Chile, nación de naciones

Un eco suave y persistente, pero que en algunas ocasiones llega a ser un rugido atronador, atraviesa el país. Tras esta sutil estridencia se percibe una demanda de reconocimiento de aquellos pueblos cuya existencia como nación es anterior a la consolidación de la nación chilena. Un sonido discreto la mayor parte del tiempo, pero tumultuoso en ocasiones, que busca la enunciación de una concepción plurinacional del Estado.

Para la teoría del Estado-Nación tradicional, que surge de Jean Bodin en adelante, no se trata más que de ruido que hay que aplacar porque es disgregador y pone en peligro la soberanía. Pero a contracorriente, cada vez es más gente reconoce intuitivamente que la existencia de Chile como nación no excluye la existencia de naciones en su interior, y reconocer que Chile es una nación de naciones no es más que hacer justicia a su identidad y riqueza cultural.

Chile de facto y aunque no lo reconozca, ya es un Estado plurinacional, ya que una diversidad de nacionalidades indígenas antecedieron a su conformación. Estas naciones eran poseedoras de una soberanía originaria de la que fueron despojadas, ya sea por la fuerza o de manera semi-voluntaria. Sobre la base de la cesión de su soberanía se definió la soberanía del Estado de Chile. Pero el problema no reside sólo en esta ignorancia sobre estos orígenes, sino también en la ausencia actual de una noción democrática del Estado soberano.

La filosofía política del XIX subordinó las realidades nacionales subalternas a una única nación de referencia. Ser Chileno se hizo deliberadamente incompatible con ser Mapuche, Aymara, Rapa Nui u otra identidad nacional anterior. Esta tensión es resultado de varias y sucesivas fases de centralización y recentralización. Y en la última etapa centralizadora se ha optado por sublimar el dilema, que lejos de ser superado se muestra candente e irresoluble en los términos en que está planteado. Así este conflicto ha devenido central en la crisis democrática y de soberanías que venimos viviendo desde 1990 hasta ahora.

Reconocer la realidad plurinacional de Chile exige superar las pulsiones centralistas para empezar el debate desde las periferias hacia el centro. Lejos de ser un asunto de seguridad, de pobreza o de tierras, tal como lo describe el actual Intendente de la Araucanía, es un problema de democracia. Y bajo este enfoque se comprende que las soberanías no se fragmenten ni se destruyan, sino que sólo se re-expresen sobre nuevos principios. Ser nación no es nada más que la voluntad de “vivir juntos”. Esa voluntad no es posible de negar, anular ni terminar por decreto porque reside en las personas mismas. Ser nación viene a ser, en palabras de Ernest Renan, un “plebiscito diario”:

“Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se ha hecho y de aquellos que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado; sin embargo, se resume en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida común. La existencia de una nación es (perdonadme esta metáfora) un plebiscito cotidiano, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de vida[1].

Esta voluntad inagotable de vivir es la que explica la persistencia de las naciones subalternas[2], y el motivo por lo que su reclamo emerge con tanta fuerza. El centralismo chileno no comprendió esta realidad y obligó a que este plebiscito cotidiano se convirtiera en excluyente y unívoco, sin entender que las personas pudieran compatibilizar su plena identidad en las naciones originales y su pertenencia a la chilenidad. La tensión dicotómica, que opone ambas identidades nacionales, es resultado de la miopía histórica del nacionalismo y centralismo chileno, que crea las condiciones para que la voluntad de vivir juntos se convierta en una gran insolidaridad.

Pensar un Estado plurinacional exige pensar previamente el problema de la soberanía en un tiempo en que  el viejo Estado nación restringe las soberanías locales de los territorios y vende cada vez más sus competencias hacia arriba, en órganos supranacionales y poderes fácticos transnacionales que estrangulan su capacidad de autodeterminación.

¿Desde cuándo son chilenos los chilenos?

Recordemos que la identidad nacional chilena demoró en consolidarse. Y de la misma forma, la identidad nacional de los pueblos indígenas no se ha diluido por generación espontánea. Especialmente si recordamos que la última campaña miliar de asimilación forzada, la Ocupación de la Araucanía, concluyó en 1883 y el ciclo colonizador recién se consolidó con la legislación específica referida a las “reducciones” durante las primeras décadas del siglo XX. Y en el caso de Rapa Nui, los isleños no tuvieron derecho a la ciudadanía chilena hasta 1966.

Distintos estudios muestran que las conciencias nacionales se consolidan cuando un colectivo humano pasa de “estar” en un territorio para considerarse “parte” del territorio y las conciencias identitarias anteriores dejan paso a una conciencia diferente. Este es un tránsito lento. Por ejemplo, Vicent Baydal ha estudiado este proceso en el caso de la identidad nacional valenciana, en tanto identidad anterior a la identidad española[3]. Como en el caso chileno el Reino de Valencia fue el resultado de una colonización de un territorio. Aragoneses y Catalanes ocuparon un espacio islamizado en 1238. Y esta población no dejó de considerarse a sí misma como aragonesa y catalana por largo tiempo. El uso del gentilicio “valenciano” no se consolidó hasta fines el siglo XIV, más de un siglo y medio después.

En nuestro caso la expresión Chile, como toponímico para denominar al territorio, es muy anterior al uso del gentilicio por los colonizadores. En los primeros cronistas, como Jerónimo de Vivar, el gentilicio “chileno” se reservó exclusivamente para los indígenas, llamados “los naturales de la tierra de Chile.”, distinguiéndose los conquistadores claramente de esa población original. El cambio es lento hasta que los indígenas dejan de ser llamados “chilenos” y surge el nuevo uso actual, que involucra exclusivamente a la población criolla y mestiza. Eso recién se aprecia claramente a mediados del siglo XVIII.  Por ejemplo en el lema de la Universidad de San Felipe, de 1738: “Nox fugit historiæ lumen dum fulget chilensibus”, (La noche huye, mientras brilla para los chilenos la luz de la historia).

La nación chilena, como mostró Jorge Larraín, “es algo que está en permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos y situaciones históricas cómo algo de lo cual nunca puede afirmarse que está resuelto o constituido definitivamente, como un conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes” [4].  Por eso, como recuerda Boaventura de Sousa Santos, “la plurinacionalidad no es la negación de la nación, sino el reconocimiento de que la nación está inconclusa. La polarización entre nación cívica y nación étnico-cultural es un punto de partida, pero no necesariamente un punto de llegada. El propio proceso histórico puede conducir a conceptos de nación que superen esa polarización”[5].

Eso es posible porque el reconocimiento de la plurinacionalidad conlleva la noción de au­togobierno y autodeterminación, pero no la idea de in­dependencia. Un Estado Plurinacional es el proyecto de “un nuevo tipo de institu­cionalidad estatal, una nueva organización territorial, la democracia in­tercultural, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, políticas públicas de nuevo tipo (salud, educación, seguridad social), nuevos criterios de gestión pública, de participación ciudadana, de servicio y de servidores públicos. Cada una de ellas constituye un desafío a las premisas en que se asienta el Estado moderno”[6].

El proceso constituyente debería ser un momento clave en este debate. Girar desde un Estado centralista y decimonónico a un Estado Plurinacional, moderno e inclusivo no sólo interesa a los pueblos indígenas. Puede ser la puerta de entrada en la consolidación de un Estado descentralizado y democrático, que se reinvente desde sus bases.

[1] Renan, E. “¿Qué es una nación?”, Conferencia dictada en la Sorbona, París, el 11 de marzo de 1882.

[2] Sobre la idea de sublaernidad cfr. Spivak, Gayatri Chakravorty. (1998) ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Orbis Tertius, III

[3] Baydal, V. (2014) Fer Harca. Històries medievals valencianes , Drassana, Valencia.

[4] Larraín, J. (2001), Identidad Chilena, LOM, Santiago, p. 15-16.

[5] Sousa Santos, B. (2010) Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Lima. P. 84.

[6] Op. Cit, p. 81.

Proceso Constituyente: retrato en claroscuro

Le Monde diplomatique, Marzo 2016

La Presidenta de la República presentó el 14 de octubre de 2015 el diseño completo de su plan de cambio constitucional. Dividido en tres etapas, entre marzo y octubre de 2016 corresponde que se ejecute la primera de ellas mediante una campaña pública de educación cívica y un proceso participativo territorial que tendrá como resultado la redacción de un documento llamado “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”. Esta fase será monitorizada por un “Consejo Ciudadano de Observadores” al que se le ha mandatado para garantizar la transparencia y calidad del proceso participativo territorial. Luego, y a partir de las “Bases Ciudadanas”, el Gobierno elaborará un proyecto de cambio constitucional que se estima a trámite en el Congreso durante 2017.

El gobierno ha asegurado que su intención es que las “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución” incorporen la opinión de los ciudadanos sobre los problemas  constitucionales, por lo cual se deberán redactar a partir de procesos de diálogo territorial estructurados en dos niveles: entre marzo y mayo mediante la participación individual vía on line y por medio de encuentros locales autogestionados, para luego pasar entre mayo y julio por cabildos provinciales y regionales. El ministerio Secretaría General de la Presidencia se refiere a este ciclo como un “Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía”, basado en una metodología de “convergencia deliberativa”, que busca potenciar la construcción de acuerdos en materia constitucional.

Descrito en forma sucinta cabe analizar el proceso al claroscuro de sus posibilidades y contradicciones, tratando de desentrañar los cursos de acción ciudadana que se pueden tomar en el intrincado camino que se abre. Si se aplica una simple matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se puede obtener una “radiografía” del proceso político propuesto, tomando como referencia una perspectiva ciudadana favorable a un cambio profundo a la Constitución vigente.

1 Fortalezas

La más evidente radica en que el gobierno se juega mucho en la realización del proceso. Para ello ha destinado recursos financieros, políticos y simbólicos que no deben ser subestimados en el logro del resultado. Pero en realidad la principal fuerza con que cuenta el Proceso Constituyente es la motivación y apoyo de la ciudadanía. Según la tercera encuesta de Plaza Pública CADEM de enero de 2016 el 75% de los chilenos considera que el país necesita una nueva constitución. A la vez un 61% afirma que la reforma a la constitución es un tema muy o bastante prioritario para los chilenos y el país general, mientras que sólo un 23% considera que es poco o nada prioritario. Respecto a la sede constituyente un 56% prefiere la opción de la Asamblea Constituyente y sólo un 38% estima que debe ser Gobierno, junto con el Congreso y los expertos quienes redacten la nueva Carta.

Otro dato que ilustra la motivación intrínseca que despierta el proceso es el elevado número de postulaciones que recibió el Servicio Civil para ocupar 216 vacantes para realizar el trabajo de facilitador de cabildos ciudadanos. Normalmente el Servicio Civil recibe el doble de postulaciones a las vacantes ofertadas. En este caso, y con fecha 5 de febrero, ya se registraban 14 mil 053 postulaciones, quedando todavía siete días para el cierre de la recepción de currículos. Estas altas expectativas sociales y la existencia de una opinión pública favorable a un cambio profundo, democrático y participativo de  la Constitución constituye un recurso inestimable, que permite pensar que existe una base político-social que `puede dar  masividad y legitimidad a una deliberación constituyente.

2 Oportunidades

El desarrollo del ciclo participativo territorial puede incrementar significativamente la visibilidad, masividad y centralidad política del proceso constituyente. . El diseño propuesto tiene la posibilidad de cimentarse sobre el capital social y las tradiciones asociativas del país, lo que le permitiría fortalecerse en la medida en que se vayan desplegando sus distintos momentos. La consulta  online individual puede despertar un primer acercamiento que se complementa con el ciclo de encuentros locales auto-gestionados. Estas reuniones pueden canalizar el interés de las asociaciones más diversas, que por esta vía podrían expresar sus reivindicaciones temáticas específicas. El diseño contempla una amplia libertad para convocar a estos encuentros, sobre la base de un número mínimo de 15 personas. Bastará inscribir un evento y solicitar a los facilitadores regionales del proceso que envíen un monitor voluntario como testigo, y un material básico de registro fotográfico y documental del acto. Posteriormente los cabildos comunales y regionales, abiertos a una participación masiva, dan continuidad a este primer momento pero de forma más sistemática y oficial, congregando la diversidad política y social, en un marco de debate republicano.

3 Debilidades

Si bien la encuesta CADEM de enero mostró el alto apoyo social al proceso, ese estudio también dejó en evidencia una amplia desinformación sobre su concreción. En esa ocasión sólo un 18% declaró estar muy o bastante informado respecto al proceso constituyente, mientras que un 35% afirma estar algo informado y un 45%  definitivamente dice estar poco o nada informado. Esta desinformación masiva tiene varias explicaciones. La primera puede radicar en la debilidad de la etapa de la campaña comunicacional de preparación que se  desarrolló entre octubre y febrero, que no parece haber logrado entregar los elementos claves del calendario, las actividades, y los objetivos que se buscan. A la vez el “Consejo Ciudadano de Observadores” ha tenido dificultades para contribuir a masificar esta información. Ha sido de público conocimiento que su funcionamiento ha sido lento, carente de un mandato y competencias claras, y con graves problemas de liderazgo. Por esta razón su debate se ha centrado hasta ahora en clarificar su funcionamiento interno, atravesado por la compleja transversalidad política de sus miembros.

Pero la debilidad más grave del proceso radica en el método escogido para desarrollar los eventos mismos de la fase participativa territorial. Aunque se habla de “Convergencia Deliberativa”, en los hechos los participantes deberán priorizar una serie de conceptos a partir de una “Guía  para el Diálogo” y un modelo de acta a completar, dividida en cuatro fichas sobre los valores, derechos, deberes e instituciones que debería contemplar la nueva Constitución. Lejos del método deliberativo, la ficha cierra el debate a una priorización que pone a competir categorías valóricas, derechos, deberes e instituciones, de forma descontextualizada. ¿Es más relevante la solidaridad o la justicia? ¿Se debe anteponer la igualdad de género al derecho a la vivienda? Tal como declaró Naciones Unidas, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y están ineludiblemente interrelacionados[1]. De allí que el método tienda a medir y cuantificar preferencias sobre lo inseparable e inconmensurable.

4 Amenazas

La mayor amenaza al Proceso Constituyente radica en que la adhesión con que comienza se tuerza en desencanto al finalizar. Ello acontecería si después de haberse desarrollado todo este ciclo de consulta y debate las “Bases ciudadanas” no logran satisfacer las expectativas de cambio que la ciudadanía ha expresado durante las fases previas. Y ello podría suceder si el Proceso le teme al debate abierto y prefiere tabular de forma mecánica una serie de conceptos vacíos. Hasta el momento la “convergencia deliberativa” que guía al método del gobierno no da cuenta de una verdadera deliberación. Se asemeja más a una enorme y compleja encuesta que agrega números despojados de razón y circunstancia Pero deliberar es otra cosa.

Amy Gutmann y Dennis Thompson, autores de referencia en democracia deliberativa, sostienen que no se puede llamar deliberación a una propuesta que atenúe o niegue la dimensión conflictiva, ya que “en política la necesidad es encontrar algunas bases sobre las que justificar las decisiones colectivas aquí y ahora en ausencia de un conocimiento que las fundamente[2]”. El proceso Constituyente debería proveer estas bases fundantes. Si se prefiere evadir la deliberación y orientar la enorme energía social que se desarrollará este año a una serie de datos inconexos se puede augurar un desencanto generalizado. Estamos a tiempo de evitar este escenario.

[1] Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993.

[2] Gutmann & Thompson (1996)  Democracy and Disagreement, Cambridge, M.A.: Harvard University Press. pp.  4-5

El laberinto de la gratuidad

Le Monde diplomatique, enero de 2016

Llevar una demanda social a su concreción como política pública es un tránsito tortuoso. Implica traducir una propuesta que se formula subjetivamente, en un nivel abstracto e indeterminado, a un plano concreto, con precisión delimitada y aplicación inmediata. Este viaje inevitablemente debe atravesar las aguas de la realpolitik, por lo que la nave de los sueños se suele agitar en medio de las olas del azar electoral, la casuística legal y las contingencias más impredecibles. Se trata de un desplazamiento que desgarra la piel de los movimientos sociales porque es imposible que la facticidad de lo real acoja la inconmensurabilidad de un derecho absoluto.

Debido a que esta tensión es ineludible, la política como arte de hacer posible lo necesario, debe garantizar que este itinerario se realice respetando de forma rigurosa y efectiva el principio democrático. Traducir en leyes y medidas un mandato de la soberanía popular exige que el legislador se reconozca como un mediador constreñido, limitado, predispuesto a respetar la mayoría, aunque se oriente en una línea contraria a su propios intereses y  convicciones. Cuando el principio democrático no fluye, cuando la prescripción de los más numerosos no se respeta, la democracia deja de ser la base de la ley  y la ley pasa a ser el límite de la democracia.

Esto se revela en la grotesca sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la glosa presupuestaria que buscaba garantizar la gratuidad universitaria. Es una expresión brutal de la profunda fractura que se ha instalado entre la política y lo político, y entre lo institucional y lo cotidiano. Y esta ruptura explica por qué la Constitución vigente no sólo carece de legitimidad de origen, sino que también carece de legitimidad de ejercicio, debido a que su estructura radicalmente autoritaria le otorga a la minoría que la promulgó el monopolio del poder en la definición de un futuro compartido.

Una Constitución contra la democracia

La existencia de un Tribunal o Corte Constitucional no es en sí un problema democrático. Al contrario, desde la perspectiva de Hans Kelsen y del constitucionalismo republicano esta institución debería ser un instrumento que colabore a la legitimidad de las instituciones con un mandato ciudadano, en especial del parlamento. Kelsen lo concibió con poderes limitados, solo para interpretar normas en conflicto con la Constitución, a posteriori de su promulgación. No lo pensó para suplantar al legislador, sino al contrario, para que el producto de la voluntad democrática se pueda llevar a término de forma efectiva. De esa manera un sistema de justicia constitucional debe desempeñar una función política, pero por medio del Derecho, reconociendo en la argumentación jurídica su último criterio de legitimidad.

Esta separación de roles entre la función de los órganos democráticos y los del tribunal constitucional debe ser clarísima. Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente de la Corte Constitucional de Italia lo explica así: “La legislación es función de aquello sobre lo que ‘se vota’ mientras que la justicia constitucional es función de aquello sobre lo que ‘no se vota’ porque es res pública[1]”. Una corte constitucional viene a garantizar el respeto a aquello que al ser común implica una obligación contraída por todos. O en palabras de Jean-Luc Nancy “El ser-en-común se define y se constituye por una carga[2]”, la cual no es otra que conllevarnos mutuamente como co-ciudadanos, co-depositarios de derechos básicos que no pueden ser puestos en tela de juego ni entrar en discusión, más que para desplegar cada vez más su alcance y contenido.

En cambio, nuestro Tribunal Constitucional se diseñó para juridificar la política y politizar a la justicia, con el fin de despolitizar la democracia. No sólo es un defensor “vía negativa” del proyecto político que el pinochetismo encarnó doctrinalmente en la actual Constitución. Es también, de facto, una tercera cámara legislativa que por medio de sus sentencias es capaz de tener iniciativa legislativa propia, alterando y mutando a conveniencia la interpretación Constitucional, en un sentido siempre regresivo, ya que la hermenéutica del texto se debe regir por la “autoridad” de las actas de la “Comisión de estudios de la Nueva Constitución” o “Comisión Ortuzar”. De esa forma el margen sobre lo que “se vota” es extremadamente acotado y el campo sobre lo que “no se vota” es extenso y predeterminado por el “espíritu” de esas actas, redactadas por un grupo de funcionarios ultraconservadores designados por el dedo de un dictador.

A modo de ejemplo, si se debe interpretar constitucionalmente el derecho a la educación, se deberá ir a esas actas constitucionales donde Jaime Guzmán señala que “el derecho a la educación es en esencia libertad para aprender[3]”. Si no es más que garantizar esa libertad, el derecho a la educación es sólo una obligación negativa del Estado, lo que se cumple evitando tomar medidas que estorben o impidan el acceso de los niños y jóvenes a centros de enseñanza. Pero no sería un derecho social plenamente exigible que conlleve obligaciones positivas para el Estado, entre ellas la de facilitar y suministrar el acceso efectivo.

No es extraño que la legitimidad de este órgano esté en crisis, en tanto el mecanismo de nombramiento de sus magistrados está sesgado por criterios explícitamente partidistas. Cada vez que el tribunal se manifiesta sobre la constitucionalidad de una ley es posible anticiparse exactamente al sentido del voto de cada magistrado en función de qué partido propuso su nombramiento. Además la amplitud y gravedad de las funciones atribuidas al tribunal, en especial luego de la reforma constitucional de 2005, le convierten en un supra-poder contra mayoritario, destinado a “prevenir” toda transgresión a las esencias inmutables de un texto constitucional que es rechazado en todas las encuestas por la enorme mayoría de la población.

Una futura Corte Constitucional, bajo una Nueva Constitución democrática, debería retomar los criterios kelsenianos que limitan a este órgano y le orientan a respetar el curso de las mayorías. En coherencia se debería cambiar el criterio de selección de sus magistrados, estableciendo la elección directa de sus miembros por mandato popular, pero limitando su elegibilidad mediante altos criterios de idoneidad jurídica de los candidatos, similares a los que hoy se exigen para los más altos cargos del poder judicial.

Aunque es obvio que los mejores jueces del mundo, los más sabios, prudentes y virtuosos, nada podrán hacer si su tarea es interpretar una Constitución esencialmente injusta y procedimentalmente antidemocrática como la que hoy nos rige. De allí que esta crisis demuestre la urgencia de impulsar el Proceso Constituyente como un momento de disputa de poder, que no puede agotarse en la búsqueda de acuerdos partidistas y consensos elitistas. La nueva Constitución no sólo debe ser la “casa de todos” sino también la “fuente de los derechos” y la “puerta de la democracia”.

Los errores gubernamentales

Una vez más el costo de este inmovilismo constitucional lo pagará la ciudadanía. Se estimaban en 200.000 los estudiantes que habrían accedido a la gratuidad si se hubieran respetado las mayorías parlamentarias que en las dos cámaras habían aprobado la glosa destinada a esos efectos. En este fracaso también existen responsabilidades del gobierno por la forma como se tramitó el proyecto. El Ministerio de educación no incorporó las observaciones de los actores sociales de la educación optando por recorrer el camino hacia la gratuidad en solitario. De esa forma desmovilizó el itinerario legislativo y evadió debatir sus contenidos de cara a la ciudadanía.

Así terminó por entrar en una interminable “cocina política” destinada a satisfacer a la derecha y a un sector neomayorista que combate el programa de su propio gobierno de manera abierta y descarada. La propuesta de gratuidad universitaria, enclaustrada en los laboratorios tecnocráticos, despolitizada y desmovilizada, concluyó en una simple “glosa presupuestaria” destinada a cubrir exclusivamente el año 2016. Nunca se debatieron abiertamente los criterios deberían cumplir las universidades que accedieran a la gratuidad y nunca se vinculó la reforma a la educación superior al Proceso Constituyente, a pesar que es evidente que sin un cambio constitucional profundo es imposible el cumplimiento de esta meta.

Este escenario de extrema debilidad política favoreció la acción de la derecha, que contando con las invaluables herramientas que le otorga la actual legalidad se limitó a ejecutar la muerte anunciada de un proyecto mal diseñado y peor debatido. Las consecuencias de todo lo demás se quedaron tras los límites de la vergüenza.

 

[1] Zagrebelsky, Gustavo. “Jueces constitucionales”. En: Carbonell, Miguel (editor). Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Editorial Trotta, Madrid, 2007, pp. 101- 102

[2] Nancy, Jean-Luc, «El mito interrumpido» en La Comunidad Inoperante. Santiago: Lom,  2000. P. 81.

[3] Comisión de estudios de la Nueva Constitución, sesión 139.