Inmigrantes en Chile: ¿el nuevo chivo expiatorio?

Previsiblemente, la retórica del odio y la criminalización en contra de los inmigrantes ha llegado a Chile. Siendo un recurso usual de la derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos, sólo era cuestión de tiempo para que nuestra derecha local asumiera el mismo discurso, que suele ser premiado electoralmente en otras latitudes. Si bien no es la primera vez que se trata de instalar ese tipo de argumentos, las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, que afirmó que la inmigración importa la delincuencia y que “muchas de las bandas de delincuentes son de extranjeros”, sobrepasó todos los límites discursivos que hasta la fecha se habían registrado en el ámbito político. Lejos de abordar de manera reflexiva los innumerables dilemas y complejidades que implica la migración, Piñera optó por la carta reduccionista, que despierta las sensibilidades y conductas más peligrosas.

Siguiendo a Rene Girard[1], la criminalización de los inmigrantes genera una dinámica social de violencia que se explica bajo la lógica de la “mímesis” o imitación social. El deseo mimético, como motor oculto de la cultura, impulsa en las sociedades una propensión al conflicto, en tanto los seres humanos solemos tomar como modelo lo que otros valoran: bienes, pareja o fortuna. A este anhelo Girard lo llama la “rivalidad mimética”, propensión que genera desequilibrios individuales y sociales por la inevitable frustración que crean estos deseos no consumados. Pero esta frustración, que late en el fondo de toda sociedad, puede encontrar un cauce de expresión cuando se produce la elección de un “chivo expiatorio” al cual achacar la causa del desorden y el malestar. Este chivo expiatorio puede ser una minoría étnica (gitanos, judíos, musulmanes, indígenas) político-cultural (masones, disidentes, comunistas, rebeldes) o un actor más difuso, como pueden ser los inmigrantes. Lo gravitante es que la existencia de esta minoría criminalizada genera la necesidad de su “sacrificio expiatorio”, como salida a la escalada de violencia desatada por la rivalidad mimética.

Para Girard este ciclo violento se basa en arraigadas tendencias a enfocar los odios colectivos en un solo actor que pasa a ser considerado el responsable de toda o buena parte de la crisis de convivencialidad de la sociedad. De esa forma la comunidad hegemónica simplifica cognitivamente su interpretación del malestar propio de la convivencia humana. En el primer momento, el sacrificio del chivo expiatorio permite el fin de la crisis, especialmente si la elección del actor criminalizado ha sido masivamente legitimada por la población mayoritaria. Sin embargo, al poco tiempo las rivalidades vuelven a comenzar después de cada evento sacrificial, porque la sociedad vuelve a identificar nuevos objetos que suscitan nuevos deseos, los cuales provocan a su vez nuevas rivalidades que exigen ser calmadas a través de nuevos sacrificios, de nuevos chivos expiatorios.

La realidad de la migración en Chile

Según la última encuesta Casen, la población migrante pasó de 243.878 en 2013 a 465.319 personas en 2015. Ello sólo representa el 2,7% de la población total. Aunque el porcentaje es superior ya que la población migrante indocumentada no es fácil de contabilizar. Pero en todo caso es una cifra muy lejana al 10,6% de Bélgica, al 12,3% de España o al 8,8% de Alemania[2]. Sin embargo, la evolución de esta cifra de inmigración posee algunas características que la hacen compleja: se trata de una evolución muy rápida y con fuerte concentración en algunas regiones (Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) y dentro de esas regiones en algunos barrios y comunas (Alto Hospicio, Quilicura, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, sólo a modos de ejemplo). Y aunque la mayoría de las comunidades es hispanohablante, en algunos casos existe una barrera idiomática a salvar, como es el caso de la creciente inmigración Haitiana.

Chile es un polo de atracción de migrantes, principalmente de América Latina, por dos factores simultáneos: Los centros de atracción tradicionales (Estados Unidos, Europa) han cerrado sus fronteras por medio de políticas cada vez más restrictivas, lo que ha reorientado los flujos migratorios hacia países con un acceso más fácil y con oportunidades laborales. Y en ese marco Chile muestra una relativa estabilidad económica y política, junto a oportunidades de empleo, relativamente mejores en relación a los países de origen. Instalada esta nueva realidad, dos discursos parecen competir por hegemonizar la interpretación del fenómeno, de modo peligrosamente reduccionista.

La ceguera del cosmopolitismo liberal

Una forma de abordar la realidad migratoria se identifica con un enfoque que celebra la globalización por la apertura de fronteras para el capital y para las personas. En ese marco, el único problema que se puede identificar en Chile es que las cifras migratorias todavía son muy bajas. Es lo que expresa el análisis del académico de Harvard Ricardo Hausmann cuando “¿Por qué Chile no crece? Porque está lleno de chilenos[3]“. Y propone un dato indesmentible: “La falta de inmigrantes en Chile puede explicar parcialmente la escasez de emprendimiento, innovación y diversificación. Los pocos coreanos a quienes se les permitió la entrada, contribuyeron a revivir la industria textil chilena”.

Sin embargo, Haussman y el cosmopolitismo liberal olvida los aspectos problemáticos: la inmigración a Chile se da en el marco de una sociedad con una precaria institucionalidad laboral y social, donde la falta de normas permite la sobreexplotación de los migrantes y el desplazamiento de la fuerza laboral local. A la vez lleva a la población más pobre a competir por servicios y subsidios sociales altamente saturados en salud, educación, vivienda, etc. Y abandona los problemas de la integración cultural a la espontaneidad del mercado. De esta forma, al negar una serie de dilemas asociados a los derechos humanos, este enfoque termina negando la necesidad de abordar críticamente un fenómeno social que no puede quedar abandonado al libre juego global y al multiculturalismo light.

La brutalidad del nacionalismo identitario

En parte, la ceguera nocional de los cosmopolitas liberales a los problemas sociales inherentes a la migración da alas a los discursos de los nacionalistas identitarios. Un campo de ideas, y sobre todo, de pasiones y sentimientos, que es caldo de cultivo de políticos sedientos de votos. En ese marco la dinámica del chivo expiatorio adquiere fuerza y es alimentada por la inacción del Estado en temas claves: regulación laboral, combarte a las mafias que trafican inmigrantes, refocalización de las políticas públicas diseñando intervenciones sociales, planes de interculturalidad e integración en educación, cultura, salud, vivienda, comunicaciones, etc.

La vida actual de los chilenos, bajo los marcos de un Estado neoliberal, produce, en términos de Ruiz y Boccardo, un “malestar que se relaciona con condiciones de vida privatizadas hasta el extremo[4]”. Se trata de un malestar estructural y endémico en el marco de una tendencia al individualismo y el consecuente debilitamiento del espacio público. Por este motivo existe un riesgo objetivo si algún actor político trata de de convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio de este malestar histórico.

La agenda de los derechos humanos

Para las organizaciones de migrantes este contexto amerita que se acelere la tramitación de la una nueva ley Migratoria que supere la actual legislación, que carga con disposiciones anacrónicas y el influjo de la dictadura militar, que legisló en esta materia bajo la lógica de la “doctrina de la seguridad nacional”. En ese contexto, la Junta Militar consideraba que los inmigrantes podían convertirse en un “enemigo interno” por lo cual se debía ante todo dificultar su integración a la sociedad.

Para el Movimiento Acción Migrante (MAM) el enfoque sustentado en la doctrina de la seguridad nacional se potencia con la mirada economicista neoliberal. De esa forma, sostienen, se “instala en los imaginarios la idea fuerza de la migración como amenaza, asociada a “invasión” y por tanto la necesidad de control hacia el migrante, lo que favorece procesos discriminatorios y de abuso de poder; además de fomentar una cultura xenofóbica y de miedo a la diversidad. La segunda perspectiva relacionada con una mirada economicista posiciona la migración desde un ejercicio funcional al sistema económico actual, favoreciendo la flexibilidad laboral, incrementando el riesgo de precarización de condiciones de trabajo, fortaleciendo la dependencia de l@s migrantes y posicionando  la migración como un ejercicio selectivo de población ”cualificada y/o profesional[5]”. De esta forma, para esta organización “la causa principal de la vulneración de estos derechos, es la ausencia de una política nacional integral que garantice a todas las personas un pacto social común, independientemente del lugar de nacimiento y país de residencia”.

Políticos como Sebastián Piñera ya están buscando que los inmigrantes sean los chivos expiatorios de los malestares de nuestra cultura. Pero para frenarlos no sirve adherirse a un cosmopolitismo liberal que evada los problemas concretos. Se requiere legislar de forma activa, incorporando la voz de los implicados de manera activa y protagónica.

 

[1] Girard, René, (2006)  Los orígenes de la cultura / Conversaciones con Pierpaolo Antonello y Joao Cezar de Castro Rocha, Trotta, Madrid.

[2] Cifras Eurostat e INE España de 2011.

[3] Hausmann, Ricardo, “Los admiradores extranjeros de Trump” en https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-harm-of-immigration-restriction-by-ricardo-hausmann-2016-08?version=spanish&barrier=true

[4] Ruiz, Carlos y Boccardo, Giorgio “Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social”, Fundación Nodo XXI y Ediciones El Desconcierto, 2014 Santiago, p. 135.

[5] Movimiento Acción Migrante. “Respuestas del MAM a la consulta realizada por el DEM sobre la nueva ley migratoria” en http://www.mamchile.cl/?p=403.

FFAA y corrupción: una agenda democratizadora pendiente

Si se analiza el papel de los militares dentro del Estado, en el Chile actual, resulta prioritario definir si han concluido su transformación democrática, o no. Y ello porque durante el periodo dictatorial, en el que las FFAA poseían un rol preponderante, ser militar era un rol predefinido. No existían matices entre sus miembros, porque no había debates intra-institucionales posibles. Usando una metáfora, ser militar significaba adaptar la propia personalidad individual a un molde único, en el que se encajaba hasta acoplarse perfectamente, o se debía abandonar la institución.

Esta homogeneidad y “cohesión” le confería a las FFAA buena parte de su fuerza política. El concepto de “unidad granítica” les otorgaba una capacidad de respuesta “como un todo”,  sin fisuras. Esta situación es propia de todos los sistemas políticos no democráticos, donde las instituciones armadas asumen un rol de tutela de la sociedad. Pero en ese esquema los militares, individualmente entendidos, no son libres y habitan en un sistema gregario que les mandata comportamientos y lealtades irrenunciables.

Pero en una democracia los militares no deberían ser sujetos sustantivamente distintos al resto de la población a la hora de disfrutar derechos, incluyendo la posibilidad de manifestar facetas personales y perfiles profesionales diferenciados. En otras palabras, en una democracia el militar es ante todo un ciudadano y un profesional, y no el simple engranaje pasivo de una maquinaria anónima. Cómo ciudadano debería poder responder a las exigencias de su profesión de manera criteriosa, y expresar puntos de vista profesionales coherentes con su identidad personal. Este reconocimiento de la autonomía moral y profesional de los militares no supone, de ninguna manera, que las Fuerzas Armadas democráticas, en tanto parte integrante de la  administración pública, sean una entidad irracional o caótica. El sentido de la autoridad, disciplina, y el respeto a la cadena de mando, se mantienen como criterios de funcionamiento esencial, incluso a nivel cotidiano. Pero unas FFAA democráticas reconocen que estos valores no exigen respuestas idénticas, sino creativas y críticas.

El déficit deontológico

En esa materia es muy poco lo que se ha reflexionado en los últimos veinticinco años. Y son muy pobres las discusiones que han abordado un replanteamiento sustantivo de las relaciones cívico-militares, más allá de señalar la necesidad de enmarcar su rol como fuerzas obedientes, no deliberantes y subordinadas a la autoridad democrática. Pero el problema resurge una vez asegurada, al menos de manera formal, esta dependencia de la autoridad civil: ¿bastan estos atributos para otorgar un carácter democrático a las FFAA? ¿es suficiente la no intervención política, al menos explícita, de las instituciones militares para afirmar que ha concluido su inserción en un Estado democrático?

La necesidad de profundizar este análisis surge si se revisa la agenda noticiosa de estas semanas, donde encontraremos una ola de escándalos que remecen la estructura misma de los institutos armados:

-Las acusaciones al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, cuestionado por su enorme patrimonio, que ascendería a unos tres mil millones de pesos, imposibles de justificar de acuerdo a su salario nominal.

-El involucramiento de personal activo del Ejército en la captación de fondos para AC Inversions, una estafa piramidal ilegal que ha defraudado por más de $50 mil millones de pesos.

-Las denuncias por contratos irregulares y entrega de pasaportes diplomáticos a los hijos del actual comandante en jefe del ejército General Humberto Oviedo durante su paso como jefe de la Misión Militar de Chile en Estados Unidos en 2010.

-El caso “MilicoGate”, destapado por el periodista Mauricio Weibel y que apunta a un fraude millonario ocurrido entre enero de 2010 y marzo de 2014, que operó mediante el pago de cientos de facturas falsas, al amparo de la opacidad de la ley reservada del cobre. Esta ley opera sobre la base del Decreto Ley 984 de 1975 que obligó a  hacer entrega del 10% de los ingresos totales de Codelco a las FFAA, garantizando un piso mínimo de US$ 180 millones anuales, los que no necesitan ser incluidos en la contabilidad general de la nación. Como se señala en su art. 2º: “Las entregas de fondos que deben realizarse en cumplimiento a lo establecido en el presente decreto ley, se harán en forma reservada; se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.

A lo anterior se debe agregar, como contexto agravante, que la población percibe un cuerpo militar escindido de la realidad nacional, y que posee privilegios inalcanzables para la mayoría: becas generosas, establecimientos escolares especiales para sus hijos, pensiones dignas que incluyen a las viudas y herederas solteras, un óptimo sistema de salud, vivienda accesible, clubes recreativos, estabilidad laboral garantizada, etc. Granjerías que funcionan mientas la inmensa mayoría de los chilenos vive en la precariedad económica y la inseguridad social. Esta lógica de funcionamiento refuerza la percepción del mundo miliar como un cuerpo auto centrado, ligado por lealtades acríticas respecto a la autoridad y hacia los pares, que carece de las exigencias común al resto de las profesiones.

Los casos de corrupción no se pueden explicar sin la cooperación pasiva o activa de un cuerpo militar que necesariamente ha tenido que coadyuvar al funcionamiento de estos sistemas delictuales. Poseer sentido de cuerpo o lealtad institucional no es lo mismo que gregarismo. Ser gregario es, en palabras de Nietzsche, ser “animal de rebaño”. Este tipo de animal busca ser aceptado por sus pares debido a necesidades psicológicas. Desde las investigaciones de Maslow sabemos que todos los seres humanos tenemos necesidad de ser aceptados por el grupo. Pero una cosa es la necesidad de aceptación grupal y otra muy diferente es la necesidad gregaria de ser parte de un rebaño. El modelo gregario obliga a mantener opiniones “políticamente correctas” basadas en la obligación tácita de emular al grupo, o al menos, tolerar sus prácticas generalizadas.

En cambio, para la ética profesional contemporánea, los consensos fácticos no constituyen el fundamento de la acción legítima. La profesionalidad exige que se funcione sobre la base de los presupuestos de la argumentación, que son los que dan sentido, los que exigen, los que suponen una crítica a cualquiera de los consensos fácticos bajo los que opera una institución.

Superar las nostalgias militaristas

La cadena de escándalos simultáneos denunciados en estos días ha puesto al descubierto una debilidad deontólogica en las FFAA. Y explica la crisis de legitimidad que los cuerpos armados mantienen de cara a la ciudadanía. Tras ello gravita el viejo fantasma del militarismo, que no sólo tiene relación con el afán de los altos mandos por acceder al poder político directamente. Más ampliamente el militarismo también se debe dimensionar cómo la “injerencia abusiva  de las fuerzas armadas, como institución, o de sus miembros individualmente, en la conducción política de un Estado. Y es también el sistema de privilegios arbitrarios que se concede a los elementos militares”[1].

Esta “injerencia abusiva” se explica por condiciones que la posibilitan, en particular la debilidad de entramados jurídicos y de dispositivos culturales, que facilitan el acceso a los “privilegios arbitrarios”. El caso de la ley reservada del Cobre es el ejemplo perfecto de una legislación militarista que crea el contexto adecuado para que las estructuras administrativas de las FFAA puedan disponer de total opacidad en sus operaciones. Este modelo permitió al dictador Augusto Pinochet acumular un patrimonio que superó los 21 millones de dólares, según demostró la investigación del caso Riggs. Y además contribuyó a que su esposa, Lucía Hiriart, pudiera usufructuar por medio de CEMA Chile de 135 propiedades e inmuebles, traspasados a esa institución durante la dictadura, incluyendo plazas públicas y grandes paños de terrenos municipales.

La contracara del militarismo constituye el institucionalismo militar, y se debe entender no sólo como el apego formal y pasivo al Estado de derecho, sino más ampliamente, como una adhesión activa y consciente a la institucionalidad. Por lo tanto, una democracia demanda un ejército de ciudadanos en armas, que reconocen que no existe una ética para civiles y otra, distinta, para militares, sino una ética cívica común, que genera las mismas exigencias para quienes llevan uniforme y para quienes no los usan.

A la vez, esa ética cívica sólo se puede basar en el principio de autonomía moral, entendida como fundamento de la libertad humana. Asumir la profundidad de ese  imperativo categórico debería reflejarse en un completo rediseño de las mallas y modelos de formación militar, de manera que abandonando una anacrónica idea de “obediencia debida” ponga en el centro de su quehacer el cultivo del respeto a aquello que siempre tiene valor, y a la vez carece de precio: la dignidad de la vida.

[1] CFR “Militarismo” en Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja.

La Iglesia, el Estado y el Te Deum de la discordia

Le Monde diplomatique, octubre de 2015

El Te Deum de 2015 se recordará como el más polémico en décadas. Habría que remontarse a la segunda mitad del siglo XIX, para encontrar algo similar, en los tiempos de las disputas sobre las leyes laicas y la sucesión del Arzobispo Rafael Valdivieso. Este 18 de septiembre los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría y numerosos parlamentarios, concejales y dirigentes sociales hicieron pública su voluntad de no asistir a esta ceremonia. Todo el contorno de la Plaza de Armas estuvo cercado por Carabineros y nadie pudo circular a más de una cuadra de distancia sin presentar una invitación. Grupos de manifestantes, convocados por la organización “Sociedad Atea” demandaron el fin de esta ceremonia, que se ha realizado de forma ininterrumpida desde 1811. Al mismo momento, pero dentro de la Catedral, un grupo de mujeres invitadas por  el arzobispado se manifestaron libremente en presencia de la Presidenta de la República en contra del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales.

A más de 900 km al sur, y a la misma hora, el obispo de Osorno Juan Barros presidía el Te Deum local ante una treintena de personas, a puerta cerrada, y con una multitud protestando en contra de su nombramiento al frente de la catedral. Denunciado como encubridor y cómplice de los abusos de su antiguo mentor, el párroco Fernando Karadima, Barros no ha logrado legitimarse en su cargo, a pesar de llevar más de seis meses en su nuevo destino.

Mientras tanto, en las redes sociales se podía constatar una fuerte indignación ante una serie de revelaciones periodísticas referidas a la conducta de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y su sucesor, el actual arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quienes intercambiaron una serie de correos electrónicos en 2014[1]. En esos emails ambos dignatarios eclesiásticos concuerdan influir ante altos prelados del Vaticano para evitar el nombramiento del periodista Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante de Karadima, en la Comisión Pontificia de Previsión de Abusos Sexuales. Además se refieren despectivamente al sacerdote jesuita Felipe Berríos, conocido por su labor como capellán y fundador de las ONG Un Techo para Chile e Infocap, y planifican una estrategia deliberada para impedir su nombramiento como capellán presidencial en el Palacio de La Moneda. Para ello recurren a los servicios del ex ministro Enrique Correa, un lobbista altamente cuestionado por sus métodos, y acusado como tráfico de influencias. A la vez The Clinic[2]  reveló esa misma semana una serie de cartas entre ambos cardenales, fechadas entre 2006 y 2010 que se pueden interpretar como intentos de encubrir el caso Karadima y proteger al grupo de sacerdotes vinculados a este párroco.

 El trasfondo del escándalo

Estas revelaciones, que sacudieron a la opinión pública durante la primera quincena de septiembre, se han venido a sumar a una ola de desprestigio de la institucionalidad eclesiástica que ya suma varios años. De acuerdo a la encuesta CADEM de agosto de 2015 un 80% declara confiar poco y nada en la Iglesia Católica y un 77% no la considera honesta y transparente. Esta ola de desconfianza por supuesto abarca al conjunto de las instituciones políticas, financieras y empresariales del país, pero se agudiza en el caso de la jerarquía católica chilena debido a una acumulación de escándalos pésimamente gestionados, que lejos de cerrarse se vuelven a abrir una y otra vez. El caso obliga a preguntar por las relaciones entre las Iglesias y confesiones religiosas y el Estado, en una sociedad sensible a la inconsistencia de los liderazgos y refractaria de la imposición a priori de doctrinas comprehensivas del bien.

El programa de la Nueva Mayoría abordó el tema en el marco de los contenidos que debería incluir una nueva Constitución. Bajo el título “Estado laico” afirma: “La Nueva Constitución, junto con reafirmar la separación entre el Estado y las Iglesias, y la neutralidad del Estado frente a la religión, con el pleno respeto por las creencias religiosas y éticas de las personas, y la práctica del culto; garantizará la igualdad entre las distintas confesiones religiosas. Asimismo, deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa[3]”. Esta referencia es muy genérica y no apunta a los verdaderos nudos de conflicto de la actualidad. Es importante “reafirmar”  la “neutralidad del Estado frente a la religión” pero ello debería especificarse, concretando una nueva versión de la aconfesionalidad estatal que apunte a clarificar eventos como el recinte Te Deum que no parece adecuarse a la realidad nacional.

Vale recordar que el Te Deum es una herencia del período colonial. La nueva república simplemente resituó el rito en el marco de las fiestas de la independencia. Esta ceremonia casi no varió un ápice en casi doscientos años. Los únicos cambios se introdujeron en 1870, por petición del Ministro de Culto, Miguel Luis Amunátegui, que solicitó que se realizara sin Eucaristía. Y en 1971 el Presidente Salvador Allende solicitó que el Te Deum tuviera carácter ecuménico. Por eso el Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez, invitó a representantes de las iglesias Ortodoxa, Luterana, Anglicana, Metodista, entre otras. Y también  sumó la participación de representantes de las comunidades judía y musulmana.

Pero en general el Te Deum siguió siendo un rito fundamentalmente católico, en la catedral católica, y bajo una presidencia católica. La homilía, momento central y que abarca buena parte del tiempo de esta celebración, siguió como responsabilidad exclusiva del arzobispo. Esta situación explica que el pentecostalismo buscara la oportunidad de tener su propio “servicio de acción de gracias”, oportunidad que se presentó luego del golpe militar de 1973. En 1975 el dictador Augusto Pinochet, enfrentado al naciente Comité Pro Paz, liderado por el Cardenal Silva Henríquez y el obispo luterano Helmut Frenz, decidió congraciarse con el campo pentecostal instaurando una celebración diferenciada el domingo inmediatamente anterior al 18 de septiembre de cada año.

La existencia de estas dos celebraciones distintas expresa una anomalía en el contexto de una sociedad que es cada vez más plural en sus expresiones religiosas. No sólo porque se diversifican las creencias, sino además porque ellas se hibridizan, se hace común el sincretismo, las prácticas simultáneas, y la adhesión a formas de “religión difusa”, en las que predomina una opción individual sobre la manera de vivir la fe religiosa[4]. Todos los estudios muestran que la religiosidad, o más ampliamente la espiritualidad, es una dimensión importantísima para una amplia mayoría. Pero ello no implica una adhesión directa a las instituciones religiosas tal como hoy están constituidas.

El actual modelo de Te Deum otorga una centralidad excesiva al discurso de la autoridad jerárquica de las Iglesia Católica, y a los líderes de las Iglesias Pentecostales. Pero invisibiliza al resto de las confesiones, y excluye a tradiciones religiosas que no se expresan discursivamente, sino de forma prioritariamente ritual, como es el caso de las tradiciones religiosas de los pueblos indígenas, que no tienen cabida en el actual Te Deum. La alternativa no parece ser la supresión de esta tradición, ni tampoco su multiplicación para incluir nuevos ritos que se agreguen ad infinitum a los ya existentes. Se debería explorar una reforma profunda, de acuerdo a un criterio que sea escrupulosamente coherente con el principio de neutralidad del Estado.

El modelo que debería guiar esta celebración ya se aplica en los eventos interreligiosos, especialmente en los que se empiezan a reconocer en el marco de Naciones Unidas. El principio rector es que se desarrollan en un lugar neutral, bajo la presidencia de un maestro o maestra de ceremonias que no oficia en representación de una confesión determinada, y asignando el mismo tiempo de expresión a todas tradiciones religiosas y espirituales presentes en ese espacio. Se permite la expresión simbólica no verbal, propia de tradiciones que prefieren la musicalidad o la expresividad visual. Se asume que las diferencias demográficas entre las distintas tradiciones religiosas existen, pero ante el Estado prima la inconmensurabilidad de la opción de cada persona, y que cada fe se debe reconocer de manera integral e igualitaria. Esta es otra tarea de cara al desafío de arribar a una nueva Constitución para Chile.

 

[1] El Mostrador9/09/2015

[2] The Clinic 10/09/2015

[3] Chile de todos. Programa de gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, p. 30

[4] Roberto Cipriani (2004) Manual de Sociología de la Religión, 1° Edición, Buenos Aires, Siglo XXI.