I+D+i: ruta sin mapa al final del ciclo

Le Monde diplomatique Chile, Octubre 2016

América Latina se enfrenta, sola y desarmada, contra su más temido fantasma: la crisis de las materias primas, debido a una contracción de la demanda internacional que escapa a las variables bajo control de los Estados. Chile no es la excepción. Con el precio del cobre bajo US$ 2 por libra las arcas fiscales se contorsionan al constatar que no hay “un puto peso”, en palabras del presidente ejecutivo de CODELCO Nelson Pizarro. Si para otros países crecer al 2% por tres años seguidos sería un dato satisfactorio, para Chile estas cifras son durísimas, dada la precariedad del empleo y los bajos salarios de la población.

Para el sentido común nacional es difícil dejar de sentir nostalgia por una economía que crecía a un 7,1%, se mantenía el equilibrio en el comercio externo, se diversificaban las exportaciones, aumentaba el empleo y el salario mínimo subía en 60% en 10 años, especialmente si se piensa que la dictadura dejó un salario mínimo menor al de 1970. Hoy todo muestra el fin irreversible del ciclo inaugurado por el boom que permitió al Estado financiar políticas de transferencia de renta (mediante bonos y subsidios focalizados) que contuvieron las más graves consecuencias de la desprotección social, sin modificar las bases de la estructura financiera y productiva heredada.

El gobierno de Sebastián Piñera, lejos de responder a esta crisis de demanda externa, agravó sus efectos. Imbuido de un enfoque cortoplacista, subestimó las señales que anunciaban desde 2013 un grave desequilibrio estructural. En ese año las curvas empiezan a mostrar déficit externo, tipos de cambio desequilibrados, tasas de inversión nacional en retroceso y lo más grave, dada la supuesta ortodoxia neoliberal de su gobierno, un grave desorden fiscal. Resulta paradojal que a pesar de contar con un precio del cobre extraordinariamente favorable (US$ 3,7 como promedio entre 2010-2013), Piñera no logró heredar un Estado con superávit, sino con un déficit del 1,4%. Y a la vez, registró un aumento de los empleos altamente informales, que creando una ilusión de “pleno empleo”, se disolvieron ante las primeras señales de desaceleración.

Contra el optimismo obligatorio

El fin del ciclo de oro de los commodities desafía a los economistas, pero más radicalmente, a los decisores políticos, que hasta ahora no han logrado proponer una ruta de salida que responda simultáneamente a las cifras duras, los proyectos de reforma legislativa y a las expectativas de la población. Ante este escenario de incertidumbre, la primera prescripción que recetan los analistas financieros es una suerte de “optimismo obligatorio”, para acrecentar las “expectativas” del mercado. Y no es extraño. Para vender mercancías se necesita crear en el consumidor la ilusión de poder contar con dinero para pagar aquí y ahora y confiar en que se podrá seguir comprando en el futuro. Para eso es necesario “pensar en positivo” y negar los problemas. El pensamiento crítico es asociado a una mala perspectiva, ya que se lo identifica con mirar muy de cerca el presente, sólo lo inmediato, desatendiendo los horizontes lejanos. Si hay un problema, prescribe el optimismo obligatorio, seguramente habrá una solución. Pero creer que “Lo mejor está por llegar” es sólo la trampa simétrica de quienes creen que “todo tiempo pasado fue mejor”.

Accionar el freno de emergencia

En lo inmediato el gobierno, coordinado con el Banco Central, podría tomar medidas urgentes, que podrían controlar los efectos más duros de la desaceleración. El Banco Central tiene margen para bajar las tasas de interés, y el gobierno debería anunciar un potente programa de reactivación que revitalice el dinamismo económico. El profesor Ricardo Ffrench Davis calcula que Hacienda podría disponer de unos US$3 mil millones para financiar una cartera diversa de proyectos en obras públicas, vivienda social, créditos a las pymes, inversión en infraestructura educacional y de salud, que fomenten los empleos productivos y contrapesen la contracción del sector privado. Pero hasta el momento las señales del ministro Valdés no han ido en esta línea. Bajo el supuesto que impone el dogma de la “regla fiscal”, que prescribe la austeridad, a fines de  2015 se produjo un recorte de US$540 millones en el presupuesto de 2016, el cual no ha mostrado tener efectos terapéuticos.

Pero aunque el ministro Valdés se atreviera a dar el giro copernicano, y escuchara las sugerencias de implementar un programa contracíclico, la pregunta de fondo igualmente quedaría abierta: ¿Cuál es el futuro de nuestra economía? ¿Es posible esperar un nuevo boom de las materias primas? ¿Podemos fiarnos de una improbable recuperación de la demanda china, que prolongue el ciclo, hoy decadente, de minería, pesca, celulosa y fruta? ¿Y lo más importante: podremos soportar un nuevo ciclo de estas características, sin sufrir un colapso ecológico-social de enormes consecuencias? Una opción es crear voluntaristamente una falsa certeza optimista, como aquellos generales que aun en las peores coyunturas arengaban a sus tropas sobre la gran victoria que estaban a punto de lograr. Aunque no hubiera ninguna posibilidad de alcanzarla. Otra vía es empezar a tomar en serio el fin del ciclo, y buscar una ruta de salida, sabiendo que no tenemos un mapa que muestre el punto de llegada.

Pistas en el camino

Una señal en esta búsqueda es la última encuesta Auditoría a la Democracia del PNUD, cuyas cifras muestran un alarmante deterioro la valoración de la democracia, pasando desde un 20% que pensaba que funcionaba mal hace 4 años, hasta a un 40% en la actualidad. De allí que vincular el agotamiento del ciclo económico a la necesidad urgente de reformas políticas, vía Proceso Constituyente, puede ser una oportunidad para construir una salida efectiva, que tenga en cuenta a todos los actores (sociales, económicos, políticos, intelectuales) y que mire más allá del corto y mediano plazo.

El punto de relación entre estas dos variables se reconoce cuando vemos que incrementar la calidad y confianza en los medios de la representación política, reduciendo la desafección, exige como condición atender las demandas postergadas en materia de pensiones, salud, educación, vivienda, que explican el corazón de la desafección democrática. Pero escuchar de forma efectiva estas demandas pide a su vez una nueva ruta productiva, que más allá de los correctivos contracíclicos de corto alcance, proyecte un camino basado en el valor agregado de nuestros productos, permita mayor productividad y como consecuencia incremente los salarios, los tributos y la eficiencia de las políticas públicas. Esta ruta se llama investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

El camino hacia la economía del conocimiento

El Ministerio de Economía dio a conocer en enero de 2016 la Quinta Encuesta sobre Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo. En ella se muestra que el gasto en estas materias alcanzó los $558.240 millones durante 2014, lo que equivale al 0,38% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque esto supuso un incremento de 4,2%, en realidad es una cifra insignificante, lejana al 2,4% de la OCDE. El ministro Luis Felipe Céspedes lo reconoció diciendo: “Las cifras de la encuesta nos muestran lo que ya sabemos: en Chile se invierte muy poco en investigación y desarrollo”. Los datos son aún más preocupantes si se descuenta lo que se invierte en los grandes observatorios astronómicos, bajo administración internacional. Estos centros por sí solos representan 12% en la ejecución del gasto en I+D+i en Chile.

Las empresas sólo contribuyen con un 33% (182.696. millones de pesos), apalancándose con subsidios y rebajas tributarias. El sector empresarial en la OCDE invierte en promedio trece veces más. A su vez la alicaída industria manufacturera lidera la inversión ejecutando el 30,1% del gasto empresarial, los poderosos sectores agrícola y ganadero sólo ejecutan el 13,7%, mientras la minería sólo aporta el 7,4%. La encuesta mostró que Chile tiene 2,46 personas dedicadas a I+D+i por cada mil trabajadores mientras la media OCDE es de 8,06 personas. Otro dato es la centralización del gasto. La región Metropolitana concentra 53,1%, luego Valparaíso, con 11,3%, y Biobío, con 7,2% del gasto en I+D+i.

Si como país nos hallamos de verdad cerca de una situación catastrófica, tratar de analizarla no es discurso catastrofista ni ceder a la depresión, sino un ejercicio de realismo. Y el realismo muestra que no avanzaremos un ápice hacia una nueva matriz productiva “invitando” al sector privado a invertir en I+D+i, con pequeños estímulos tributarios o mesas redondas. Se necesitan estímulos y contra-estímulos político-jurídicos potentes. De allí que el rediseño de las instituciones democráticas se muestre cómo la condición sine qua non para la salida estructural a la crisis de las materias primas, a partir de diversificar la matriz productiva, valorizando las economías regionales y sus singularidades ambientales, con más y mejores empleos, basados en un mayor y mejor uso del conocimiento.

El Proceso Constituyente, como momento de profundo rediseño político-institucional, más que ruta de salida en sí, es la oportunidad para dotar al Estado de las herramientas reguladoras y modeladoras del mercado que hoy no posee, imprescindibles para acometer esta urgente e impostergable tarea. Evadirlo o estrangularlo se parece, al decir de Franz Hinkelammert, a un proyecto autodestructivo, como “cortar la rama del árbol en la cual se está sentado[1]”. Estamos a tiempo para evitar la caída.

 

[1] Hinkelammert, Franz, (2001), El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la globalización, Lom, Santiago, p. 151.

Los Derechos Humanos, la Ética y los Bienes Comunes. Crítica del Individualismo Posesivo

Buscando comprender lo-común se descubre que todas las cosas tienen «la huella/de unos dedos,/ de una remota mano/ perdida/ en lo más olvidado del olvido» (Neruda 1971: 42). Por eso, lo específico en los bienes comunes no se encuentra en recursos, piezas o artefactos. Se ubica en las relaciones humanas, entretejidas por valores, reglas y criterios, que han dejado sus huellas en las cosas. Esas marcas comprueban que las personas poseen disposiciones insospechadas para cooperar y coordinarse en la acción colectiva. Pero esas potencialidades piden un contexto institucional facilitante y protector, que permita que se conviertan en capacidades efectivas. De allí que el estudio de los bienes comunes demande una polinización recíproca entre diversas perspectivas de análisis, que en su integración logren hacer posible el extenso programa teórico prefigurado por Elinor Ostrom:

Si la ciencia de la sostenibilidad va a crecer para transformarse en una ciencia aplicada madura, tenemos que usar el conocimiento científico adquirido por disciplinas como la antropología, biología, ecología, economía, ciencias ambientales, geografía, historia, derecho, ciencia política, psicología y sociología para construir el diagnóstico y las capacidades analíticas.  (Ostrom, Janssen y Anderies, 2007: 15177)

Creo necesario sumar a ese listado la contribución de la ética del discurso, entendida como el intento explícito por clarificar unos criterios de justicia que permitan la vida en común. Este programa puede arrancar desde los siguientes razonamientos:

  1. «Bienes comunes», como unidad de sentido, se puede interpretar desde dos paradigmas contradictorios entre sí: uno «dominante» y uno «residual» (Mattei, 2013: 109).
  1. El «paradigma dominante», que funda las ciencias económicas, los procesos jurídicos, las instituciones políticas y los pactos constitucionales contemporáneos, asocia esta noción con las instituciones históricas de las sociedades tradicionales y sus normas consuetudinarias. De esa forma, la interpreta como una anacronía.
  1. Contradictoriamente, ese mismo paradigma presupone su vigencia funcional en el contexto de la creación de valor económico, la racionalización sistémica y la integración societaria. Los entiende como terra nullius, bienes libres, trabajo doméstico, activos intangibles, capital social, simbólico, o cultural, pero sin reconocer su especificidad conceptual, ni garantizar su protección jurídica.
  1. El «paradigma residual», a pesar de su invisibilidad, ha logrado mantener su reproducción a partir de las estructuras simbólicas del mundo de la vida. En ese nivel los bienes comunes no se entienden desde una idea de la verdad como certeza, verosimilitud o exactitud. Se hacen evidentes, como verdad experiencial. Los bienes comunes se «muestran» en la cultura, en las instituciones de la sociedad civil y en los vínculos intersubjetivos. Se puede afirmar que los «comunes globales», los intercambios cualitativos, la economía del don y del cuidado, los lazos de reciprocidad y las instituciones del procomún soportan la convivencia real y cotidiana, operando por vínculos predominantemente no contractuales.
  1. El «paradigma dominante» se desplegó a partir del el siglo XVI, en paralelo al triunfo del absolutismo político-jurídico y al ciclo de la acumulación originaria. Se expresó fácticamente en la instauración de enclosures, esclavismo, colonialismo, y en la devaluación del trabajo femenino, en el marco de un nuevo «contrato sexual».
  1. Este nuevo modelo desconoció la legitimidad del sistema de cartas, fueros, y regulaciones medievales, que permitían que la tierra, el trabajo y el dinero permanecieran extra commercium. Se eliminaron así los mecanismos de protección de los bienes comunes, entendidos como recursos naturales (montes comunales, bosques, praderas, fuentes de agua, caza, pesca), herramientas y tecnologías (molinos, telares, bodegas, transportes) modelos de autogobierno (consejos de aldea) o instituciones económico-sociales (gremios artesanales y menestrales, gildas, hansas, beguinarios, cofradías, montepíos).
  1. El sistema medieval permitía la existencia de una «economía moral de la multitud», incrustada en reglas de uso. De esa forma se garantizaba el equivalente a un sistema de derechos económicos básicos, orientado a mantener unos medios de subsistencia y de preservación de la vida, mediante un sistema jurídico pluralista y una gobernanza policéntrica.
  1. El «paradigma dominante» se legitimó a partir de la teoría política del «individualismo posesivo», sistematizado en la obra de Hobbes y Locke. Ese giro conceptual asumió que los individuos establecen con su persona y sus capacidades una relación de dominio y control exclusivo. De esa manera, la propiedad se comprendió como una competencia exclusiva del propietario, que tiene el poder omnímodo sobre el objeto poseído. La libertad propietaria, considerada principio absoluto, se disoció de la función social inherente al bien poseído, que así pudo ser mercantilizado de forma incondicionada.
  1. El núcleo del razonamiento hobbesiano-lockeano negó la reciprocidad de las obligaciones sociales. Como criticará Kant, la propiedad no viene dada por naturaleza, ni por el trabajo, ni por la fuerza. Es fruto de un pacto político, sujeto y delimitado a las condiciones de la libertad, como principio trascendental. De allí que toda propiedad sea adquirida y demande el acuerdo social. El derecho de propiedad individual no puede desentenderse del derecho a la existencia de la humanidad.
  1. Desde el siglo XIX diversas teorías políticas se han reflejado en los atributos del «paradigma residual». Nostalgia romántica por el orden perdido, anhelo de liberación de la nación irredenta, pulsión anarquista contra toda forma de poder dominical, proyecto utopista de falansterios, mutuales o cooperativas, o un orden social cristiano orientado por los principios del destino universal de los bienes, solidaridad participación y subsidiariedad. Con todas sus diferencias, en estas propuestas se atisba una valoración del ámbito de lo-común, no estatal. El dilema, para estas propuestas y para otros comunitarismos similares, radica en su plasmación política. ¿Cómo universalizar y exigir unos determinados modelos de felicidad y vida buena, en sociedades democráticas y pluralistas?
  1. Esta tensión se refleja en la obra marxiana, que fluctúa entre la racionalidad productivista o desarrollista del «paradigma dominante» y la valorización de algunos rasgos del «paradigma residual». Para Marx la emancipación humana no puede renunciar a la autonomía del sujeto, para volver a la heteronomía de un orden estamental, coercitivo y constrictivo. Pero ese mismo criterio exige que la propiedad privada se despoje de su carácter privativo, en orden a una existencia humana socializada, que permita la apropiación por los productores de sus medios de producción. Una disyuntiva que Marx dejó abierta, al quedar inconclusa su «teoría de la transición».
  1. En la actualidad, un largo ciclo de privatizaciones y desregulaciones, acompañadas de políticas monetarias y fiscales restrictivas, ha mermado el rol del Estado. Los bienes públicos han cambiado su carácter o incluso han desaparecido. Esta ruptura ha supuesto un modo de presencia imprevista del «paradigma recesivo», en la medida en que se han evidenciado estas ausencias. Los bienes públicos, que sólo se captaban por el uso que se hacía de ellos, son ahora objeto de atención por sí mismos, ya que han dejado de estar a la mano. Son susceptibles de una nueva consideración, como expresión de «lo-común», o de «lo nuestro».
  1. Paralelamente, al alero de la «economía del conocimiento», germinan experiencias productivas que se apartan de la antinomia entre propiedad estatal y propiedad privada. En ellas, el «paradigma recesivo» se ha objetivado en la forma de economía crowd, producción P2P, Software libre, consumo colaborativo y otras dinámicas similares. Ellas utilizan los flujos espontáneos y autorregulados del mercado, pero no bajo la lógica del intercambio entre propietarios. Se trata de vínculos entre co-productores, co-extractores o co-usufructuarios de un bien o un servicio, que se valoriza en la medida en que se utiliza o se trabaja en él. 
  1. La discusión contemporánea respecto a los bienes comunes ha intentado superar las aporías de la teoría de los bienes públicos de P. Samuelson y la alegoría política de la «Tragedia de los Comunes», formulada por G. Hardin.
  1. E. Ostrom logró determinar, a partir de las mismas premisas de Samuelson, la singularidad de los bienes comunes, caracterizándolos como «recursos de uso común» (R.U.C.). Los singularizó bajo los atributos simultáneos de rivalidad y no excluibilidad. De esa forma corrigió las omisiones de la teoría de los bienes públicos.
  1. A la vez, refutó la hipótesis de Hardin al describir un conjunto de «Principios de Diseño», característicos de las instituciones de larga duración de los R.U.C., inferidos desde extensos estudios de campo. Para ello la obra de Ostrom vinculó el neo-institucionalismo, la perspectiva del capital social y teoría de la elección racional, para mostrar que los sistemas de «reglas de uso» logran regular las preferencias sociales y ampliar la información disponible para los participantes. De esa forma actúan como estrategias de resolución de conflictos, que fortalecen la reciprocidad. Relativizó así los enfoques deterministas, que subestiman las capacidades de los actores económicos para alcanzar acuerdos mutuamente vinculantes y mantenerlos en el tiempo.
  1. La aplicación de estos «Principios de Diseño» colaboran a superar los problemas de acción colectiva, analizados tradicionalmente bajo el modelo del «dilema del prisionero». Muestra que los incentivos individuales y selectivos no son los únicos estímulos eficaces en la acción racional, abriendo de esa forma una vía sólida al estudio de la cooperación, orientada al beneficio recíproco. Para ello resulta fundamental el establecimiento de reglas concordadas por un conjunto de afectados claramente delimitados.
  1. Las propuestas de Ostrom se complementan con la hipótesis de la «tragedia de los anticomunes», formulada por Heller y Eisenberg. Estos autores hacen referencia a una circunstancia hipotética, en la cual un conjunto de personas, actuando de forma racional, individual y desarticulada, infrautilizan un bien o recurso que cumple una función o utilidad pública. Se cuestiona así la excesiva aplicación de derechos de propiedad o exclusión, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual, entendida desde los supuestos de individualismo posesivo.
  1. El giro conceptual de E. Ostrom permite articular un campo de aproximaciones teóricas y prácticas, que convergen desde distintas disciplinas en su interés por reinterpretar y revalorizar los bienes comunes. Se trata de un enfoque basado en los bienes comunes (Commons-Based Approach), cuyo estatuto teórico y práctico se debería analizar desde dos niveles.
  1. En un primer sentido, cabe pensarle como una «teoría procedimental de la justicia», que abre a una «tercera dimensión institucional», más allá de la lógica del Estado de bienestar o del Estado mínimo. Ofrece una crítica a la noción individualista y exclusivista de propiedad, para afirmar su función social. De esa manera aporta estrategias innovadoras para la cohesión de la Sociedad. El «enfoque basado en los bienes comunes» busca fortalecer los derechos civiles, que garantizan el libre acceso y la preservación de los commons, frente a las normas legales y disposiciones contractuales vigentes, que tienden a restringirlos.
  1. En un segundo nivel, este enfoque constituye un planteamiento hermenéutico-crítico, que abre a «una forma diferente de racionalidad», capaz de valorizar aspectos de la relacionalidad humana que explican el funcionamiento de las economías colaborativas, del don y de la reciprocidad. Propicia una comprensión de lo-común, que evoluciona desde el plano experiencial, funcional y espontáneo, a su manifestación como realidad plenamente diferenciada.
  1. Se puede constatar la aplicación de este enfoque en filosofía del derecho y teoría constitucional (Rodotà, Mattei, Benkler, de Sousa Santos), filosofía política (Rancière, Subirats, Bensaïd, Himanen, Harvey, Negri y Hardt), ecología social (Gorz, Bollier, Linebaugh, Helfrich), economía feminista (Federici) y en especialmente en los estudios sociales y culturales sobre ciencia y tecnología, en el marco del capitalismo cognitivo (Lessig, Bauwens, Stallman, de Moor).
  1. Estos estudios coinciden en identificar dos tendencias antitéticas en la economía actual: una propensión a generar valor financiero, a partir de la apropiación de la producción inmaterial, que se crea fuera de los límites de la propiedad privada. Pero esa acumulación privada tendería a reducir la productividad de la cooperación social, basada en la racionalidad del procomún.
  1. De acuerdo a esa tesis, se abre un campo de investigación centrado en la necesidad de armonizar dos criterios: garantizar la tutela de los bienes comunes frente al Estado y al mercado, asignando a esta noción una función constitucional (Rodotà, 2013; Mattei, 2013). Y a la vez, favorecer que el valor creado a partir de la producción P2P, basada en bienes comunes, fluya de regreso a los co-productores o co-creadores, recompensando sus contribuciones al procomún (P2Pvalue, 2014).
  1. La aplicación del «enfoque basado en los bienes comunes» en sociedades democráticas y pluralistas debe atender a criterios que superen la «moral de las costumbres». Se debe precaver ante las argumentaciones basadas en el convencionalismo, el emotivismo o el contextualismo autocentrado. La cooperación y la producción entre pares no son unívocamente virtuosas, ya que pueden dar pie al pensamiento gregario y esencialista, o a formas de colectivismo identitario. También las redes criminales establecen acuerdos de cooperación y redes de pares. Y las contribuciones altruistas al dominio público pueden alimentar los dilemas asociados al dinero digital Bitcoin o la producción de armas por la vía de diseños 3D, disponibles gratuitamente en internet.
  1. Aunque los objetivos buscados mediante vínculos asociativos sean honestos y legítimos, es necesario evitar que la acción colectiva se oriente desde la lógica de la «falacia naturalista», que identifica lo fáctico con lo válido. Para ello es necesario un horizonte de legitimidad normativa que esté por sobre las conveniencias recíprocas de los directamente implicados. La valoración funcional de los sistemas de reglas, arraigadas en el mundo de la vida, no puede impedir que se les critique desde una perspectiva postconvencional.
  1. En los estudios de E. Ostrom y su escuela no se advierten con claridad estas distinciones. La conservación y acrecentamiento de un R.U.C. se analiza desde el punto de vista de la eficiencia paretiana. Pero ello no equivale a una distribución socialmente justa y deseable de los recursos. Ni se puede identificar con criterios de responsabilidad solidaria. De la misma manera, los sentimientos de pertenencia grupal y los compromisos recíprocos, útiles a la hora de resolver los dilemas colectivos, no garantizan que los resultados de su aplicación sean intersubjetivamente válidos.
  1. De ello se deduce que la gobernanza de los bienes comunes debe escapar del «solipsismo metodológico», que considera el juicio y la voluntad humana como producto exclusivo de la conciencia individual. En algunas prácticas, basadas en los bienes comunes, se pueden advertir tendencias solipsistas, en tanto predomina en ellas el criterio de «orientación al objetivo», una predisposición a fetichizar la racionalidad tecnológica o se imponen normas heterónomas o socionómicas. El propio interés, estratégicamente calculado, no puede fundar el cumplimiento de normas, contratos y convenios mutuos. Se requiere considerar las necesidades humanas de quienes no han sido incluidos en el pacto.
  1. Estas preocupaciones se pueden abordar desde la perspectiva la ética del discurso, que intenta fundamentar la convivencia pública en el contexto de las sociedades complejas y bajo condiciones postmetafísicas. El núcleo de su aproximación radica en el «Principio de Universalización», que de forma pragmático-trascendental permite adoptar normas basándose en el hecho de igualdad comunicativa radical. Este criterio se operativiza en la confrontación de todos los afectados, utilizando exclusivamente la razón discursiva, en condiciones que excluyen la represión y la desigualdad. De esa manera, la obligación moral nace del «reconocimiento lógico-formal de cualquier ser dotado de competencia comunicativa» (Cortina, 2013: 142).
  1. Este punto de vista permite superar la lógica del homo œconomicus, basada en la racionalidad objetual, instrumental y estratégica de la propiedad y los intercambios. Introduce un universalismo «trascendentalmente reflexivo», en la medida en que se orienta por el meta-criterio de la «comunidad ideal de comunicación». La verdad moral, bajo esta aproximación, ya no opera como la correspondencia con la naturaleza o como adecuación a una doctrina comprehensiva del bien. Se entiende como una exigencia de justicia, que arranca desde un proceso dialógico. Esto no implica desdeñar la función específica de la racionalidad estratégica o las propuestas morales teleológicas, sino que establece un marco para su interpretación e integración desde el punto de vista postconvencional de las sociedades plurales.
  1. De esta forma el proyecto de la ética del discurso entronca y vigoriza la idea de una «democracia del común». Si cada acto de habla implica una exigencia recíproca, quiere decir que la democracia es más que un conjunto de procedimientos neutrales, que se acatan por conveniencia. Es un proceso sustantivo, que exige el establecimiento de relaciones de corresponsabilidad y compromiso que tiendan al fortalecimiento de las capacidades de todos los afectados.

Referencias

Cortina, Adela (2013): «Ética del discurso: ¿un marco filosófico para la neuroética?», en Isegoría, 48, pp. 127-148.

Mattei, Ugo, (2013) Bienes comunes. Un manifiesto. Traducción de Gerardo Pisarello. Trotta, Madrid.

Neruda, Pablo (1971): «Oda a las cosas», en Navegaciones y regresos, Losada, Buenos Aires, pp. 41-42

P2Pvalue Project (2014): Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet. [en línea] <http://www.p2pvalue.eu/&gt; [consulta: 22/01/2014].

Ostrom E., Janssen M. A., Anderies J. M. (2007): «Going beyond panaceas», en Proceedings of the National Academy of Sciences, 25, 104, nº 39. pp. 15176-15178

HIDROAYSEN: LECCIONES DE UN ESCÁNDALO

Publicado en Le Monde diplomatique, Chile. Junio de 2011

En las masivas manifestaciones que surgieron luego de la aprobación del proyecto Hidroaysén llamaba la atención la indignación de la ciudadanía respecto al déficit democrático en el proceso de evaluación ambiental. Endesa había logrado la autorización legal para su nueva iniciativa empresarial. Pero claramente no ha logrado el aval social, la legitimidad ética para su emprendimiento, y esta carencia es la que quedó al descubierto de forma alarmante.

En la actualidad, es cada vez más evidente que las empresas necesitan implicar a las personas afectadas en sus procesos y contar con su acuerdo a la hora de iniciar un proceso económico. Esta realidad es especialmente importante en el curso de las iniciativas que poseen altos impactos ambientales, o en aquellas áreas determinadas por los dilemas propios de la globalización y financiarización de los mercados. Se comienza así a validar el concepto de “ciudadanía económica” que supone reconocer que en la esfera económica y social “los afectados por las decisiones que en ella se toman son sus “propios señores” y no súbditos, lo que implica que han de participar de forma significativa en las tomas de decisiones que les afectan”[1]. Esta afirmación es particularmente relevante para dos corrientes de opinión actuales: la ética del discurso y el modelo del Stakeholder capitalism.

Estas corrientes, impulsadas por pensadores como Jürgen Habermas y Karl Otto Apel, sostiene el llamado “Principio del discurso”, que afirma que “sólo son válidas aquellas normas de acción con las cuales podrían estar de acuerdo todos los posibles afectados”. Este principio opera como un horizonte de legitimación normativo, que aplicado al  campo económico exige que las decisiones se abran a un espacio dialógico racional, que considere como interlocutores a todos los grupos de potencialmente implicados. Este principio sería propio de sociedades que aspiran a un estadio moral posconvencional, que busque satisfacer intereses universalizables y no sectoriales. Los afectados por decisiones de las corporaciones empresariales, en cuanto “ciudadanos económicos” y no meros súbditos, deben ser considerados por ello interlocutores válidos e incorporados en el proceso decisional.

Esta perspectiva entiende la empresa como una institución que no sólo busca satisfacer los intereses de los accionistas, sino también la de los diferentes actores implicados en ella: directivos, trabajadores, consumidores, proveedores, competidores, e indirectamente a los afectados por su proceder, tanto los inmediatos como alejados. A estos actores Edward Freeman los llamó “stakeholders”, un neologismo creativo que intenta de decir que las empresas no sólo deben tomar en cuenta a sus accionistas (en ingles stockholders) sino a todos “jugadores” o “apostadores” (stakes) en el juego que están desarrollando. Si logran su reconocimiento las iniciativas productivas podrían establecer relaciones de cooperación que impidan juegos de “suma cero”, posibilitando la estabilidad a la empresa, y la prosperidad de su entorno social. Este modelo, más cercano a la tradición del capitalismo renano que al modelo manchesteriano o neoliberal, entiende la empresa como un grupo humano complejo, que no sólo satisface necesidades económicas, y que responde a concepto de “empresa ciudadana”. Esta concepción choca frontalmente con la mentalidad tradicional que ha entendido la empresa como una maquinaria, con input y output de producción, en función de la maximización de las utilidades. Esa era la postura de Milton Friedman que siempre sostuvo que el “único stakeholder es el stokeholder”.

La agenda de las empresas responsables

Frente a este paradigma se ha desarrollado en las últimas décadas un paradigma alternativo que entiende el fin de la empresa como la satisfacción de necesidades humanas, con calidad. El beneficio que ella busca son bienes tangibles, pero también intangibles, indispensables para lograr la excelencia en su campo. La empresa que logra incorporar esta visión adquiere estabilidad, legitimidad, capital-simpatía, credibilidad, prestigio y la confianza de su entorno. Para ello la empresa debe realizar una serie de cambios organizacionales:

1. De la jerarquía a la corresponsabilidad: de un modelo de gestión taylorista, basado en  el mando y la obediencia, a un modelo de gestión participativo, basado en corresponsabilidad.

2. Conciencia de la cultura organizacional: La empresa debe ser conciente que su organización se basa en un sistema de significados compartidos y en esquemas de interpretación que recrean esos significados. Este es el ethos de la organización, clave para dar coherencia institucional a sus decisiones y crear adhesión e identidad a sus integrantes. Una empresa autoconsciente de su propia  cultura organizacional debe buscar sintonizar con los valores éticos de una sociedad democrática.

3. Reconfiguración ética del mundo laboral: Toda empresa busca implementar sus relaciones laborales desde una perspectiva de racionalidad. Sin embargo, esto no implica que se pierda de vista que toda persona es un fin en si misma, y por lo tanto, la racionalización laboral no debe ser sinónimo de instrumentalización de las personas.

4. Balance social. Supone el esfuerzo de describir en informes internos y externos cuantos datos sean posibles sobre los beneficios y costos de la actividad empresarial acarrea o puede acarrear, a la sociedad en que opera. Debe incorporar datos económicos, pero también información del grado de satisfacción del entorno, desde una ética de las instituciones basada en intereses universalizables.

5. Concepción renovada de la ética: La legitimidad de las empresas pasa hoy más que nunca por la opinión pública. En una empresa,  donde la división del trabajo es un dato evidente, es necesario transitar de una ética individualista y basada en las buenas intenciones del agente, a una ética de las instituciones, preocupada también de las consecuencias de las acciones de actores colectivos.

Estos indicadores reclaman desandar los presupuestos que fundan la racionalidad  empresarial en el primado del lucro a toda costa y la competencia sin límites. Más que una imposible ética del desinterés, es necesario una ética del interés común, de múltiples interesados, basada en la responsabilidad por las propias decisiones.

Este tipo de empresa, que aspira a incrementar su credibilidad y confianza, debe actuar satisfaciendo con calidad las necesidades humanas de los distintos grupos sociales afectados por su actividad. Ciertamente su mecanismo propio de actuación se sitúa en el marco del mercado, la competencia, y en la búsqueda del beneficio. Pero como medios adecuados a su meta integral. Debe hacerlo de acuerdo al marco jurídico-político en que está establecida: reglamentaciones laborales, ambientales, sociales, procedimentales, etc. Pero las normas jurídico-políticas no agotan las exigencias propias de una conciencia moral crítica formuladas de acuerdo a los criterios actuales.

 La resistencia cívica a una empresa que olvidó a sus stakeholders

En el caso del proyecto Hidroaysén, un amplio sector de la sociedad civil de Aysén manifestó desde hace años sus reparos y cuestionamientos a esta iniciativa. Por medio de alianzas como el Consejo de defensa de la Patagonia y la campaña Aysén reserva de Vida, expresaron  su oposición a la construcción de esta serie de grandes represas. En su análisis estaban las experiencias anteriores, en las que Endesa había logrado imponer la construcción de las centrales Pangue y Ralco, que implicaron graves daños ambientales  a la cuenca del río Bio Bio y el desplazamiento forzoso de población indígena.

Hubiera sido previsible que estos graves conflictos anteriores hubieran llevado a Endesa a cambiar su modelo de gestión, orientándolo hacia una modalidad basada en la cooperación con los stakeholders, antes que a la imposición unilateral de sus iniciativas por medio de la más fragrante presión política y económica. Sin embargo, Endesa ha cometido una vez más el mismo error. La única diferencia es que la condescendencia y pasividad de la ciudadanía parecen haber llegado a un límite. De allí el escándalo que ha acompañado todo este proyecto y que ha desembocado en el descrédito más absoluto de una empresa energética que por la naturaleza de sus servicios necesitaría de una amplia legitimidad social. ¿No serían estos antecedentes sólidos argumentos para su nacionalización? ¿Si Endesa no es capaz de responder más que a sus “stockholders”, no estaríamos los “stakeholders” obligados a retirarle el aval social y jurídico a sus iniciativas e inversiones?

Vivir en un estado de derecho implica algo más que un juego de permisos y prohibiciones. Implica transitar de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa, de un tiempo de derechos a un tiempo de responsabilidades. Lamentablemente las democracias realmente existentes, como ha comentado Robert Dahl, se deberían caracterizar más como “poliarquías” que como gobierno de los pueblos, debido al déficit participativo y representativo que albergan. Llegó la hora de poner fin a ese rumbo.


[1] Adela Cortina. Ciudadanos del mundo. Alianza Madrid. p 99