Un viaje a la cloaca periodística chilena

La corrupción de la que habitualmente se informa en la prensa se suele focalizar en conductas reprochables o ilícitas de políticos que se aprovechan de su posición para beneficio personal. Muestran constantemente casos de uso privado de recursos del Estado, financiamiento irregular de partidos, sobornos, cobro de comisiones, especulación inmobiliaria o financiera. Se desplaza así la mirada de otros campos sin los cuales el circuito corruptor no se puede comprender. Si hay un lugar que debería ser investigado a fondo a la hora de entender este fenómeno, y que nunca aparece en portada, es precisamente el ámbito periodístico.

Más aún si desde la Ilustración se le ha dado a la prensa un rol moralizador, ligándole a la función de controlar al poder. Este papel político-moral queda claro desde el primer decreto que garantizó la libertad de imprenta en Chile, en 1813: “Después que en todas las naciones cultas y en todos tiempos se ha hablado tanto sobre las utilidades de la libertad, de imprenta; cuando todos conocen que esta es barrera más fuerte contra los ataques de la tiranía, y que jamás ha existido un Estado libre sin que todos sus habitantes tengan un derecho de manifestar públicamente sus opiniones[1]”. ¿Qué balance podemos hacer luego de 200 años? ¿Está nuestra prensa a la altura de la misión de ser “barrera contra los ataques de la tiranía?”

La corrupción en la sala de redacción

Una definición integral de corrupción la entiende como “el abuso de confianza por parte de individuos u organizaciones (públicas o privadas) en actividades políticas, empresariales, sindicales, culturales o de cualquier tipo que benefician directa o indirectamente a una persona o a un grupo en detrimento de la comunidad que depositó en ellos –en la función y obligaciones que debían desempeñar– su confianza[2]”. Entendida así la corrupción es el resultado de obligaciones institucionales traicionadas, producto del incumplimiento de una misión asignada por la sociedad. En el caso de la prensa se la ha mandatado para asumir un papel como “perro guardián de la democracia”. Es lo que expresa la metáfora del “cuarto poder”. El problema nace cuando estos perros guardianes pasan a estar “alimentados” y a “alimentar” a aquellos a quienes deberían vigilar.

Dentro de las salas de redacción de los periódicos o de las salas de edición de los canales de televisión las prácticas de corrupción penetran bajo las mismas formas y procedimientos que en el resto de las instituciones políticas y económicas: cohecho, prevaricación, tráfico de influencia, malversación, puertas giratorias, negociaciones incompatibles, alteración de precios, blanqueo de antecedentes, omisión del deber de denunciar delitos, abusos en el ejercicio de su función están incrustados en el funcionamiento de la gran prensa corporativa.

La opinión pública percibe esta realidad de forma episódica e indirecta, cuando la contingencia revela, ocasionalmente, la tramoya de una operación corrupta. Estas situaciones muchas veces requieren que un periodista o un actor directamente involucrado rompa su silencio y haga una denuncia pública. Pero cuando este factor está ausente y el resto de los medios actúa de forma corporativa, se hace muy difícil que el entramado corruptor pueda llegar a ver la luz.

Un muestrario de malas prácticas

Sólo para ilustrar el problema enumeraremos dilemas y casos que tipifican las prácticas de corrupción al interior de la prensa comercial:

Prevaricación: aunque esta palabra se aplica en estricto rigor solamente a los jueces o funcionarios que ejercen roles de arbitraje o juicio público, también es posible extrapolarla al campo periodístico. El 7 de noviembre, en su programa en radio ADN Juan Cristóbal Guarello denunció que el diario La Segunda intentó sumarlo a una «campaña difamatoria» de ese vespertino en contra del senador y candidato presidencial Alejandro Guillier: «Me llamaron del diario La Segunda para que matara a Guillier, para que hablara mal de él. Estuve media hora conversando con el tipo, intentando convencerme de que hablara mal de Guillier. Dije que no y que no pensaba sumarme a la campaña[3]«, explicó. Según el periodista por su negativa a sumarse a esta campaña de injurias La Segunda le “castigó” publicando una nota ofensiva en su contra. En este caso la noción de “prevaricación” se puede aplicar en tanto el periódico intentó generar, deliberada y conscientemente, un juicio falso e injusto en la opinión pública sobre una persona, movido por razones de su propia conveniencia editorial.

Tráfico indebido de influencias: Bajo esta noción se entiende la utilización del medio de prensa para influenciar decisiones de gobierno favorables al dueño del medio o a sus auspiciadores, lograr favores empresariales, incentivar tratamientos preferenciales para generar conexiones, vincular informaciones, presionar autoridades, ejerciendo lobbying,  aportando acceso a privilegios simbólicos o reputacionales que luego son compensados por medio de otras cadenas de reciprocidad. En lo pequeño se ha hecho habitual que los medios acepten que sus periodistas reciban productos promocionales de empresas, lo que hoy parece una práctica naturalizada. Pero el asunto va mucho más allá. Un estudio sistemático y profundo de esta práctica se describe en la tesis doctoral de Mariela Oyarzo Gutiérrez titulada: “El imaginario social construido por la prensa chilena sobre la contaminación del rio cruces en Valdivia. Análisis de los diarios El Mercurio y La Tercera (2004-2014)”. Oyarzo afirma al respecto: “El análisis permitirá́ mostrar que los medios se alinean con algunos actores, pero también que van variando sus posiciones a medida que se desarrollan nuevos acontecimientos. Además mostrará que los diarios vulneran en parte el compromiso que tienen con sus lectores de ofrecer fuentes explícitas, contrastadas; ofrecer información clara, veraz y no omitirla[4]”.

Puertas Giratorias: en el habla informal esta expresión describe los casos en que un político pasa a trabajar en una empresa privada, beneficiándose de su red de contactos e información  privilegiada adquirida en su cargo anterior. Se instala así un conflicto de interés entre el interés público y el beneficio privado. Las empresas periodísticas son un espacio muy habitual para estas vinculaciones. Una forma habitual de incorporar a un político es sumarlo a su Consejo Editorial. Basta revisar las puertas giratorias entre El Mercurio y La Moneda durante la dictadura militar, que vieron desfilar a Jovino Novoa, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Enrique Montero Marx, Álvaro Bardón, Andrés Passicot, Hernán Cubillos, Arturo Fontaine Aldunate, Rolf Lüders, Sergio de la Cuadra, Roberto Kelly, y una larguísima lista de nombres que circularon en las dos direcciones. Proceso que sigue aún en curso, ampliándose a políticos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

Alteración de precios: Una práctica habitual de la prensa financiera, que muy rara vez es penalizada judicialmente. Un caso excepcional fue la condena al diario Estrategia por publicar una entrevista a su propio gerente general con el fin de elevar el precio de las acciones de la carbonera Schwager en 2004. Operación que le generó 183 millones de pesos de utilidades en un día[5].

Abusos en el ejercicio de su función: Un caso de este mes: La Tercera editorializó el 16 de noviembre pasado criticando la participación de la Presidenta del CUT Bárbara Figueroa como panelista en el programa “Estado Nacional” de TVN, argumentando la “destemplada forma en que trató al ministro de Hacienda en el Congreso”, lo que le excluía para ser considerada una “voz autorizada en el debate público[6]”. El editorialista de COPESA dictaminando sin pudor la exclusión del sindicalismo de la deliberación pública.

La prensa comercial ha pasado a ejercer un papel central en todos los circuitos corruptores de nuestro país. Lejos de cumplir un rol moralizador, hoy desempeña una función corruptora de primer orden, legitimando prácticas inescrupulosas de sus dueños, financistas y auspiciadores, blanqueando decisiones contrarias al interés público, descontextualizando  las denuncias que efectan a sus intereses. Para eso se valen de recursos tradicionales, acatando “versiones oficiales” sin investigar, publicando “filtraciones interesadas” o generando “apagones informativos” a su conveniencia. Pero también se han sumado nuevas y sofisticadas formas de alterar los hechos, intencionadamente. Se ha generalizado el recurso al “escándalo que tapa otro escándalo”, que Robert Trivers denominó “la agresión moralista[7]”. Este ejercicio trata de descalificar moralmente al adversario, para legitimar la propias trasgresiones morales. Recordemos a La Segunda publicó una nota en la que revelaba que la cuenta en Twitter de Manuel José Ossandón seguía usuarios “vinculados” a pornografía[8]. Exactamente 4 cuentas entre las 5252 que sigue el Senador y precandidato presidencial. Y lo hizo el mismo día en que Sebastián Piñera era denunciado por realizar inversiones en una empresa pesquera peruana que extrae productos de la zona marítima ganada por Perú tras un fallo de la Corte de La Haya en 2014, que modificó el límite marítimo entre ambos países. Y hacerlo mientras ejercía la presidencia de la república.

Urge investigar el curso de las aguas cloacales de la prensa porque de ello pende todo proyecto de regeneración democrática en Chile.

[1] “Decreto del Gobierno con acuerdo del Senado sobre la libertad de la prensa». 23 de Junio de 1813. En  El Monitor Araucano Tomo I. N° 35, Sábado 26 de Junio de 1813.

[2] Álvarez Cantalapiedra, Santiago (2016) “Corrupción: el síntoma de una enfermedad”, en Papeles nº 35, p. 7.

[3] ADN Radio http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/guarello-acuso-campana-difamatoria-del-diario-la-segunda-contra-guillier/20161107/nota/3296433.aspx

[4] Mariela Oyarzo Gutiérrez (2014) “El imaginario social construido por la prensa chilena sobre la contaminación del río cruces en Valdivia. Análisis de los diarios El Mercurio y La Tercera (2004-2014)”, Universitat Autónoma de Barcelona, p. 11.

[5] “Justicia ratifica inédita multa a dueño de diario por información tendenciosa”. La Tercera 12, 08, 2014.

[6] La tercera, “Contradictoria señal de TVN”, 16, 11,16.

[7] Trivers, R. L. 1971. “The evolution of reciprocal altruism”. Quarterly Review of Biology, 46, pp. 35-57

[8] La Segunda. “Las cuentas porno que seguía el senador Ossandón en Twitter”. 16/11/16.

La constitutiva problematicidad de lo ético en la política

La creciente crisis de legitimidad que afecta a los actores e instituciones políticas de Chile parece haber pasado a una nueva y más intensa etapa. A las denuncias ya acumuladas (casos Penta, Caval, SQM, Corpesca, etc) hay que agregar un par de casos nuevos, puntuales, pero muy relevantes. Se trata del financiamiento recibido por el diputado y ex dirigente social Iván Fuentes, de parte de la agrupación de industriales pesqueros Fipes. Estas donaciones se habrían realizado tanto durante su periodo de dirigente de pescadores artesanales como también durante su campaña parlamentaria. Los fondos se los habría gestionado el senador Patricio Walker (DC). Esta denuncia ha minado gravemente la imagen de incorruptibilidad de Fuentes, que gozaba hasta ese momento de una muy buena percepción pública, siendo uno de los diputados más valorados dado el prestigio alcanzado como líder del movimiento “tu problema es mi problema”, que movilizó a la región de Aysén entre febrero y marzo de 2012.

Una situación similar es el reciente procesamiento del ex Comandante en Jefe del Ejército General Juan Emilio Cheyre como presunto cómplice del homicidio calificado de 15 personas en el regimiento Arica de La Serena, en el marco del caso “Caravana de la Muerte”.  El general Cheyre había ganado su prestigio al frente del ejército al condenar las violaciones a los derechos humanos en dictadura: “¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética[1]”. Este tipo de declaraciones, reiteradas en distintos medios, le hizo acreedor de una imagen modernizadora y reformadora de las las FFAA, que se distanciaban de la sombra del dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, su procesamiento actual pone en evidencia la ambigüedad de esas afirmaciones. Al mismo tiempo saca a la luz las redes de protección en el Estado de las que gozó el ex uniformado por largos años, y que le permitieron ascender en la institución castrense y luego de su retiro mantener una posición de influencia como consultor, académico, consejero del SERVEL, entre otras tareas. Esta red de protección involucraría a altos dirigentes políticos como el expresidente Ricardo Lagos, el ex ministro del interior Jorge Burgos y el ministro de defensa José Antonio Gómez, que habrían obviado el historial de Cheyre, documentado en el informe Rettig, el informe Valech y en Los Zarpazos del Puma de Patricia Verdugo, con el fin de garantizar su apoyo al proceso de reintitucionalización de las FFAA.

Los casos de Fuentes y Cheyre profundizan el extendido descrédito de la actividad política, ya que tumba la imagen de personalidades que habían ganado prestigio por su acción pública y minan la credibilidad general. Si los casos anteriores afectaron fundamentalmente a políticos ya desacreditados, este nuevo tipo de situaciones extiende como mancha de aceite las miradas de sospecha a todos los líderes políticos, y a todas sus instituciones. En este contexto la crítica social cobra importancia capital, especialmente si se la vincula a la bajísima participación ciudadana en las recientes elecciones primarias de las Nueva Mayoría y Chile Vamos. Un cuadro de desafección general puede distorsionar las futuras elecciones ya que el abstencionismo puede ser capitalizado por grupos de poder muy minoritarios, pero muy organizados o que disponen de mayores recursos, los que podrían imponer sus intereses en un cuadro de desmovilización electoral. La pregunta que se debería tratar de responder, de cara a la sociedad, debería ser la siguiente: ¿Cuál es la posibilidad, real, concreta, de articular ética pública y política en el actual contexto?  ¿O debemos aceptar, fatalistamente, que se ambos conceptos no pueden estar estar escritos en una misma oración?

Los modos de relación entre ética y política

Una primera respuesta debe ser la necesidad de distinguir ambas dimensiones. Ética y política nunca han sido sinónimos, ni nunca podrán nunca serlo. Esta distinción es la que expone Max Weber en “La política como vocación” en donde acierta al considerar que el discernimiento entre medios y fines no es aplicable de forma directa a la racionalidad política, ya que en este campo los buenos propósitos suelen requerir de medios cuestionables para llegar a implementarse. De allí que su respuesta a esta “anomalía estructural” sería el confinamiento de la política a una “ética de la responsabilidad” que exige al político el abandono de todas sus convicciones como un ethos definitivo.

Este punto de partida resulta difícil de tolerar por una ciudadanía que exija a sus líderes “ejemplaridad” y “representatividad”. Si todo dirigente político está irremediablemente atrapado por las “coerciones funcionales sistémicas de la política, el derecho y la economía de mercado”[2] nunca podría responder a estas dos exigencias. Nunca podría ser ejemplar, ser modelo de acción pública, sino más bien estaría condenado a ser un contraejemplo permanente. Y tampoco podría ser representativo, ya que no podría encarnar las convicciones que sus electores desearían que encarne. El único mérito que podría mostrar un político sería su capacidad de juicio prudencial, que le llevaría a escoger el menor de los males y alejarse del peor de los desastres.

Esta situación ha dado pie a dos formas históricas de repulsa a la política[3]. La primera es la repulsa elitista, de quienes se sienten “accionistas” preferentes del Estado, y que esperan que sus administradores ejerzan las funciones, especialmente las represivas, de modo “elegante”, bajo una moral burguesa que dicta la limpieza de los acuerdos, la honorabilidad de las formas, la pulcritud de los procedimientos. Pero la conflictividad social y democrática, y especialmente la presencia de los intereses distintos a los propios de los “accionistas” del Estado, exige que los procedimientos políticos ya no respondan a esos criterios. En democracia se hace necesario recurrir a la astucia, al engaño, al compromiso, incluso al soborno o la corrupción, para poder acceder y mantener el poder. Bajo un régimen absolutista o en dictadura, no son necesarios estos acuerdos, componendas, y oscuras conversaciones de pasillo. Se puede ejercer el poder despótico “limpiamente”, con la posibilidad de responder “sólo ante Dios y la historia”, como dijo Francisco Franco. En esta lógica sólo quién puede permanecer en el espacio privado puede mantenerse limpio, pero “meterse en política” es siempre una actividad envilecedora.

La segunda forma de repulsa a la política es la que desarrolla el mundo popular que suele ver todo ejercicio del poder como un mal en sí mismo. Se sostiene que sólo la “acción directa” puede resolver los problemas del pueblo, por lo cual las mediaciones representativas y especialmente la existencia misma del Estado y sus instituciones, son fuentes de corrupción endémica. Sólo si es destruida esta fuente de todo mal prevalecerá la “bondad natural” del ser humano, y especialmente las virtudes inmanentes a la clase trabajadora. De allí la necesidad de retractarse de toda acción política electoral, para concentrarse exclusivamente a nivel social, sindical, reivindicacionista o incluso a la acción directa político-militar o insurgente.

Pero esta supuesta superioridad moralidad del “mundo privado”, ya sea de las élites o del mundo popular, no existe. La racionalidad moral que impera en la política no es muy distinta al del comerciante, grande o pequeño, y las formas de ejercicio del liderazgo popular en un movimiento sindical no son necesariamente mejores que los que operan en la política. Como observó Aranguren estas formas de repulsa de la política tienen puntos semejantes: “Se parecen uno y otro, evidentemente, en que ambos sienten el Estado como ajeno, y construido no por todos, sino por “ellos”. Unos “ellos” son el gobierno, el parlamento, y a lo sumo los funcionarios públicos y partidos políticos. Se parecen en el individualismo y pretensión –utópica- de sustraerse a la política […] En realidad el hombre apolítico, a su pesar, opera políticamente: bien “dejando hacer”, bien desde fuera, en un grupo de presión, sin asumir responsabilidad política. Se parecen, en fin, en considerar ambos el Estado como el mal, que el burgués espera reducir al mínimum y el anarquista, más radical, suprimir de raíz[4]”. En ambos casos les subyace un optimismo antropológico, casi metafísico, que confía en la naturaleza humana individual y su bondad innata, opuesta a la perversión de las instituciones. Y en ambos casos su “moralidad” individual y subjetiva es incapaz de pasar al plano de una “eticidad” social, realista, e intersubjetiva.

Ni sinónimos ni antónimos, relación dramática e ineludible

Ética y política parecen estar condenadas a convivir en una relación dramática. Si la ética desea superponerse a toda acción política, termina paralizándola y haciéndola estéril, porque nunca se podrían alcanzar sus objetivos. El actor político quedaría atrapado, incapaz de asumir la necesidad ineludible de optar, permanentemente, por males menores, pactos incestuosos, alianzas con intereses adversos. Por otro lado, si ética y política se disocian totalmente se termina deslegitimando su acción, vaciándola de sentido y haciendo irracional su funcionamiento. Este es un drama germinal, que obliga a una compatibilización ardua, problematizadora e inacabable. Pero como toda relación dramática, es una relación entre actores libres. El drama no es la tragedia, que presupone un fin determinista del que no hay escape. En el drama de la política hay vías de salida, distintos desenlaces, nunca perfectos, pero que permiten reconocer en un Nelson Mandela, un Pepe Mujica, una Mary Robinson o un sin número de personalidades que se atrevieron a “ensuciarse las manos”, políticamente hablando, pero sin abandonar un núcleo de convicciones que “salvaron” sus pactos, sus componendas, sus atajos y sus contradicciones. ¿Cuál es la fórmula para ello? “ Es entre la tragedia y el fariseísmo, en el drama de la existencia, donde está la verdad moral y la posibilidad –difícil siempre- de moralización de la política[5]”. Existencia que no es otra cosa que asumir con Sartre que estamos “condenados a la libertad”.

[1] Columna “Ejército de Chile: el fin de una visión», publicada en  La Tercera el 5 de noviembre de 2004.

[2] Apel, Karl Otto (2007), La Globalización y una ética de la responsabilidad, Prometeo, Buenos Aires, p. 133ss.

[3] López Aranguren, José Luis, (2011) Ética y Política, Público, Madrid, p. 65ss.

[4] López Aranguren, José Luis, op. cit, p. 70.

[5] López Aranguren, José Luis, op. cit, p. 82.

FFAA y corrupción: una agenda democratizadora pendiente

Si se analiza el papel de los militares dentro del Estado, en el Chile actual, resulta prioritario definir si han concluido su transformación democrática, o no. Y ello porque durante el periodo dictatorial, en el que las FFAA poseían un rol preponderante, ser militar era un rol predefinido. No existían matices entre sus miembros, porque no había debates intra-institucionales posibles. Usando una metáfora, ser militar significaba adaptar la propia personalidad individual a un molde único, en el que se encajaba hasta acoplarse perfectamente, o se debía abandonar la institución.

Esta homogeneidad y “cohesión” le confería a las FFAA buena parte de su fuerza política. El concepto de “unidad granítica” les otorgaba una capacidad de respuesta “como un todo”,  sin fisuras. Esta situación es propia de todos los sistemas políticos no democráticos, donde las instituciones armadas asumen un rol de tutela de la sociedad. Pero en ese esquema los militares, individualmente entendidos, no son libres y habitan en un sistema gregario que les mandata comportamientos y lealtades irrenunciables.

Pero en una democracia los militares no deberían ser sujetos sustantivamente distintos al resto de la población a la hora de disfrutar derechos, incluyendo la posibilidad de manifestar facetas personales y perfiles profesionales diferenciados. En otras palabras, en una democracia el militar es ante todo un ciudadano y un profesional, y no el simple engranaje pasivo de una maquinaria anónima. Cómo ciudadano debería poder responder a las exigencias de su profesión de manera criteriosa, y expresar puntos de vista profesionales coherentes con su identidad personal. Este reconocimiento de la autonomía moral y profesional de los militares no supone, de ninguna manera, que las Fuerzas Armadas democráticas, en tanto parte integrante de la  administración pública, sean una entidad irracional o caótica. El sentido de la autoridad, disciplina, y el respeto a la cadena de mando, se mantienen como criterios de funcionamiento esencial, incluso a nivel cotidiano. Pero unas FFAA democráticas reconocen que estos valores no exigen respuestas idénticas, sino creativas y críticas.

El déficit deontológico

En esa materia es muy poco lo que se ha reflexionado en los últimos veinticinco años. Y son muy pobres las discusiones que han abordado un replanteamiento sustantivo de las relaciones cívico-militares, más allá de señalar la necesidad de enmarcar su rol como fuerzas obedientes, no deliberantes y subordinadas a la autoridad democrática. Pero el problema resurge una vez asegurada, al menos de manera formal, esta dependencia de la autoridad civil: ¿bastan estos atributos para otorgar un carácter democrático a las FFAA? ¿es suficiente la no intervención política, al menos explícita, de las instituciones militares para afirmar que ha concluido su inserción en un Estado democrático?

La necesidad de profundizar este análisis surge si se revisa la agenda noticiosa de estas semanas, donde encontraremos una ola de escándalos que remecen la estructura misma de los institutos armados:

-Las acusaciones al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, cuestionado por su enorme patrimonio, que ascendería a unos tres mil millones de pesos, imposibles de justificar de acuerdo a su salario nominal.

-El involucramiento de personal activo del Ejército en la captación de fondos para AC Inversions, una estafa piramidal ilegal que ha defraudado por más de $50 mil millones de pesos.

-Las denuncias por contratos irregulares y entrega de pasaportes diplomáticos a los hijos del actual comandante en jefe del ejército General Humberto Oviedo durante su paso como jefe de la Misión Militar de Chile en Estados Unidos en 2010.

-El caso “MilicoGate”, destapado por el periodista Mauricio Weibel y que apunta a un fraude millonario ocurrido entre enero de 2010 y marzo de 2014, que operó mediante el pago de cientos de facturas falsas, al amparo de la opacidad de la ley reservada del cobre. Esta ley opera sobre la base del Decreto Ley 984 de 1975 que obligó a  hacer entrega del 10% de los ingresos totales de Codelco a las FFAA, garantizando un piso mínimo de US$ 180 millones anuales, los que no necesitan ser incluidos en la contabilidad general de la nación. Como se señala en su art. 2º: “Las entregas de fondos que deben realizarse en cumplimiento a lo establecido en el presente decreto ley, se harán en forma reservada; se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.

A lo anterior se debe agregar, como contexto agravante, que la población percibe un cuerpo militar escindido de la realidad nacional, y que posee privilegios inalcanzables para la mayoría: becas generosas, establecimientos escolares especiales para sus hijos, pensiones dignas que incluyen a las viudas y herederas solteras, un óptimo sistema de salud, vivienda accesible, clubes recreativos, estabilidad laboral garantizada, etc. Granjerías que funcionan mientas la inmensa mayoría de los chilenos vive en la precariedad económica y la inseguridad social. Esta lógica de funcionamiento refuerza la percepción del mundo miliar como un cuerpo auto centrado, ligado por lealtades acríticas respecto a la autoridad y hacia los pares, que carece de las exigencias común al resto de las profesiones.

Los casos de corrupción no se pueden explicar sin la cooperación pasiva o activa de un cuerpo militar que necesariamente ha tenido que coadyuvar al funcionamiento de estos sistemas delictuales. Poseer sentido de cuerpo o lealtad institucional no es lo mismo que gregarismo. Ser gregario es, en palabras de Nietzsche, ser “animal de rebaño”. Este tipo de animal busca ser aceptado por sus pares debido a necesidades psicológicas. Desde las investigaciones de Maslow sabemos que todos los seres humanos tenemos necesidad de ser aceptados por el grupo. Pero una cosa es la necesidad de aceptación grupal y otra muy diferente es la necesidad gregaria de ser parte de un rebaño. El modelo gregario obliga a mantener opiniones “políticamente correctas” basadas en la obligación tácita de emular al grupo, o al menos, tolerar sus prácticas generalizadas.

En cambio, para la ética profesional contemporánea, los consensos fácticos no constituyen el fundamento de la acción legítima. La profesionalidad exige que se funcione sobre la base de los presupuestos de la argumentación, que son los que dan sentido, los que exigen, los que suponen una crítica a cualquiera de los consensos fácticos bajo los que opera una institución.

Superar las nostalgias militaristas

La cadena de escándalos simultáneos denunciados en estos días ha puesto al descubierto una debilidad deontólogica en las FFAA. Y explica la crisis de legitimidad que los cuerpos armados mantienen de cara a la ciudadanía. Tras ello gravita el viejo fantasma del militarismo, que no sólo tiene relación con el afán de los altos mandos por acceder al poder político directamente. Más ampliamente el militarismo también se debe dimensionar cómo la “injerencia abusiva  de las fuerzas armadas, como institución, o de sus miembros individualmente, en la conducción política de un Estado. Y es también el sistema de privilegios arbitrarios que se concede a los elementos militares”[1].

Esta “injerencia abusiva” se explica por condiciones que la posibilitan, en particular la debilidad de entramados jurídicos y de dispositivos culturales, que facilitan el acceso a los “privilegios arbitrarios”. El caso de la ley reservada del Cobre es el ejemplo perfecto de una legislación militarista que crea el contexto adecuado para que las estructuras administrativas de las FFAA puedan disponer de total opacidad en sus operaciones. Este modelo permitió al dictador Augusto Pinochet acumular un patrimonio que superó los 21 millones de dólares, según demostró la investigación del caso Riggs. Y además contribuyó a que su esposa, Lucía Hiriart, pudiera usufructuar por medio de CEMA Chile de 135 propiedades e inmuebles, traspasados a esa institución durante la dictadura, incluyendo plazas públicas y grandes paños de terrenos municipales.

La contracara del militarismo constituye el institucionalismo militar, y se debe entender no sólo como el apego formal y pasivo al Estado de derecho, sino más ampliamente, como una adhesión activa y consciente a la institucionalidad. Por lo tanto, una democracia demanda un ejército de ciudadanos en armas, que reconocen que no existe una ética para civiles y otra, distinta, para militares, sino una ética cívica común, que genera las mismas exigencias para quienes llevan uniforme y para quienes no los usan.

A la vez, esa ética cívica sólo se puede basar en el principio de autonomía moral, entendida como fundamento de la libertad humana. Asumir la profundidad de ese  imperativo categórico debería reflejarse en un completo rediseño de las mallas y modelos de formación militar, de manera que abandonando una anacrónica idea de “obediencia debida” ponga en el centro de su quehacer el cultivo del respeto a aquello que siempre tiene valor, y a la vez carece de precio: la dignidad de la vida.

[1] CFR “Militarismo” en Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja.