Hacer la pega

Algo funciona mal cuando cumplir con el deber se transforma en algo extraordinario. Eso es lo que ha reflejado el fiscal Carlos Gajardo, al atreverse a tirar de los cabos sueltos en el caso Penta, hasta el punto de dejar caer el pesado velo que cubría las componendas y complicidades entre el Capital y la política.  Si se mira a primera vista, Gajardo no hizo más que cumplir con su rol, y hasta donde pudo y donde le dejaron. Pero sabemos que no fue sólo eso. Se atrevió a entrar en la caja negra de las platas cruzadas entre los poderosos, que en una pasada se forran con miles de millones. Por eso no le será fácil continuar con su vida, como si nada hubiera pasado. Ya encontrarán la forma de hacérselo pagar, y con intereses.

Yo no he visto a Carlos Gajardo en veinticinco años. Pero lo recuerdo como si fuera ayer, como compañero en el colegio de los Hermanos Maristas en Curicó. El debía tener un año más que yo  porque iba en el curso superior al mío. Eran los años finales de la dictadura, en un colegio pagado, católico, de hombres, en una ciudad provinciana, conservadora y agrícola. La mitad de mis compañeros eran hijos de antiguos patrones de fundo, reconvertidos en exportadores después de la reforma agraria. Por lo tanto furibundos partidarios de Pinochet. La otra mitad se dividía entre los hijos de los funcionarios locales del régimen,  los alcaldes de los pueblos, o militares arraigados en la provincia. También eran hijos de comerciantes que apoyaron el sabotaje a la UP. Y finalmente unos cuantos hijos de profesionales, abogados y médicos principalmente. Los Hermanos Maristas, españoles, todavía numerosos y omnipresentes, dirigían directamente el Instituto bajo una mentalidad profundamente nostálgica del franquismo, al que identificaban miméticamente con el  pinochetismo criollo. Y los profesores se mantenían a recaudo de expresar cualquier opinión política que incomodara a los estudiantes y a los Hermanos. En el patio reinaba un orden absoluto, de la mano del señor Osses, carabinero en retiro, que solamente se sacó del uniforme para ejercer como inspector de la enseñanza media.

En ese ambiente el año 1988 me sorprendió en segundo medio, con 15 años. Carlos debía tener 16, y estaba en tercero. Ya en marzo todo indicaba que el proceso político desembocaría en el plebiscito de octubre, y sin decirlo, todos entendíamos que ese sería el verdadero «año decisivo», en el que finalmente se jugaría el futuro de nuestras vidas. Sin embargo, de ese tema, nadie decía nada. Era un tema tabú, salvo para que los más furibundos hijitos de alcalde o de coronel, que despotricaban contra cualquiera que pronunciara las palabras prohibidas: democracia, derechos humanos, libertad, justicia.

Yo, como muchos, estaba aterrado. Me parecía insoportable que la dictadura se pudiera prolongar en el tiempo, y que se legitimara con trajes de civilidad. Pero como el resto, prefería callar. Comprara a escondidas la revista Análisis y la llevaba a la casa envuelta en papel de diario, como si fuera una revista pornográfica. Pero en clases no me atrevía abrir la boca y romper el consenso forzado impuesto por la mayoría ahí presente, que paradojalmente reflejaba totalmente a la minoría social y política del país.

Un día vi a Carlos Gajardo cruzar el patio con una gran y llamativa chapita del No. Era a inicios del año. Y creo que nunca se la sacó hasta octubre de ese año. Obviamente era el único en ese ambiente hostil se había atrevido a semejante atrevimiento. En otros ambientes, tal vez en Santiago, o en otro colegio, el gesto de Carlos no hubiera tenido nada de especial. También había gente que estaba arriesgando mucho más, en la clandestinidad, en la lucha directa contra el tirano. Pero el gesto de Gajardo, por mínimo que sea, no era menos valiente. Yo sentía en la piel el hielo que se arremolinaba a su paso, las amenazas del inspector de patio para que se sacara el objeto subversivo, la inquina de algunos profesores, y sobre todo el cerco invisible que se tejía en torno a él, a una edad en la que los pares lo son todo para un adolescente. Por eso yo no estaba dispuesto a asumir los micro-riesgos cotidianos a los que Carlos Gajardo se enfrentaba cada día. No estaba dispuesto a ser aislado o ser visto con sospecha.

Tantos años después recuerdo la escena y creo que Carlos Gajardo fue lo suficientemente inteligente y moralmente autónomo como para enfrentar al ambiente imperante y expresar lo que era de sentido común: que la dictadura debía acabar y que se debía iniciar una etapa democrática, en regla. Eso era todo. No se lo que piensa políticamente más allá de ese gesto. Y por eso siento que mi aparente prudencia y recato  fue una irresponsabilidad culpable.

Veinticinco años después siento que el Carlos Gajardo de 16 años, al que no le importaba lo que pensaran de él en su colegio, sigue vivo en el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente. Sigue haciendo lo que debe hacer, aunque el mundo se le venga encima. Sigue siendo excepcional porque se deja guiar por su conciencia y no por su conveniencia. Un acto de sublime heroísmo, que no consiste más que en cumplir con lo que se debe hacer y para lo que se  le esta pagando el sueldo. En Chile, un país donde la normalidad es un escándalo permanente, donde todos los que tienen algo de poder se tapan mutuamente, hacer la pega, nada más que la pega, puede ser motivo de orgullo y una razón para que te levanten un monumento. Y Gajardo se lo merece.

 

 

 

 

La Penta-democracia y la soberanía del dinero

Alicia Sanchez y Álvaro Ramis

Le Monde diplomatique, noviembre de 2014

¿Por qué hay leyes que cuentan con un alto respaldo de la ciudadanía pero son rechazadas en el parlamento? Estados Unidos no ha logrado aprobar una ley que restrinja el uso y venta de armas a civiles, a pesar del apoyo del gobierno y con todas las encuestas a favor. Tras la masacre de la escuela de Sandy Hook los legisladores votaron en contra, temerosos de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) que financia muchas campañas. «Ningún político que cuida su carrera quiere desafiar nuestras metas», ha dicho un ex ejecutivo de NRA, Harlon Carter.[1] Para contrarrestar a la NRA el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg decidió donar 50 millones de dólares para crear una organización ciudadana que financie campañas políticas e iniciativas a favor de la restricción de armas. El camino más corto y eficiente es financiar directamente a los políticos. Esa es la conclusión a la que han llegado no sólo las grandes corporaciones empresariales sino también los movimientos que buscan mantener o fortalecer la primacía del mercado en ámbitos como salud y la educación. Por eso están invirtiendo en campañas electorales. Jonah Edelman, ejecutivo de la organización Stand for Children ha señalado que “si usted quiere tener la influencia necesaria para cambiar las políticas para los niños, tiene que ayudar a los que políticos sean elegidos. Se trata de dinero, dinero, dinero».[2]

¿Y en América Latina?

 “El dinero juega un papel cada vez más importante en la política de América Latina como resultado del reciente crecimiento económico de la región, el aumento de la inversión extranjera directa y el ascenso de la clase media”, señala el Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA. Este informe se refiere a Chile y revela: “Grandes donantes privados contribuyen a menudo a varios grupos políticos. En Chile, las empresas familiares de los Luksic, Matte y Saieh contribuyen a casi todos los partidos excepto el Partido Comunista, lo que podría ser visto ya sea como una estrategia de diversificación financiera para mantener la influencia, independientemente de quién gane) o como una forma de filantropía democrática. (27) En muchos casos, las empresas prefieren no revelar sus ‘preferencias’ políticas. En una encuesta realizada a 151 empresarios, el 54% dijo que había hecho contribuciones en especie en lugar de donaciones en efectivo, ya que son más difíciles de rastrear e identificar. (28) Sólo el 56% registran tales donaciones en su contabilidad financiera, lo que hace que sea imposible comparar la información de los donantes y los receptores”[3].

El estudio considera, en términos generales, que en “la relación entre la política y el sector empresarial se percibe a menudo como las donaciones realizadas a cambio de favores o políticas favorables. Dos elementos relacionados con grandes donaciones privadas que deberían ser considerados en futuros análisis: la preferencia de los donantes en general se centra en las elecciones locales en lugar de las elecciones nacionales y las donaciones a menudo se dirigen a múltiples candidatos, incluyendo rivales , por lo que los donantes pueden cubrir sus apuestas”.[4]

¿A quién representa el Parlamento?

 Tras analizar el volumen de aportes reservados de acuerdo a la información entregada por SERVEL es válido preguntarse dónde reside la soberanía ¿en el pueblo o en quienes pueden financiar las campañas electorales de los y las candidatas al Parlamento? Nuestra democracia renació y creció en los años 90, pero de manera distorsionada. A la distorsión generada por el sistema binominal se sumó la distorsión del dinero. Y al mismo tiempo que la desigualdad social acrecentaba las brechas, la desigualdad política permitió que sólo una casta política financiada por una élite económica se repartiera el parlamento durante 25 años.

Hasta ahora la ciudadanía desconocía quiénes estaban detrás de los aportes reservados, es decir, a quienes deben rendir cuentas los y las parlamentarias electas. Pero además un porcentaje importante de los aportes de las empresas a campañas políticas han recibido beneficio tributario. Dinero del erario fiscal ha terminado en “palomas” o avisos radiales de candidatos o candidatas por quienes quizás jamás votaríamos. O, lo más grave, por parlamentarios que se han opuesto a legislaciones que mejorarían nuestra calidad de vida y la democracia. De acuerdo al SII son 247 las empresas que solicitaron franquicia tributaria por aportes a la actividad política el año 2013. El monto declarado corresponde a $ 13.700 millones. De las empresas que aparecen en el listado, seis pertenecen al grupo Penta, entre ellas la Isapre Vida Tres y la Clínica Santa María; siete son sociedades del grupo Luksic, entre ellas el Banco de Chile y la Minera Los Pelambres; el grupo Angelini, a través de Celulosa Arauco, Abastible y la pesquera Corpesca, entre otras; filiales del BCI del grupo Yarur; el grupo Falabella; Latam Airlines Group de la familia Cueto; cinco sociedades de Paulmann; el grupo Security; el Grupo Matte a través de CMPC y Colbún, entre otras sociedades; el grupo Saieh a través de Corpbanca; el grupo Hurtado Vicuña con Entel; Claro Chile del mexicano C. Slim, por citar algunas[5]. De acuerdo al reportaje, las empresas de electricidad y las pesqueras están entre las principales donantes, temas estratégicos para el desarrollo y que generan un fuerte debate en el Parlamento.

Isapres y bancos aparecen en la lista, entidades que han recibido cuantiosas ganancias en las últimas décadas y que han sido cuestionadas por los cobros que realizan a sus usuarios, altos intereses en el caso de los bancos, discriminación y alzas de planes indebidas en el caso de las isapres. Estas últimas registraron utilidades de casi $50 mil millones entre enero y junio de 2014, un record en los últimos nueve años, mientras los bancos alcanzaron ganancias de US$1927 millones entre enero y mayo de 2014, superior a la registrada por la industria en el mismo período del año 2013. Tal como se ha develado a partir de la colusión de las empresas de pollos, del caso Cascadas, y PENTA, las empresas están utilizando los recursos de todos los chilenos para producir mayores ganancias, especular y financiar campañas políticas.

En el 45% de los países de la OCDE el financiamiento público directo a los partidos políticos se provee regularmente y en relación a campañas; en otro 45% se provee sólo regularmente y en el 10% sólo en relación a campañas. En este último grupo se encuentra Chile, Australia y Estados Unidos[6]. En el 27% de los países los los partidos políticos deben revelar la identidad de sus donantes. Chile se encuentra entre el 73% de los países donde los reportes de los partidos políticos sólo “algunas veces” revelan la identidad de sus financistas. Urge repensar el necesario financiamiento de los procesos electorales como precondición de igualdad ciudadana, al servicio de la calidad de la democracia.

 Concentración de los aportes a nivel territorial

 

Monto Circunscripción
 

$                 303.350.000

Antofagasta
 $                 525.964.300 Coquimbo
 $              1.893.266.725 Santiago Poniente
 $              1.006.202.822 Santiago Oriente
 $                 601.080.988 O’Higgins
 $                 546.079.162 Bío Bío Costa
 $                 440.766.674 Bío Bío Cordillera
 $                 369.325.939 Los Ríos
 $                 315.030.500 Los Lagos
 $                 130.018.488 Magallanes

Elaboración propia, en base a datos del Servel

Las circunscripciones con mayor cantidad de aportes reservados corresponden a las de Santiago Poniente y Santiago Oriente. En total, sus candidatos y candidatas concentran el 47% de los aportes. Pablo Zalaquett y Laurence Golborne, ambos de la UDI, superaron en aportes reservados a circunscripciones completas, el primero con $ 716.372.420 y el segundo con $ 557.453.816, como se aprecia en la tabla. En contraste, las circunscripciones de regiones extremas, Antofagasta y Magallanes, concentraron los aportes reservados más bajos. Esto podría dar lugar a una clasificación entre distritos caros y distritos baratos, información estratégica a la hora de escoger circunscripciones. Los/as senadores o candidatos/as al Senado que recibieron mayores aportes reservados fueron M. Rojas ($ 219.350.000, Antofagasta, UDI); G. Uriarte ($ 233.457.505, Coquimbo, UDI); P. Zalaquett ($ 716.372.420, Santiago Poniente, UDI); L. Golborne ($ 557.453.816, Santiago Oriente, UDI); A. Cardemil ($ 318.925.414, O’Higgins, RN); J. van Rysselberge ($ 278.785.814, Bío Bío Costa, UDI); F. Harboe ($ 272.111.116, Bío Bío Cordillera, PPD); E. von Baer ($ 323.825.939, Los Ríos, UDI); I. Moreira ($ 218.040.500, Los Lagos, UDI) y C. Goic ($ 66.500.000, Magallanes, DC). De esta forma, en siete de las diez circunscripciones los más altos aportes reservados se concentraron en los candidatos de la UDI. De estos, cuatro no resultaron electos: M. Rojas, G. Uriarte, P. Zalaquett y L. Golborne.

¿Es viable esta «Penta-democracia de mercado»? No nos referimos a una democracia «con mercado», sino una «democracia» que se subordina a las reglas y normas propias del intercambio mercantil. Donde los votos tienen precio, como si fueran acciones o productos del supermercado. Donde los cargos públicos tienen un costo que fluctúa de forma variable, tal como cambian los valores de las acciones o propiedades inmobiliarias en distintas zonas de una ciudad. Una «democracia» donde el pueblo no es el soberano, sino un grupo de 300 empresas que poseen el poder en plenitud, y lo delegan en sus representantes, a plazo y con cláusulas y condiciones de pago, por medio de leyes hechas a la medida de quienes las han financiado.

 

[1]BBC Mundo, “El poder político de las armas en Estados Unidos”, 21 de marzo 2013.

[2]Wall Street Journal, 3 de noviembre de 2010.

[3]Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA (2010) “Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”.

[4]IDEA (2010), op. cit.

[5]Ver listado completo en http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/10/674-600874-9-empresas-que-financian-la-politica.shtml[6]IDEA (2010), op. cit.

 

La batalla de la confianza

Le Monde diplomatique, abril de 2014

Michelle Bachelet ha dado inicio a su segundo gobierno tratando responder a un dilema fundamental que sintetizó al decir: «El problema sería que las expectativas estén más dominadas por la impaciencia o la desconfianza. Porque hay sectores que no confían; creen que no vamos a cumplir el programa de Gobierno[1]«. Esta falta de confianza es la que exacerbado la criticidad de los ciudadanos. Como observó Bachelet: «A nosotros nos tienen bajo una lupa que yo nunca había visto antes», refiriéndose a los continuos cuestionamientos a funcionarios designados por la nueva administración. Ya no se trata de ganar la confianza de “los mercados” o de los inversores internacionales. Bachelet está preocupada por la confianza pública de los chilenos. Se trata de un punto que reaparece continuamente en sus intervenciones. En su discurso del 11 de marzo aseguraba: “Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia entre excluir e incluir, entre dialogar e imponer, entre creer y desconfiar, entre sumarse y restarse. Sólo juntos podemos reconstruir la confianza en la participación y en las instituciones”.

Las razones en esta insistencia no son difíciles de entrever. Las cifras de abstención en las últimas elecciones dejaron en claro que el nuevo gobierno no tendrá al frente a una oposición unida, fuerte y movilizada. El verdadero desafío en este período radicará en vincularse a un amplio sector de la opinión pública que no acudió a las urnas: un 50% en la primera vuelta electoral y un 58,05% en la segunda. Cifras inéditas en la historia política chilena, acostumbrada a niveles de participación superiores al 75%, bajo el sistema de voto obligatorio. De allí que Bachelet hiciera explícita referencia a esa audiencia en su discurso inicial: “Voy a ser la Presidenta de todos los chilenos y chilenas: de quienes me dieron su apoyo, de quienes no votaron por mí y de quienes no fueron a votar”.

La desconfianza en las instituciones no es algo nuevo, pero parece haber llegado a un punto crítico durante el gobierno de Sebastián Piñera. Desde los años 90 los estudios del PNUD han enfatizado esta tendencia, pero en 2013 la tercera encuesta “Auditoría a la Democracia” señaló una caída a niveles alarmantes de la confianza en las instituciones. Salvo por el sistema judicial, que parece incrementar su prestigio, el resto de las instituciones se ven bajo mínimos de confianza a ojos de los chilenos. Las peor valoradas son las empresas privadas (18%) el Congreso (15%) y los partidos políticos (9%)[2]. La coordinadora del estudio, Marcela Ríos, interpretó los datos como un síntoma de un profundo escepticismo: “están con una sensación más profunda de desesperanza en la capacidad de cambiar las cosas. La mayoría de la gente dice que no ha hecho nada para cambiar las cosas y cuando le preguntas qué pasaría si hiciera algo, responde que no tendría ningún efecto o no serán escuchados. Las personas sienten que la distancia con los representantes es tal, que aunque intenten cambiar o que los escuchen, no los van a escuchar[3]”.

Las bases racionales de la confianza

No es fácil despachar los argumentos de esta “razón escéptica” con un llamado ingenuo a “razón esperanzada”. La confianza humana nunca es ciega ni absoluta, ni se reduce a sus dimensiones emotivas o afectivas. La reputación y las expectativas interpersonales se construyen sobre la base de las vivencias directas de las personas, contrastadas por hechos cotidianos. Por eso ni la más poderosa política “comunicacional” que pueda desplegar un gobierno puede llegar a ganar la confianza pública, si a poco andar se termina demostrando como una simple herramienta publicitaria, ante una población que ya ha aprendido a descifrar todas las técnicas fraudulentas del marketing comercial. La batalla por la confianza, a la que Bachelet debe enfrentarse, no se puede vencer en las pantallas de los televisores, sino en la experiencia directa de la ciudadanía en su relación con el Estado y con la política.

¿Pero es necesario ganar la confianza de los ciudadanos? ¿No es suficiente el mandato legal para poder gobernar? Incluso un funcionalista como Luhmann no estaría de acuerdo con este criterio. Desde la teoría de sistemas la confianza está directamente asociada a la reducción de la complejidad, y en ámbito político a la disminución de la incertidumbre que acompaña a la libertad de los seres humanos[4]. La falta de confianza impide la necesaria cooperación funcional entre los sujetos: “Cuando decimos que tenemos confianza en alguien o que alguien es de fiar, implícitamente entendemos que la probabilidad de que actuará en una acción de forma beneficiosa o al menos no perjudicial para nosotros es alta, suficiente para que consideremos el comprometernos en alguna forma de cooperación con él”[5]. De allí que las normas coercitivas sean claramente insuficientes cuando un gobernante debe involucrar la cooperación de la población en el cumplimiento de objetivos nacionales. El actual gobierno está obligado a conquistar una adhesión activa y consistente en el logro de sus metas programáticas, incluso entre quienes no adhieren a su liderazgo.

¿Es posible recuperar la confianza?

A nivel interpersonal se suele decir que la confianza es como la virginidad: se pierde de una sola vez. En la relación entre personas es muy difícil restablecer la credibilidad, ya que se necesitan muchas y reiteradas experiencias positivas para poder restablecer el vínculo perdido. Para explicar esto el teórico del “fin de la historia” F. Fukuyama[6] ha relacionado la desconfianza a la llamada Path Depency, una noción que trata de mostrar la tendencia a circunscribir las decisiones presentes a las experiencias del pasado, aunque en las circunstancias actuales esas experiencias anteriores pueden ser irrelevantes o estar descontextualizadas. Ya sea en la esfera económica y comercial o en el campo político institucional la “resaca histórica” importa.

Sin embargo, autores como J.S. Coleman, han mostrado que la confianza propia de las relaciones entre personas no opera de forma idéntica a la confianza en el campo político-institucional. A nivel familiar o entre amigos es posible quebrar una relación de forma total y absoluta. En cambio, los lazos con el nivel político y estatal siempre serán ineludibles. Podemos quebrar con las personas, pero no podemos desentendernos de las instituciones de las que depende nuestra calidad de vida. Por ello la confianza a nivel “macro” no se basa tanto en las lealtades afectivas, que implican apegos subjetivos. En ese plano es mucho más importante el juego de expectativas y obligaciones mutuas: “Si A hace algo por B le corresponderá en el futuro, se establece una expectativa en A y una obligación en B. Esta obligación puede entenderse como un cheque en manos de A para su cumplimiento por  parte de B”[7]. Coleman apunta así a que se pueden restablecer los “compromisos mutuos” entre las instituciones y las personas sobre la base de la satisfacción de expectativas. Si un gobierno comienza a demostrar que cumple sus obligaciones genera una cadena de reciprocidad que obligaría “moralmente” a los ciudadanos a otorgar mayor confianza en su acción.

Condición sine qua non

Bachelet se enfrenta en esta materia a un típico “dilema circular”: ganar la “batalla de la confianza” es condición de posibilidad para cumplir su programa. Pero a la vez “cumplir el programa” es requisito ineludible para aumentar la confianza de la población. Por lo tanto la evaluación  del cumplimiento del programa de gobierno se tornará un campo de batalla crucial durante los años venideros. La ciudadanía evaluará ese cumplimiento de forma netamente cualitativa y sustancial, por lo que intentar aplicar una metodología estadística, como lo trató de hacer Piñera en sus últimos meses de gobierno, sería irrelevante y absurdo. Más que una determinada cantidad de leyes aprobadas, lo que se evaluará tras esta etapa será la profundidad de los cambios producidos y su efecto en las experiencias de las personas. Bachelet parece conciente de este factor al afirmar en su primer discurso: “Chile no es sólo un listado de indicadores o estadísticas, sino una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente”.

Es muy probable que la oposición intente dañar por todos los medios posibles esta “clave de bóveda” del nuevo gobierno. Minar la confianza en la acción y en el programa de Bachelet puede ser para la derecha la baza más fácil de jugar en esta partida, pero al usarla corre un gran riesgo: ser desmentida por los acontecimientos, que siempre serán más poderosos que todos los argumentos de un periódico. Por su parte la presidenta debería proteger este flanco con uñas y dientes. De allí que la desprolijidad en las designación de funcionarios, en el actual contexto, no sea un asunto menor o un detalle. Todos los datos muestran que mientras la vida cotidiana de la mayoría no se vuelva sustancialmente mejor, la “lupa” ciudadana seguirá observando cada gesto y cada palabra del gobierno, sin atender a excusas o a explicaciones.

 

[1] El Mercurio, 16 de marzo de 2014.

[2] http://www.auditoriaalademocracia.org/

[3] Rodrigo Alarcón L. «Radiografía de la democracia en Chile: “Hay mayor desesperanza en la capacidad de cambiar las cosas”». En. Diario U Chile, 15 de enero 2013.

[4] Luhmann, Niklas. (1996) Confianza. Antrophos. Barcelona. p. 51

[5] Gambetta, D. (1988) «Can We Trust Trust», en Íd  (ed.) Making and Breaking Cooperative Relations. Basil Blackwell, Nueva York p. 217.

[6] Fukuyama, F. (1998) La confianza. Liberduplex, Barcelona.

[7] Coleman, J.S. (2001) “Capital Social y creación de capital humano”, en Herreros, F. y de Francisco, A. (comps) Capital Social: zona abierta  94-95, p. 57.