto, para evitar la revelación del mentado documento, debiendo haberlo resuelto en la primera solicitud de Oceana. Continuando con la tramitación de la solicitud de Oceana, la SDP ofició a la Universidad del Mar para conocer si manifestaba su oposición a la publicidad del contrato. Como era de esperar, la universidad se opuso a la publicación del documento.

La solución

Ante la negativa a entregar ese contrato específico, la ONG envió un recurso de amparo al Consejo para la Transparencia (CPLT), el que fue acogido. El fallo del CPLT obliga a la Subsecretaría a entregar el contrato solicitado por Oceana y constata que la Subpesca no cumplió correctamente con las normas de la Ley de Transparencia.

Según el CPLT la subsecretaría no entregó argumentos válidos, pero explicó que decidió tramitarla aparte porque podía afectar los intereses de terceros, es decir la Universidad del Mar. Además, la entidad argumentó que el otro interesado era una empresa con domicilio en Japón y que los documentos estaban en ese idioma.

La Universidad del Mar por su parte, indicó que el contrato con la nipona no podía ser revelado porque contenía información estratégica de la empresa y que su carácter era secreto. Sin duda, debían ir los honorarios que cobraría la casa de estudios. Pues bien, luego de analizar los antecedentes, el CPLT los rechazó porque, ya que a su entender, la subsecretaría usó “artificios” ilegales que finalmente favorecieron a la Universidad del Mar. Y esta última, un día antes de enviar sus argumentos al CPLT retiró todos los documentos para “pesca científica” desde la Subsecretaría.

Recomendaciones y aprendizajes

El CPLT obligó a la SDP a entregar la documentación, pues esta debería tener una copia de los documentos en su poder. De lo contrario, debe enviar a Oceana las resoluciones mediante las cuales se devolvieron los papeles a la UDM. La resolución señala:

“Que, por último, se le representará a la Subsecretaría de Pesca que, pese a estimar que la información requerida podría afectar los derechos de terceros, no dio estricto cumplimiento al procedimiento de oposición establecido y regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, retrasando, con ello, la entrega de la información al requirente e impidiendo, asimismo, que el eventual afectado por la entrega de la información pueda ejercer su derecho a oposición, lo que implica una vulneración a dicha norma…”.

Caso 2: La declaración de patrimonio del Presidente S. Piñera.

Al iniciar su mandato en marzo de 2010 Sebastián  Piñera había delegado el manejo de sus inversiones a cuatro entidades que las administran bajo la figura del fideicomiso ciego voluntario. De esta forma se buscaba evitar los conflictos de intereses. Pero en noviembre de 2013 la revista Forbes publicó su lista anual con las personas más adineradas del planeta. Por séptimo año consecutivo el entonces presidente chileno S. Piñera figuró como uno de los principales millonarios a nivel mundial. Esta vez, en la posición 589 con un patrimonio avaluado en US$ 2.500 millones. Desde que asumió el su cargo de gobierno su patrimonio se habría incrementado según los cálculos de la revista, en un 150%.

Ante estos datos el 14 de noviembre de 2013, un periódico chileno envió una solicitud de acceso a información pública a la Presidencia chilena para pedir copia de todos los contratos de fideicomiso ciego contraídos por el Presidente S. Piñera o las sociedades en que participa. La respuesta del director Administrativo de la Presidencia señala que lo publicado en el sitio web del gobierno referido al patrimonio  corresponde a “toda la información que disponemos referidas a dichas declaraciones”. Y agrega: “Finalmente, y en conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, informamos a usted que además de lo señalado, diversos antecedentes vinculados con las referidas declaraciones pero no exigidos por la ley vigente, se encuentran en poder de la Contraloría General de la República, para su consulta”.

Para conocer los contratos faltantes y el detalle de qué inversiones fueron delegadas a las cuatro corredoras de Bolsa, el periódico solicitó a la Contraloría general de la república (CGR) acceso a todos los documentos referidos a las declaraciones del Presidente Piñera, tanto a los formularios en sí como los anexos que haya entregado en 2010. Como los documentos son de carácter público, seis días después se obtuvo copia de las declaraciones completas del mandatario: ocho contratos que no aparecen en las declaraciones de Sebastián Piñera publicadas por la web de la Presidencia. En cada uno de los documentos se establecen las condiciones bajo las cuales operarán los fideicomisos ciegos. Todos señalan lo mismo: la empresa mandante entrega a la respectiva corredora de Bolsa (el mandatario) un paquete de acciones de distintas sociedades anónimas abiertas individualizado en el anexo A del contrato para que realice inversiones de toda clase de instrumentos financieros, ya sea en Chile o en el extranjero, entregándole también las facultades para que venda libremente esas acciones a precio de mercado en cualquier minuto mientras esté vigente el contrato. También señalan que el mandante no será informado bajo ninguna circunstancia de las operaciones ni del estado de la cartera de inversiones encomendada. El problema es que esos contratos tampoco están completos: ninguno incluye el anexo A, donde se detalla cuántas acciones y de qué empresas se están entregando a las corredoras de Bolsa para su administración, y menos el anexo B, donde se establecen las comisiones que las empresas del presidente deberán pagar a las administradoras del fideicomiso

En otras palabras, los documentos entregados por el Presidente Piñera no permiten siquiera saber cuáles eran las inversiones que tenía al momento de firmar el fideicomiso. Por lo tanto, sus declaraciones no respetan el espíritu de la ley, ya que resulta imposible conocer a través de ellas cuál es –o al menos era, antes de firmar los contratos– su patrimonio. Piñera ha afirmado. “Respecto a mi declaración patrimonial quiero ser muy claro: todo mi patrimonio ha sido declarado de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.088. No existe omisión alguna. Pero la cuantificación de su patrimonio al momento de firmar los fideicomisos no se encuentra reflejada en ninguna parte.

Para Chile Transparente –rama chilena de Transparencia Internacional –la interpretación de la ley es clara: “Debe concluirse que todos los funcionarios obligados a prestar una declaración de patrimonio deben declarar no sólo las sociedades en que tengan participación como personas naturales, sino también aquellas en las que participen a través de otras sociedades. Esa es la única forma en que la declaración de patrimonio sea una herramienta adecuada para prevenir el conflicto de intereses y hacer posible la fiscalización de los órganos competentes y de la ciudadanía”.El presidente Piñera podría argumentar que el fideicomiso ciego lo libera de detallar las participaciones cuya administración ha delegado, pero considerando que se trata de un contrato privado, voluntario y no sometido a las regulaciones de transparencia, es difícil encontrar un argumento legal que lo justifique.

Algunas conclusiones.

La aprobación de la LDT en Chile ha sido una de las pocas innovaciones democráticas que se han implementando en Chile en las últimas décadas. Se debe entender como el resultado de la incidencia de la sociedad civil organizada que levantó esta demanda a fines de los años noventa y que producto de su acción focalizada a nivel nacional e internacional consiguió su aprobación. El fallo de la corte interamericana en el caso Claude Reyes v. Chile generó un precedente internacional relevante en materia de reconocimiento del derecho a acceso a la información pública y resultó determinante en esta conquista.

A pesar de este avance, la opinión pública chilena mantiene hasta el día de hoy altos índices de desconfianza en las instituciones estatales, tal como lo indican los estudios del Consejo para la Transparencia. Además, se requiere mucha mayor capacitación y difusión de esta nueva institucionalidad, de manera que se logre conocer y asimilar su potencialidad. Al mismo tiempo, se deben estudiar y corregir las barreras de entrada denunciadas por Pro Acceso, que limitan el ejercicio del derecho a acceso, las que resultan fácilmente  subsanables por vía administrativa.

Pero las grandes materias pendientes en relación a la LDT dicen relación con la capacidad de esta nueva institucionalidad para responder ante la presión de grandes poderes que intenten limitar sus atribuciones.  Frente a ello se requiere fortalecer la actual institucionalidad. La proposición de constitucionalizar el derecho a acceso a la información toma una enorme relevancia.