El cartel de los Matte: arrogancia, hipocresía e impunidad

El diputado Eduardo Matte Pérez, antepasado directo de la familia Matte Larraín, controladora de la empresa papelera CMPC, afirmaba en 1892: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio[1]”. Fieles a esta máxima, sus descendientes han mantenido ante todo su permanente arrogancia como dueños de Chile. Durante la Unidad Popular su papelera se transformó en la empresa símbolo de la derecha golpista, que la defendió con uñas y dientes frente a sus trabajadores, que pedían su traspaso al área social. Luego del 11 de septiembre de 1973 un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve trabajadores de la CMPC de las localidades de Laja y San Rosendo.  La lista negra de los detenidos la habría confeccionado la empresa, los vehículos que los trasladaron eran de la empresa.

Esta familia durante decenios ha marcado el acontecer nacional entre bambalinas, manejando la opinión pública desde el Centro de Estudios Públicos y sus encuestas “fabrica-candidadatos”. Sólo en 2013 la CMPC gastó más de 1.3 millones de dólares en financiamiento a campañas políticas[2], superando ampliamente el “tope legal”.

Los Matte se han paseado todos estos años por Chile como por su fundo particular, predicando su particular doctrina liberal en lo económico y conservadora en lo valórico. Patricia Matte,  experta en educación privada, es miembro del movimiento laical de los Legionarios de Cristo, fundados por el pederasta y depredador sexual Marcial Maciel. Y Eliodoro Matte y su mujer, Pilar Capdevila, fueron los principales financistas y defensores del ex párroco del El Bosque Fernando Karadima, llegando a interferir en la investigación del Ministerio Público que constató sus abusos.

Mientras tanto el Estado ha subsidiado durante décadas la producción de la papelera por medio del Decreto Ley 701, promulgado en plena dictadura para subvencionar a los privados por el concepto de “reforestación”. Desde que se dictó este Decreto Ley se han entregado más de 870 millones de dólares por esta vía, focalizándose estos dineros en más de un 70% en grandes empresas forestales, de entre las cuales la mayor es la CMPC de los Matte.  Y en 2016 se ha presupuestado una transferencia de $326.979.000 millones de pesos bajo este mecanismo.

El origen de la crisis

En junio de 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú inició una investigación a la CMPC por sospechas de colusión. En ese país los Matte controlan el 56% del mercado del tissue. A raíz de esa primera señal Colombia también comenzó un procedimiento similar, lo que fue seguido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de nuestro país. Ante la inminencia de la persecución la CMPC recurrió a la autodenuncia, la que efectuó justo a tiempo para aparecer como beneficiario de la delación compensada, lo que mitigará cualquier atisbo de sanción. Todo apunta a que CMPC  buscará limitar la responsabilidad de los hechos en SCA; la otra empresa coludida, y particularmente en el ex socio de PISA, Gabriel Ruiz Tagle (ex ministro de deporte de Sebastián Piñera y unos de los operadores directas del ilícito). SCA enfrentaría una multa por 15 millones de dólares mientras  CMPC no sufriría multa alguna al haberse acogido a la “delación compensada”, por lo cual obtendrá beneficios por haber reconocido el delito.

Las cifras de la colusión constatan que durante 10 años el cartel formado por la papelera del grupo Matte y los suecos de SCA Chile (Ex PISA), lograron manipular los precios y cuotas de mercado en la industria del papel tissue. Por esa vía se estima la CMPC logró un sobreprecio por $275.558.000.000. El equivalente al robo de un auto de gama básica por cada familia chilena. En esos años mientras el precio de la Celulosa subió 5%, el precio del Papel Higiénico aumentó un 34%.

Para colmo, durante las primeras 48 horas del escándalo las acciones de la  CMPC perdieron US$ 646,7 millones de su capitalización bursátil. En una buena parte estas acciones están en manos de las AFP, por lo cual la pérdida se traspasará directamente a sus fondos de pensiones.  Se calcula que las #AFP han invertido US$3.612 millones de las cotizaciones de los trabajadores en las 8 empresas del grupo.

El doble discurso

El 5 de noviembre de 2015 el CEP, think tank financiado y dirigido por el clan Matte, preparaba un evento especial. Se titulaba “Regulando a regulador: hacia un balance entre la independencia y el poder de la autoridad”. A última hora el seminario se suspendió por obvias “razones de fuerza mayor”.  Este tipo de eventos públicos han marcado la agenda del CEP. Bajo un marco intelectual lleno de sutilezas, la agenda siempre ha sido la misma: desregulación del mercado y laissez faire edulcorado por argumentos que seducen a los que se olvidan de quienes financian y orientan la discusión. Por algo Carlos Peña reaccionó al affaire diciendo que «Eliodoro Matte es un hombre muy poderoso, tiene no solo dinero, tiene influencia, tiene una institución cultural estupenda que ha sabido manejar con gran sagacidad, con apertura”.

La colusión es imposible sin concentración empresarial. En un mercado muy diversificado es imposible coordinar y mantener en silencio a un conjunto amplio de actores. Pero un duopolio del papel, o una tríada de cadenas de farmacias, un par de empresas productoras de pollo, unas tres grandes líneas de buses o unas pocas empresas del asfalto son fácilmente  Y por eso, más allá del papelón transitorio que , están muy tranquilos. Saben que controlan un mercado muy concentrado, donde abastecen una serie de productos básicos y la legislación les es muy amigable. Conseguir y mantener esas regalías  no ha sido obra de un día. La arquitectura financiera, legal y política del país la han amoldado a sus intereses por una vía que ha mezclado la persuasión, la componenda y el clientelismo.

El pasado 8 de octubre, en presencia de la presidenta de la República y varios ministros, Eliodoro Matte Larraín pronunció un discurso titulado “La importancia de recuperar confianzas” en donde criticó frontalmente las reformas del último período, enfocando en ellas en centro de las “desconfianzas empresariales. En la ocasión dijo:  “Las fuentes de desconfianza son de otra naturaleza: la poca calidad y urgencia de las reformas, el escaso tiempo que ha habido para deliberar seriamente en torno a ellas. Las reformas tributaria, educacional y laboral han generado polémica y discusión no sólo por intereses, sino porque nos parece que no ha sido suficientemente meditada la jerarquización de fines, ni tampoco los mejores instrumentos políticos. Hay una percepción de que una inflación de fines no necesariamente ayuda a las próximas generaciones. Una creciente distancia entre ‘nosotros’ y los ‘otros’ genera inevitablemente desconfianza”. Mientras se lamentaba por la “desconfianza” que generan los cambios democráticos, Matte mantenía su contubernio para expoliar a los consumidores.

Llegó la hora de poner fin a este ciclo. La agenda de cambios debe ser inmediata. Debe partir por poner fin al DL 701 que subsidia a las forestales. En segundo lugar se debe exigir una compensación económica  a la CMPC y SCA que al menos triplique las ganancias obtenidas. En tercer lugar es urgente promulgar una ley de responsabilidad penal empresarial, que impida la concentración del mercado y luego sancione efectivamente los actos de colusión.

Ya no es argumento sostener que la actual legislación, promulgada por Ricardo Lagos, colabore a la reducción de este fenómeno. Más bien incentiva a las empresas coludidas a asumir el riesgo, asumiendo que pueden salir impunes de su aventura si son astutas y recurren a la delación compensada. Una ley inteligente de responsabilidad penal empresarial debe prevenir estos delitos impidiendo la concentración del mercado, y generando una distinción entre la responsabilidad de los ejecutivos, a los cuales se les puede aplicar la delación compensada, y la responsabilidad de los dueños, con los cuales nunca debe haber contemplaciones, ya que su función prioritaria es fiscalizar a quienes han delegado la administración de sus bienes y que actúan bajo su directo mandato.

 

[1] Gabriel Salazar (2014)  La enervante levedad histórica de la clase política civil, Debate, Santiago.

[2] Reporte de desarrollo sostenible CMPC 2013.

III Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo

BREVE ANÁLISIS  CRÍTICO

Álvaro Ramis / Acción A.G.

La III Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, llevada a cabo entre el 13 y el 16 de julio de 2015,  no constituye un «acuerdo histórico», capaz de garantizar los recursos necesarios para el desarrollo global sostenible. Para el Foro de las OSC sobre FdD la nueva “Agenda de Acción de Addis Abeba” (AAAA) constituye un marco global, básico, necesario, pero insuficiente, que incluso retrocede respecto a los debates de Monterrey y Doha. El documento detalla más de 100 iniciativas concretas que se que orientan a financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta 2030. Pero no logra  ampliar de forma sustantiva los recursos destinados a la cooperación, no incide en la efectiva  recaudación de impuestos y no toma medidas eficaces para luchar contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.

Las observaciones críticas más relevantes se pueden focalizar en 5 puntos:

1: El Foro de las OSC constata la tendencia de los donantes tradicionales a eludir sus responsabilidades y compromisos en el marco de la llamada Ayuda oficial al desarrollo (AOD), colocando el énfasis en la cooperación Sur-Sur, la Movilización de recursos nacionales o en involucrar al sector privado. A nuestro juicio el compromiso del 0,7%, formulado hace más de cuatro décadas, sigue siendo fundamental. Resulta contradictorio que los principales países donantes reiteren, retóricamente, su compromiso de mantener sus contribuciones al desarrollo en el 0,7%, cuando diversos estados han retrocedido de forma significativa en esa responsabilidad durante la última década. El Programa de Addis no aborda el punto de forma decidida y olvida la necesidad de adicionar los recursos necesarios en aspectos climáticos y para la protección de la biodiversidad.

2. La Agenda de Acción no logró recoger la propuesta de del G77 + China, y respaldada por el foro de las OSC, que buscaba establecer un órgano fiscal intergubernamental, transparente, responsable, con recursos adecuados. Una verdadera agencia de Naciones Unidas para la lucha contra los flujos financieros ilícitos y hacer frente a la evasión de impuestos. El acuerdo de Addis Abeba al menos da cuenta del daño que generan los movimientos financieros ilegales, llamando a que se “redoblen los esfuerzos para reducir sustancialmente los movimientos financieros ilícitos para 2030, con miras a erradicarlos, incluso mediante la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción a través de normas nacionales más fuertes y una mayor cooperación internacional”.

El debate reconoció el carácter antidemocrático y profundamente injusto de la actual estructura tributaria internacional y pidió que “las instituciones internacionales y organizaciones regionales competentes publiquen cálculos sobre el volumen y la composición” de esos movimientos ilícitos”. Pero ello no basta. No resulta coherente que se pida a los países en desarrollo recaudar más recursos propios si a la vez no se reforma el sistema fiscal mundial que les impide hacerlo. Para ello todos los países deberían ser considerados en igualdad a la hora de fijar las normas internacionales en materia de fiscalidad.  El mundo en desarrollo pierde un billón de dólares por año por la corrupción y la evasión fiscal, y esos son los recursos que necesitamos para financiar la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. El monto que se evade cada año supera largamente la ayuda al desarrollo. Por eso la lucha por un sistema tributario mundial justo no debe y no puede decaer.

3 Constatamos un imprudente optimismo hacia las fuentes de financiamiento privadas. En particular la AAAA no refrenda compromisos vinculantes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los actores privados en materia de cooperación internacional. Ello evidencia  la ausencia de un reconocimiento central de las funciones del Estado en materias de desarrollo y el impulso al establecimiento de garantías claras de su capacidad para regular en el interés público. Para el foro de las OSC  hay un gran riesgo de que el sector privado socave, más que apoye, el desarrollo sostenible. Ello es particularmente relevante en materia de conflictos de interés en el campo de los derechos humanos y laborales, así como frente a las normas ambientales. Hay un creciente cuerpo de evidencia que corrobora estas preocupaciones por lo que nos inquieta que Addis Abeba refrende un apoyo incondicional a los instrumentos de financiación privados o  combinados con los fondos públicos.

4. Constatamos la ausencia de una evaluación crítica de los acuerdos comerciales internacionales y sus impactos en materia de desarrollo. La política comercial internacional debería abordar críticamente la tradicional dependencia de los productos básicos, los dilemas ligados a las cláusulas de solución de controversias entre inversionistas y Estados, y evaluar el impacto sobre los derechos humanos y la sostenibilidad de todos los acuerdos comerciales, para asegurar su coherencia con las obligaciones nacionales y extraterritoriales de los gobiernos. A la vez Addis Abeba no recogió el desarroll0 normativo de la ONU de los últimos años sobre deuda externa, orientados a mejorar la reestructuración de la deuda soberana y el establecimiento de directrices para el endeudamiento responsable. Tampoco se hizo referencia a la reforma del régimen de derechos especiales de giro, que puede servir como herramienta de financiamiento para el desarrollo y como mecanismo de reforma del sistema monetario internacional.

Es necesario fortalecer el liderazgo político de Naciones Unidas en estas materias para avanzar en las reformas favorables al desarrollo en coherencia con el sistema de derechos humanos.

5. Se debe reconocer como un avance el establecimiento del Mecanismo de Facilitación Tecnología (TFM) debido a su potencial para abordar ciertos problemas sistémicos en la transferencia de tecnología, para que los países en desarrollo puedan aprovechar sus capacidades de innovación. Pero a la vez este fondo se debe complementar con indicadores que permitan evaluar los impactos potenciales de las tecnologías con la participación directa de las comunidades y la sociedad civil. La tecnología no es una panacea para los desafíos del desarrollo, ni es de naturaleza neutra. El conocimiento indígena y tradicional debe ser fuertemente reconocido y promovido, y las innovaciones de la comunidad deben ser apoyadas a la par con los del sector formal.

El AAAA también anunció su interés en promover  un “nuevo pacto social”, en el que todos los países se comprometen a proveer sistemas de protección social y medidas básicas, incluyendo pisos cuantificables, e instó a los Estados miembros a establecer objetivos de gasto en sectores como la salud, la educación, el agua y saneamiento, empleo productivo y el trabajo decente. Estos elementos deberían a partir de la AAAA estar en el centro de las estrategias de desarrollo nacional. Este ha sido ampliamente aclamado como uno de los objetivos globales más importantes  y ambiciosos de Addis Abeba.

 

 

La propiedad ¿derecho sagrado o terrible derecho?

Le Monde diplomatique, julio de 2015

«…el derecho de propiedad (derecho terrible y quizá no necesario…) [1]»

 La preparación del Proceso Constituyente que comenzará en Septiembre ha abierto debates inusitados sobre el contenido de la Nueva Constitución y los derechos que debería garantizar. El campo empresarial ha mostrado inquietud respecto al derecho de propiedad, y sus posibles modificaciones. En el último evento de ICARE el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés salió al paso de estas aprehensiones afirmando: «No concibo una economía moderna, de mercado, sin derechos de propiedad claros, estables. Es algo sustancial a lo que es una economía moderna». Y el ministro del interior Jorge Burgos complementó estas aseveraciones asegurando: “Tengo la certeza que el pueblo de Chile, convocado a deliberar, no despreciará los beneficios de un sistema que protege la propiedad privada y defenderá nuestro régimen de libertades”.

¿Por qué entonces estas inquietudes respecto al problema de la constitucionalización de la propiedad privada? No han sido los partidos políticos ni la sociedad civil los que han instalado esta discusión. Como observa Fernando Atria «no es nada inocente» que el derecho a propiedad se ponga en debate en este momento: «Pienso que salió ahora, desde quienes se oponen a la nueva Constitución como estrategia para torpedearla. Para crear el fantasma de que esto es volver a todos los males. La expresión trastorna. Hace recordar la reforma agraria, los cordones industriales[2]«.  Sin embargo, ya que el debate se ha instalado, sería relevante revisar la forma como el derecho de propiedad se garantiza en la actual Constitución, y analizar esta configuración de acuerdo a criterios de justicia que tengan una pretensión de legitimidad de cara a la ciudadanía.

La centralidad de la propiedad en la Constitución de 1980 es evidente. Como señala Juan Carlos Ferrada: “La propiedad se erige en nuestro derecho en un verdadero supraderecho, que protege fuertemente el patrimonio particular, garantizando con ello su auténtica libertad. Esto ha llevado a afirmar a algunas personas públicamente que la propiedad privada es sagrada en nuestro derecho, encontrando en la Constitución el fundamento de dicha sacralidad[3]”. Esta “sacralidad” contrasta con la noción de propiedad que se garantiza en la mayoría de los ordenamientos constitucionales el mundo. La Constitución chilena bebe de definición individualista y exclusivista de propiedad, que minimiza su “función social”, una noción que aparece sólidamente arraigada en la teoría constitucional europea a partir de León Duguit  y que ha relativiza los intereses individuales en el campo de la propiedad.

A esta “función social” se remite el Papa Francisco cuando afirma en su reciente Encíclica Laudato Si que “el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social». La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada[4]”.

La institucionalización de la «función social de la propiedad» permitió a los Estados garantizar el interés público para impedir que el capital monopolista acabara con la competencia y concentrara la propiedad. De esa manera el «Estado de interés público» representó el triunfo de la sociedad sobre el «Estado de interés privado»[5]. Sin embargo, la interpretación minimalista de la «función social de la propiedad», tal como se desarrolla en la actual Constitución, ha tendido a minimizar los alcances de su aplicación, al sostener que la regulación estatal es suficiente a la hora de garantizar el acceso a servicios y bienes públicos.

En contraste la Constitución de 1925 (reformada en 1967), definía el derecho de propiedad de una forma que garantizaba ampliamente esta “función social” en el art 10 nº º10: “La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes[6]”.

Este concepto cambió radicalmente con la Constitución de 1980, ya que la Comisión Ortuzar, redactora del texto, adhirió a una teoría política en donde los sujetos no le deben nada a la sociedad, pero están plenamente facultados para poseer ilimitadamente a título individual. De acuerdo a esta visión la obligación política se basa finalmente en relaciones mercantiles. Crawford Macpherson denominó a este planteamiento “la teoría política del individualismo propietario[7]” y lo sintetizó en siete proposiciones[8]:

  1. Lo que hace propiamente humano a un hombre es la libertad frente a la dependencia de la voluntad de los demás.
  2. La libertad de la dependencia de otros significa libertad frente a cualquier relación con los demás, excepto aquellas en las cuales el individuo entra voluntariamente, considerando sus propios intereses.

III. El individuo es esencialmente el propietario de su propia persona y capacidades, por lo que no debe nada a la sociedad

  1. Aunque el individuo no puede enajenar el conjunto de su propiedad sobre su propia persona, puede enajenar su capacidad para trabajar.
  2. La sociedad humana consiste en una serie de relaciones de mercado.
  3. Ya que la libertad frente a la voluntad de los demás es lo que hace humano al hombre, cada libertad individual puede ser limitada en derecho sólo por las reglas y obligaciones necesarias para asegurar esa misma libertad para los demás.

VII. La sociedad política es una invención (o artificio) humana para la protección de la propiedad de la propia persona y bienes (por tanto) para la mantención de relaciones ordenadas, de los individuos considerados como propietarios de sí mismos.

En este esquema Macpherson identifica la proposición III como una tesis central, por la cual los individuos establecen, con su persona y sus capacidades, una relación de propiedad y control exclusivo, de forma que «la visión tradicional, según la cual la propiedad y el trabajo son funciones sociales, y la idea de la propiedad que envuelve obligaciones sociales, resultan así socavadas»[9]. La proposición IV complementa el punto III al sostener que el individuo sólo es propiamente humano en cuanto propietario. Punto que se conjuga con el enunciado V, que define la sociedad como un mercado basado en relaciones entre propietarios. Por ello la proposición V se debe interpretar «como el supuesto social o incluso único» de todo el andamiaje conceptual del individualismo propietario[10].

La sociedad posesiva de mercado que describe Macpherson opera como un sistema de poder en favor de los propietarios y en contra de la mayoría, por lo que presenta una «aporía democrática». Se trata de una anomalía que impregna toda la configuración de la teoría liberal de la propiedad, que se desarrolla desde Locke en adelante. No importa si se trata de la propiedad estatal o la propiedad privada. En ambos casos prima una definición individualista, en la cual la propiedad es una capacidad del propietario, ya se institucional o individual, que está dotado de un grado de poder omnímodo sobre el objeto poseído. El propietario posee todas las competencias para tomar decisiones sobre un bien o un objeto determinado. La esfera del propietario está totalmente ahora disociada de la esfera del objeto poseído. El poseedor, que desea satisfacer una necesidad o un deseo por medio del objeto en propiedad, presupone una total separación entre él y el objeto. Por lo cual asume que puede mercantilizarlo de forma incondicionada.

Macpherson precisa que el sistema posesivo la libertad de los desposeídos sólo existe en un sentido formal, mientras la libertad de los propietarios es considerada un principio absoluto. La Constitución de 1980 ha hecho sistema de cada uno de estos principios. De allí que una Nueva Constitución debería intentar arrancar a la propiedad privada su carácter privativo, y situarla nuevamente bajo la primacía de su utilidad social, mediante la constitucionalización del acceso a los «bienes de la vida[11]» entendidos como derechos fundamentales de una sociedad que reconoce la primacía de  “ciudadanía social” por sobre el individualismo propietario.

 

[1] César Beccaria,  Dei dilitti e delle Pene, 1764. Citado por Stefano Rodotà, (1986): El terrible derecho. Estudios sobre la propiedad privada, prólogo y traducción de Luis Diez-Picazo, Civitas, Madrid.

[2] El Mercurio, 21 de junio 2015.

[3] Juan Carlos Ferrada. (2015) “El derecho de propiedad privada en la Constitución política de 1980”, en La Constitución chilena, LOM Santiago, p. 161.

[4] Laudato Si nº 93

[5] Charles A. Reich (1964), “The New Property”. The Yale Law Journal, Vol. 73, No. 5, pp. 733-787.

[6] Ley-16615, 20-Ene-1967

[7] Crawford Macpherson (2005), La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Trotta, Madrid.

[8] Macpherson, op cit, pp. 257-258.

[9] Macpherson,  op cit. p. 257

[10] Macpherson, op. cit. p. 258

[11] Stefano Rodotá (2013): «Verso i beni comuni», en  Economics and the Common(s) Conference: from Seed form to Core Paradigm. Exploring New Ideas, Practices and Alliances, Heinrich-Böll-Stiftung, Commons Strategies Group, Berlín,  p. 5.