Psicoterapia para un gobierno cansado

Le Monde diplomatique, agosto de 2015

Aunque sólo lleva quince meses en La Moneda el gobierno se nota extenuado y exhausto. A ratos pareciera que no ya puede más. Se le acabó la energía y le abandonó el vigor del primer año. Se parece a un corredor en una cinta de ejercicios, que trota y trota pero no avanza ni un milímetro. Las reformas no prosperan, la promesa de la Nueva Constitución se diluye en anuncios de cabildos y “conversaciones con juntas de vecinos y clubes del adulto mayor”. El escenario económico, dificultoso y desafiante, aparece ahora como una montaña inexpugnable, imposible de escalar. La popularidad parece tocar fondo, y la tentación del equipo político es escapar, sacar a la presidenta de “la política”, como si ello fuera posible, para llevarla a tomar desayuno con las señoras de las poblaciones, con la ilusión de mejorar la imagen, aunque no se logre ningún avance en las metas que se deben alcanzar.

Usando la reflexión que nos propone el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han en “La sociedad del cansancio[1]” podemos interpretar que las afecciones que agotan a este gobierno no vienen desde un enemigo externo o extraño. Hasta ahora no ha sufrido ninguna derrota ante la oposición, que aparece mucho peor situada en las encuestas. No hay un contrincante, un “otro”, que desde afuera presuponga una amenaza seria a su poder. Los males de la Nueva Mayoría se asemejan a las neuropatologías, como el stress, la depresión, la ansiedad, o el síndrome de desgaste ocupacional, que nacen desde la interioridad del paciente. El gobierno parece quemado desde adentro, por sus propias ansiedades y angustias vitales, sus contradicciones existenciales, sus choques de voluntades, su incapacidad de definir una hoja de ruta mínima que reduzca la complejidad en la endemoniada tarea de gobernar.

Los males de la Nueva Mayoría no vienen de una bacteria social al acecho, o de un virus  político que le ha infectado por contagio. Sus achaques son de su entera creación, como psicosomatización, burn-out, surmenage, despersonalización o fatiga ontológica. La mitad de la energía de sus partidos se dispersa en la tensión interna, la lucha intestina, y el cainismo de una coalición que en un 50% busca cumplir su programa y en un 50% hace todo por boicotearlo e incumplirlo. El gobierno cansado es verdugo y víctima de sí mismo, envuelto un continuo lamento depresivo, repitiendo el mantra del “nada es posible”, en medio de una sociedad que le repite a coro que todo debe ser posible”.  Han llama a esta situación el “No-poder-poder-más”, y denuncia que este ciclo conduce a un proceso autodestructivo y a las lógicas de la autoagresión[2].

No es extraño que el gobierno intente presentar como “responsabilidad sin renuncia” su evidente estado de “distimia política”, que se evidencia en melancolía, apesadumbramiento, baja autoestima, sentimiento de incapacidad, desesperanza, fatiga continua, déficit de energía vital. El lema “Todos x Chile” aparece como el síntoma de un trastorno disociativo que explica sus fallos de memoria, sus faltas de conciencia, su crisis de identidad y su baja percepción de la realidad.

Las causas de la enfermedad

Para Byung-Chul Han ya no vivimos en la sociedad disciplinaria o del control, bajo las lógicas descritas por la biopolítica de  Foucault. Ahora nos situamos en una “sociedad del rendimiento donde cada uno es su propio explotador, lanzado a la búsqueda del éxito, por medio de la vorágine híper-activa e híper-neurótica de la híper-información y la híper-conexión. Ya no se necesita ejercer la represión heterónoma ni el control panóptico, porque la disciplina ha sido interiorizada. La sociedad del rendimiento es la cultura de la autoexplotación. Nos disciplinamos a nosotros mismos, y la violencia, inherente al sistema neoliberal, ya no ataca desde fuera del propio individuo. Lo hace desde dentro y estalla bajo la forma de cáncer, depresión, o trastornos por déficit de atención con hiperactividad o por el trastorno límite de la personalidad.

En la política ha ocurrido exactamente lo mismo que en el resto de la sociedad. Si el “triunfo” o la “autorrealización” es un fin en sí mismo, si el rendimiento (económico, político, laboral) lo justifica todo, nada importa a la hora de alcanzarlo, aunque implique vaciar de sentido los compromisos fundantes y la vocación primordial. Besar la mano del yerno de Pinochet, hacer negocios desde la oficina ministerial o aceptar aportes reservados de las empresas que se deben regular, todo puede ser si colabora a la meta de la “productividad” y la “optimización personal”. Lo que ayer se hubiera percibido como aberrante ahora se transforma en una práctica aséptica, que no despierta en la piel la más mínima alergia moral. El mal se interioriza, y la esclavitud ya no está impuesta por el miedo o por la fuerza. Así, hasta el ejecutivo mejor pagado trabaja como un cautivo, y el político más poderoso puede optar por el sometimiento voluntario a un amo intangible, que radica en su propio ego, y que le exige la autoexplotación voluntaria hasta la extenuación.

La sociedad disciplinaria y del control estaba marcada por la negación y la prohibición, y las cercas y los muros eran barreras claras e indiscutibles. En cambio la sociedad del rendimiento es la cultura del “piensa positivo”, del trabajo 24/7, de la sobre-exposición, de la vida como espectáculo, de la “transparencia” como paliativo y analgésico a la falta crónica de confianza. La vieja negatividad se ha convertido en exceso de positividad. Si antes todo era control normativo, ahora todo es abierta incapacidad para pronunciar la palabra “no”. El trabajador ideal es el que vive con su celular prendido día y noche y nunca toma vacaciones. De la misma forma el político perfecto es el que dice sí a todo y a todos,  pero no se define en nada, sino que acepta como natural todo lo que la realidad le impone en su facticidad. “A la sociedad disciplinaria todavía le rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. (…) La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber[3]”.

El camino de la sanidad

El cuadro depresivo de la Nueva Mayoría no es irreversible. Pero como toda afección psicológica la sanación exige el compromiso y la voluntad del paciente por alcanzar su mejoría. El gobierno debe aceptar que tiene un problema y poner todo de su parte para producir el cambio. Siguiendo el análisis de Han, el cansancio interior se explica por la pérdida de sentido de la propia actividad, lo que traduce un “olvido del ser” que explica  la incoherencia con su propia identidad. Por eso el cónclave de la Nueva Mayoría, que se llevará a cabo el 3 de agosto en Cerro Castillo, podría ser un primer momento terapéutico. Para ello ese encuentro debería funcionar como un momento de Coaching Ontológico que devuelva al gobierno una mínima coherencia biográfica, y que intente  arraigar su práctica a las creencias y valores que deberían animar su misión.

Este proceso debe involucrar no sólo la racionalidad estratégica, sino también el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Se debe producir un sinceramiento de las posiciones políticas, pero también de las emociones destructivas, que deben ser verbalizadas, con todo su dolor y conflictividad. En segundo lugar se deben deslindar las responsabilidades políticas, sin afán destructivo, sino para clarificar las relaciones partidarias. Este proceso se debe regir por un principio que sostiene que cada uno es responsable por las decisiones propias, pero nunca por las ajenas. Hacer esta distinción permitirá relativizar la política del encuestómetro, para poder seguir las propias convicciones y actuar de acuerdo al discernimiento personal. Lejos del afán de vivir pendiente de la aprobación o la desaprobación, el gobierno debe recuperar su libertad interior, de cara a  sus compromisos históricos de largo plazo.

En tercer lugar debe desmontar sus temores. Es cierto que la reforma tributaria no ha logrado recaudar lo esperado y que el escenario económico se ha complejizado. Pero también es cierto que la desaceleración en Chile no afecta a todos por igual. En este semestre aumentó venta de casas de más de 4000 UF y de autos de más de 10 millones de pesos. Si olvida este tipo de datos, su percepción seguirá distorsionada.

Finalmente, el proceso terapéutico debería conducir a los partidos políticos a aprender a decir “No”, sobre todo a las ofertas fáciles de financiamiento electoral, a las puertas falsas que conducen a las oficinas de los banqueros y a los directorios de las grandes corporaciones, a los lobbys de las mineras, las pesqueras o las forestales, y en definitiva, a todos aquellos aparentes atajos que permiten un fugaz acceso al poder, pero también un rápido descredito y una pérdida irreparable de la propia identidad política y personal. Si los partidos no asumen la urgencia de esta psicoterapia, su agotamiento será crónico, y al gobierno democrático, por cansado que parezca, lo sucederá un régimen “patocrático[4]”, el gobierno de una pequeña minoría patológica que tomará el control de una sociedad de personas normales.

 

[1] Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, Herder, Madrid, 2012.

[2] Op. Cit. P. 31.

[3] Op.  Cit p. 27.

[4] La definición de Patocracia se puede estudiar en Andrzej Łobaczewski (2006) Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes, Red Pill Press, Grande Prairie.

Karadima: bajo el largo manto de Roma

Se ha cumplido un año desde que en octubre de 2011 la ministra en visita Jessica González, que investigaba al sacerdote Fernando Karadima, decretó el cierre del sumario al considerar que los antecedentes recabados eran “hasta ahora insuficientes» para continuar con el juicio. De esa forma concluyó judicialmente uno de los casos de abuso sexual que mayor impacto ha causado en el país. Sin duda, la evaluación general del proceso es positiva, ya que la sociedad chilena adquirió mayor conciencia de la gravedad de abusos de menores y ha obligado a las instituciones, empezando por la Iglesia Católica, a incrementar sus mecanismos de responsabilidad y transparencia. Pero pese a esta innegable contribución, quedó abierta la pregunta por los motivos que obligaron a la ministra González a cerrar su investigación criminal. Karadima recibió una condena eclesiástica y una fuerte sanción social. Pero no se logró dictar sentencia desde la justicia ordinaria.

Recordemos que el proceso criminal presentó una primera etapa a cargo del fiscal regional Xavier Armendáriz y el juez del crimen Luis Valdivieso, que fue cerrado de forma precipitada, sin tomar declaraciones a los denunciantes. Pero el 18 de febrero de 2011 la situación cambió radicalmente ya que el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzatti, informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe había concluido su proceso interno: “Sobre la base de las pruebas adquiridas, el Rvdo. Fernando Karadima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia, y en modo particular, del delito de abuso de menor en contra de más víctimas”[1]. Se trató de un bochorno mayor para la justicia chilena, acusada en ese momento de recibir presiones por parte de grandes empresarios cercanos a Karadima, como Eliodoro Matte[2].

En respuesta al escándalo se removió de la causa al juez Valdivieso y el 22 de marzo de 2011 se designó con dedicación exclusiva a la ministra en visita Jessica González. La magistrado tomó las declaraciones a los denunciantes e interrogó tanto a Karadima como a los sacerdotes más cercanos a su entorno, Juan Esteban Morales y Diego Ossa. En el contexto de esa investigación, a inicios de abril, allanó la oficina del abogado de Karadima, Juan Pablo Bulnes, y procedió a incautar el fallo canónico. Ante la presencia de nuevos antecedentes la magistrado solicitó a la Nunciatura Apostólica a totalidad del expediente del proceso canónico practicado contra Fernando Karadima. El interés de la ministra  radicaba en dos elementos puntuales: los antecedentes que la Iglesia de Santiago manejó desde el inicio de la investigación y los nuevos antecedentes que se enviaron al Vaticano y que llevaron a la sentencia de culpabilidad canónica de Karadima.

En respuesta a esta solicitud el Nuncio Giusseppe Pinto comunicó que los antecedentes que le solicitaban estaban en Roma, en poder de la Congregación Para la Doctrina de la Fe. Por ese motivo cerró la posibilidad de obtener en forma rápida el expediente y la magistrado se vio obligada a recurrir vía exhorto a la Santa Sede, procedimiento que exigía la aprobación previa de la Corte Suprema. Esta autorización se concedió el 14 de abril mediante un fallo unánime de los ministros de la segunda sala en que se señaló: “con el mérito de lo informado por la Sra. Fiscal Judicial Subrogante a fojas 46, dése curso al exhorto internacional y remítase al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que se proceda a su envío a la Santa Sede de la Iglesia Católica, situada en el Estado Cuidad del Vaticano». El 21 de julio el Vaticano respondió negativamente al exhorto aprobado por la Corte Suprema por medio de líneas muy breves en las que argumentó que al igual que Chile es un Estado independiente, por lo que un asunto de esa naturaleza debería manejarse a nivel de relaciones de Estado a Estado. Si Roma hubiera decidido responder positivamente al exhorto de la ministra González, parece muy probable que información hubiera permitido a la ministra continuar la investigación. José Andrés Murillo, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, sostiene al respecto:

“Es complicado el tema, ya que lo más probable es que el expediente eclesiástico contenía nombres y situaciones de abuso sexual a menores de edad, por lo que se le condenó «canónicamente». Lo complicado es que hay personas que confiaron que sus nombres no serían revelados y no querían pasar por el proceso judicial de la justicia chilena, aunque tampoco querían que los delitos quedaran impunes para la Iglesia.  Es probable que estas personas, obligadas a declarar ante la justicia penal chilena, se hubieran retractado.  Sin embargo, de lo contrario, si esas personas hubiesen insistido en su acusación y si además la acción penal no estaba prescrita, Karadima habría sido encarcelado”

El argumento del Vaticano para denegar el expediente eclesiástico radicó en su estátus de país independiente, por lo que un asunto de esa naturaleza debía manejarse a nivel de las relaciones de Estado a Estado. Por esa misma razón el Estado chileno podría haber continuado demandando el acceso a al expediente canónico, por vías diplomáticas. ¿Debería hacerlo en el futuro? Murillo nos comenta esta hipótesis:

“En lugar de poner la energía en eso, me parece que es necesario que el Estado se pregunte por qué las personas no confían en abrir sus experiencias de víctima ante sus instancias de justicia. Es necesario pensar en disminuir las instancias revictimizadores de la  administración de justicia. Claro que tal vez si se abren los archivos del Vaticano acerca de las acusaciones a sacerdotes y religiosas por abuso sexual, tal vez nos encontraríamos con grandes sorpresas. Pienso que los Estados podrían exigir la apertura de estos archivos, ya que una manera de prevenir posibles abuso sexuales infantiles sería identificando a aquellos que han sido acusados. Hay que pensar que la Iglesia ha tenido una política de no incentivar e incluso impedir que las víctimas acudan a la justicia ordinaria en casos de abuso sexual infantil. No es descabellado pensar que muchos que son considerados grandes sacerdotes o religiosas, escondan acusaciones por abuso sexual infantil”

La forma como se cerró la investigación judicial a Fernando Karadima podría sentar un grave precedente en futuros casos de abusos a menores que involucren al clero ya que de facto la investigación canónica tuvo preeminencia ante una investigación judicial. Situación que se debe analizar a la luz de otros hechos que complementan este cuadro. Por ejemplo que el 23 de mayo de 2011, luego de declarar ante la ministra González,  James Hamilton, uno de los denunciantes, afirmó haber recibido 20 correos electrónicos en los que se le presionaba desde la Iglesia para que «desistiera» de la acusación judicial contra el párroco de El Bosque, a cambio de “avances en la investigación canónica.

José Andrés Murillo, complementa esta observación, recordando que junto a las dificultades de acceder al proceso canónico, para quienes buscan esclarecer abusos sexuales contra menores todavía se deben vencer obstáculos ligados a la prescripción de estos delitos: “El caso Karadima fue un caso un poco de laboratorio. Lo que buscamos es que nadie pueda esconderse tras la prescripción para permanecer en la impunidad cuando se trata de delitos de abuso sexual infantil. Hay que saber que se trata del delito más vergonzoso, cobarde y con mayores consecuencias para la personalidad de la víctima. Por eso es tan importante que se investigue y se busque la justicia en estos casos. No puede ser que una investigación canónica tenga preeminencia, pero tampoco puede ser que los delitos queden impunes por un problema de prescripción. Lo que hay que hacer es modificar la legislación para que estos delitos tengan plazos de prescripción más amplios o que directamente no prescriban, como lo estamos pidiendo desde la Fundación para la Confianza y nuestra campaña: Si tocan a un niño, me tocan a mí[3]”.

La única novedad en este proceso es que el ex párroco de El Bosque, Juan Esteban Morales, está siendo investigado por el vicario judicial Jaime Ortíz de Lazcano luego de recibir varios testimonios que lo acusan de manipular la conciencia de sus feligreses. Una noticia positiva, que como ha comentado Murillo es parte de “un cambio de época radical respecto de la historia en la iglesia[4]«. ¿No sería tiempo de profundizar estos cambios y proponer, como lo han hecho recientemente el obispo emérito Pedro Casaldáliga y el profesor Juan José Tamayo[5], la supresión del Vaticano como Estado, y su recalificación como una organización internacional, sin los privilegios soberanos que hoy le protegen[6]? ¿Es legítimo mantener la ficción jurídica que ha permitido este singular “Estado sin nación”, al que se le sospecha de actuar como un “paraíso judicial” que ampara a clérigos acusados de gravísimos abusos?

 

 

 

[1] Declaración del Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati. 18/02/2011
[2]  Carlos Peña.  «Matte y Chahuán», El Mercurio, 03/ 04/ 2011.
[3] http://www.paralaconfianza.cl
[4] Radio Cooperativa. 30/08/2012
[5] El Periódico de Cataluña, 14 de agosto de 2012.
[6] Especialistas en derecho internacional sugieren homologar el estatus del Vaticano al del Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a  las iglesias protestantes y ortodoxas, y que mantiene una oficina de representación ante la ONU por su rol singular como “participante en el proceso de gobernanza mundial”, pero como actor de la sociedad civil.

¿Deben pagar impuestos las organizaciones religiosas? Escaner a los tributos de las iglesias

Le Monde diplomatique, Julio de 2012

Se trata de un punto que fue objeto de violentas controversias durante el siglo XIX entre anticlericales y ultramontanos pero que a primera vista parece perfectamente zanjado en nuestra legislación. Como en la mayoría de los países, la Constitución chilena señala en su artículo 19 Nº 6 que Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones”.  Por consiguiente la Ley Nº 17.235, que establece el impuesto a los bienes raíces, dispone que están exentos en un 100% del impuesto territorial, Las iglesias y templos de algún culto religioso[1]. Si la ley es tan clara y el tema parece resuelto ¿porqué ha vuelto este asunto a la discusión pública de nuestro país? Hay dos motivos: uno que proviene del contexto internacional y otro que surge factores nacionales.

El antecedente internacional surge en febrero de 2012, en el contexto del agravamiento de la crisis financiera. Ante la necesidad de incrementar la recaudación tributaria  el primer ministro italiano Mario Monti, anunció que los edificios y oficinas de las instituciones religiosas,  destinados total o parcialmente a uso comercial, deberán pagar el ICI, el impuesto municipal sobre bienes inmuebles del que estaban tradicionalmente exentos. La agencia tributaria italiana calcula que esta medida permitirá recaudar a los municipios unos 2.000 millones de euros al año. Una cifra bastante significativa, especialmente en los tiempos de déficit y endeudamiento crónico que enfrenta ese país.

Esta decisión alertó a los distintos gobiernos de una paradoja de la que se ha hablado entre pasillos por mucho tiempo, pero que ningún político se había atrevido a enfrentar en serio. La contradicción radica en que si bien las exenciones fiscales se aplican exclusivamente a los lugares de culto, con el tiempo se han acogido a estas beneficios muchos edificios e inmuebles que generan suculentas rentas y que no se destinan de modo preferente a las actividades religiosas. Sólo en Italia se estima que la Iglesia Católica posee unos 100.000 edificios, de los cuales la mitad no están destinados a fines litúrgicos. Con el fin de acogerse a la ley bastaba que se construyera un oratorio en algún lugar de sus dependencias. Por este motivo fue haciéndose habitual que en clínicas privadas, hoteles de lujo, departamentos arrendados a grandes empresas se empezaran a ver discretas capillas que permitían a las diócesis propietarias desgravar el ICI.

Sin llegar a estos límites, la realidad en Chile no es tan diferente. Como reflexionan los juristas Marcos Pincheira y Álvaro Césped: “El artículo 19 Nº 6 de la Constitución señala que la exención del impuesto territorial alcanza a los templos y a “sus dependencias”. Si determinar el concepto de templo requiere un esfuerzo interpretativo, determinar cuáles son las dependencias de éste exige un esfuerzo aun mayor. En efecto, se trata de acotar la aplicación de estas exenciones, ya que claramente son situaciones de excepción que tienen por objeto promover el desarrollo de la libertad religiosa, pero en ningún caso servir de instrumento para el fraude tributario; esto último es especialmente preocupante en virtud de la Ley Nº 19.638, que debido a sus falencias en la rigurosidad necesaria para otorgar personalidad jurídica a las entidades religiosas y, sobretodo, reconocer su ordenamiento -artículo 20-, podría permitir más de algún abuso al respecto”[2].

Al parecer, para el Servicio de Impuestos Internos estos abusos no son una mera posibilidad. El 31 de enero del 2012 el director del SII Julio Pereira emitió una circular titulada: “Tributación de las iglesias y entidades religiosas con personalidad jurídica, y de las asociaciones, corporaciones, fundaciones y otros organismos creados por ellas”[3].  Tal como se ha hecho patente en Italia, el SII recuerda que la exención del pago de contribuciones beneficia a los  templos que se encuentre efectivamente destinados al servicio de un culto: “Tal como señala la norma comentada, las habitaciones anexas al templo también se beneficiarán de la exención siempre y cuando sean ocupadas por los funcionarios del culto, y siempre y cuando no produzcan renta”

El problema es que esta distinción, entre local principal destinado al culto y edificios anexos no es clara. Basta pasear por la Plaza de Armas de Santiago para notar como el antiguo palacio arzobispal, ubicado en la esquina de Ahumada y Compañía, alberga oficinas eclesiales pero también librerías, cafeterías, y locales comerciales. ¿El SII hace efectiva esta distinción o este tipo de locales están exentos del pago de contribuciones? Al parecer lo que el SII se ha propuesto es clarificar de una vez este asunto.

La Iglesia Católica es, por tradición, propietaria de bienes inmuebles de alto valor comercial, especialmente en el centro histórico de las grandes ciudades. Se trata de edificios  que se han heredado desde que los conquistadores españoles distribuyeron los solares al fundar las ciudades en América. Con el paso del tiempo, estas propiedades han evolucionado: se han construido nuevos edificios, en parte se han enajenado, otras se han reducido, pero se conservan muchos de ellas. Otra vía que ha incrementado el valor patrimonial de la Iglesia Católica han sido las donaciones, especialmente el siglo XIX y XX. Estas propiedades también levantan resquemores.

Es necesario recordar que en el marco del caso de Fernando Karadima, una investigación de CIPER identificó una serie de propiedades a nombre de la llamada “Pía Unión sacerdotal” fundada por el ex párroco: dos departamentos en Avenida El Bosque, una casa de calle Carlos Antúnez  y un local clínico en Eleodoro Yáñez. Las rentas generadas por estas propiedades exceden los tres millones seicientos mil pesos mensuales. Además aparece en la investigación judicial un departamento en la avenida San Martín de Viña del Mar, adquirido en 1992 por el sacerdote Andrés Ariztía de Castro que terminó en manos de Karadima por medio de un contrato de “nuda propiedad” con otros sacerdotes del grupo. Finalmente aparece el  propio edificio parroquial, cuyo avalúo fiscal es 10 millones de dólares, y que comprende toda una manzana en uno de los sectores más caros de Santiago es propiedad de «Parroquia El Bosque», que a su vez era controlada por la Pía Unión.

Urge, por lo tanto, que la Iglesia Católica y el SII establezcan una catastro muy claro de propiedades, que permita zanjar con absoluta transparencia los límites de las propiedades eclesiales exentas del pago de contribuciones y que deslinde cualquier asomo de corrupción inmobiliaria. De esa forma la institución eclesial vería incrementada su credibilidad  ante el Estado y la sociedad civil.

Las Iglesias y el impuesto a la renta

Pero el punto que ha hecho saltar todas las alarmas en las entidades religiosas chilenas es otro. La circular nº 9 del SII recordó que: “las iglesias y entidades religiosas no se encuentran exentas del Impuesto a la Renta, por tanto, en la medida que obtengan rentas en los términos definidos por el N°1, del artículo 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), deben tributar de conformidad con las reglas generales”.

Además, el SII señaló que las iglesias deben “llevar contabilidad de acuerdo a las reglas generales”, “efectuar pagos provisionales mensuales”, y en general “dar cumplimiento a todas las obligaciones tributarias y deberes impuestos por las disposiciones legales y administrativas que les correspondan en su calidad de contribuyentes de la Primera Categoría”. La circular recuerda que “las empresas en las que participen las entidades religiosas o sus organismos, no verán afectado su régimen tributario por el hecho de contar con dicha participación, aplicándosele las normas generales”. También señala que “ni las iglesias, ni las corporaciones, fundaciones u otros organismos creados por ellas, gozan de exención personal que las libere del Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA)”.

En esta materia las más preocupadas parecen ser las Iglesias evangélicas, que desde enero han movilizado un intenso lobby en el Congreso. Su argumento central radica en que las donaciones y diezmos e los feligreses no están afectos a tributos. Sin embrago, el SII argumenta que la ley clarifica este punto, distinguiendo las donaciones menores, que efectivamente no pagan impuestos, de las mayores: “Debe tenerse presente que la ofrenda estará exenta en la medida que sea de poca monta según la costumbre, lo que deberá apreciarse caso a caso”. ¿Es posible que bajo la figura de las donaciones y diezmos opere un cuasi mercado exento de tributación, sólo por estar al amparo de instituciones de carácter religioso? Todo indica que el SII piensa que es así.

En definitiva, la autoridad tributaria se ha permitido recordar las obligaciones de más básico cumplimiento para cualquier iniciativa comercial, pero que parecen no haber calado en la administración de muchas instituciones eclesiásticas. No parece corresponder con  principios de justicia distributiva que se ampare semejante situación, y por lo tanto no cabe al Estado más opción que hacer cumplir la ley con rigurosidad, firmeza y sin discriminación alguna.

 

[1] Nº 2 de la letra C de la Sección Primera del Cuadro Anexo Nº 1, que fija la nómina de exenciones totales o parciales del impuesto territorial

[2] “Exención del impuesto territorial para las iglesias”. En http://www.dudalegal.cl/

[3] http://www.sii.cl/documentos/circulares/2012/circu09.htm