El Frankenstein imperial fuera de control

Los atentados de Paris, perpetrados por el grupo criminal Daesh[1] (mal llamado ISIS) no se pueden explicar sin una amplia perspectiva política e histórica. Para ello retrocedamos sesenta años a la Conferencia de Bandung (Indonesia) celebrada en 1955. Bandung fue convocado por tres líderes de talla universal: Gamal Abdel Nasser, de Egipto, Jawaharlal Nehru, de India y Sukarno, de Indonesia. Su objetivo fue preparar una alianza global destinada a promover la cooperación política, económica y cultural entre los países del tercer mundo, en abierta oposición al neocolonialismo, al racismo y al imperialismo, como también contra la subordinación acrítica a la Unión Soviética. Las “naciones oscuras”, sin importar sus diferencias religiosas, geográficas y raciales, se pusieron de pie, y conquistada su independencia, reclamaron el derecho a desarrollar un proyecto propio, basado en su singularidad histórica y cultural. Nació así el Movimiento de Países No Alineados que integró rápidamente a Cuba revolucionaria y a Yugoslavia socialista. Un proyecto tricontinental.

Este movimiento enfrentó a tres grandes enemigos: en primer lugar a las élites extractivas presentes en cada país que conspiraron para torcer este programa de emancipación. Luego a la oposición de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos, que concertó cientos de golpes de Estado. Por ejemplo, Sukarno fue derrocado por un cruento golpe militar en 1965 al que siguió la masacre de un millón de indonesios, en su mayoría militantes del Partido Comunista, miembros de la minoría china, y militantes de izquierda en un amplio sentido. Y el tercer enemigo fueron las monarquías ultraconservadoras y teocráticas del Medio Oriente, como Arabia Saudita y los emiratos del Golfo Pérsico. Para estos regímenes la propuesta de los No Alineados representaba una amenaza directa, ya que proponía una alternativa que asumiendo los valores locales, los canalizaba en una perspectiva progresista y de justicia social. Por ejemplo, Nasser impulsó decididamente la incorporación de la mujer egipcia en todas las tareas y roles de la sociedad y terminó con el feudalismo. Pero a la vez, sostenía que el socialismo no era incompatible con el Islam. Su discurso remitía al profeta Mahoma como fuente de inspiración para el proyecto que proponía.

En ese momento las casas dinásticas árabes se dieron cuenta que la batalla por su supervivencia les exigía un esfuerzo ideológico y logístico de largo plazo. La familia Al-Saud de Arabia y los emires del golfo reforzaron sus lazos con la secta del wahhabismo y la comenzaron a instituir como la corriente oficial del islam sunita. Para eso fundaron en 1962 la Liga Islámica con la que crearon una enorme cadena de instituciones de formación, generosamente financiadas, expandiendo la construcción de mezquitas y centros de estudio coránicos pro saudíes por todo el mundo. La liga islámica nunca ha ocultado que su objetivo es promover la aplicación de la Sharia o ley islámica, a nivel global, para restaurar la pureza de un Islam aparentemente contaminado por innovaciones, herejías e idolatría. Este proyecto permaneció en las sombras durante décadas. Pero a fines de los setenta la CIA se dio cuenta de su enorme potencial anti-revolucionario en el contexto de la disputa imperialista por Afganistán.

La criatura monstruosa ataca a su creador

Desde ese momento EEUU comenzó a apoyar decididamente el proyecto wahhabita, expandiendo sus áreas de influencia. En septiembre de 1985 el presidente Ronald Reagan recibió a los líderes talibanes afganos en el salón oval de la Casa Blanca, y les calificó de “el equivalente moral de los padres fundadores de los Estados Unidos[2]«. A esa altura los yihadistas ya habían asesinado al presidente egipcio Anwar el-Sadat en 1981, y estaban desplegando en sus territorios el mismo nivel de violencia que conocemos hoy. Pero en ese momento a Occidente no le importó, porque era una violencia dirigida contra el “enemigo soviético”, los gobiernos antiimperialistas y contra los movimientos antiautoritarios y democráticos que luchaban en contra de las petro-monarquías absolutas, aliadas estratégicamente con Estados Unidos y sus aliados.

La cooperación de los servicios de inteligencia occidentales con los islamistas wahhabitas nunca se ha cortado, ni siquiera después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que la base de este vínculo es el pacto de sangre entre Estados Unidos y esas monarquías árabes. De allí el apoyo occidental a las cruentas incursiones militares sauditas en contra de los movimientos democráticos de Bahrein en 2011 y en Yemen, desde 2012 hasta hoy. Si realmente Occidente quisiera acabar con Daesh confrontaría a sus ideólogos, financistas y padrinos políticos, que están en Riad, Dubai, Kuwait o en Abu Dabi. En cambio prefiere seguir ganando millonarias licitaciones para seguir construyendo sus hoteles y sus infraestructuras. Incluso la Copa FIFA 2022 ha sido comprada por Catar. Turquía permite impunemente que Daesh utilice su territorio para traficar el crudo procedente de pozos bajo su control, lo que le reporta al grupo unas utilidades de un millón de dólares diarios. Y a la vez bombardea las guerrillas kurdas que combaten heroicamente a Daesh en Rojava.

A estas alturas Estados Unidos ya no puede ocultar estas evidencias. En una entrevista de 2014 la exsecretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton reconoció esta política al afirmar «Financiamos mal a rebeldes sirios y surgió Estado Islámico[3]«. Y en mayo de 2013 el senador republicano John McCain se reunió públicamente con Ibrahim Al Sadri, hoy conocido como Abu Bakr Al Bagdadi, líder de Daesh, presentándolo como un “rebelde sirio moderado”. Estados Unidos ha contribuido a crear un Frankenstein yihadista con varias cabezas (Al Qaeda, Frente Al-Nusra, Boko Haram, Daesh, etc.) que ya nadie puede controlar, ni siquiera sus financistas y padrinos de la las petro-monarquías. La criatura monstruosa se expande y se vuelve cada día en contra su creador.

Los que cosechan en esta confusión son los conservadores en ambos campos. La candidata presidencial de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, no ha tardado en afirmar: «Es absurdo separar el peligro yihadista de la oleada de inmigrantes», exigiendo la expulsión de los refugiados que escapan de Siria y las regiones en guerra civil. Y por su parte Daesh publica videos en contra de esos refugiados, donde los sentencia a muerte como traidores “¿Cómo pueden preferir la vida en Europa cuando nosotros hemos creado el califato, el Estado más perfecto?”.

Lecciones para la izquierda

Los enemigos de la Conferencia de Bandung nunca han perdido su orientación estratégica. Han logrado una y otra vez impedir que los pueblos del  Sur global puedan consolidar una alternativa democrática, basada en un modelo de desarrollo justo y solidario. Para ello han hecho de las etiquetas religiosas una forma eficaz de dividir y fragmentar la unidad de los oprimidos. Han logrado instalar la “guerra” entre civilizaciones y religiones como un escenario propicio a sus intereses, que desplaza la confrontación real, que se expresa entre el proyecto emancipador de los pueblos y el programa de las oligarquías nacionales y los imperialismos.

El objetivo del wahabismo es apropiarse del Islam, tal como en Occidente el integrismo y el fundamentalismo cristiano trata de apropiarse de esta religión por medio de movimientos ultraconservadores, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, o las sectas neopentecostales dependientes de Estados Unidos. De esa forma, adquieren un capital simbólico que les permite identificar su proyecto con los intereses de todo un pueblo, que olvidando su opresión, termina considerando a sus tiranos como sus protectores y benefactores.

Pero las principales víctimas del yihadismo no son occidentales. La guerra civil Siria ya ha sobrepasado los 350000 muertos. El atentado del 10 de octubre pasado en Ankara (Turquía), en una manifestación por la paz convocada por la izquierda, mató a 97 personas. El atentado en Beirut del jueves 12 de noviembre causó 44 muertos. El atentado múltiple del 15 de noviembre de Boko Haram en Nigeria causó al menos 100 muertos. Pero de estas víctimas nadie habla porque se trata de sirios, izquierdistas turcos, kurdos, nigerianos y chiitas libaneses.

Por eso cabe afinar el criterio, recordando una sabia reflexión que nos entregó Lenin en 1909: “¿Por qué persiste la religión entre los sectores atrasados del proletariado urbano, entre las vastas capas semiproletarias y entre la masa campesina? Por la ignorancia del pueblo, responderán el progresista burgués, el radical o el materialista burgués. En consecuencia, ¡abajo la religión y viva el ateísmo!, la difusión de las concepciones ateístas es nuestra tarea principal. El marxista dice: No es cierto. Semejante opinión es una ficción cultural superficial, burguesa, limitada. Semejante opinión no es profunda y explica las raíces de la religión de un modo no materialista, sino idealista. En los países capitalistas contemporáneos, estas raíces son, principalmente, sociales. La raíz más profunda de la religión en nuestros tiempos es la opresión social de las masas trabajadoras, su aparente impotencia total frente a las fuerzas ciegas del capitalismo, que cada día, cada hora causa a los trabajadores sufrimientos y martirios mil veces más horrorosos y salvajes que cualquier acontecimiento extraordinario, como las guerras, los terremotos, etc. El miedo creó a los dioses[4]«.

[1] Al-dawla al-islâmiyya fi l-‘Irâq wa l-shâm, Estado islámico de Irak y Siria.

[2] http://www.businessinsider.com/reagan-freedom-fighters-taliban-foreign-policy-2013-2

[3] http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/hillary-clinton-failure-to-help-syrian-rebels-led-to-the-rise-of-isis/375832/?single_page=true

[4] V. I. Lenin “Actitud del partido obrero hacia la religión”.

Helia en el país de la hipocresía

Hipocresía viene del griego hypokrisis, que se emparenta con “actuar” y “fingir” pero también con «aparentar» y «engañar». La ex ministra de salud Helia Molina ha pagado un alto precio político por revelar en público los secretos de una mala obra de teatro. Y los actores y los guionistas del espectáculo no le han perdonado su falta. Su renuncia, motivada por su afirmación «en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas» se puede interpretar desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de «la política», entendida como agonística, como confrontación por el poder mediante el uso de la racionalidad estratégica, es una decisión acertada y necesaria. Pero desde el punto de vista de «lo político», entendido como el ámbito de la libre deliberación sobre los asuntos públicos, es un acontecimiento deplorable, que revela el carácter del régimen político bajo el que vivimos.

Analicemos el caso desde el primer enfoque. Como muy bien lo reconoció la ex ministra, en su entrevista a La Segunda cometió varios errores. La política, si se reduce a la batalla  por el poder, es un campo que se rige por las orientaciones de «El arte de la guerra» de Sun Tzu. Se trata de acumular fuerza, para usarla en el mejor momento y de la forma adecuada. No basta tener un gran cañón. Para ganar el combate hay que dispararlo en el momento preciso, en el lugar señalado, y de acuerdo a una planificación detallada. Las declaraciones de la ex ministra no cumplieron esos criterios. Primero, porque fue un disparo anticipado. La batalla que el gobierno estaba dando en ese momento estaba en el frente laboral, y no en el de los derechos reproductivos. En segundo lugar disparó el cañonazo desde un lugar que no controlaba. La Segunda guardó la entrevista en un cajón por más de una semana, y la tiró en el momento justo para tapar el caso PENTA, el debate sobre sindicalización obligatoria, y casi al último día del año, cuando no hay posibilidad reconducir la discusión. Tercero, sus declaraciones aparecieron des-coordinadas del resto del gabinete. Un francotirador mal ubicado produce bajas por «fuego amigo». Y finalmente, al acusar a las clínicas de practicar abortos ilegales, sin pruebas en la mano, había entrado en una lógica de la que no podría salir fácilmente. Necesitaría entrar en la búsqueda de pruebas legales, que exigen que alguien se auto-inculpe ante tribunales, ya sea una mujer que ha abortado o personal de las propias clínicas acusadas. Por estas razones se entiende que la propia ex ministra haya renunciado, más allá de las evidentes presiones de la presidencia que le llevaron a acelerar esa decisión. En sus propias palabras: «si uno ha dicho cosas que resuenan mal, lo lógico es dar un paso al costado y liberar a mi gobierno”.

Sin embargo, el debate que introdujo Helia Molina no se reduce a una contienda por ganar poderío. Ni tampoco se limita a la búsqueda de un resultado, por justo que parezca. Más allá de «la política» se extiende el amplio espacio de «lo político». Es el campo de lo común, de lo compartido, de la búsqueda de un horizonte de sentido que involucre criterios de justicia, que sean aceptados y legitimados de forma intersubjetiva, por todos los involucrados. En este sentido la renuncia de la ministra Molina produce una herida profunda en el lento y dificultoso proyecto de democratizar la convivencia cívica en el país.

Lo que la ministra señaló apuntó a un hecho reconocido ampliamente por la sociedad: la existencia de abortos en clínicas privadas, que no se pueden comprobar judicialmente porque se encubren bajo falsos diagnósticos, y a los que se accede mediante el pago de altos precios de mercado. Se habla de intervenciones que cuestan un par de millones de pesos. Frente a ello contrastan las 75 condenas que el sistema judicial ha dictado entre 2005 y 2014 en contra de mujeres pobres, mayoritariamente jóvenes, que son expuestas a la sanción pública de su entorno social y familiar. También contrasta con las condenas en condición de «cómplices» de las mujeres que colaboraron en estas prácticas, y que provienen de los mismos entornos carenciados que las mujeres que abortan. Esta es una disparidad tan violenta que toma la forma de una afrenta y un insulto para el juicio de la enorme mayoría.

Según estudios de la UDP cada año se producen en Chile entre 60 y 70 mil abortos, los que constituyen la tercera causa de muerte materna en el país. La penalización total del aborto, que sólo data de 1989, no ha hecho más que segregar esta realidad. Abrió a puerta a los abortos «cuicos» en las clínicas privadas, donde se encubren bajo el diagnóstico de cirugías plásticas o intervenciones ambulatorias. Todo dentro de la aseptica seguridad de los mejores centros hospitalarios. Y para las mujeres pobres quedaron las prácticas abortivas de alto riesgo sanitario, propias de la clandestinidad, ejecutadas en espacios domésticos, insalubres, y expuestos a la sanción penal y social.

A una minoría poderosa este contraste le es absolutamente indiferente. Le es tan irrelevante la desigualdad en materia de salud como todas las otras dimensiones de la vida. Considera que la justicia se puede comprar, como lo demostró el hijo de Carlos Larraín en el juicio que lo absolvió por el atropello de un peatón hace pocas semanas. Piensa que la educación es un «bien de mercado», como señaló Piñera en 2011. Y de la misma forma acepta que los abortos permanezcan en un doble estándar, siempre que impere el libre acceso y la protección total que aporta el dinero. Los problemas de conciencia religiosa se los arreglan manteniendo las restricciones legales al aborto, y a la vez, combatiendo la educación sexual en los colegios y la distribución de anticonceptivos. Si una ministra de Estado no puede enfrenar abiertamente estos problemas, y abordar estas injusticias de forma honesta quiere decir que vivimos en el país de la hipocresía, donde todo debate no es más que teatro, falsedad ensayada y simulacro. Y en ese reino la democracia no puede ser más que una comedia absurda y aburrida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y AHORA ¿ADONDE IRÁ LA IGLESIA?

Publicado en Le Monde diplomatique. Mayo de 2011

Hace veinte años, el padre Sergio Silva ss.cc, uno de los más prestigiosos profesores de la facultad de teología de la Universidad Católica, publicó en la revista Mensaje un artículo titulado “¿A donde va la Iglesia?”. Su impacto fue enorme ya que por primera vez utilizó un concepto que al correr de los años sería cada vez más evidente: involución eclesial. Era el año 1991 y la Iglesia Católica se podía enorgullecer de ser la institución más prestigiosa del país, de acuerdo a todos los estudios. No era fácil percibir lo que Silva ya advertía en los sutiles cambios que la Iglesia empezaba a experimentar en consonancia con el retorno del país a la normalidad institucional. La involución a la que se refería tenía relación con un regreso a posiciones conservadoras, nostálgicas de la cristiandad preconciliar, de la mano de grupos eclesiales que adquirirían un inusitado poder, como el Opus Dei, Legionarios de Cristo, o la Pía Unión de El Bosque. Proceso que para el común de los fieles no era evidente en un momento en el que la Iglesia gozaba de un justo prestigio por su papel durante la dictadura.

Hoy, veinte años después, la Iglesia Católica chilena aparece como una institución desprestigiada: “Respecto de la opinión que tienen estas personas de la Iglesia, el 24% estima que es buena; 32%, ni buena ni mala, y 21% la califica como mala. El 59% de los encuestados piensa que su opinión sobre la Iglesia Católica ha empeorado a lo largo de los años. El 80% dice que disminuirá la confianza. Además, sólo el 38% la califica de algo confiable, mientras que el 36% manifiesta que no es nada confiable”[1]. Se trata de cifras inimaginables en 1991 y que deberían remecer a un episcopado acostumbrado a la autocomplacencia y a la adulación. El escándalo Karadima, las acusaciones a la religiosa ursulina Paula Lagos por humillaciones y actitudes de connotación sexual, y otros procesos similares en contra de sacerdotes en regiones han rebalsado el vaso de un laicado que se siente exasperado.

La primera respuesta contundente a este reclamo se ha escuchado en la 101ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal por medio del documento “Transparencia, verdad y justicia”. Se trata de un mea culpa explícito de los obispos respecto a “los casos pasados y recientes de abusos de menores y jóvenes, cometidos por miembros del clero”. Reconocen que la jerarquía eclesial no siempre reaccionó con prontitud y eficacia ante las denuncias, utiliza la categoría de “víctimas” para referirse a quienes sufrieron los atropellos y anuncia la creación de un organismo de la Conferencia Episcopal que orientará las políticas eclesiales de prevención de abusos sexuales y ayuda a las víctimas. Pero lo más llamativo es que por primera vez aparece la palabra más demandada por la opinión pública a la Iglesia en estos últimos años: transparencia.

La institucionalidad católica no posee una especial afinidad con este concepto. Si se revisa el Código de Derecho Canónico la palabra “transparencia” no aparece en ninguna ocasión. En cambio la palabra “secreto” aparece treinta y ocho veces. La palabra “discreción” siete. La palabra ocultar, en sus diferentes conjugaciones, en diecisiete. El secreto y lo oculto poseen un lugar importante en las formas de funcionar de la Iglesia, desde el “cónclave” en el que se elige al Papa, la “clausura” monástica, el “secreto de confesión”, los “comités de búsqueda” de rectores, hasta los nombramientos de Cardenales “in pectore”. Los Legionarios de Cristo llevaron el secretismo al paroxismo: hasta la defenestración de Maciel pronunciaban dos votos “secretos”: el primero impedía toda clase de crítica de los miembros de la congregación hacia los superiores, mientras el segundo prohibía a los religiosos desear cargos en su institución.

No se trata de cuestionar la legitimidad o el sentido de algunas de estas prácticas, que se pueden justificar en su contexto. Lo extraño es la ausencia de una reflexión sobre el valor de la transparencia en el gobierno y en la administración de una institución tan grande y compleja como es la Iglesia. Hoy nos hemos acostumbrado a poder conocer en los envases de cualquier alimento toda la información de sus ingredientes. En el ámbito político la ley de transparencia y acceso a la información garantiza a cualquier persona el derecho a solicitar información del Estado, sin mediar explicaciones y para el uso que estime conveniente. En el ámbito financiero la crisis internacional ha desnudado la relevancia de transparentar hasta el detalle los fondos de inversión y hoy cualquier manejo de información privilegiada es castigada de forma drástica. Y a pesar de estos avances, todo nos parece poco: wikileaks ha llevado el debate a sus límites, al reclamar el derecho de la sociedad civil a transparentar la información pública que las autoridades hayan decidido compartimentar, aunque en este proceso se viole la ley y se exponga la seguridad de los actores involucrados. Si ese es el dilema ético que hoy discute la ciudadanía global, la Iglesia Católica parece anclada en prácticas administrativas medievales. ¿O de qué otra forma se puede calificar la forma como se ha actuado al enviar a Alemania, sin mayor información, a sor Paula Lagos? ¿O la decisión del Arzobispado de Santiago y de la Nunciatura Apostólica de no remitir a la justicia civil los antecedentes del proceso canónico practicado contra Fernando Karadima?

La posterior incautación de la investigación eclesiástica sobre Karadima, ordenada por la magistrada Jessica González, puso de manifiesto la profunda falta de sincronía entre la demanda social de acceso a la información y el secretismo eclesiástico. Resulta sintomático que tanto el arzobispo Ezzati como el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, hayan rechazado esta incautación ya que habría pasado a llevar el llamado «secreto pontificio». Esta disposición, basada en la Instrucción “Secreta Continere” de 1974, es una normativa interna de la Iglesia, que se puede leer como un monumento al secretismo eclesial, pero que en caso alguno debería constreñir las obligaciones de la justicia civil.

Un debate similar cruza la investigación de las finanzas de la Parroquia del Sagrado Corazón de Providencia. Si bien la investigación eclesiástica preliminar, del entonces obispo auxiliar Fernando Chomali, concluyó que no había irregularidades, por otro lado un informe de la PDI muestra que se habrían desviado recursos económicos de la Parroquia con el fin de pagar sobornos al ex colaborador Oscar Osbén. En todo caso, se comienza a afirmar que la contabilidad de El Bosque era tan poco transparente que el obispo Chomali no pudo revisar más que información muy genérica, sin incluir un balance. De esa forma no es posible descartar que los sobornos a Osbén se hayan pagado con recursos donados con fines parroquiales.

Las consecuencias de estas prácticas secretistas están abriendo debates inéditos entre líderes políticos católicos y autoridades eclesiales. Por ejemplo, el ex presidente Eduardo Frei criticó a la Iglesia chilena por enviar la información referida a las denuncias contra la ex superiora de la las Ursulinas Paula Lagos a Roma, y no a la justicia local. Al respecto afirmó: “es una decisión que ya tomó la jerarquía eclesiástica hace rato. Todos los antecedentes se mandaron al Vaticano sin tomar la decisión acá. Por lo tanto, de alguna manera podríamos decir entre comillas que hay una iglesia intervenida, porque todo se está resolviendo en el Vaticano”. Un debate similar protagonizó el diputado DC Roberto León frente a una denuncia contra un sacerdote de Curicó, por presuntos abusos sexuales a menores en un prestigioso colegio de esa ciudad. Ante el hecho León señaló que “la comunidad del establecimiento está legítimamente preocupada y teme que se intente ocultar este hecho e incluso obstaculizar la investigación y es obvio, después de los lamentables hechos que todos hemos conocido y que, francamente, no pueden repetirse en ningún lugar del país”. Al mismo tiempo el parlamentario criticó duramente al obispo de Talca, Horacio Valenzuela, por no pronunciarse ante esta denuncia: “es este silencio el que reprochamos, el silencio que en el pasado permitió que continuaran los abusos, por eso, esperamos que en las próximas horas la Iglesia en la región tenga voz y condene este tipo de hechos”.

No es fácil saber si la indignación que la ciudadanía está expresando ante el modus operandi eclesial va a ser capaz de transformar una forma de proceder que se ha incrustado durante siglos en la identidad institucional del catolicismo. Pero al menos esta crisis sirve para volver a leer aquel pasaje del evangelio de Mateo en que se dice: “no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte”. Siempre hay un momento en que incluso el secreto mejor guardado va a salir a la luz.

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[1] “Evaluación de la imagen de la Iglesia Católica poscaso Karadima”, Centro de Encuestas de La Tercera.