Lo llaman democracia pero… ¿lo es?

En las últimas décadas se constata un enorme incremento de los regímenes formalmente democráticos, representativos y multipartidistas en todo el mundo. Se han en la generalizado las elecciones como el mecanismo legitimador inapelable para acreditar el acceso al poder. Actualmente sólo existen seis monarquías absolutas (Arabia Saudita, Brunei, Catar, Omán, Ciudad del Vaticano y Suazilandia) y siete países con sistemas unipartidistas, de los cuales dos tienen una fundamentación nacionalista (Eritrea y la República Árabe Saharaui Democrática) y cinco se inscriben en la tradición comunista (China, Cuba, Corea del Norte, Laos y Vietnam).

 La gran novedad ha sido la desaparición de las dictaduras militares, que fueron un sistema de gobierno ampliamente extendido durante todo el siglo XX. En la actualidad sólo se puede calificar bajo ese modelo al gobierno de Tailandia, que accedió al poder por un golpe de estado en mayo de 2014. La experiencia del Putsch, encabezado por militares, es un hecho episódico, representando cortos períodos de interregno, motivados por graves conflictos entre poderes del Estado, los que desembocan rápidamente en un nuevo llamado a elecciones generales, tal como se ocurrió luego del sangriento golpe de estado de 2013 en Egipto, donde el general golpista a los pocos meses pasó por las urnas, «democratizando» su legitimidad.

 Pero si descartamos de la lista de 192 Estados miembros de la ONU a los catorce países ya señalados, tampoco no es posible afirmar que los 179 restantes sean «democráticos». Existe una enorme dificultad para definir los límites de la democracia. La mera existencia de elecciones multipartidistas, formalmente apegadas a estándares de integridad electoral, no es un indicador suficiente. John Keane habla de los «nuevos despotismos[1]», como Rusia, Singapur o Turquía, países donde hay elecciones multipartidistas, y los gobiernos tienen el apoyo de la mayoría, aunque es evidente que no hay democracia.

  Esto abre preguntas: ¿la legitimidad de un régimen democrático depende exclusivamente de su apego a los requerimientos especificados en la legislación electoral de cada país? Si no es así, ¿cómo delimitar un criterio internacional, que más allá de los factores técnicos de un proceso electoral, pueda evaluar la naturaleza de los regímenes políticos dentro del contexto de los procesos de democratización, que siempre son cambiantes? Basta advertir que los intentos de «definir la democracia», mediante instrumentos normativos en el derecho internacional, como la «carta democrática» de la OEA, han sido acusados reiteradamente de enmascarar políticas intervencionistas para alterar los asuntos internos de otros Estados, con la intención de torcer su voluntad y obtener la subordinación a algún agente o potencia externa.

 La aparente «democratización del mundo» enfrenta cuestionamientos globales, partiendo por Estados Unidos, donde el millonario como Donald Trump, obteniendo 2,8 millones de votos menos que su rival, y blandiendo la mentira como principal arma política, ha accedido al poder del país más poderoso del mundo. Igualmente la  Encuesta Social Europea (2016) analizando los «Significados y evaluaciones de la democracia» en 24 países, concluye: «En Europa, la democracia es vista por muchos como un valor universal y considerada como el mejor sistema posible para organizar las preferencias de los ciudadanos. Al mismo tiempo, sin embargo, hay grandes preocupaciones sobre la aparente insatisfacción pública con la forma en que la democracia funciona realmente en la mayoría de los países europeos. Las democracias europeas se enfrentan a graves desafíos que podrían socavar la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de sus democracias para resolver problemas importantes. Uno de esos grandes desafíos es la globalización y la consecuente erosión del poder de los parlamentos nacionales en favor de las organizaciones supranacionales como la Unión Europea y las corporaciones globales. Otra es la fuerte crisis económica que ha golpeado a las democracias europeas en los últimos años»[2]. En nuestro contexto el informe  Latinobarómetro 2016, que analiza toda Latinoamérica y que se tituló llamativamente «El declive de la democracia», advierte una crisis generalizada ya que los sistemas políticos no logran responder a las aspiraciones sociales: «Las demandas ciudadanas son claramente de inclusión, de igualdad de trato, acceso y desmantelamiento de las desigualdades. Esos son los bienes políticos que le faltan a las democracias para salir del estancamiento en que se encuentran […] Sin guerras, América Latina acusa violencia, corrupción y la desigualdad como los fenómenos más potentes que retienen a la democracia[3]»

El triunfo de la Psefocracia

La sospecha que se ha extendido entre la gente es que la proliferación de elecciones ha sido una excelente oportunidad para torcer el anhelo democrático de los pueblos. La súbita desaparición de las dictaduras militares no ha supuesto una verdadera democratización de las viejas élites golpistas. A más elecciones, parece haber cada vez menos democracia. Ashis Nandy, uno de los intelectuales más respetados de la India, afirma que la democracia actual se ha convertido en una «Psefocracia», un sistema «totalmente dominado por victorias y derrotas electorales», ya que «en el momento en que entras a la oficina, comienzas a pensar en las próximas elecciones[4]». Y para ganar una elección todo vale, porque la democracia es sólo un procedimiento legal que se puede manipular. Mientras se gane legalmente, todo lo demás es superfluo. En la antigua Atenas se votaba con un sistema de piedras, una piedra blanca era si, una negra, no. Piedra en griego se dice psefos. De allí que en una «Psefocracia» existan votos. Pero la existencia de estas «piedras» no significa nada. La democracia no es depositar una piedra o un papel en un lugar. Es ejercer soberanía popular, y esto es lo que se ha perdido.

  Sin explicar todo esto, nada de lo que pasa en Chile se entiende. La crisis de la democracia actual se ha tratado de explicar cómo una crisis de confianza de los representados en sus representantes. Con otros representantes, menos corruptos, tal vez podrían mejorar las cosas. Pero ese argumento oculta el fondo del problema: aunque se elija a la persona más capaz y virtuosa, es muy poco lo que puede hacer si no se sale de los límites de esta Psefocracia.

¿Una Nueva Mayoría 2.0 sin el PC?

En la DC están buscando una manera de legitimar un regreso a la vieja Concertación, lo que supone la expulsión del PC de la coalición. Para eso han instalado la tesis de acordar una Nueva Mayoría 2.0, basada en el principio de la «adhesión a la democracia» de los partidos que la compongan. Criterio pensado para excluir deliberadamente al Partido Comunista. El burdo show del viaje de  Mariana Aylwin a Cuba tuvo esa intención, y seguramente van a seguir explotando esa idea.

   El problema de esta tesis es que es anacrónica, un remedo nostálgico del macarthismo, la ley maldita y la guerra fría. En un contexto de degradación de la democracia a  simple psefocracia, es de una temeraria arrogancia salir a dar cátedra de demócratas a costa de un país como Cuba, que puede dar cuenta de una defensa férrea del principio de soberanía popular, con cincuenta años de resistencia a toda prueba. Cuba no es una democracia multipartidista, pero tampoco es una psefocracia. En tiempos de tanta incerteza conceptual lo que debería primar es el respeto y la autocrítica. Lo que realmente le molesta a los conservadores de la Nueva Mayoría no es Cuba. Lo que les incomoda es que el PC está presente en la cocina de sus acuerdos legislativos e impide, por su propia presencia, resolver materias que en la vieja Concertación se despachaban sin observaciones. Hoy día eso no lo pueden hacer y les pesa.

Profusión de precandidaturas

Simultáneamente nos llenamos de candidatos. El número de precandidatos presidenciales ha explotado. Un conteo rápido arroja el siguiente cuadro. En la derecha compiten oficialmente los dos hermanos Kast, José Antonio y Felipe, Manuel José Ossandón y Sebastián Piñera. Pero si este último tuviera que deponer su candidatura, debido a la acumulación de acusaciones de corrupción, entrarían a disputar su espacio Andrés Allamand, Francisco Chahuán, y Alberto Espina.

 En la Nueva Mayoría se han instalado Carolina Goic como precandidata de la DC, Ricardo Lagos del PPD, Alejandro Guillier del PR, IC y MAS. El PS se encuentra muy complicado ya que no logra definir su candidato. Oficialmente se han presentado José Miguel Insulza y Fernando Atria, pero luego de haber convocado a una consulta interna para dirimir el punto, la comisión política resolvió citar a un comité central para el próximo 1 de abril, en el cual se resolvería si ese mecanismo se mantiene o se desecha. Lo que muestra que no hay acuerdo ni siquiera en el procedimiento para salir del descuerdo. Toma fuerza la estrategia de las élites conservadoras, que ahora postulan que se presenten todas las candidaturas de la Nueva Mayoría en primera vuelta, sin primarias, con la esperanza de cobrar muy caro su apoyo en una segunda vuelta y condicionar a su favor las negociaciones. Por lo cual, Alejandro Guillier, que marca primero en las encuestas, ha declarado: «Si no hay primarias, no voy a primera vuelta, porque se acabaría la Nueva Mayoría». El trasfondo es el traslado del apoyo del «partido del orden», los conservadores concertacionistas, que esperan que Ricardo Lagos baje su candidatura a más tardar en abril, para concentrar su apoyo en Carolina Goic. Y de paso, forzar la exclusión del PC.

  Pero esta profusión de candidaturas se complicará más debido a la crisis de los partidos, que no parece que puedan llegar a cumplir con el obligatorio refichaje de su militancia. Si los partidos no se logran refichar no se podrían realizar las primarias legales, y los candidatos tendrían que buscar firmas por si mismos para avalar su inscripción. Además, si los partidos no poseen ni siquiera la capacidad de avalar candidatos, su rol queda reducido al de clubes de debate o grupos de presión, acrecentando la dinámica de desprestigio que les persigue.

  En el naciente Frente Amplio ya ha oficializado su precandidatura Alberto Mayol, con el apoyo de Nueva Democracia, movimiento que ha surgido al calor de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y la fundación CREA. En Revolución Democrática han sondeado la disposición de la economista Claudia Sanhueza y de Sebastián Depolo (presidente de RD). Desde de la Izquierda Autónoma se nombra al sociólogo Carlos Ruiz. Más genéricamente existen referencias al rector de la Universidad de Valparaíso Aldo Valle, a la periodista Beatriz Sánchez y a Luis Mesina (coordinador del Movimiento No+AFP). El sindicalista Cristián Cuevas (Nueva Democracia) que «sonó» mucho en los últimos meses, ha clarificado su intención de centrarse en una campaña de diputado por Lota y Coronel. Y fuera del Frente Amplio el Partido País proclamó como su candidato presidencial al senador Alejandro Navarro. Un cuadro que también muestra lo complejo de llegar a acuerdos en el contexto de nuestra Psefocracia.

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[1] Keane, J. «Los nuevos despotismos: imaginando el fin de la democracia». Recerca 19; 2016, p. 137-154.

[2] European Social Survey 2016, p. 3

[3] Latinobarómetro 2016 http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

[4] Nandy, A.(2008) entrevista en Outlook India.

Las municipales de la dispersión

Los pocos electores que concurran a votar el próximo 23 de octubre recibirán dos enormes plantillas de votación, con 19 listas, correspondientes a 17 pactos y dos partidos políticos fuera de pacto, señalados desde la letra A hasta la letra S, que distribuirán a más de 12 mil candidatos a concejal y a más de mil candidatos a alcalde. Esta enorme cifra de postulantes, la más alta registrada hasta la fecha en una elección, puede ser vista como un síntoma de la disponibilidad de una ciudadanía deseosa de servir en cargos públicos. Pero el clima general del país es otro. La bajísima participación electoral en las elecciones de 2013 y las escuálidas primarias municipales de este año hablan más bien de una ciudadanía desencantada, con poca motivación de concurrir al acto electoral. Se da entonces una paradoja: mientras la cantidad de candidatos aumenta, la participación de los electores baja.

La alta cifra de candidatos más bien tiene relación con factores de eficacia electoral. Ya en 2012 la Concertación exploró la idea de concurrir con dos listas de concejales: una del pacto PDC-PS, y otra de los demás partidos. En esta ocasión la Nueva Mayoría concurre con tres listas: una que repite el acuerdo PDC-PS, otra PPD-PC, y una tercera conformada por PRSD, IC y MAS. La derecha (Chile Vamos) ha imitado esta estrategia y también concurre con tres listas: una de RN, otra de la UDI y una tercera de PRI-Evopoli e independientes. Luego de estas seis listas, de los dos grandes conglomerados, los electores encontrará las siguientes alianzas:

-Poder ecologista y ciudadano de los partidos ecologista –verde y el partido Poder.

-Pueblo Unido del Partido Igualdad y Frente Popular (MPMR).

-Yo Marco por el Cambio, del PRO, democracia regional patagónica, Frente regional y Popular y Wallmapuwen.

-Alternativa democrática. De los partidos Humanista, Liberal y Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social (MIRAS).

Además concurren en solitario Revolución Democrática, Amplitud, Unidos Resulta en Democracia, Unión Patriótica, Fuerza Regional Norte Verde, Somos Aysén y Partido Regionalista de Magallanes. A ellos hay que agregar las candidaturas independientes fuera de pacto, que complejizan mucho más el panorama. Esto explica que en Arica se presenten 12 candidatos a alcalde, o Antofagasta, donde se postulan 8, San Bernardo donde van 6 o Punta Arenas donde compiten 8. Mientras la NM y la derecha han consensuado sus candidatos a alcalde, las fuerzas que están fuera concurren bajo la estrategia de la dispersión y la auto-representación. De esta forma disminuyen sus posibilidades de éxito.

Un caso distinto es Valparaíso, donde las fuerzas de izquierda y progresistas realizaron primarias, donde se impuso Jorge Sharp, representante del Movimiento Autonomista liderado por el diputado Gabriel Boric. En esas primarias votaron más de 3000 personas, lo que resulta excepcional en el marco general del país, donde ha primado la  competencia y la desarticulación de las candidaturas “alternativas”. También se puede reseñar a Ñuñoa como un proceso de convergencia “incompleto”, que ha avanzado una articulación de izquierda, sin lograrlo de forma total, pero logrando un Frente Amplio que agrupa a los Partidos Humanista, Igualdad, Ecologista Verde, Convergencia de Izquierdas, Izquierda Autónoma, Izquierda Libertaria, Ñuñoa por la Asamblea Constituyente y ESOPO, bajo la candidatura ecologista de Cristian Villarroel.

Diversos analistas pronostican una disminución en la votación de la Nueva Mayoría y de la derecha, producto de la competencia de estos nuevos actores políticos. El analista Pepe Auth ha calculado que la “UDI será naturalmente el principal damnificado” y perderá de 17 a 23% su votación, en especial por la “enorme caída de su prestigio institucional”. Y RN disminuiría en un 7 a 14%, por la la competencia de Evópoli por el mismo nicho electoral. Para su ex partido, el PPD, Auth augura para una disminución de entre el 24 y el 29% especialmente porque en la Región Metropolitana, producto de un grave daño de su imagen reputacional por los escándalos recientes. Para la DC vislumbra  una caída de entre 10 y 17% y para el PS, una pérdida de entre 6 a 14%. En relación al PC se vislumbraría una cierta estabilidad en las cifras globales y la evaluación clave recaerá en su capacidad de retener la alcaldía emblemática de Recoleta por parte de Daniel Jadue. El PRSD podría crecer levemente, dada su tercera lista con la IC y el Mas, lo que le permite llevar un mayor número de postulantes.

El impacto de las nuevas candidaturas de izquierda sobre la NM no quiere decir que los actores emergentes puedan lograr mecánicamente el éxito, dado que su eligibilidad se verá disminuida por la dispersión de las candidaturas. De allí que los casos de mayor articulación, como Valparaíso, pueden mostrar una ruta de futuro en la perspectiva de articular un Frente Amplio de izquierda a escala nacional en las elecciones de 2017.

 

 

La constitutiva problematicidad de lo ético en la política

La creciente crisis de legitimidad que afecta a los actores e instituciones políticas de Chile parece haber pasado a una nueva y más intensa etapa. A las denuncias ya acumuladas (casos Penta, Caval, SQM, Corpesca, etc) hay que agregar un par de casos nuevos, puntuales, pero muy relevantes. Se trata del financiamiento recibido por el diputado y ex dirigente social Iván Fuentes, de parte de la agrupación de industriales pesqueros Fipes. Estas donaciones se habrían realizado tanto durante su periodo de dirigente de pescadores artesanales como también durante su campaña parlamentaria. Los fondos se los habría gestionado el senador Patricio Walker (DC). Esta denuncia ha minado gravemente la imagen de incorruptibilidad de Fuentes, que gozaba hasta ese momento de una muy buena percepción pública, siendo uno de los diputados más valorados dado el prestigio alcanzado como líder del movimiento “tu problema es mi problema”, que movilizó a la región de Aysén entre febrero y marzo de 2012.

Una situación similar es el reciente procesamiento del ex Comandante en Jefe del Ejército General Juan Emilio Cheyre como presunto cómplice del homicidio calificado de 15 personas en el regimiento Arica de La Serena, en el marco del caso “Caravana de la Muerte”.  El general Cheyre había ganado su prestigio al frente del ejército al condenar las violaciones a los derechos humanos en dictadura: “¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética[1]”. Este tipo de declaraciones, reiteradas en distintos medios, le hizo acreedor de una imagen modernizadora y reformadora de las las FFAA, que se distanciaban de la sombra del dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, su procesamiento actual pone en evidencia la ambigüedad de esas afirmaciones. Al mismo tiempo saca a la luz las redes de protección en el Estado de las que gozó el ex uniformado por largos años, y que le permitieron ascender en la institución castrense y luego de su retiro mantener una posición de influencia como consultor, académico, consejero del SERVEL, entre otras tareas. Esta red de protección involucraría a altos dirigentes políticos como el expresidente Ricardo Lagos, el ex ministro del interior Jorge Burgos y el ministro de defensa José Antonio Gómez, que habrían obviado el historial de Cheyre, documentado en el informe Rettig, el informe Valech y en Los Zarpazos del Puma de Patricia Verdugo, con el fin de garantizar su apoyo al proceso de reintitucionalización de las FFAA.

Los casos de Fuentes y Cheyre profundizan el extendido descrédito de la actividad política, ya que tumba la imagen de personalidades que habían ganado prestigio por su acción pública y minan la credibilidad general. Si los casos anteriores afectaron fundamentalmente a políticos ya desacreditados, este nuevo tipo de situaciones extiende como mancha de aceite las miradas de sospecha a todos los líderes políticos, y a todas sus instituciones. En este contexto la crítica social cobra importancia capital, especialmente si se la vincula a la bajísima participación ciudadana en las recientes elecciones primarias de las Nueva Mayoría y Chile Vamos. Un cuadro de desafección general puede distorsionar las futuras elecciones ya que el abstencionismo puede ser capitalizado por grupos de poder muy minoritarios, pero muy organizados o que disponen de mayores recursos, los que podrían imponer sus intereses en un cuadro de desmovilización electoral. La pregunta que se debería tratar de responder, de cara a la sociedad, debería ser la siguiente: ¿Cuál es la posibilidad, real, concreta, de articular ética pública y política en el actual contexto?  ¿O debemos aceptar, fatalistamente, que se ambos conceptos no pueden estar estar escritos en una misma oración?

Los modos de relación entre ética y política

Una primera respuesta debe ser la necesidad de distinguir ambas dimensiones. Ética y política nunca han sido sinónimos, ni nunca podrán nunca serlo. Esta distinción es la que expone Max Weber en “La política como vocación” en donde acierta al considerar que el discernimiento entre medios y fines no es aplicable de forma directa a la racionalidad política, ya que en este campo los buenos propósitos suelen requerir de medios cuestionables para llegar a implementarse. De allí que su respuesta a esta “anomalía estructural” sería el confinamiento de la política a una “ética de la responsabilidad” que exige al político el abandono de todas sus convicciones como un ethos definitivo.

Este punto de partida resulta difícil de tolerar por una ciudadanía que exija a sus líderes “ejemplaridad” y “representatividad”. Si todo dirigente político está irremediablemente atrapado por las “coerciones funcionales sistémicas de la política, el derecho y la economía de mercado”[2] nunca podría responder a estas dos exigencias. Nunca podría ser ejemplar, ser modelo de acción pública, sino más bien estaría condenado a ser un contraejemplo permanente. Y tampoco podría ser representativo, ya que no podría encarnar las convicciones que sus electores desearían que encarne. El único mérito que podría mostrar un político sería su capacidad de juicio prudencial, que le llevaría a escoger el menor de los males y alejarse del peor de los desastres.

Esta situación ha dado pie a dos formas históricas de repulsa a la política[3]. La primera es la repulsa elitista, de quienes se sienten “accionistas” preferentes del Estado, y que esperan que sus administradores ejerzan las funciones, especialmente las represivas, de modo “elegante”, bajo una moral burguesa que dicta la limpieza de los acuerdos, la honorabilidad de las formas, la pulcritud de los procedimientos. Pero la conflictividad social y democrática, y especialmente la presencia de los intereses distintos a los propios de los “accionistas” del Estado, exige que los procedimientos políticos ya no respondan a esos criterios. En democracia se hace necesario recurrir a la astucia, al engaño, al compromiso, incluso al soborno o la corrupción, para poder acceder y mantener el poder. Bajo un régimen absolutista o en dictadura, no son necesarios estos acuerdos, componendas, y oscuras conversaciones de pasillo. Se puede ejercer el poder despótico “limpiamente”, con la posibilidad de responder “sólo ante Dios y la historia”, como dijo Francisco Franco. En esta lógica sólo quién puede permanecer en el espacio privado puede mantenerse limpio, pero “meterse en política” es siempre una actividad envilecedora.

La segunda forma de repulsa a la política es la que desarrolla el mundo popular que suele ver todo ejercicio del poder como un mal en sí mismo. Se sostiene que sólo la “acción directa” puede resolver los problemas del pueblo, por lo cual las mediaciones representativas y especialmente la existencia misma del Estado y sus instituciones, son fuentes de corrupción endémica. Sólo si es destruida esta fuente de todo mal prevalecerá la “bondad natural” del ser humano, y especialmente las virtudes inmanentes a la clase trabajadora. De allí la necesidad de retractarse de toda acción política electoral, para concentrarse exclusivamente a nivel social, sindical, reivindicacionista o incluso a la acción directa político-militar o insurgente.

Pero esta supuesta superioridad moralidad del “mundo privado”, ya sea de las élites o del mundo popular, no existe. La racionalidad moral que impera en la política no es muy distinta al del comerciante, grande o pequeño, y las formas de ejercicio del liderazgo popular en un movimiento sindical no son necesariamente mejores que los que operan en la política. Como observó Aranguren estas formas de repulsa de la política tienen puntos semejantes: “Se parecen uno y otro, evidentemente, en que ambos sienten el Estado como ajeno, y construido no por todos, sino por “ellos”. Unos “ellos” son el gobierno, el parlamento, y a lo sumo los funcionarios públicos y partidos políticos. Se parecen en el individualismo y pretensión –utópica- de sustraerse a la política […] En realidad el hombre apolítico, a su pesar, opera políticamente: bien “dejando hacer”, bien desde fuera, en un grupo de presión, sin asumir responsabilidad política. Se parecen, en fin, en considerar ambos el Estado como el mal, que el burgués espera reducir al mínimum y el anarquista, más radical, suprimir de raíz[4]”. En ambos casos les subyace un optimismo antropológico, casi metafísico, que confía en la naturaleza humana individual y su bondad innata, opuesta a la perversión de las instituciones. Y en ambos casos su “moralidad” individual y subjetiva es incapaz de pasar al plano de una “eticidad” social, realista, e intersubjetiva.

Ni sinónimos ni antónimos, relación dramática e ineludible

Ética y política parecen estar condenadas a convivir en una relación dramática. Si la ética desea superponerse a toda acción política, termina paralizándola y haciéndola estéril, porque nunca se podrían alcanzar sus objetivos. El actor político quedaría atrapado, incapaz de asumir la necesidad ineludible de optar, permanentemente, por males menores, pactos incestuosos, alianzas con intereses adversos. Por otro lado, si ética y política se disocian totalmente se termina deslegitimando su acción, vaciándola de sentido y haciendo irracional su funcionamiento. Este es un drama germinal, que obliga a una compatibilización ardua, problematizadora e inacabable. Pero como toda relación dramática, es una relación entre actores libres. El drama no es la tragedia, que presupone un fin determinista del que no hay escape. En el drama de la política hay vías de salida, distintos desenlaces, nunca perfectos, pero que permiten reconocer en un Nelson Mandela, un Pepe Mujica, una Mary Robinson o un sin número de personalidades que se atrevieron a “ensuciarse las manos”, políticamente hablando, pero sin abandonar un núcleo de convicciones que “salvaron” sus pactos, sus componendas, sus atajos y sus contradicciones. ¿Cuál es la fórmula para ello? “ Es entre la tragedia y el fariseísmo, en el drama de la existencia, donde está la verdad moral y la posibilidad –difícil siempre- de moralización de la política[5]”. Existencia que no es otra cosa que asumir con Sartre que estamos “condenados a la libertad”.

[1] Columna “Ejército de Chile: el fin de una visión”, publicada en  La Tercera el 5 de noviembre de 2004.

[2] Apel, Karl Otto (2007), La Globalización y una ética de la responsabilidad, Prometeo, Buenos Aires, p. 133ss.

[3] López Aranguren, José Luis, (2011) Ética y Política, Público, Madrid, p. 65ss.

[4] López Aranguren, José Luis, op. cit, p. 70.

[5] López Aranguren, José Luis, op. cit, p. 82.